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Nueva ley condenando los crímenes de Franco continua
polarizando a España
Por Paul Stuart y Paul Mitchell
8 Diciembre 2007
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el autor
Este artículo apareció por primera vez en
nuestro sitio, en su inglés original, el 21 de Noviembre
de 2007.
El Congreso español recientemente aprobó la Ley
de la Memoria Histórica que por primera vez condena oficialmente
las ejecuciones en masa y otros crímenes cometidos durante
la guerra civil española (1936-1939) y la dictadura militar
del General Francisco Franco (1939-1975) que siguió.
Acerca de 500,000 personas fueron asesinadas en la guerra civil,
y se estima que 200,000 murieron durante la dictadura, la mayoría
de los cuales aún se encuentran enterrados en fosas comunes
sin señalar.
La nueva ley describe los delitos como injustos y las sentencias
de los tribunales civiles y los tribunales militares como ilegítimos.
Se ofrece compensación a los "que han sufrido persecución
o violencia, por razones políticas o ideológicas,
durante la Guerra Civil o la dictadura" y facilita la exhumación
de las fosas comunes. También pide la eliminación
de los símbolos franquistas de los edificios públicos
y prohíbe actos políticos en el mausoleo de Franco
en el Valle de los Caídos. Se ofrece la nacionalidad española
a los nietos de los exiliados durante la dictadura y a los miembros
de las Brigadas Internacionales que fueron a luchar en contra
de ella.
Después de casi tres años de retraso y con algunos
comentaristas pensando que no entraría en vigor antes de
las próximas elecciones generales del mes de marzo, el
Congreso aprobó la ley por 184 votos contra 137. El gobernante
Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la mayoría
de los partidos nacionalistas, incluido el catalán Convergencia
i Unió (CiU) y Partido Nacionalista Vasco (PNV), e Izquierda
Unida - Iniciativa per Catalunya els Verds (IU-ICV), partido dominado
por los estalinistas, la apoyaron. El derechista Partido Popular
(PP) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se opusieron.
La Viceprimer Ministro del PSOE María Teresa Fernández
de la Vega, afirmó que finalmente se lograría la
justicia para las víctimas de Franco. "Este es un
momento muy importante para España", dijo Emilio Silva,
que dirige la Asociación para la Recuperación de
la Memoria Histórica. "Pero esta ley es el comienzo,
no el final, y llega con mucho retraso", añadió.
El portavoz parlamentario del PP Eduardo Zaplana denunció
la ley, afirmando que "el Parlamento nunca antes había
sido utilizado para hacer un repaso de ese trágico y dramático
momento de la historia, la guerra civil." El diputado del
PP, Juan Costa, acusó al PSOE de estar "deseando hacer
añicos el consenso que nos ha dado la estabilidad democrática
de 30 años. "
La nueva ley se ha diluido de manera considerable y se hacen
importantes concesiones a la derecha. No obstante, sí es
cierto que rompe el llamado "consenso", amenazando con
llevar a la superficie todos los problemas políticos no
resueltos de la guerra civil, la victoria de los fascistas y las
décadas de represión que le siguieron.
Las bases de la actual monarquía parlamentaria y la
constitución se levantaron sobre la represión de
las experiencias de la guerra civil en un "pacto de olvido"
acordado entre el PSOE, el Partido Comunista Español (PCE)
y los dirigentes del régimen franquista, cuya principal
preocupación era evitar un ajuste de cuentas revolucionario
con el viejo orden según se estaba derrumbando. En los
30 años transcurridos desde la transición, no se
ha enfrentado a un juicio ningún fascista, y las ejecuciones
sumarias de opositores de Franco nunca han sido revocadas en el
derecho español. Muchos de los que participaron conservan
el poder, privilegios y fortunas mal habidas, incluyendo la familia
de Franco, que sigue siendo una de las más ricas de España.
La derecha ha denunciado la Ley de la Memoria Histórica
y su introducción por parte de un gobierno que ya condena
como ilegítimo y que ha tratado de desestabilizar.
