Utilice esta versión para imprimir
La prolongada crisis constitucional que resultara en la elección del ex oficial militar y dirigente golpista Hugo Chávez en Venezuela ha exacerbado el peligro que los militares se estén preparando a usurpar el poder y así aplastar cualquier disturbio social que estalle. La peligro de una intervención militar ha adquirido mayor posibilidad luego que el 27 de agosto eruptaran batallas en las calles que hospedan el Congreso venezolano. Los contrincantes de estas batallas consistieron por una parte de los partidarios de Chávez y la recientemente elegida Asamblea Constituyente y por otra de los miembros de los partidos tradicionales reinantes venezolanos, que todavía controlan la cámara legislativa.
Al mismo tiempo que pelotones militarizados de la Guardia nacional se unían a la policía para disipar las muchedumbres bélicas que luchaban fuera del parlamento, la herarquía de la iglesia Católica del país trataba de funcionar como árbitro para lograr que el régimen de Chávez y los antiguos partidos reinantes llegaran a un acuerdo.
En 1992, Chávez, ex paracaidista que alcanzara el rango de teniente coronel, había tratado encabezar un golpe de estado contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. El golpe fracasó y los esfuerzos de Chávez le hicieron parar en la cárcel. Tan solo seis años después fue elegido presidente del país como dirigente del Polo Patriótico, frente electoral compuesto de su propio Movimiento de la Quinta República y varios partidos de la izquierda pequeño-burguesa nacionalista.
La fama meteórica del “Comandante” Chávez refleja la putrefacción de las formas gubernamentales burguesas venezolanas. Los dos partidos que han monopolizado el poder político por más de cuarenta años y que regularmente se turnan en el palacio presidencial— Acción Democrática (afiliada con el internacional Social-demócrata) y COPEI (Demócrata cristiana)—son instrumentos políticos de la corrupta élite venezolana que ha sido totalmente desacreditada.
Entre los paises más ricos de Latinoamérica a causa de sus enormes reservas de petróleo, Venezuela no obstante tiene al 80 por ciento de su población viviendo en la pobreza. El 35 por ciento está desempleado y un 50 por ciento de aquellos que se catalogan como económicamente activos se gana la vida en el llamado sector informal; es decir, trabajando como vendedores callejeros, colectando desperdicios y desempeñando trabajos aquí y allá. Durante los últimos veinte años, el poder de adquisición de la clase media ha disminuido un 70 por ciento. La deuda nacional, cuarta mayor en Latinoamérica, se traga 40 por ciento del presupuesto nacional. Por décadas, la vida político-económica total de este país, cuya población alcanza los 23 millones, ha sido subordinada al mantenimiento de las normas de vida de una pequeña élite y a cumplir con los pagos de interés exigidos por la deuda externa que los bancos de Wall Street controlan.
La repudiación de los partidos que hasta ahora se han identificado con estas normas opresivas se expresó con el voto mayoritario de 56 por ciento que Chávez recibiera en las elecciones presidenciales de febrero y en el voto aún mayor en las elecciones a la Asamblea Constituyente. En éstas los partidos que respaldaban al nuevo gobierno obtuvieron 92 por ciento del voto, recibiendo 120 de sus 131 puestos. En el Congreso, cuyos miembros habían sido elegidos antes de que Chávez alcanzara el poder, los partidos que apoyan al nuevo presidente sólo tienen el 33 por ciento de los puestos.
Aunque la demagogia populista de Chávez y sus críticas a la élite gobernante le han ganado el respaldo popular, su política bien cae dentro de los límites impuestos por el Fondo Monetario Internacional y Wall Street. El nuevo gobierno, a pesar que ha prometido hacer gastos enormes, ha reducido los gastos públicos un 20 por ciento en comparación al año pasado. Los salarios del sector público han sido congelados, pero la ley que rige las inversiones en el gas natural le provee al capital extranjero las condiciones más favorables del hemisferio. El gobierno también ha planteado proyectos para convertir a los sectores de aluminio y energía en empresas privadas.
