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Plan bipartita del Senado explotaría a los trabajadores
inmigrantes aún más
Por Barry Grey
19 Mayo 2007
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el autor
Este artículo apareció por primera vez en
nuestro sitio, en su inglés original, el 18 de marzo, 2007.
Un grupo de senadores Demócratas y Republicanos anunciaron
el jueves un plan auspiciado por ambos partidos para ponerle fin
al sistema de inmigración actual de Estados Unidos, que
impone acciones punitivas contra los trabajadores inmigrantes
que ahora viven en el país. El plan además cuenta
con dispocisiones reaccionarias que le prohibiría a inmigrantes
futuros traer a sus padres, hijos adultos y a otros miembros de
sus familias al país.
Los detalles del proyecto de ley, que consiste de 380 páginas,
todavía están nebulosos, pero ciertos puntos claves
ya están claros.
El plan consiste de disposiciones discriminatorias y anti democráticas
que obligan a los inmigrantes que desean la residencia permanente
a aprender inglés. También pide un aumento de la
policía patrullera fronteriza hasta alcanzar los 18,000;
la construcción de 370 millas adicionales de la cerca fronteriza
entre Estados Unidos y México; y un sistema basado en la
tecnología avanzada para la verificación de los
empleos de los trabajadores inmigrantes.
El plan también establecería programas para trabajadores
temporarios y de tal manera expandir enormemente la cantidad de
trabajadores que son traídos al país como mano de
obra super explotada en los grandes negocios de agricultura y
otros intereses empesariales.
El plan le permitiría a los trabajadores indocumentados
que entraron a Estados Unidos antes del primero de enero a recibir
un permiso de residencia temporario hasta que obtengan la “Visa
Z,” que les permitiría vivir y trabajar legalmente
en Estados Unidos. Pero anters de recibir dicha visa, tendrían
que pagar una multa de $5,000, además de otros costos administrativos
adicionales. Se enfrentan a la posibilidad de tener que esperar
trece años antes de lograr la residencia permanente.
Los jefes de las llamadas familias “inmigrantes ilegales”
tendrían que salir del país y regresar a sus países
natales luego de un peróodo de no más de ocho años
para solicitar la visa de residencia permanente para los demás
integrantes de las familias. Pero bajo el nuevo plan, solo a los
esposos y niños menores de edad se les podría garantizar
admisión a Estados Unidos.
Esto significa un cambio decisivo y reaccionario en cuanto
a las viejas leyes sobre la inmigración, bajo las cuales
a los inmigrantes legales se les permite traer a sus familias
íntegras a Estados Unidos. Bajo la nueva propuesta de ley,
se establecería un sistema de puntaje para solicitantes
que le daría preferencia a la experiencia y habilidades
de trabajo, niveles educacionales y competencia en inglés
sobre los lazos familiares. Resultado: muchos inmigrantes que
desean vivir y trabajar en Estados Unidos verían a sus
familias desbaratadas.
Esta movida política pone en relieve la índole
esencial de los cambios que se han propuesto; cambios hechos para
satisfacer los intereses financieros de las empresas y a los patronos
estadounidenses. Éstos desean a su alcance una gran fuente
estable de mano de obra barata y super explotada, así como
también una cantidad menor de inmigrantes bien educados
y mejor dotados.
El ex presidente del Banco Federal de Reservas, Alan Greenspan,
enfatizó estas ideas el jueves cuando abogó por
reducir las restricciones inmigratorias y así aumentar
el flujo de trabajadores major dotados para reforzar la infraestructura
de Estados Unidos.
De manera similar, un borrador de la propuesta asegura que
el Congreso tiene la intención de “aumentar la competición
estadounidense [en el mercado] por medio de un sistema de asesoramiento
meritócrata para inmigrantes”. Añade que el
Congreso va a “reducir la inmigración en cadena”
al limitar la cantidad de visas que se otorgan basadas exclusivamente
en el parentezco.
Cecilia Muñoz, cabildera principal del Consejo Nacional
de la Raza, expresó que “Nos sentimos sumamente incómodos
con lo que estamos oyendo”.
El proyecto de ley refleja el contexto político general
dentro del cual ocurre el debate en Washington; debate en el cual
los trabajadores emprobrecidos, procedientes de países
que Estados Unidos ha oprimido desde hace años y que buscan
trabajo en Estados Unidos, son pintados por la prensa y los políticos
como quebradores de la ley y considerados como chivos expiatorios
para fomentar el chauvinismo y el racismo.
Pero el mismo día que esta “reforma” discriminante
- la cual establece el dominio privilegiado del inglés
— fuera presentada al público, el gobierno emitió
un nuevo informe del Censo que muestra que un 33% absoluto de
la población de Estados Unidos, o sea, 100 millones de
habitantes, es de origin hispano, oriental, o afroamericano.
