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Para la persona que visita a Buenos Aires, las consecuencias no son inmediatamente evidentes; puede que le tome varias horas darse cuenta del impacto devastador que la depresión argentina sigue ejerciendo sobre el tejido social del país. Al caer la noche, a medida que la bulla y los afanes típicos de las grandes ciudades comienzan a desvanecerse, indicios de la crisis emergen: padres y madres salen a mendigar acompañados de sus hijos; gente hambrienta come los desperdicios de los restaurantes; y las personas sin hogar empiezan a acomodarse para pasar la noche. En el mismo centro de la ciudad, niños de tres y cuatro años se ponen a tocar pequeños instrumentos musicales y piden limosna. En los vecindarios más adinerados, niños de nueve y diez años ofrecen sus servicios para vigilar los automóviles estacionados en las calles.
Todas las noches, un ejército de 100,000 cartoneros—recogedores de cartón—invaden las calles principales de Buenos Aires. Acumulan cartón, papel y vidrio para vendérselos a los recicladores por unas pocas monedas. La mercancía más codiciada—papel de oficina blanco—se vende a 15 centavos (4.5 centavos estadounidenses) el kilo. Luego de siete horas de labor, una familia cartonera típica recoge 50 kilos de papel; su ingreso mensual es entre 150 y 200 pesos ($45-60), lo cual apenas pone comida en la mesa.
Esta actividad más y más se convierte en la única fuente de ingreso para miles de familias en todas las ciudades argentinas. A principios sólo los cabezas de familia desempleados hacían ese tipo de trabajo. Ahora la competencia es feroz; familias enteras desempeñan la labor.
Cinco días a la semana, un “tren blanco” especial de madera, cuyos vagones no tienen asientos, trae a los cartoneros desde José León Suárez, pueblo empobrecido en los suburbios industriales al norte de Buenos Aires, a los distritos del centro comercial de la ciudad. Los pasajeros pagan 10.5 pesos por pasajes vigentes por 15 días. Desde diciembre pasado, la cantidad de pasajeros diarios ha aumentado de 300 a 2,000.
Aunque estas actividades, en su gran mayoría, son lícitas, los cartoneros se ven forzados a protegerse del acoso de la policía, sobornando a sus agentes con un máximo de 20 pesos semanales. Aún cuando los desalojos fracasan, a cientos de miles de argentinos se les corta los servicios públicos porque no pueden pagarlos. Un informe acerca de un vecindario porteño de la clase media, en su mayoría judío, calcula que 10% de su población—o sea, 17,500 personas—no se alimenta adecuadamente. 1,700 no tienen hogar donde vivir e incontables otros viven con parientes. Muchos no tienen servicio de luz, de gas o teléfono.
El gobierno federal, así como también los municipales y provinciales, se han estancado en la corrupción ya hace tiempo que dejaron de responsabilizarse por sostener el mínimo nivel de vida para los pobres, y le han dado la espalda a todos estos problemas sociales.
Los desahucios han causado enormes estragos en el cinturón industrial que rodea a Buenos Aires. Las estadísticas oficiales sobre el desempleo indican que éste ahora excede el 24%, pero en realidad puede que llegue al 30% o más. A nivel nacional, sólo la mitad de la fuerza laboral trabaja a jornada completa.
Entre los que se consideran empleados se encuentran mensajeros (“cadetes”), quienes, además de tener que presentarse con sus propias motocicletas, no reciben ningún salario excepto las propinas que los clientes les obsequian; una cantidad excesiva de choferes de taxi, , que compiten agresivamente por una demanda más y más disminuyente; asistentes en los baños públicos que dependen de las propinas; criados que solían trabajar como locutores de radio y televisión; licenciados en antropología que ahora trabajan en los lotes para estacionar autos; y técnicos capacitados en la electrónica que ahora venden artesanía en las calles.
Aquellos que trabajan en jornada completa se enfrentan a situaciones ominosas. En Acindar, fábrica gigante de acero cerca de la ciudad de Rosario, obreros jóvenes no cuentan con ninguna de las protecciones para la salud y la seguridad que existían antes. Los gerentes caprichosamente cambian los horarios de trabajo y sus salarios han sido reducidos aproximadamente un 30%.
