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El mes pasado, en un extraordinario comentario a la prensa internacional, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Velez, le pidió a los Estados Unidos que interviniera militarmente en su país de la misma manera y con la misma intensidad que piensa invadir a Irak.

Uribe declaró que "Pienso que el conflicto causado por tráfico de drogas y el terrorismo en Colombia es más grave para la estabilidad democrática a largo y medio plazo que el conflicto con Irak. Si están desplegando sus fuerzas contra Irak, ¿por qué no consideran acabar de una vez por todas con el transporte de la cocaína entre Colombia y California, por ejemplo?"

Uribe, político derechista partidario de Washington que tomara las riendas del poder hace seis meses, hizo los comentarios en Quito el 14 de enero, durante la ceremonia de investidura del nuevo presidente de Ecuador, Lucio Gutierrez. Repitió sus comentarios en varias otras entrevistas y comunicó a los otros presidentes latinoamericanos presentes durante la inauguración que tenía toda intención de presentar su propuesta ante reuniones bilaterales con Washington y también en foros multilaterales. Indicó que a los países europeos y a las fuerzas militares latinoamericanas se les podría invitar para que contribuyan con poder aéreo y naval para ponerle paro al tráfico de drogas y armas.

Que Uribe haya hecho semejante súplica para que los Estados Unidos lance una enorme invasión militar en la región no refleja más que una cosa: la desesperación de Uribe como representante de la oligarquía colombiana a medida que la desintegración socioeconómica del país se va profundizando. Aún cuando la presencia militar ha aumentado en Colombia, la clase gobernante del país siente que Washington ha consagrado toda su atención en el Golfo Pérsico y no le está prestando suficiente atención a la crisis en expansión de Latinoamérica.

Colombia es el tercer recipiente mayor de la ayuda militar estadounidense; ya $22 billones han sido destinados al Plan Colombia, plan militar que el gobierno de Clinton iniciara, ostensiblemente para combatir la producción de cocaína en el país. Desde el 11 de septiembre, 2002, el gobierno de Bush ha designado la intervención estadounidense en Colombia como parte de la "guerra contra el terrorismo" a nivel internacional ha dado permiso explícito para recibir ayuda de las fuerzas militares de los Estados Unidos en llevar a cabo una campaña contra insurgente contra dos movimientos guerrilleros colombianos: la Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación nacional (ELN).

El mes pasado, el Pentágono intensificó cualitativamente la intervención de los Estados Unidos en Colombia cuando envió un pelotón de 70 tropas de sus Fuerzas Especiales a la provincia de Arauca—considerada entre las regiones más violentas—para capacitar a una brigada del ejército colombiano que se acaba de formar.

La misión de esta nueva unidad será luchar contra la FARC y el ELN y proteger el oleoducto petrolífero de Caño-Limón contra ataques. El oleoducto transporta petróleo de los campos que maneja la empresa Occidental Petroleum, basada en el estado de California. Esta es la primera vez que soldados estadounidenses han sido enviados con el propósito explícito de capacitar a las fuerzas colombianas a luchar contra los guerrilleros. Anteriormente habían funcionado bajo el pretexto oficial que los militares recibían ayuda para erradicar la cocaína. Se sostenía que el conflicto con los guerrilleros sólo podría convertirse en consternación si la FARC y el ELN interferían con la batalla para erradicar las plantas que hacen posible la producción de drogas ilícitas.

Un funcionario estadounidense dijo el mes pasado que los Boinas Verdes estaban capacitando a tropas colombianas no sólo para proteger al oleoducto a todo lo largo de sus 490 millas contra ataques, sino también para "descubrir" a los guerrilleros. Es decir, le enseñarán las mismas tácticas de contra insurgencia para "buscar y destruir" que se usaron en Vietnam, El Salvador y por doquier; tácticas de consecuencias catastróficas para la población civil.

Aunque funcionarios estadounidenses han insistido que a los Boinas Verdes sólo se les ha asignado la misión de capacitación y que se les ha prohibido estrictamente que participen en combate, los periódicos colombianos ya han publicado fotografías de tropas estadounidenses armadas hasta los dientes junto a fuerzas colombianas.

