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En medio de enormes protestas, diputados mexicanos aprueban contrarreforma laboral

Por Rafael Azul
19 Octubre 2012

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Este artículo apareció en inglés el 3 de Octubre del 2012.

Miles de trabajadores y estudiantes marcharon en la Ciudad de México y otras ciudades en las dos últimas semanas de septiembre para denunciar una nueva ley que, si es aprobada, degradará los salarios y condiciones de trabajo para las masas obreras. El domingo 30, en la Ciudad de México, los manifestantes hicieron un llamado por una huelga nacional en rechazo a la reforma laboral.

La demostraciones también denunciaron a sindicatos corporativistas que se han declarado a favor de esta medida, que también protege los intereses e ingresos de la burocracia.

Esta es la obra de legislación más controversial en sexenio del Presidente Felipe Calderón. El nuevo presidente, Enrique Peña Nieto del PRI (Partido Revolucionario Institucional) asegura que las piezas claves de su propia administración serán la reforma laboral y la reforma del sector energético. Peña Nieta asumirá el poder el primero de diciembre.

El 29 de septiembre, la Cámara de Diputados federal aprobó la nueva ley del trabajo; la versión final fue producto de negociaciones entre el gobernante PAN (Partido de Acción Nacional), el PRI y los sindicatos. La medida prácticamente completa el desmantelamiento de los derechos históricos conquistados por la clase trabajadora en duras luchas.

El debate y el voto que comenzó el viernes 28 fueron repetidamente retrasados debido a que los manifestantes y legisladores del PRD (Partido de la Revolución Democrática) intentaban tomar el podio de la Cámara de Diputados. El senado mexicano ahora tiene un mes para discutir y votar la ley de reforma.

La colosal medida extirpa de la actual legislación laboral 42 artículos que protegen a los trabajadores y los reemplaza con 135 cláusulas que protegen a las empresas transnacionales y al gran capital mexicano. Los funcionarios del PAN insisten que las estipulaciones actuales son "insostenibles" debido a las realidades globales. En un comentario típico, el diputado del PAN Juan Bueno Toro declaró que la legislación beneficiaría a los trabajadores jóvenes ya que eliminaba los abusos del sector informal de la economía.

El gobierno de Calderón cree posible convencer a los mexicanos que esta reaccionaria ley le pondrá frenos a la economía secreta (el sector informal) y creará más empleos. Se basa en la dudosa teoría de que más trabajadores podrían ser contratados si fuese más sencillo despedirlos.

A puerta cerrada, tanto Calderón, como Peña Nieto, como el presidente Barack Obama en los Estados Unidos y sus contrapartes alrededor del mundo, están comprometidos a la defensa de las ganancias capitalistas, aboliendo los derechos de la clase trabajadora a empleos y estándares de vida decentes.

Arrodillándose ante el mantra capitalista de flexibilidad laboral, la nueva ley le da a la clase patronal rienda suelta para despedir a los trabajadores. Tres nuevos tipos de contratos fueron creados: "a prueba", "en entrenamiento" y "temporal". El propósito de estos contratos es ofrecer a los empleadores una mayor margen de maniobra contratando y despidiendo. Ninguna compensación por despido se otorgará a estos trabajadores. La ley también añade a la lista de causas por las cuales un trabajador puede ser despedido.

En el caso de los trabajadores agrarios, la ley establece nuevas normas para los trabajadores migrantes que otorga a las empresas agrícolas efectivamente el control total de las condiciones bajo las que trabajan, lo que incluye la eliminación de muchas reglas de seguridad y salud. Nada se interpondrá a que se establezcan las mismas condiciones cuasi esclavistas que desataron numerosas rebeliones de campesinos y trabajadores de plantaciones en el siglo diecinueve y veinte.

Lo mismo ocurrirá con los trabajadores mineros y petroleros quienes ya están obligados a trabajar al lado de trabajadores subcontratados. La subcontratación -ubicua por toda América Latina, en donde se conoce como "tercerización"- crea lo que equivale a un fraude legalizado. Bajo el disfraz de ser sus propios patrones, se les niega a los trabajadores pensiones y otros beneficios. Los jóvenes son contratados como practicantes, mientras que muchos empleados se ven obligados a entregar renuncias en blanco, firmadas de antemano.

