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Según comunicados subretpticios con orígenes en la corte misma, la Corte Suprema chilena por estrecha mayoría votó el 1ro. de agosto quitarle al ex dictador Augusto Pinochet su inmunidad parlamentaria. Este paso ha hecho posible que eventualmente se le enjuicie bajo 154 cargos criminales, todos provenientes del golpe de estado militar de 1973. Cierta fuente de información declaró que el voto de la Corte Suprema se había dividido en 11 a 9. Otro infome lo puso en 14-6.
Tan delicada fue la decisión para los camarillas militares y políticos chilenos, sin embargo, que el presidente de la Corte Suprema, Hernán Álvarez, rehusó dejarle saber al público la índole del fallo. Inicialmente indicó que lo revelaría hoy, pero luego postergó la divulgación hasta el próximo martes, 8 de agosto.
Álvarez declaró que, en caso que cualquier juez cambiara de parecer, los 20 jueces que participaron en las diligencias habían jurado guardar silencio hasta que todos firmaran el dictamen. Esto indica que el voto fue extremadamente estrecho, lo cual refleja rupturas en los círculos gobernantes acerca de como proseguir con el caso de Pinochet. También sugiere que a los jueces se les está aplicando intensa presión.
Es muy posible que se estén debatiendo medidas para prevenir el juicio, quizás valiéndose de la pobre salud de Pinochet como excusa. La semana pasada, sin embargo, la misma corte votó 11 a 9 para rechazar la petición de los abogados defensores que el ex general se sometiera a exámenes médicos y de tal modo resolver la disputa.
En mayo, la Corte de Apelaciones votó 13 a 9 para despojar a Pinochet de la inmunidad que goza como senador vitalicio bajo la constitución concordada por los militares y políticos civiles en 1988. Pinochet apeló a la Corte Suprema — la más alta del país —contra ese dictamen.
El gobierno socialista de Ricardo Lagos reaccionó inmediatamente al voto de la Corte Suprtema. En las afueras de la corte, un miembro del parlamento, Isabel Allende, hija de Salvador Allende, presidente quien fuera derrocado y asesinado en 1973, dijo que el pueblo tendría que esperar por el veredicto oficial.
Haciendo hincapié a las tensiones del caso, manifestaciones pro y anti pinochistas tomaron lugar justamente fuera de la corte. Aproximadamente 200 militantes anti pinochetistas gritaban “Justicia, justicia!”, mientras partidiarios de los militares y de partidos de extrema derecha quemaban huesos de ganado en burla de la resolución y firmeza que los parientes de las víctimas del golpe han demostrado para que se encuentren los cadáveres de los seres queridos que desaparecieron.
Puede que el dictamen de la Corte Suprema facilite que a otras figuras militares — y no sólo a Pinochet — se les acuse de haber participado en la muerte de miles de trabajadores, estudiantes y militantes políticos. Oficialmente, los militares asesinaron a 3,190 personas y más de 1,000 desaparecieron, pero los parientes indican que hubieron miles más de casos.
El gobierno de Lagos está haciendo todo lo posible para proteger a Pinochet y prevenir más acusaciones formales contra los militares. En preparación para la decisión de la Corte Suprema, ha patrocinado un acuerdo entre varios partidos para ponerle fin los cientos de demandas que las familias de las víctimas desaparecidas han entablado contra otros dirigentes militares.
El 23 de junio, el gobierno de Lagos convocó una sesión del Congreso chileno, que duró 33 horas, para aprobar un acuerdo que militares, abogados defensores de los derechos humanos, grupos religiosos y representantes de las comunidades y barrios habían firmado anteriormente el mismo mes. Ostensiblemente, el acuerdo compremetió a los militares a localizar las víctimas que desaparecieron durante los diecisiete años de la dictadura de Pinochet.
Los orígenes del acuerdo están el el caso de “La Caravana de la Muerte” que comenzó en enero, 1998. Oficiales militares de alto rango, bajo las órdenes directas de Pinochet, desataron una campaña de muerte en el norte de Chile en la cual por lo menos 72 personas fueron asesinadas durante los meses que siguieron el golpe. Los cadáveres desaparecieron en secreto.