Chávez ha usado la Asamblea Constituyente para declarar un “estado de emergencia” y comenzar el desmantelamiento de todas las viejas instituciones políticas del estado venezolano. La supuesta misión de la asamblea consistía en delinear una nueva constitución que reemplazara la que se había adoptado en 1961 luego de la dictadura militar del general Marcos Pérez Jiménez, la cual había existido con el respaldo de Los Estados Unidos. Sin embargo, pronto después de su formación,. la asamblea comenzó a auto transformarse en un ariete contra los poderes legislativos y judiciales del gobierno, así como también contra la federación sindicalista nacional de Venezuela, la CTV: Confederación de Trabajadores Venezolanos.
La riña callejera entre los partidarios de Chávez y los que apoyan a los partidos reinantes tradicionales ha provocado que la Asamblea Constituyente clausure la legislatura y asuma todos los poderes de ésta. Aunque dicha acción obligó al presidente de la Cámara de Diputados, Henrique Capriles, a advertir que Venezuela había tomado el camino hacia la guerra civil, la confrontación fue notable porque no hubo ninguna mobilización de las masas. Grupillos de varios cientos de partidarios izquierdistas de Chávez intercambiaromn insultos y puñetazos con una cantidad similar de mercenarios del COPEI y de la Acción Democrática, ocasionando que 200 soldados de la guardia nacional los dispersara con gas lacrimógeno.
El acuerdo negociado por la Iglesia Católica, anunciado el 9 de septiembre, provee un breve período de “cohabitación” entre el Congreso y la Asamblea Constituyente. La tregua le permite al Congreso continuar sus labores hasta mediados de diciembre, cuando se le lleve a la nueva constitución a plebiscito nacional y las elecciones al cuerpo legislativo tomen lugar.
No obstante que decretos de emergencia permanecen vigentes, el régimen de Chávez ha optado por intervenir en los cuerpos legislativo y judicial con más cautela, si bien porque le teme a que surja una oposición dentro del comando militar.
Según el jornal español, El País, Chávez se dirigió directamente al comando militar general el marzo pasado y le rogó que apoyara la reorganización de la estructura estatal y la disolución del Congreso. Fracasó en obtener el apoyo de los jefes militares. Los militares hoy parecen tan divididos como lo eran cuando el teniente coronel dirigió su golpe de estado siete años antes. Cierto grupillo de oficiales más jóvenes, en su gran mayoría capitanes y mayores que respaldaron el golpe, continúan apoyando al nuevo presidente. Pero otros jefes, que se opusieron a Chávez en 1992 y suprimieron su rebelión, permanecen distanciados del nuevo gobierno. Muchos de los que respaldaron al presidente Andrés pérez en 1992 por supuesto recibieron promociones y alcanzaron los puestos dirigentes dentro del mando militar. A esta capa más antigua le preocupa no sólo la retórica populista de Chávez, sino también que éste comenzará a interferir de manera más concreta con el sistema militar de promociones y recompensas, elevando a sus propios partidarios a costillas de aquellos que previamente se le habían opuesto.
Pero serias grietas existen aún entre los compañeros de armas que participaron en el golpe de 1992. Muchos desprecian la alianza del nuevo presidente con la izquierda pequeño-burguesa venezolana, inclusive ex guerrilleros convertidos en políticos, entre ellos los dirigentes del MAS (Movimiento al Socialismo), cuyo secretario general, Leopoldo Puchi, sirvió de Ministro del Trabajo durante los primeros meses del gobierno de Chávez.
Muy concientes de la inquietud entre los cuerpos militares, los dirigentes de los partidos tradicionales se dirigieron directamente a las fuerzas armadas y les pidieron que defendieran la constitución contra el régimen de Chávez. César Pérez Rivas, jefe de la facción parlamentaria del COPEI, lanzó la declaración en alianza con Acción Democrática y el Partido Proyecto Venezolano, protestando la intervención en el Congreso y la Asamblea Constituyente.
