Este artículo apareció en nuestro sitio en su inglés original el 28 Abril 2008.

Los litigios entre las Comunidades Autónomas de España sobre la creciente crisis del agua van en aumento. Funcionarios del Gobierno describen la actual sequía como la peor en un siglo. Lo que se ha denominado como una “guerra del agua” ha expuesto la incapacidad del capitalismo para organizar los recursos esenciales.

Las precipitaciones en toda España se han reducido a un 56 por ciento de su anterior promedio durante los últimos seis meses. La situación es más aguda en la región nororiental de Cataluña, donde cuatro años de tiempo seco han culminado en 18 meses de muy extremadamente bajas precipitaciones. El Departamento catalán de Medio Ambiente, la semana pasada, dijo que las recientes lluvias sólo aplazarán las medidas de emergencia unas cuantas semanas.

A nivel nacional, los embalses están aproximadamente a la mitad de su capacidad. Según los datos oficiales, los embalses de Cataluña se encuentran sólo al 20,1 por ciento de su capacidad, solamente el 0,1 por ciento por encima de los niveles de emergencia. Los niveles de agua son tan bajos que el pueblo de Sant Roma, abandonado para dar paso a la construcción del embalse Sau, es ahora claramente visible de nuevo por encima de la línea de flotación. La región ya ha impuesto restricciones sobre el uso del agua, con la prohibición del uso de mangueras de agua, llenar piscinas, y las fuentes del centro de la ciudad de Barcelona permaneciendo secas. “No podemos dejar a cinco millones de personas sin agua para beber”, dijo Miguel Iceta del Partido Socialista Catalán (PSC), que encabeza el gobierno regional.

Las respuestas a la crisis han llevado al conflicto al gobierno catalán y al gobierno nacional del Partido Socialista (PSOE). La propuesta inicial del gobierno regional era desviar 1,5 hectómetros cúbicos por día de agua del río Segre, afluente del Ebro, a Barcelona. Francesc Baltasar, el consejero de Medio Ambiente regional, dijo en una conferencia de prensa que esta era “la única manera viable de conseguir suficiente agua a tiempo para evitar la crisis.

El gobierno nacional se opuso al plan del Segre. El río también fluye a través de la vecina comunidad de Aragón. Constitucionalmente, cuando los ríos atraviesan más de una de las 17 comunidades autónomas del país, la decisión de desviar los recursos debe tomarse a nivel nacional. El gobierno regional de Aragón también se opuso enérgicamente a las propuestas. Gran parte de la controversia entre las regiones ha sido sobre el uso del agua para la industria del turismo. Cataluña acusó a Aragón de querer usar el agua potable para sus campos de golf y hoteles. Esto no se limita a estas dos regiones. Martí Sabria, un representante hotelero de la Costa Brava, insistió, “Si alguien tiene que restringir el uso del agua, no debería ser a los turistas”.

El gobierno catalán estuvo furioso por la oposición a sus propuestas desde Madrid. El presidente regional del PSC, José Montilla, acusó al PSOE de falta de solidaridad. El PSC es el partido regional hermano del PSOE, partido gobernante nacional y un aliado crucial en el gobierno. Reconociendo que la toma de agua de la fuente de un río “no es la mejor solución”, Montilla insistió en que la propuesta debe permanecer abierta “si no se presentan otras soluciones alternativas actuales para los 5,5 millones de ciudadanos afectados por la sequía.”

Cataluña ha estado a la vanguardia de los intentos de las regiones de obtener un mayor control sobre los recursos hídricos. En 2005, la ampliación del estatuto autonomía de la región concedió al gobierno catalán un mayor poder sobre sus ríos, provocando reclamaciones similares por parte de otras regiones. Estos poderes aún no han sido aprobados aún por el tribunal constitucional nacional. El rechazo de la propuesta del Segre llevó a Montilla, jefe del gobierno regional, a presionar por una mayor autonomía, declarando lastimosamente, “Cataluña también es España”. Baltasar declaró que se trataba de una “situación de emergencia nacional.”

El gobierno catalán ha iniciado medidas para la importación de agua. La Agencia Catalana del Agua ha contratado a 10 barcos para abastecer a Barcelona con agua potable, a un costo de casi 80 millones de euros (127 millones de dólares de EE UU). Algunos de los buques traerán agua de Marsella, a 300 kilómetros de distancia. En Agosto se van a ver los envíos de agua de una planta de desalinización a 600 kilómetros de distancia, en Almería, al sureste de España, históricamente una de las regiones más secas del país. Algo de agua también puede ser importada por tren, y se espera que las importaciones continuarán durante al menos seis meses. El Gobierno catalán confía en que su propia planta de desalinización, cerca de Barcelona, empezará a funcionar el próximo año. Mientras tanto, tiene previsto gastar 35 millones de euros en la mejora de las instalaciones portuarias, y 43 millones de euros en la compra y transporte de agua.

La oposición del gobierno nacional al plan del Segre se basó ostensiblemente en preocupaciones ambientales, como fue su rechazo de una propuesta más amplia presentada en 2004 para desviar agua del Ebro a las regiones costeras.

El derechista Partido Popular (PP) propuso un Plan Hidrológico Nacional (PHN) en 2001, cuando estaba en el poder. El plan seguía los proyectos propuestos en 1993 por un gobierno anterior del PSOE basados principalmente en la desviación de agua desde el norte al sur. Sin embargo, se opusieron los regionalistas del norte, que querían el agua para su propio desarrollo económico, así como los ecologistas. Reformando el PHN bajo la presión de estas fuerzas, el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero abandonó los planes para desviar el Ebro. En su lugar, ha promovido en gran medida la construcción de plantas de desalinización para convertir el agua de mar en agua potable. España cuenta actualmente con 950 instalaciones de ese tipo, proporcionando suficiente agua para 10 millones de personas.

