Este artículo apareció en nuestro sitio en su inglés original el 27 de mayo, 2006.
El jueves de esta semana, el Senado de Estados Unidos adoptó por un voto de 67 a 36 una legislación anti inmigratoria basada en gran parte en la política de los Demócratas, quienes se unieron a la minoría de un bloque Republicano con tal de ganar la aprobación.
El proyecto de ley provee billones de dólares para la construcción de una muralla fronteriza entre México y Estados Unidos a lo largo de 370 millas; el empleo de agentes policiales de la Patrulla Fronteriza; y nueva tecnología para prevenir que trabajadores indocumentados sean empleados en Estados Unidos sin la aprobación oficial del programa de “trabajadores invitados”.
La prensa considera que este proyecto de ley es “moderado” y hasta “humanitario, pero esto es sólo en comparación al que la Cámara de Representantes adoptó en noviembre; proyecto que pinta a todo trabajador indocumentado de criminal y criminaliza a toda persona que trate de asistirlo, inclusive a organizaciones caritativas que sirven alimentos a los pobres, clínicas gratis, servicios legales e instituciones escolares.
Las estipulaciones principales del proyecto de ley del Senado fueron producto de Demócratas cuyo líder principal es Edward Kennedy, por mucho tiempo dirigente de los liberales del Congreso y vocero principal que abogó por llegar a un acuerdo con una gran cantidad de Republicanos. Los esfuerzos de Kennedy fueron recompensados cuando 21 Republicanos se unieron a 41 Demócratas y un Independiente pro Demócrata para adoptar el proyecto de ley. El senador Republicano, John McCain, fue uno de los co patrocinadores del proyecto, que recibió el apoyo tácito de la Casa Blanca de Bush.
Pero el resultado, sin embargo, es una reaccionaria abominación. En ciertos aspectos es más antidemocrático que el proyecto de ley adoptado por la Cámara de Representantes [Diputados]. El espíritu de la represión anima ambos proyectos; ambos tratan a los trabajadores indocumentados como criminales que deben ser castigados. Difieren principalmente en como poner en práctica las redadas, los encarcelamientos y las deportaciones.
El proyecto de ley de la Cámara de Representantes se bosquejó para satisfacer los prejuicios anti inmigrantes del ala ultra conservadora del Partido Republicano, donde el populismo derechista (inclusive los esfuerzos de convertir a los inmigrantes en chivos expiatorios por las condiciones cada vez más difíciles de los trabajadores criollos estadounidenses) se junta con el odio racista y étnico que ahora empieza a asomar la cabeza. Por otra parte, el proyecto de ley del Senado se ha diseñado para satisfacer los intereses de los grandes negocios de Estados Unidos, los cuales desean mantener acceso a una mano de obra super explotada, sobretodo en la agricultura y en las industrias de la construcción y el procesamiento de alimentos.
Pero el proyecto de ley del Senado difiere del de la Cámara de Representantes en un aspecto: ofrece un programa para trabajadores invitados, con un máximo de 200,000 trabajadores al año, para servir las necesidades de las empresas agrícolas. Le ofrece a los inmigrantes “ilegales” con largo tiempo en el país la oportunidad de legalizar su estadía si toman clases de inglés y pagan los impuestos debidos y una multa bastante cara. El proyecto de la Cámara de Representantes no legalizaría ni a un solo trabajador indocumentado y requiere la deportación de aproximadamente 12 millones personas, lo cual significaría uno de los mayores traslados forzados de población en la historia del mundo.
La mayoría del Senado rechazó el plan por ser impráctico, basándose en las dificultades de llevar a cabo deportaciones tan numerosas, pero la misma mayoría propone un sistema de legalización limitada tan complejo que tampoco sería práctico. Bajo este plan del Senado, “solo” 2 millones de trabajadores indocumentados serían deportados: los que han entrado al país durantes los dos últimos años.
Los que han residido en el país entre dos y cinco años—es decir, cinco millones más—serían obligados a regresar a sus países de origin por lo menos durante un día para obtener su visa. Si la obtienen, podrán regresar a Estados Unidos y quedarse en el país siempre que cumplan con los complejos y onerosos requisitos de elegibilidad según las estipulaciones de la legislación.
Las estipulaciones se hicieron más y más onerosas durante las últimas dos semanas a medida que enmienda tras enmienda reaccionaria era aprobaba para que el proyecto de ley del Senado fuera más aceptable a los Republicanos de la Cámara de Representantes.
Una de las enmiendas aumentó por $500 la multa que el grupo más privilegiado de inmigrantes—aquellos con más de cinco años de residencia en el país—debería pagar, llevando el total a $3,250, lo cual es una enorme cantidad para trabajadores que ocupan los puestos más bajos y peores pagados de la fuerza laboral de Estados Unidos. La gran mayoría trabaja como bedeles, trabajadores domésticos, obreros agrícolas y en la construcción.