Los hispanos ya llegan a los 44.3 millones y constituyen el
mayor grupo minoritario. No sólo representan un15% de la
población del país, sino que tembién fueron
causa del 50% del crecimiento total de la población de
la nación, la cual aumentó por 2.9 millones desde
el primero de Julio, 2005, hasta la misma fecha un año
después en 2006.
El plan de ley fue anunciado en una conferencia de prensa a
la cual asistieron tres Demócratas: Edward Kennedy, por
el estado de Massachusetts; Diane Feinstein, por el estado de
California; y Ken Salazar, por el estado de Colorado. También
asistieron siete Republicanos, inclusive John McCain, por el estado
de Arizona, quien actualmente compite por la nominación
a la presidencia en 2008. También estuvieron presentes
funcionarios del gobierno de Bush que habían participado
en las negociaciones detrás de puertas cerradas que habían
conducido al acuerdo: Michael Chertoff, ministro del Ministerio
de Seguridad de la Patria, y Carlos Gutiérrez, ministro
del Ministerio de Comercio.
A horas más tardes del jueves, Bush hizo una declaración
desde el césped de la Casa Blanca en la cual elogiaba el
acuerdo e instándole a ambas cámaras del Congreso
que lo adoptaran. Haciéndole hincapié al hecho que
la medida no otorgaría la amnistía, Bush sostuvo
que ésta “trataría a la gente con dignidad”.
El plan también fue elogiado por Kennedy, patrocinador
Demócrata principal, quien postuló que el acuerdo
“defiende nuestra humanidad y nuestra tradición como
nación de inmigrantes”. Kennedy se expresó
mientras se paraba entre dos Republicanos, MacCa y el Senador
Lindsay Graham (Republicano por el estado de Carolina del Norte),
quien dirigió la adopción el año pasado del
Acta de Comisiones Militares, que por una parte la prohibe los
derechos de habeas corpus a los “combatientes enemigos ilegales”
y por otra permite prácticas ilegales, inclusive la tortura,
que se llevan a cabo en Guantánamo y en otros campos de
concentración que Estados Unidos administra.
En varios aspectos, el plan de ley de hoy día es más
insidioso que el proyecto de ley que el Senado adoptara —
y Bush aprobara — el año pasado. Esa propuesta sufrió
la derrota en la Cámara de Representantes, donde la mayoría
de los Republicanos la atacaron como plan para darle “amnistía”
a “criminales” y a “quebradores de la ley”.
La mayoría de la Cámara de Representantes insistió
en adoptar acciones aún más represivas para hacer
cumplir medidas que refuercen la frontera entre México
y Estados Unidos y castigar a trabajadores indocumentados.
Aunque el proyecto de ley propuesto en el Senado del año
pasado habría permitido a los trabajadores temporarios
que entran al país quedarse hasta lograr la ciudadanía,
el nuevo plan obliga a los mismos trabajadores pasar un año
fuera del país cada dos años. También consiste
de un sistema de puntaje que le da preferencia a inmigrantes de
mayor aporte a los negocios de Estados Unidos y anula las garantías
que anteriormente habían sido ofrecidas a otros miembros
de la familia.
Según un informe del periódico Chicago Tribune,
“El acuerdo que constituye la parte esencial del proyecto
de ley es un ‘gatillo' para hacer cumplir medidas severas,
tales como la duplicación de los patrulleros fronterizos,
antes de que el programa para trabajadores invitados o el plan
para la ciudadanía tome efecto. El plan también
incluiría pautas que favorecen a los trabajadores con habilidades
que podrían ayudar a la economía de Estados Unidos
por encima de los inmigrantes con familias que ya se encuentran
en el país”.
El Sindicato Internacional de los Trabajadores de Servicios
y la organización United Here [Unidos Aquí] han
amenazado con cancelar su apoyo a cualquier propuesta de ley inmigratoria
que no le facilite a los trabajadores temporarios la manera de
quedarse en el país. Estos sindicatos consideran que la
legalización de los trabajadores temporarios es una manera
de crear una fuente de mano de obra barata con la cual pueden
incrementar sus nóminas de membresíá y los
ingresos que provienen de las cuotas de los trabajadores.
Un impedimento mucho más fundamental a la aprobació
del plan como ley es la agitación chauvinista y anti inmigratoria
de los Republicanos en la Cámara de Representantes. Lamar
Smith, por el estado de Texas e integrante Republicano principal
del Comité sobre Asuntos Jurídicos, se refirió
al plan del Senado con las siguientes palabras: “Este proyecto
de ley lastimaría permanentemente al país, a los
trabajadores estadounidenses, y al gobierno basado en la ley.
La amnistía le daría preferencia a criminales por
encima de los que respetan la ley, favorecería a trabajadores
extranjeros a costillas de los trabajadores criollos, y alentaría
la inmigración ilegal aún más”.
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