En conjunto con la oposición de los militares, varias declaraciones procedientes de Washington han expresado la “ creciente consternación ” acerca de la crisis constitucional de un país que es de los más importantes abastecedores de petróleo a Los Estados Unidos. El capital internacional también ha expresado sus dudas al disminuir las inversiones directas por un 40 por ciento durante el año pasado.
Mientras tanto, el régimen Chávez también ha retractado, hasta cierto punto, sus promesas iniciales de abolir la CTV, la cual cuenta con la participación de 4,000 sindicatos y 2 millones de miembros. En cambio, ha optado por cancelar las subvenciones que el antiguo gobierno le había premiado a la burocracia sindicalista durante cuatro décadas. A la vez ha iniciado una intervención de cuentas en el presupuesto anual de la CTV, cuyo valor llega a los $24 millones. Puesto que la corrupción, los salarios inflados de los dirigentes y la supresión de las huelgas han hecho a la CTV famosa, existe poco peligro que estas acciones provoquen la resistencia de los trabajadores venezolanos. Por otra parte, los dirigentes de varios partidos izquierdista-nacionalistas se han identificado con la “reforma laborista” del gobierno, considerándolo como vehículo con el potencial de suplantar a la vieja burocracia vinculada a Acción Democrática.
Muchos nacionalistas izquierdistas en Venezuela, y en Latinoamérica en general, han laudado la ascendencia de Chávez como si fuera un desarrollo revolucionario. Ansiosos periodistas izquierdistas de Buenos Aires, Ciudad de México y otras lugares han escrito artículos jadeantes sobres sus peregrinaciones al palacio presidencial Miraflores, donde han conducido entrevistas directas con el presidente paracaidista.
Esta gente representa una capa socio-política incapaz de olvidar o aprender nada. Las mismas tendencias elogiaron los credenciales “antiimperialistas” de figuras como el General J.J. Torres en Bolivia; Velasco Alvarado del Perú y su “revolución humanista”; el general panameño Omar Torrijos y su “revolución de los desposeídos”; y el General Rodríguez Lara en Ecuador y su orientación “revolucionaria nacionalista”. Igual a Chávez, muchos de estos dictadores militares adoptaron una retórica reformista radical y se mostraron muy amistosos hacia Cuba.
En cada caso, sin embargo, estas figuras sólo le abrieron paso a regímenes más reaccionarios, por lo regular dictaduras militares, que prontamente procedían a destruir toda pequeña reforma que se había puesto en práctica y ferozmente atacaban los derechos políticos y condiciones sociales de las masas trabajadoras de sus paises. El apoyo que los izquierdistas pequeño-burgueses le brindaron a los militares “revolucionarios” sólo sirvió para desorientar a la clase obrera y dejarla desarmada políticamente a medida que los jefes militares de estas naciones le hacían caso omiso a sus pretenciones nacionalistas y reformistas y se viraban pronunciadamente hacia la derecha.
Para decir la verdad, la propia historia de Venezuela provee el ejemplo más claro de esta trayectoria política que tantas veces se ha repetido. En 1945, un grupo de militares oficiales jóvenes vinculados a Acción Democrática tomaron el poder y formaron una junta civil-militar que trató de enmendar la constitución e inició varias reformas. Pero al ver sus intereses amenazados, otros sectores militares, respaldados por Washington, las empresas de petróleo y partidos de oposición derechistas, lanzaronsu propio golpe de estado e instalaron el régimen policíaco de Pérez Jiménez, quien gobernó el país por diez años.
Chávez ha tratado de hacerle hincapié a las diferencias entre sus acciones y las de los oficiales militares venezolanos en los 1940. Pero los acontecimientos de las últimas semanas revelan que existe la amenaza creciente, siempre que la capacidad luchadora de la clase obrera venezolana permanezca subordinada a las maniobras políticas del régimen de Chávez, de un fin similar.