Utilice esta versión para imprimir | Envíe esta conexión por el email | Email el autor
Cuando en las elecciones generales de marzo el gobierno de José María Aznar, del derechista Partido Popular (PP), fue barrido del poder, los partidos regionalistas y nacionalistas de las 17 regiones autónomas (Comunidades Autónomas) españolas dieron una cautelosa bienvenida al entrante gobierno social demócrata de José Luis Rodríguez Zapatero.
Una de las primeras gestiones de Rodríguez Zapatero tras la toma de posesión del PSOE (Partido Socialista Obrero Español) fue telefonear al lehendakari (presidente del País Vasco) Juan José Ibarretxe para reanudar las relaciones políticas. Ibarretxe no había hablado con Aznar durante los últimos dos años. Zapatero ha acordado también que el parlamento debata anualmente sobre las regiones (debate que no ha tomado lugar desde1997). Zapatero ha mostrado, sin embargo, su determinación de mantener elementos de la política de Aznar—particularmente en relación con el País Vasco—lo que sugiere que esas relaciones probablemente empeoren.
Inmediatamente después de las elecciones, el movimiento de mayoría estalinista Izquierda Unida (IU) firmó un "acuerdo para el pluralismo político" con varios partidos regionales. En una conferencia de prensa para lanzar el acuerdo, regionalistas como el moderado Partido Nacionalista Vasco (PNV), que encabeza el gobierno regional, y el Bloque Nacionalista Gallego (BNG), celebraron el fin del "autoritarismo y la política de rodillo" del gobierno de Aznar. En una declaración aparte, el PNV saludó "el fin de la política de confrontación, división y negativa al diálogo del PP".
Se hizo patente con rapidez lo que las organizaciones nacionalistas esperaban conseguir del gobierno entrante. Tres de los partidos de "izquierda nacionalista" (el vasco Eusko Alkartasuna, el aragonés Chunta Aragonesista y el catalán Izquierda Republicana de Cataluña) firmaron una carta abierta llamando a cambios en la política lingüística y cultural y en reconocimiento de la pluralidad nacional. Esto se conseguiría mediante un mayor desarrollo de la estructura federal del país, es decir, una mayor asunción de poderes por las regiones.
Los partidos regionales tienen entre sus objetivos el establecimiento de negociaciones directas con las corporaciones transnacionales y la Unión Europea para alcanzar acuerdos. Durante las negociaciones para obtener los votos necesarios con tal de alcanzar una mayoría holgada en la investidura de Zapatero como primer ministro, varios de los partidos regionales dejaron esto claro. Los diputados de Coalición Canaria (partido de las Islas Canarias), por ejemplo, anunciaron que tomarían su decisión en función de que Zapatero les garantizara los subsidios de la Unión Europea. En Galicia, los propios políticos regionales del PP propugnaron el derecho a mantener negociaciones directas con la UE sobre acuerdos pesqueros.
El gobierno nacional del PP pretendió usar las tensiones regionales como una excusa para su legislación represiva, para tratar de acabar con toda disidencia doméstica. Aznar consideró como traición las demandas de mayor autonomía regional. Se ha introducido recientemente una ley que contempla como delito convocar un referéndum sobre ampliación de derechos autonómicos sin que haya sido aprobado previamente por el gobierno nacional. Esta legislación es aplicable a todas las regiones pero, de hecho, fue propuesta con la intención de suprimir las propuestas de Ibarretxe tendentes a ampliar la autonomía política y fiscal en el País Vasco. Aznar utilizó con vehemencia la "guerra contra el terrorismo" frente a la organización separatista vasca ETA (Euskadi ta Askatasuna, o Patria Vasca y Libertad), y se aprovechó de la campaña terrorista de ETA para justificar la supresión de la disidencia en el interior del país. El partido parlamentario vasco separatista Batasuna, acusado de mantener lazos con ETA, se convirtió en el primer partido prohibido desde el final de la dictadura militar del General Franco.
En la oposición, el PSOE estaba preparado para tolerar cierta ampliación de los derechos autonómicos, para algunas regiones, dentro de los límites establecidos por el Estado español. El PSOE nacional era razonablemente comprensivo con tal ampliación en, por ejemplo, Cataluña, donde su partido hermano regional, el PS,c entró a formar parte de una coalición de gobierno con Izquierda Republicana de Cataluña (ER,c Esquerra Republicana de Catalunya). El PSOE, sin embargo, mantiene una postura más crítica hacia el regionalismo del País Vasco, aunque su apoyo a la reforma del Estatuto de Autonomía (ley de autonomía) en Cataluña ha sido un factor importante en dar aliento a las tendencias separatistas vascas. Mientras se preparaba para debatir enmiendas a la actual Constitución española, el PSOE se manifestaba hostil hacia cualquier reforma de la autonomía regional propuesta por Ibarretxe.
El gobierno regional del País Vasco rehusó retrirar el plan de Ibarretxe cuando el partido hermano regional del PSOE, el PSE, propuso un plan para el proceso de negociaciones más o menos basado en el modelo catalán. Un vocero regional exigió saber los cambios: ¿Por qué deberíamos retirarnos del plan?...¿Sólo porque los socialistas ganaron las elecciones?" También exigió saber si el PSE tenía la intención o no de reconocer a Euskadi (región que se identifica por el nombre País Vasco) "como nación".
El PNV ha dejado claro sus intenciones de empujar el asunto en el parlamento regional. Antonio Rubalkaba, del PNV y jefe de la comisión que participa en dichas gestiones, ignoró el dictamen del parlamento que se podía permitir un solo voto en cuanto al plan total. Más bien, para aumentar las posibilidades de la aceptación del plan, Rubalkaba acordó aceptar la votación relacionada con cada enmienda y pulverizó la oposición a gritos.