La conexión entre la guerra inminente contra Irak y la creciente intervención de los Estados Unidos en Colombia no es solamente producto de la mente de Uribe. Colombia es el séptimo exportador mayor de petróleo crudo al mercado estadounidense, y se cree que el país posee varias de las mayores reservas sin explotar del mundo. Dado que la amenaza de guerra puede interferir con los abastecimientos petrolíferos procedentes del Golfo Pérsico, y en combinación con los efectos continuos que la huelga de los patronos en Venezuela pueda producir, el petróleo que sale de Colombia podría ser lo suficiente para sostener los precios.

La presencia mayor de las fuerzas militares estadounidenses en Arauca ha llevado a la intensificación continua de la violencia en esta provincia del norte del país, la cual es rica en petróleo. En septiembre del año pasado, Uribe declaró que la provincia era una "zona de rehabilitación y consolidación" y le concedió a los militares poderes extraordinarios para arrestar y detener a individuos sin imputarles cargos, registrar hogares, y restringir el movimiento interno.

Sólo esta semana Uribe anunció varias propuestas para reforzar la presencia militar colombiana en la provincia y nombrar un nuevo gobernador. El último, quien había sido un coronel jubilado del ejército, renunció mientras se quejaba que la situación era incontrolable.

Por otra parte, la ministro de defensa de Colombia, Marta Lucía Ramírez, ha revelado planes para un aumento dramático de las fuerzas militares colombianas. El propósito de esta expansión incluye la creación de 11 brigadas móviles nuevas; el fortalecimiento de la maquinaria que gobierna el espionaje militar; y el empleo de 10,000 miembros adicionales nuevos para la Policía Nacional. El ejército colombiano recibiría 35,000 soldados más.

Mientras tanto, el régimen de Uribe ha propuesto que se reclute una enorme red de espías que se supone ha de incluir a 1.5 millones de colombianos. Se han recibido informes que los militares han tratado de comenzar este programa en las zonas de conflicto, donde han presionado a niños de edad escolar con sobornos y amenazas para que den información acerca de sus vecinos. El gobierno también ha propuesto que se recluten por los menos 15,000 "soldados campesinos" para el espionaje de zonas rurales.

Se considera ampliamente en el país que las recientemente concluidas "negociaciones" entre el gobierno y la organización paramilitar derechista AUC son un esfuerzo para legalizar y reorganizar a estos elementos como parte de la nueva fuerza vigilante del gobierno.

La AUC funciona como fuerza auxiliar de represión que colabora íntimamente con los militares a la vez que recibe gran ayuda monetaria de los traficantes de drogas y de la oligarquía colombiana. Grupos de los derechos humanos han calculado que esta organización es responsable por más del 80% de las muertes civiles en la prolongada guerra civil colombiana. Sus escuadrones de la muerte han marcado no sólo a personas sospechadas de apoyar a los guerrilleros, sino también a militantes sindicalistas, partidarios de los derechos humanos y dirigentes de grupos de acción campesina y sociales. El año pasado más de 8,000 muertes de semejante índole se reportaron en Colombia.

La dirigencia de la AUC ha proclamado una "tregua" como condición para las negociaciones con el gobierno, pero ha seguido con los asesinatos, inclusive la reciente masacre de 11 trabajadores agrícolas en la provincia de Antioquía.

Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos ha llamado a la AUC una organización "terrorista extranjera" y oficialmente ha pedido la extradición de dos dirigentes importantes, en la práctica Washington se ha hecho la ciega en cuanto a la colaboración entre el ejército y los escuadrones de la muerte. También ha violado las leyes de los Estados Unidos, que requieren la ruptura de tales relaciones como condición para darle ayuda militar a Colombia. Existe bastante evidencia que la CIA y el Pentágono jugaron un papel importantísimo en crear los íntimos vínculos entre los militares y la AUC hace más de una década, cuando los Estados Unidos auspició la reorganización de la estructura del espionaje militar colombiano.

El "diálogo" entre la AUC y el régimen de Uribe—arbitrado por la jerarquía de la Iglesia Católica—está creando las condiciones para legitimar los escuadrones de la muerte y ofrecerles directamente fondos del estado.

