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Aproximadamente 700 hombres procedentes de Irán, Siria, el Sudán, Libia e Irak fueron detenidos bajo arresto en Los Ángeles durante la semana del 16 al 19 de diciembre. A estas personas se les había ordenado comparecer en las oficinas del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) para los que el gobierno de los Estados Unidos había llamado un “registro especial”. El registro, por medio del cual el INS toman las huellas digitales, fotografía e interroga a hombres inmigrantes de países del medio Oriente que son en su mayoría musulmanes, recientemente fue anunciado por el Fiscal General de la nación, John Ashcroft.
Fuentes del gobierno sostienen que, a partir del 22 de diciembre, la gran mayoría de los detenidos habían sido puestos en libertad. El ministerio de Justicia rehusa revelar cuantos todavía permanecen presos.
Bajo el plan de registro, a miles de visitantes extranjeros se le requiere, una vez que llegan, entregarle a las autoridades del gobierno estadounidenses sus huellas digitales y registrarse con el INS luego de pasar treinta días en el país. Los visitantes que fracasan en cumplir uno de los mandatos sufrirán multas o la deportación. La gran mayoría de los detenidos en Los Ángeles eran de Irán, país representado en la ciudad por una gran colonia.
La orden se le aplica a todo hombre mayor de 16 años de edad que reside en los Estados Unidos con visa de no inmigrante y aquellos que tienen ciudadanía doble. Según un boletín de prensa la Unión de los Derechos Civiles de los Estados Unidos (ACLU), la gran mayoría de los detenidos en Los Ángeles son inmigrantes que ya habían sido interrogados extensamente como parte del proceso para obtener su residencia de acuerdo a las leyes de inmigración del país.
En la mayoría de los casos, el INS arrestó a los hombres y a los adolescentes que no habían perpetrado ningún delito. Sólo esperaban la aprobación de sus solicitudes de residencia y sus antecedentes mostraban sólo pequeñas infracciones técnicas.
Un estudiante de treinta años de edad describió la interrogación a la WSWS: “Me llevaron a una oficina y me pidieron que les delatara los nombres de todos mis amigos y con quien mantenía correspondencia, y que les contara acerca de mi familia y mis prácticas religiosas. También me preguntaron acerca de mis estudios. El proceso llevó más de una hora. Superficialmente todo parecía muy oficial, muy profesional.
“Pero el FBI, debido al 11 de septiembre, ya me había entrevistado el año pasado. En esa ocasión mi embajada me había pedido que cooperara. Pero esta vez no había ninguna alternativa. Muchas de las preguntas fueron las mismas. Y eso logró intimidarme mucho. No tengo la menor idea de lo que saben de mí. El agente del INS me hizo la misma pregunta en más de una ocasión para ver si yo contestaba igual. Todo el camino a casa me quedé preocupado que quizás había omitido algo por lo cual me arrestarían luego otra vez”.
Varios inmigrantes aparecieron con sus abogados, pero en muchas otras muchas ciudades [donde también inmigrantes fueron detenidos] a éstos no se les permitió acompañar a sus clientes. Los hombres tuvieron que mostrar los contratos de arrendamiento, talonarios de pago, y vaciar sus carteras para que los números de sus tarjetas de crédito, renta de videocintas, etc., pudieran contar en las actas.
Los detenidos describieron el tratamiento tan degradante que recibieron: hombres apabullados en las cárceles del sótano del edificio del INS; manos encadenadas a la cintura; forzados a tirarse en el piso de las cárceles con el aire acondicionado a todo lo que da, sin cobijas y poca alimentación. Hay acusaciones que varios de los hombres y jóvenes fueron atropellados con mangueras de agua fría. Varios inmigrantes fueron encarcelados con criminales comunes, presuntamente porque las cárceles del INS ya estaban llenas.
Los 700 detenidos en Los Ángeles representaron solamente el 25% de todos los que comparecieron durante la semana para cumplir con las órdenes del Ministerio de Justicia. En otras ciudades, inmigrantes a quienes se les había imputado cargos menores fueron puestos en libertad luego que se les diera la orden de comparecer ante una audiencia de deportaciones. Más de 50 personas fueron arrestadas en San Diego. Según varios informes, una persona fue arrestada en la ciudad de Fresno (California), dos en San Francisco, y varios en las ciudades de Minneapolis y Bloomington en el estado de Minnesota. Una persona fue arrestada y puesta en libertad en Chicago.
Un abogado de Los Ángeles reportó que de 34 clientes que había acompañado, 30 habían sido arrestados. En la ciudad de San Bernardino, un hombre que fue a registrarse y que tenía una solicitud en trámite para obtener permiso oficial de trabajo fue arrestado. Se le pidió una fianza de $2,500, pero al no poder conseguir el dinero, fue trasladado a una cárcel en la ciudad de Lancaster, aproximadamente a unas cincuenta millas de Los Ángeles y luego, cuando su esposa y su abogado trataron de pagar la fianza, el INS les dijo que no tenían ningún conocimiento de la persona.
Esta ola de registro es sólo la primera en toda una serie que el Ministerio de Justicia ha ordenado. La fecha de vencimiento para la segunda interrogación tiene como objetivo a inmigrantes de otros trece países. Ciudadanos de Afganistán, Algeria, Bahrein, Eritrea, Líbano, Marruecos, Corea del Norte, Omán, Qatar, Somalia, Tunicia, Los Emiratos Unidos Árabes y Yemen han de reportarse a no más tardar del 10 de enero. Otro grupo—el tercero—tiene hasta el 21 de febrero; incluye a Pakistán y Arabia Saudita.
Según ciertos cálculos de la ACLU, la segunda ola de interrogaciones podría terminar en el arresto de decenas de miles. “Dada la evidencia que ya existe, no es nada alarmista considerar que esto es una redada”, declaró Lucas Guttentag, director del Proyecto para los Derechos de Inmigrantes, auspiciado por la ACLU. “El Fiscal General de la nación, John Ashcroft, se está valiendo del programa de registro para encarcelar gente que ya ha entregado información extensa como parte de la solicitud para la residencia. Por consiguiente, está muy claro que el objetivo no es obtener información sino arrestar, detener y deportar con selectividad a hombres musulmanes y del Oriente Medio que viven en los Estados Unidos”.
El 17 de diciembre, aproximadamente 1,000 iraníes se manifestaron en Los Ángeles para protestar por los arrestos. Compararon el registro y los arrestos al encarcelamiento de los japoneses y estadounidenses japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Al día siguiente siguieron manifestaciones en Buena Park, Condado de Orange. Los manifestantes llevaban insignias criticando a Ashcroft como dictador y preguntando si los campos de concentración pronto iban a aparecer. Un militante de la manifestación en Los Ángeles dijo que las cárceles locales estaban ya demasiado llenas para acomodar a los inmigrantes y que éstos podrían ser enviados al estado de Arizona, donde podrían pasar semanas o meses esperando la deportación o audiencias en la que comparecerían ante jueces de inmigración.