Después del anuncio de la victoria de Zapatero, el PNV puntualizó los años de apoyo leal que el PSOE le había brindado al gobierno del PP, y declaró que este era un patrimonio que no se iba a olvidar fácilmente. El ejemplo más claro de esto fue el Pacto Anti Terrorista en el 2000. Al firmar este acuerdo, el cual tenía como objetivo al ETA, el PSOE respaldó al PP en cuanto a la supresión de derechos democráticos en el País Vasco. Tras las elecciones, el PNV específicamente se refirió al pacto como un acuerdo que eventualmente tendría que ser anulado. Indicó que las restricciones a la libertad que había creado tendrían que retroceder.
La reacción inmediata del PSOE fue que nada cambiaría. Éste ahora ha excedido su postura inicial y entrado en negociaciones con el PP para asegurar la existencia continua del pacto. La reunión fue la primera asistida por el jefe del gobierno desde que se firmara el pacto. Un vocero del PSOE declaró que la reunión había servido para reforzar la unidad de los partidos principales contra el terrorismo.
La reunión retiró las críticas que el Ministro del Interior, José Antonio Alonso, le había hecho al gobierno anterior. Alonso había sugerido que el hecho que el PP no había tenido ninguna visión política puede haber contribuido al ataque terrorista en Madrid el 11 de marzo. Los intentos del gobierno del PP en negar que Al Qaida puede haber sido responsable por dichos ataques—y en culpar a ETA por ellos—se convirtió en el blanco de una hostilidad creciente que barrió al PP del gobierno.
Uno de los dirigentes del PP. Mariano Rajoy, ha prometido que su partido permanecerá "fiel" al pacto. Los partidos han acordado reunirse cada seis meses para debatir el tema, o en todo momento que uno de los dos partidos pida un análisis de los últimos desarrollos.
Aunque el pacto ahora alude a la posibilidad de ataques por parte de Al Qaida, ha hecho hincapié a que éste se dirige a la amenaza terrorista tanto en el extranjero como en el suelo español. El gobierno regional del País Vasco ha dado a conocer que el preámbulo del pacto se refiere con mayor frecuencia al PNV y al EA que a ETA, la cual ha llegado a su punto más bajo en años.
Aunque Zapatero indicó que rehusaría negociaciones con ETA , un conjunto de partidos nacionalistas, inclusive representantes de Batasuna, abogó por la creación de un comité para debatir la paz. El grupo no hizo ningún llamado para que cesar el fuego, pero ETA no ha estado muy activa desde que estallaran las bombas en Madrid. Informes de la prensa de última hora han sugerido que han habido negociaciones sobre el plan de Ibarretxe. ETA ha menospreciado al plan públicamente, el cual no permite la independencia, aunque si han habido informes no comprobados que varias secciones de la organización se han puesto a favor de un acuerdo con los nacionalistas parlamentarios.
Zapatero también ha obtenido el apoyo para la extradición de personas sospechadas de ser militantes de ETA de países que anteriormente se oponían a semejante acción. Luego de Zapatero reunirse con el Primer Ministro, Cuy Verhofstadt, las autoridades belgas acordaron entregarle al gobierno español Jon López Gómez y Diego Ugarte López de Arkaute, arrestados en Bossu en marzo. Los tribunales belgas también acordaron re examinar los casos de Luis Moreno y Raquel García, quienes residen en Bélgica desde principios de la década del 90. El Tribunal de Apelaciones de Bélgica dictaminó el marzo pasado que los españoles habían presentado insuficientes pruebas para obtener la extradición, pero los casos han sido reiniciados.
El pacto también le permite a los dos partidos a llegar a un acuerdo en cuanto a la continuación de otros aspectos de la política de Aznar hacia los asuntos regionales. El PP había perseguido a Batasuna y a sus militantes por medio de los tribunales e inmediatamente y proscribía a a todo grupo que surgiera de él. La reunión entre Zapatero y Rajoy resultó en que a un nuevo partido, Herritaren Zerrenda (HZ), se le prohibiera participación en las elecciones de la Unión Europea (EU). Se ha alegado que HZ está bajo el control de Batasuna y por eso la Corta Suprema lo ha anulado.
HZ ha lanzado un llamado directo a la Unión Europea, en cuya constitución revisada HZ, como muchos otros partidos regionales de toda España, ve su futuro. "Creemos que las venideras elecciones nos ofrecen la oportunidad ...de mostrarle a Europa que Euskal Herria [el País Vasco] es una nación europea", según una declaración oficial de HZ. Ésta se refiere a que hay que invigorar de nuevo al plan nacional, pero deja bien claro que la región independiente vasca es considerada parte del bloque comercial europeo. "El modelo para la formación de una nueva Unión Europea el futuro de Euskal Herria".
La Corte Suprema, actuando para adelantar la apelación del gobierno, inicialmente rehusó entregarle a HZ la lista de votantes, alegando que a esa organización se le sospechaba de terrorismo. (Rajoy indicó tras la reunión que Batasuna era una organización terrorista, y la prueba de esto era el apoyo a esta línea que Aznar había obtenido de la EU y de Estados.)
La Corte Suprema, basándose en la cantidad de firmas requeridas por la ley para participal en las elecciones, dictaminó que HZ era arma de Batasuna. (HZ colectó aproximadamente 49,000 firmas en la región vasca de España.) Esta acción continúa la supresión de los derechos democráticos que el gobierno de Aznar comenzó, pues le niega voz parlamentaria a aproximadamente el 10% de los habitantes de la región.
HZ llama a sus partidarios a que voten desde Francia con papeletas de papel. (Cuando Batasuna fue prohibido la primera vez, sus simpatizantes votaron con papeletas hechas en casa.)