La duración del día laboral ya no refleja para nada las condiciones dictadas por las leyes laborales en vigencia. Especialmente en los pequeños negocios, a muchos trabajadores ahora se les requiere que trabajen catorce horas, seis días y medio a la semana. Un trabajador en un supermercado de Rosario cuenta que su sueldo mensual de 300 pesos mensuales no le basta y que ya para la tercera semana del mes no le queda nada, aunque ahora vive con su madre.
Para la nación en general, el nivel de vida ha disminuido 70% y el Producto Interior Bruto 17%. Por lo menos 2.3 millones de niños están mal nutridos y 60% de la población recibe menos ingreso de lo que el gobierno ha fijado para definir la pobreza; es decir, reciben menos de 703 pesos ($200) mensuales para una familia de cuatro. Recientemente hubo un aumento general de sueldo de 100 pesos mensuales (¡$27!) para los trabajadores del sector privado, pero éste ha de expirar en diciembre. Las compañías de servicios públicos que se han convertido en empresas privadas ahora exigen aumentos de tarifas que llegan al 70%. No es nada raro que trabajadores lleguen a las fábricas y las encuentren cerradas. No hay explicaciones, no hay cheques de pago, no hay indemnización por despido, no hay subsidio de paro.
Las proyecciones económicas del momento no muestran ninguna disminución de esta caída. Si comparamos el consumo de alimentos y de medicinas con la situación de seis meses atrás, vemos que el primero ha disminuido un 12% y el segundo 55%, lo que representa una masa empobrecida de más de 20 millones de personas (60% de la población) y de 7 millones que viven en condiciones paupérrimas. La profundidad de la miseria a la que se va a llegar, dado los cálculos del gobierno que la inflación va a alcanzar el 50% (cifra subestimada) hacia finales del 2002, sólo puede imaginarse.
Los peritos dicen que, como consecuencia de largo alcance, los 2.3 millones de niños desnutridos sufrirán desarrollo físico y capacidad intelectual disminuidos—30% bajo lo normal—por el resto de sus vidas. La desnutrición en Argentina toma la forma de una dieta que carece de vitaminas esenciales y de hierro. El desarrollo canijo, la apatía, la evolución intelectual subdesarrollada y la obesidad (para aquellos que logran reemplazar sus dietas balanceadas con arroz y pasta) pueden ser las consecuencias a largo plazo. Según un cálculo oficial, 40% de los estudiantes de las escuelas públicas estuvieron ausentes cuando las clases se abrieron en marzo.
El secuestro reciente—en uno de los suburbios al sureste de Buenos Aires—de un joven de bachillerato asesinado luego que se pagara el rescate, ha hecho posible que se descubriera que un escuadrón de la muerte, que también se dedica al secuestro, lo forman agentes de la policía local. Puesto que tienen que hacer equilibrios para vivir con los salarios que el gobierno les paga, muchos policías consiguen empleos como guardias de seguridad para negocios ansiosos por barrer a los jóvenes sin hogar de las zonas comerciales. Se sospecha que la desaparición de otros dos jóvenes de la misma zona se debe a actividades ilícitas de la policía.
Al mismo tiempo, el gobierno del Presidente Eduardo Duhalde trata de asegurar otro pacto con el Fondo Monetario Internacional que ha de profundizar aún más las medidas de austeridad que se han presentado según la doctrina económica neo liberal. Lo cual no es más que un eufemismo para el traslado en masa de la riqueza que le pertenece a los trabajadores, a los pobres y a las clases medias a los bancos internacionales, lo que impondría miseria permanente a la mayoría de argentinos.
Estos planes económicos son incompatibles con las instituciones democráticas. Puede que una dictadura que obedientemente ponga en práctica las exigencias del FMI sin fingir ningún debate público o ninguna acción por parte del congreso esté al doblar la esquina. Los militares de Argentina, perennemente susceptibles a las necesidades de los ricos del país, acostumbran a actuar con rapidez cada vez que las ganancias se ven amenazadas. En la Argentina se dieron golpes militares casi en cada década del Siglo XX. Éstos culminaron en la sangrienta dictadura de 1976-1982 que resultó en la muerte de 30,000 trabajadores y jóvenes argentinos.