El PSOE fue elegido en marzo de 2004, como resultado de un
movimiento izquierdista de la clase obrera que derribó
el gobierno del PP de José María Aznar. La victoria
del PSOE siguió a los atentados en los trenes de Madrid,
llevados a cabo por extremistas islámicos, pero que Aznar
trató de culpar al movimiento separatista vasco, ETA. Las
mentiras del gobierno se convirtieron en el enfoque de la abrumadora
hostilidad a la alianza de Aznar con la administración
Bush y a la participación de España en la guerra
contra Irak, asi como oposición a las políticas
económicas neoliberales del PP.
Durante las elecciones de 2004 el PSOE hizo un ligero giro
a la izquierda. Este se basó en el apoyo a la anulación
de las penas de muerte dictadas por los tribunales fascistas,
las cuales a menudo refrendó Franco, cientos a la vez,
sin siquiera leer los cargos.
Sin embargo, el PSOE abandonó rápidamente sus
promesas. Ramón Jáuregui Atondo, diputado por Álava,
portavoz del PSOE de la Comisión Constitucional de la Cámara
de Diputados, justificó la decisión declarando,
"Nosotros no podemos y no debemos -añado yo - de una
sola vez, acabar con toda la seguridad jurídica desarrollada
a lo largo de 40 Años, anulando miles de sentencias, incluso
si todos reconocemos la falta de justicia o de garantías
judiciales implicada."
Como resultado de ello, los que fueron responsables de las
ejecuciones se mantendrán libres de ser procesados, como
ha ocurrido bajo las sucesivas administraciones — una situación
que la organización de derechos humanos Amnistía
Internacional ha condenado como una violación del derecho
internacional.
El PSOE se opone a enjuiciar a los fascistas — muchos
de los cuales han sido altos funcionarios del PP y su precursora,
la Alianza Popular (AP) — porque podría desacreditar
las instituciones creadas durante la transición. Manuel
Fraga, un ministro principal bajo Franco, fue fundamental en la
transformación de la AP en el PP en 1989 y en preparar
el camino a Aznar, quien se convirtió en presidente del
PP y luego fue primer ministro en 1996.
En lugar de una anulación de las sentencias de los tribunales,
a las víctimas de Franco y sus familias sólo se
les permitirá "solicitar una reparación individual"
previo examen de los méritos de cada caso por un consejo
compuesto por cinco científicos sociales veteranos que
decidirán si procede o no anular las sentencias y pagar
una indemnización — un proceso que podría llevar
décadas.
Es debido a la "montaña de procedimientos judiciales"
que afrontan las víctimas y sus familias y el hecho de
que la nueva ley permite que "se libren los viejos franquistas"
que ERC votó en contra. El portavoz del Congreso ER,c Joan
Tardá, añadió que Zapatero había "condenado
a las víctimas de la era de Franco a una segunda muerte."
El ERC está usando su campaña en contra de esta
ley para desviar el movimiento a la izquierda de la clase obrera
hacia el callejón sin salida del separatismo catalán,
argumentando que la justicia es imposible bajo el centralizado
estado español.
Originalmente, Izquierda Unida (IU) también se opuso
a la ley, diciendo que no cumplía el "objetivo final"
de anular las sentencias. Sin embargo, giró hacia el PSOE
en el último momento después de que aceptara la
enmienda que describe los crímenes de Franco como "ilegítimos".
Un portavoz de IU justificó el cambio de opinión
diciendo, "Nosotros estamos de acuerdo con la ley porque
vemos el término "ilegítimo" como la puerta
que abre el camino a la anulación."
En IU el apoyo a la ley ha causado caldeadas tensiones que
estallan en la organización. El representante de IU en
el Parlamento andaluz, Antonio Romero, atacó al líder
nacional, Gaspar Llamazares, declarando que, "El contenido
de la ley es débil, descafeinado. Se ríe en la cara
de las numerosas víctimas de Franco." Romero también
cuestionó por qué los diputados de IU votaron a
favor de la ley, a pesar de que podía haber sido aprobada
cómodamente sin sus votos.