Otra de las enmiendas niega elegibilidad para integrarse al programa de trabajadores a todo inmigrante culpable de haber quebrantado la ley, inclusive de ser culpable de delitos menores y de no obedecer órdenes de deportación (lo cual representa una encrucijada, puesto que casi todos los “inmigrantes ilegales” por definición han violado alguna ley relacionada con la inmigración). Durante los primeros cuatro años, los inmigrantes empleados bajo el programa de trabajadores invitados pueden solicitar residencia permanente solamente con el permiso y patrocinio de sus patronos, lo cual hace a estos trabajadores sumamente vulnerables a la explotación.
Han habido numerosos cambios técnicistas a los procesos jurídicos para enjuiciar a los casos de inmigración. Muchos de estos restringen los derechos de los refugiados y de los que piden asilo en Estados Unidos para protegerse de regímenes represivos. Al refugiado que trabaje con una tarjeta de seguro social falsificada—y casi todos los trabajadores indocumentados se ven obligados a hacerlo—se le consideraría culpable de perpetrar un “delito mayor con agravantes”—y sería sujeto a deportación inmediata no importa si en país de origen el régimen que gobierna practica la represión, la tortura y hasta el asesinato.
Los agentes de la Patrulla Fronteriza tendrían mayor autoridad para arrestar, encarcelar y deportar a inmigrantes en el acto—con la excepción de ciudadanos mexicanos—sin recurrir a los debidos procesos judiciales, en una zona que cubre 100 millas norte y sur de la frontera con México y Canadá, respectivamente. El resultado sería que ciudades tales como Detroit, El Paso, San Diego y Buffalo se convertirían en zonas libres en las que los inmigrantes podrían ser arrestados y transportados al otro lado de las fronteras sin ningún recurso a los procesos judiciales debidos.
Tal vez la enmienda más onerosa, aprobada por un voto de 58 a 40, requiere que los patronos se inscriban en, y utilicen, el Programa Piloto Básico, programa “software” desarrollado por el Ministerio para la Seguridad de la Patria [Department of Homeland Security; DHS] que analiza las bases de datos del seguro social y de inmigración para verificar la categoría legal de todo futuro empleado. Todos los patronos se verían obligados a entregarle al gobierno el número de seguro social o de identificación de inmigración de toda persona que solicite empleo, inclusive de todos los ciudadanos de Estados Unidos, para confirmar que su residencia en el país es legal.
El resultado sería la creación de una enorme base de datos controlada por el DHS, agencia establecida para proseguir la “guerra contra el terrorismo” dentro de Estados Unidos, que contiene información acerca de la vida laboral de todos los ciudadanos del país. Potencialmente, ésto sería un arma invaluable para la represión de las masas, sobretodo si surge un nuevo movimiento de la lucha de clases en la que paros en el trabajo y otras acciones laborales sin duda jugarían un paper importante.
El Senado también votó 83 a 16 a favor de una enmienda, presentada por el Republicano ultra derechista, Jefferson Davis Sessions, del estado de Alabama, que aboga por la construcción de una muralla de tres capas de ancho a lo largo de 370 millas de la frontera con México. Y también votó 63 a 34 por una enmienda que declara el inglés como “idioma nacional” de Estados Unidos, bofetada simbólica a los casi cuarenta millones de hispanoamericanos en el país.
En tanto que los Demócratas alabaron el proyecto de ley del Senado, grupos hispanos y de los derechos civiles lo criticaron ferozmente. El Demócrata número dos del Senado, Richard Durbin, del estado de Illinois, declaró que “este proyecto de ley tiene muchas cosas erróneas, pero también tiene muchas cosas buenas”.
Pero hay muchas dudas que el proyecto eventualmente se convierta en ley, puesto que hay divisiones muy serias en el Partido Republicano. En la Cámara de Representantes, el presidente, Dennis Hastert, declaró que no va permitir ningún voto sobre un proyecto de ley acerca de la inmigración que no cuente con el apoyo de “una mayoría de la mayoría”; es decir, de por lo menos 116 integrantes del bloque Republicano. Si semejante reglamento se hubiera aplicado en el Senado, el proyecto de ley no habría existido, pues los Republicanos se opusieron a él 32 a 23. Fueron los Demócratas, quienes votaron 41 a cuatro a favor, los que hicieron la victoria posible.
El Senador Bill Frist, del estado de Tennessee y dirigente de la mayoría Republicana, votó a favor del proyecto. Dijo que él y su contraparte Demócrata, Harry Reid, nombrarían a varios senadores al comité de conferencias encargado de resolver las diferencias entre las versiones del proyecto aprobadas por el Senado y la Cámara de Representantes. Pero no se sabe con certidumbre si los Republicanos de la Cámara de Representantes aceptarán la existencia de un comité de conferencias, puesto que la dirigencia está rotundamente opuesta a toda legalización de los millones de trabajadores indocumentados que actualmente residen en Estados Unidos.
El representante James Sensenbrenner criticó ferozmente las estipulaciones del proyecto de ley del Senado, llamándolas una “amnistía” y agregó que el proyecto “no presentaba nada nuevo”. Pero parece que la Cámara de Representantes eventualmente aceptará una forma u otra del programa de trabajadores invitados tal como lo exigen las empresas agrícolas, pero esa versión requerirá que los trabajadores agrícolas importados regresen a México tan pronto termine la cosecha.