Los salarios y descripciones de empleos estarán a cargo de los empresarios, así también como bonos, comisiones y otros incentivos. Las descripciones de empleos, días de descanso y horas de trabajo pueden ser alteradas como requieran las necesidades de los patrones. Aquellos trabajadores que se resistan o lleguen al punto del agotamiento, pueden ser fácilmente reemplazados sin ningún costo para las empresas de la industrias mineras y de energía.

El salario mínimo diario de 59.80 pesos, un sueldo de miseria, será dividido en cantidades horarias, 7.47 pesos por hora (alrededor US$0.60). Las normas existentes de discapacidad y salud y la seguridad se verán debilitadas a favor de los patrones.

El borrador original de la medida buscó imponer una mayor transparencia para los gremios mexicanos. De acuerdo a éste los sindicatos hubieran tenido que revelarle a la bases sus finanzas y el ingreso de la burocracia. El borrador también imponía una mayor democracia interna. Estos puntos fueron abandonados cuando el PRI señaló que no apoyaría ningún cambio al sistema "charro"-la relación corporativista entre los sindicatos, el gran capital y el estado.

Después de la explosión del 18 de septiembre de la planta de gas de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en la ciudad de Reynosa, en la cual 30 trabajadores murieron y 40 más fueron heridos, el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros Carlos Romero Deschamps salió en defensa de la compañía petrolera PEMEX y su registro de seguridad. "No tenemos porqué maximizar un evento que no se lo merece", declaró Deschamps.

Un artículo del 2008 en el diario mexicano Emeequis reveló que Deschamps recibe US$3,000 por hora por sus servicios a PEMEX y al estado mexicano. Otros líderes petroleros también se benefician de estos supuestos 'incentivos económicos' provenientes de PEMEX. Deschamps, quién fue nombrado a su puesto por el Presidente Salinas hace casi dos décadas, tipifica las relaciones de trabajo corporativistas.

El Sindicato de Trabajadores Petroleros apoya la nueva ley, así como lo hace el CTM, la federación de sindicatos mexicanos, cuyos líderes participaron en las negociaciones para "crear una nueva cultura de trabajo" con el PRI y el PAN, lo cual condujo a esta reaccionaria legislación.

Por el otro lado, las denuncias verbales de esta ley por partidos burgueses izquierdistas, como el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido del Trabajo (PT), así también como por la seudoizquierda y los indignados del YoSoy#132, acompañado de la tragicomedia de apoderarse del podio de la Cámara de Diputados, está conscientemente diseñada para desviar a los trabajadores de las consecuencias prácticas revolucionarias de esta nueva ley hacia inocuas protestas.

Lo que se requiere es la masiva movilización de la clase trabajadora mexicana y norteamericana para entablar lucha política que ponga fin a este obsoleto sistema social y lo reemplace con un sistema que ponga las necesidades humanas por encima de las ganancias de las grandes empresas. A pesar de sus protestas, los partidos izquierdistas han sido cómplices por muchos años de el sistema de talleres de explotación laboral en el norte de México.

Son 48 años desde que las primeras plantas de ensamblaje, las maquiladoras, fueron establecidas en la frontera México-EE.UU. abriendo la puerta a la economía globalizada. En las décadas subsiguientes el estado mexicano le ha garantizado al capital transnacional la mano de obra que estos talleres ocupan a sueldos que son una fracción de los de los trabajadores estadounidenses. Las condiciones de seguridad y las normas de seguridad laboral existen a criterio de los empleadores, así como el día de ocho horas. La disciplina laboral es impuesta por los sindicatos. Una fuerza de trabajo permanente de obreros súper explotados. Más de 600,000 obreros trabajan bajo condiciones y con salarios que sólo son marginalmente superiores a aquellas que existen en Asia del Sur y China.

Si es aprobada por el Senado, esta reforma laboral promete extender del sistema de maquila a todo México.

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