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La extradición de Pinochet podría desestabilizar
a Chile, la Cámara de los Lores es prevenida.
Por Chris Marsden
11 de Noviembre de 1998
Se espera que la apelación contra la decisión
de conceder "inmunidad soberana" al antiguo dictador
chileno, Augusto Pinochet, termine el miércoles. El que
Pinochet sea extradicionado a España o no depende de si
los fiscales del procesamiento logran imponer la primacía
de la ley internacional, que no valida la inmunidad para los jefes
de estado con respecto a crímenes contra la humanidad,
por encima de la ley británica según fue interpretada
por el Tribunal Supremo este mes.
Varios destacados expertos en derecho internacional han apoyado
esta posición. La Comisión Internacional de Juristas
calificó la decisión del Tribunal Supremo sobre
Pinochet como "profundamente errónea" y dijo
que los jueces "habían olvidado considerar que la
comunidad organizada de naciones ya ha decidido hace tiempo perseguir
y procesar a los autores de crímenes contra humanidad".
Peter Burns, el presidente del Comité de las Naciones Unidas
Contra la Tortura, dijo que estuvo "extremadamente sorprendido"
por el fallo que concedió la inmunidad a Pinochet.
Los argumentos legales de los abogados de Pinochet intentan
confirmar la posición del Tribunal Supremo así como
la "soberanía" de Chile en determinar si es sometido
a la justicia. Pero esto ha sido secundado con amenazas implícitas
de violencia política por parte de los partidarios derechistas
de Pinochet y de los militares, en el caso de que se le extradicionara
a España.
Claire Montgomery, representando a Pinochet, dijo que los Lores
Juridicos deberían considerar cuidadosamente "el delicado
equilibrio entre los intereses de la justicia y la estabilidad
del estado". Deportar a Pinochet a España dañaría
la nueva democracia de Chile y ya ha provocado tensiones entre
la izquierda y la derecha, añadió.
Durante el fin de semana Pinochet publicó una declaración
a la prensa en la que apuntó a otros ejemplos de "reconciliación"
en Irlanda del Norte y Suráfrica, en donde "se han
tomado prudentes decisiones de no revisitar el pasado". Pinochet
destacó a España, en donde la dictadura de Franco
era ahora "ignorada". "Mis compatriotas han aceptado
el pasado de nuestra nación. Ellos son mis verdaderos jueces....
Estoy en paz conmigo mismo, y con el pueblo chileno sobre lo que
sucedió", concluyó Pinochet.
Los temas planteados por Pinochet y sus abogados subrayan lo
esencial del dilema político que confronta el establecimiento
británico y las potenciales repercusiones que puedan también
sentirse en España si es extradicionado a este pais. Pinochet
tiene razón en señalar la semejanza de la llamada
transición a la democracia en Chile, Suráfrica y
España. Los tres no solamente proporcionaron una amnistía
para los crímenes cometidos por los salientes regímenes
de la derecha, sino que preservaron
los intereses económicos y políticos de la élite
dominante dentro del nuevo orden
constitucional.
Por esta razón, la contínua estabilidad en los
tres países depende sobre todo de contínuos esfuerzos
en ocultar los problemas históricos aún sin resolver
y en segundo lugar, asegurarse de que no se haga nada que amenace
el status quo.
Un informe de los antiguos miembros de la Campaña de
Solidaridad con Chile, cuyo objetivo es influenciar la decisión
de los Lores Judiciales, provee una idea del verdadero carácter
de la "democracia" de Chile. Titulado "Por qué
Pinochet no debe ser puesto en libertad", el documento explica:
"En numerosas ocasiones desde la devolución del poder
a un presidente civil en 1990, aquellos que han sugerido que el
General Pinochet sea procesado han sido amenazados, atacados,
detenidos y acciones contra violadores de los derechos humanos
frustradas."
Entre los ejemplos citados está el encarcelamiento por
una corte militar de tres periodistas en 1990; la suspensión
de un juez por el Tribunal Supremo en 1991 por no rechazar un
caso referente a la desaparición de 13 personas; amenazas
de soldados armados a los procedimientos de la corte; el rechazo
de 14 casos de violaciones de los
derechos humanos citados y la utilización de la ley de
la amnistía impuesta por
Pinochet en por lo menos siete otros casos en 1993; la detención
de un líder estudiantil en 1995 por criticar a Pinochet;
el encarcelamiento por dos dias del Secretario General del Partido
Comunista, Gladys, acusado de difamación después
de haber calificado a Pinochet de "psicópata"
en 1996.
Basado en esta historia, no hay razón para dudar las
advertencias del equipo legal de Pinochet de una posible reacción
violenta a su procesamiento por parte de elementos militares y
de derecha.
Tan peligroso como la desestabilización política
de Chile es el hecho de que si Pinochet fuera enjuiciado, otras
cuestiones serían indudablemente planteadas en cuanto a
por qué ninguno de los partidarios fascistas de Franco,
o los líderes del apartheid, han sido sometidos a un destino
similar.
El tercer gran peligro que se presenta con la detención
de Pinochet es que una vez más ha sacado a la superficie
el papel desempeñado por las potencias imperialistas en
su golpe de 1973, sobre todo los Estados Unidos. En una tentativa
de disminuir el papel jugado por la Cia en Chile en aquel entonces,
y asegurar que su antiguo aliado salga libre, los funcionarios
de los E.E.U.U. han dicho que no tienen ninguna "evidencia
firme" de crímenes para someter a Pinochet a la extradición
a América. Incluso continuaron negando cualquier discusión
oficial en el departamento de la justicia en este respecto.
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