A estos oficiales militares se les ha acusado de haber secuestrado a los desparecidos, lo cual es delito que no forma parte de la amnistía que los políticos le otorgaron a la junta de Pinochet, a los militares y al servicio secreto como parte del retorno al gobierno civil en 1990.
El acuerdo entre los varios partidos le da a los militares un período de seis meses para ubicar o establecer el destino de los desaparecidos. Con la asistencia de varias organizaciones religiosas, el ejército establecerá centros donde informantes puedan prestar testimonio anónimamente. Una vez que toda la información se reuna, ésta se le entregará a los tribunales para establecer “la localización, exhumación, identificación, establecimiento de la data y causas de la muerte”.
Lo fundamental es que los tribunales entonces pondrán a la amnistía en vigor, la cual protégé a los militares de acusaciones de homicidio. Según el periódico chileno, La Tercera, cuando Lagos instruyó a los jefes militares acerca del acuerdo el 2 de junio, les aseguró que la amnistía entraría en efecto inmediatamente se ubicaran los cadáveres.
Los círculos gobernantes chilenos se mostraron eufóricos acerca del acuerdo, pues éste le puso fin a diez años de esfuerzos infructíferos para llegar a un acuerdo sobre los desaparecidos. Luego de sentirse amenazados por la reacción en el interior y en el exterior de Chile al arresto de Pinochet en la Gran Bretaña, esperaban que este acuerdo le pusiera punto final al asunto.
En un típico editorial titulado “Mesa de diálogo: un hito histórico”, La Tercera escribió: “Hoy el país tiene una oportunidad única para cerrar uno de los capítulos más complejos de la transición: encontrar el paradero de los cuerpos de los detenidos desaparecidos. Lo que durante diez años de democracia la ciudadanía le ha pedido al poder político — ser capaz de dar vuelta la página del pasado - comienza a aparecer como una meta más cercana, sin tener para ello que negar lo ocurrido en la historia reciente”.
Los medios de prensa alabaron al Partido Socialista (PS) por rescatar a los militares. Noticias de Pamela Pereira calurosamente abrazando al General Juan Carlos Salgado se difundieron por todo el mundo. La Sra. Pereira es abogada defensora de los derechos humanos, miembro del PS, y autora del acuerdo de cuatro páginas de largo.
El acuerdo abiertamente justificó el golpe de Pinochet en 1973. Declaró que “Chile sufrió, a partir de la decada de los 1960, una espiral de violencia política. Este grave conflicto social y político culminó con los hechos del 11 de Septiembre, 1973, sobre los cuales los chilenos sostienen, legítimamente, distintas opiniones”.
La verdad es que el gobierno de Unidad Popular encabezado por Salvador Allende, quien asumió la presidencia en 1970, hizo todo lo posible bajo su poder para suprimir las luchas de masas que inicialmente se habían desatado en los 1960. Su gobierno se opuso a toda mobilización independiente de la clase obrera chilena, aun cuando era obvio que los militares, con el respaldo de la CIA, preparaban un golpe sangriento.
El documento de Pererira termina con un llamado a la reconciliación con los militares. “El espíritu que nos anima es legar a las nuevas generaciones de chilenos una cultura de convivencia basada en la libertad, la verdad, la tolerancia y el respeto. La Mesa de Diálogo estima que, sobre estas premisas se pueden crear las condiciones que efectivamente contribuyan a la unidad nacional y profundizar las bases de la convivencia entre todos los chilenos”.
El Partido Socialista nunca antes había defendido el golpe tan flagrantemente. El acuerdo muestra la ansiedad del PS por acabar con todo debate acerca del tema bajo condiciones en que la gente ordinaria todavía exige que a los militares se les lleve a la justicia. El acuerdo también es advertencia que los camarillas políticos, inclusive el PS, se encuentran bastante preparados para de nuevo pedir los servicios del ejército—en caso que surja una oposición de masas a las órdenes de los mercados financieros, que el gobierno de Lagos sigue imponiéndole a la clase obrera.