Científicos han argumentado que las plantas de desalinización son una medida miope que podría exacerbar la crisis de abastecimiento de agua en las zonas con mayor riesgo de sequía. Son caras de usar y de alto consumo energético. El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) ha sostenido que las plantas de desalación mismas pueden tener un impacto ambiental perjudicial, aunmentado la salinidad en torno a la planta y destruyendo las zonas costeras. También producen altas emisiones de gases de efecto invernadero. La Asociación Española para el Tratamiento Tecnológico del Agua dice que cada planta de desalación produce indirectamente un millón de toneladas de CO2 al año.

La única manera de asegurar la disponibilidad de agua para todos sobre una base ecológicamente sostenible sería dentro de un sistema de planificación totalmente contrario a la anarquía de la economía capitalista y la competencia entre las regiones, entre las naciones y sus instalaciones. En un momento durante la controversia con el gobierno catalán, Madrid propuso un acercamiento al gobierno francés para proponer desviar agua del Ródano. A pesar de que llevaría una década ponerla en práctica y Montilla lo denunció como una ” broma de mal gusto”, demostró el papel negativo de las divisiones nacionales y regionales en la vida social y económica.

Como una alternativa al plan del Segre, la Ministro de Medio Ambiente Cristina Narbona también propuso un “banco de agua” que permitiera a los agricultores con derechos de riego vender agua a otros. Los agricultores son, en todo caso, reacios a renunciar a sus derechos de riego con agua reciclada o “gris” utilizada en los cultivos y no apta para beber.

El gobierno de Zapatero se vio obligado a reconocer que las actuales medidas provisionales eran insuficientes. La Viceprimer Ministro María Teresa Fernández de la Vega anunció en la primera conferencia de prensa semanal del PSOE en gobierno desde la reelección, que a menos que actuaran “los ciudadanos de Barcelona se quedarán sin agua potable en octubre.”

El gobierno ha anunciado planes de emergencia para construir 60 kilómetros de tubería para bombear directamente a Barcelona 40 hectómetros cúbicos de agua por año a partir de la desembocadura del Ebro. Esto no sustituye los planes para el transporte de agua, ya que la tubería no estará terminada hasta el mes de octubre. Se pretende que la tubería seguirá en funcionamiento hasta que la planta de desalación se haya completado. El PSOE dice que la tubería, que costará más de 170 millones de euros (270 millones dólares de los EEUU), no agotará el Ebro, ya que canalizará los excedentes de agua recuperada por medio de la instalación de sistemas riegos más eficientes en la agricultura. La ineficiencia en la infraestructura ha sido reconocida durante mucho tiempo como un problema en el suministro de agua español, con un máximo de 20 por ciento del agua transportada perdida por fugas de las tuberías.

La Ministro de Medio Ambiente nacional, Elena Espinosa, celebró una reunión con representantes de todas las regiones para explicarles el plan, la cual no desvió las críticas. Los agricultores del delta del Ebro, donde se construirá la tubería, están ansiosos por si la construcción afectará a sus cultivos. Muchos agricultores han señalado que ahora no pueden dejar de regar para que instalen las nuevas tuberías porque la temporada del cultivo de arroz ya ha comenzado. Rosa Pruna, del sindicato de agricultores de Cataluña, ASAJA, dijo: “No queremos ser egoístas, pero el arroz es la vida misma en el delta. El gobierno ha tenido años para actuar, y ahora han actuado tarde y mal”.

El gobierno de Aragón ha expresado su descontento con el plan porque quieren tener la última palabra en el uso del agua del Ebro. Las mayores críticas han llegado desde las regiones costeras de Murcia y Valencia donde gobierna el PP, el cual se ha comprometido a luchar por la igualdad de acceso al Ebro ante el Tribunal Constitucional. Valencia y Murcia fueron dos de las regiones afectadas por la cancelación del plan de trasvase del Ebro en 2004.

El presidente de la región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha dicho que las dos regiones puede llamar a manifestarse contra la política del agua del gobierno. El presidente regional de Valencia, Francisco Camps, ha acusado a Zapatero de “humillar” a la región, y el PP presentó una moción parlamentaria regional pidiendo que el PSOE cambie su política. Camps dijo que no se oponía a los derechos de los catalanes a tener agua, pero objetaba la denegación de las mismas disposiciones a la gente del sur. A su juicio, su posición se vería apoyada por los gobiernos regionales de Valencia, Murcia y Andalucía.

Las respuestas del PP y el PSOE están dictadas por la necesidad de mantener diversos aspectos de competencia de los intereses de las empresas españolas, en lugar de resolver los problemas de recursos hídricos de la mayoría de la población española. Los recursos hídricos son necesarias en la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería para suministrar a la agricultura intensiva. Muchas de las soluciones propuestas por los ecologistas están enmarcadas abiertamente en términos de castigar a las personas que trabajan y beneficiar a las empresas. Manuel Ramón Llamas, de la Universidad Complutense de Madrid, ha echado la culpa de la crisis a los bajos precios en España, insistiendo en que precios más altos para los consumidores limitarían la demanda. Alberto Fernández, jefe del agua para el Fondo Mundial para la Naturaleza, está alentando la creación de “bancos” de agua de modo que los derechos al agua puedan comprarse y venderse.

Es la economía de mercado, que enfrenta a nación contra nación e incluso región contra región, la que está impidiendo cualquier administración organizada de los recursos hídricos del mundo. Llamas reconoce que España tiene suficiente agua, pero ninguna estructura política capaz de administrarla para el beneficio de todos. Edelmiro Rua Álvarez, del Colegio de Ingenieros de España, ha dicho, “España tiene agua suficiente para todos. No deberíamos estar peleándonos cada año.”