Las asociaciones de víctimas también hicieron
campaña para que el grotesco monumento en el Valle de los
Caídos, que contiene las tumbas de Franco y del fundador
del fascismo español, José Antonio Primo de Rivera,
la cual fue construida con mano de obra esclava de republicanos,
sea convertido en una institución para el estudio de la
guerra civil y los crímenes de Franco. En lugar de ello,
el monumento ha sido entregado a la Iglesia Católica, en
un acto de "despolitización", para que lo gestione
como monumento religioso a todos los que perdieron la vida. Al
hacer esto fomenta también la idea de que los republicanos
y los izquierdistas estaban a la par de sus agresores fascistas,
una reclamación respaldada por Zapatero cuando declaró,
"España tuvo una guerra civil en la que todo el mundo
fue víctima."
La Iglesia también ha sido eximida de la prohibición
de los símbolos franquistas en una enmienda propuesta por
el CiU y apoyada por el PP siempre que se pruebe que hay razones
"legales", "artísticas" o "religiosas"
para hacerlo. Dado que la mayoría de los símbolos
se encuentran en iglesias o edificios relacionados, esto hace
de la cláusula casi una evasión universal.
También falta en la ley una estrategia sistemática
nacional del gobierno en relación con el descubrimiento
de las fosas comunes de víctimas de Franco, dejando a los
ayuntamientos determinar el dinero y los recursos que quieran
aportar.
De ningún modo los trabajadores españoles estarán
satisfechos con las medidas a medias tintas y evasiones que el
PSOE y sus partidarios han consagrado en la ley. Las demandas
de justicia no desaparecerán, y aquellos partidos que se
auto-proclaman de izquierda que tratan de evitar que se realicen
sólo se desacreditarán a sí mismos.
De manera similar, el PP, la extrema derecha y la Iglesia Católica
ya han desestimado las concesiones que se les han concedido, como
irrelevantes y han montado un contra-ataque.
Dos días antes de que el Congreso español aprobara
la Ley de la Memoria Histórica, el Vaticano beatificó
a 498 "mártires" españoles - la mayoría
clérigos muertos durante la Guerra Civil. El cardenal José
Saraiva Martins se dirigió a la multitud de derechistas,
unos 40.000, algunos ondeando banderas de la época de Franco.
Él atacó al Gobierno español por hacer el
divorcio y los matrimonios gays más fáciles y por
desbaratar los planes del PP para hacer obligatoria la religión
en las escuelas. El orador instó a los católicos
a hacer los mismos sacrificios que aquellos beatificados para
defender la iglesia contra el aumento del laicismo diciendo, "El
martirio es una posibilidad realista para todo el pueblo cristiano".
El Papa Benedicto XVI añadió que el ejemplo de
los "mártires" de España, "atestigua
el hecho de que el bautismo compromete a los cristianos a participar
con valentía en expandir el Reino de Dios, yendo tan lejos
como para sacrificar su propia vida."
El PSOE de nuevo buscó apaciguar a la Iglesia, aceptando
las beatificaciones y asgurando que la Ley de la Memoria Histórica
no es una amenaza para su poder y privilegios. El Ministro de
Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos incluso presidió
a la delegación oficial española en la ceremonia.
Pero el ala derecha reconoce que, independientemente de los
esfuerzos realizados por el PSOE y sus aliados, la ruptura del
"pacto de olvido" y las demandas de los trabajadores
de un ajuste histórico de cuentas con el franquismo son
la señal del comienzo del fin de los esfuerzos realizados
desde 1975 para enterrar el pasado. A su vez, esto servirá
para impulsar los conflictos políticos y sociales actualmente
en desarrollo en España y crear las condiciones para armar
a la clase trabajadora con lecciones políticas de lo que
supuso la derrota de la revolución española debido
a las traiciones de los estalinistas y socialdemócratas,
y de su papel en salvarle la piel a la burguesía durante
el período de transición tras la muerte de Franco.
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