Durante una breve visita a Bogotá en diciembre, el secretario de relaciones exteriores, Colin Powell, comunicó las bendiciones de Washington a negociaciones con un grupo que el mismo Estados Unidos ha catalogado de terrorista a la misma vez que su ministerio pedía repetidamente—con tal que quedara en las actas oficiales—la extradición. "Mantendremos nuestro apoyo al presidente Uribe a medida que toma este camino", dijo Powell.

Por su parte, el gobierno colombiano ha indicado que está listo para cancelar las órdenes de arresto contra los dirigentes de la AUC que Washington presuntamente quiere sean entregados por extradición.

Gordon Sumer, teniente general jubilado del ejército estadounidense, quien previamente había sido representante especial del gobierno de Reagan en Latinoamérica, le dio al Washington Times una entrevista en la que asesoró la situación con más sinceridad y franqueza. "En la batalla nunca sobran amigos", dijo. "Primero hay que hacer que obedezcan las leyes, eliminen las drogas y acepten los derechos humanos. Hay que tratar de unirlos bajo el mismo techo para que luchen contra los guerrilleros, que son la amenaza principal".

Hace un año que el gobierno de Bush exitosamente hizo presión para que se le pusiera fin a las negociaciones de paz con el movimiento guerrillero principal. Contrario a la FARC—que los Estados Unidos también catalogó de organización terrorista—la AUC es partidaria vociferante del programa económico que Washington y el Fondo Monetario Internacional han propuesto. "Somos defensores de la libertad de negocio y de los sectores industriales nacionales e internacionales", declaró el dirigente principal de los paramilitares derechistas, Carlos Castaño, cuya extradición es de las que el ministerio de relaciones exteriores de los Estados Unidos ha pedido.

Con la protección del gobierno, estos elementos paramilitares se han usado, con regularidad que ya no sorprende, contra los adversarios del programa socio político de Uribe. De acuerdo a organizaciones sobre los derechos humanos, tres de cada cuatro asesinatos de dirigentes sindicalistas y militantes que toman lugar en el mundo ocurren en Colombia. El año pasado más de 150 sindicalistas fueron muertos. Otros tantos, si no más, han desaparecido.

El mes pasado, fuerzas de seguridad invadieron la sede de la CUT, federación sindicalista obrera, en Cali. Ala vez, fiscales han tratado de arrestar a dirigentes sindicalistas, imputándoles el cargo de "terrorismo" por organizar manifestaciones contra los homicidios que los escuadrones de la muerte han perpetrado contra sus militantes.

El gobierno de Uribe está poniendo en práctica un programa político que sólo puede intensificar la lucha de clases. Recientemente entró en acuerdo con el FMI para recibir un préstamo en reservas de $2.1 billones si se imponen ciertas medidas: la austeridad y la extensa conversión de industrias estatales en empresas privadas.

Para reducir los gastos del déficit, va a desahuciar 40,000 empleados del sector público a la vez que drásticamente reduce los servicios sociales. Entre las agencias que han de eliminarse se encuentra el Servicio Geológico de Colombia, que conduce estudios de los recursos minerales del país. Esta misión actualmente está completamente en manos de Occidental Petroleum y otros monopolios petrolíferos extranjeros.

Luego del gobierno de Bush dar instrucciones para proceder con la política del "mercado libre", el régimen de Uribe ha puesto en práctica reformas en el sistema de rentas internas que le han dado a los ricos del país ganancias enormes al mismo tiempo que los impuestos sobre las ventas y los precios de los combustibles y transporte han aumentado. Ha presentado un plan para la reestructuración del sistema de jubilaciones del país, reduciendo los beneficios y aumentando la edad de retiro. Cierta "reforma laboral" aumenta la cantidad máxima de horas del día laboral a 16, congela los salarios y agrede otros derechos de los obreros.

El programa político del gobierno, cuyo fin es pagar por completo las deudas que consumen casi el 40% del presupuesto nacional, está profundizando la miseria social que domina a una nación en que el 20% de la población activa en la economía está desempleado y el 70% vive en la pobreza.

Detrás del llamado de Uribe para que los Estados Unidos intervenga militarmente yace el miedo de la clase gobernante: que esta situación ocasionará una explosión social que será peor amenaza a su riqueza y privilegios que el conflicto con los guerrilleros.