El gobierno colombiano habla paz con la guerrillas FARC
Por Bill Van Auken
17 Septiembre 2012
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Este artículo fue publicado en inglés el 6 de
septiembre 2012
El presidente de Colombia Juan Manuel Santos anunció
la semana pasada que su gobierno se encuentra hablando de paz
con el movimiento guerrillero FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia).
Desde febrero, secretas conversaciones preparatorias han ocurrido
en La Habana, Cuba. Las primeras negociaciones formales están
programadas para el 5 de octubre en Oslo, Noruega y se reanudarán
luego en la capital cubana. Cuba, Venezuela y Chile participarán
en las negociaciones.
Santos hizo su anuncio en Bogotá el martes 4, rodeado
por el comando militar colombiano y por su gabinete. Declaró
que era tiempo de voltearle la página a medio siglo de
violencia colombiana. Al mismo tiempo hizo hincapié que
su gobierno acabará las negociaciones si no se logra un
acuerdo y que el ejército no detendrá sus operaciones
contrainsurgentes mientras dure el diálogo.
En conferencia de prensa en la La Habana, las FARC presentaron
un video en la que el líder principal del grupo, Rodrigo
Londoño Echeverri, alias Timochenko, declaró que
la guerrilla participará en las negociaciones "sin
rencor ni arrogancia". Hizo, además, una referencia
al fracaso de las últimas negociaciones de paz en 2002:
"¡Cuánta muerte y destrucción, cuánto
dolor y lágrimas, cuántas vidas y sonrisas cercenadas
para concluir que la salida no es la guerra sino el diálogo
pacífico!"
El líder de las FARC, en uniforme de combate y delante
de una larga fotografía de su fallecido exdirigente Manuel
Marulanda, expresó confianza en que el gobierno no cometerá
el mismo error que cometió en la última ronda de
negociaciones. Para el comandante de las FARC, "la ampliación
de la democracia es condición para lograr la paz".
Éste es el quinto intento en 30 años entre las
FARC y sucesivos gobiernos colombianos de negociar un fin a hostilidades
que han matado a más de 250 mil personas y desplazado a
millones. Intentos previos fueron abortados debido en gran parte
a los poderosos intereses que estaban comprometidos a continuar
con la guerra; intereses que incluyen los de la oligarquía
terrateniente del país, del ejército, de los varios
grupos paramilitares anticomunistas y derechistas creados por
los latifundistas y por el imperialismo yanqui.
La última ronda acabó en el 2002 después
que Washington impuso, en el 2000, su Plan Colombia que inundó
el país con más de $7 mil millones de ayuda militar
y policial, y lo colmó de "consejeros" militares
y contratistas norteamericanos para escalar bruscamente la guerra
contrainsurgente.
Con la llegada al poder del político derechista Álvaro
Uribe-ya fracasadas las negociaciones-el gobierno colombiano intensificó
la violencia; incrementaron las muertes de civiles a manos del
ejército que, a propósito intentaba elevar los números,
un fenómeno conocido como los "falsos positivos".
Mientras tanto, el supuesto proceso de "paz" se convirtió
en un plan para reintegrar y absolver a los miembros de la organización
paramilitar de derecha AUC, culpable de las peores atrocidades.
Santos, que había sido ministro de defensa durante la
presidencia de Uribe y cómplice de los crímenes
de ese gobierno, prometió que renovaría los esfuerzos
para negociar con las guerrillas. No cabe duda que el presidente
mantuvo al tanto y logro la aprobación del gobierno de
Obama, quien publicó una declaración: "el gobierno
de Santos ha demostrado un compromiso inquebrantable para buscar
una paz duradera y asegurarle a todos los colombianos una mejor
vida mediante la seguridad política y su inclusión
social".
Santos formó su equipo de negociación con un
comandante de las fuerzas armadas, un exjefe de la policía
nacional, uno de los antiguos "comisionados de paz"
de Uribe, un consejero de seguridad presidencial y el presidente
de la Cámara de Comercio de Colombia.
Ambos lados marcaron un curso de cinco puntos para las negociaciones.
El primer punto ha de ser el desarrollo rural; los otros vienen
a ser la creación de condiciones para la participación
política de antiguos guerrillero, el fin del conflicto,
reemplazar el cultivo de la cocal y el tráfico de drogas
con cultivos alternativos, y explicar lo que ocurrió, y
asignar responsabilidad de los crímenes, contra la población
civil.
Mucho revela el hecho de que las conversaciones comiencen con
la cuestión del desarrollo rural. Las FARC, fundadas en
1964, tienen sus raíces en la ola sanguinaria de represión
y guerra civil rural a fines de la década de los 1940,
consecuencia del asesinato en 1948 del candidato del Partido Liberal
Jorge Eliécer Gaitán y del "Bogotazo",
el enorme levantamiento social que su muerte causó.
Las FARC, una unión improvisada de grupos de autodefensa,
se alinearon con el estalinista Partido Comunista de Colombia.
Desde sus orígenes hasta ahora, su enfoque político
central siempre fue la reforma agraria. Esta orientación,
entrelazada con retrógradas ideas de guerra campesina salidas
del Maoísmo y del Guevaraismo, persistió incluso
cuando Colombia atravesaba un acelerado proceso de urbanización
al fin del cual, sólo una quinta parte de la población
actual esta ligada al campo.
La disminución de su base apoyo popular, hizo que FARC
dependiera más y más de "impuestos" sobre
los cultivadores de coca a cambio de protección -una táctica
compartida con los paramilitares de derecha y con las fuerzas
armadas, junto con secuestros.
Colombia es el país más socialmente desigual
de Latino América. Más de 37 por ciento de la población
vive bajo la pobreza. Tan sólo un puñado de latifundistas,
el 0.4% de terratenientes, posee más de 60 por ciento de
la tierra.
Las probabilidades que las negociaciones entre el gobierno
de Santos y FARC transformen estas condiciones son nulas. Sólo
una radical redistribución de la riqueza y una reorganización
de la economía del país para satisfacer las necesidades
humanas en vez de las ganancias podrían lograr tal objetivo.
Tal transformación es imposible sin una revolución
socialista.
El gobierno de Santos el año pasado promulgó
una presunta Ley de Víctimas y de Restitución de
Tierras. Tiene el fingido propósito de compensar a las
familias de las víctimas que han muerto en esta guerra
sucia y restaurar a sus dueños todas las tierras arrebatadas
por grupos armados. Se ha devuelto muy poca tierra; miles de hectáreas
aún permanecen en las manos de terratenientes, traficantes
de coca, y empresas mineras.
Un acuerdo previo, del 1984, después de resolver la
cuestión de la participación política, dispuso
que elementos de las FARC formaran un partido político
conocido como Unión Patriótica. Éste obtuvo
algo de popularidad antes de ser destruido por el total asesinato
de sus candidatos y trabajadores de campaña.
La exitosa desmovilización de la fuerza guerrillera
Movimiento 19 de Abril en los 1980 parece ser el modelo a seguir
en esta ronda de negociación. Los miembros de esa organización
trocaron sus armas por prestamos de pequeños negocios;
sus dirigentes obtuvieron posiciones políticas burguesas.
Incluyen a figuras como Gustavo Petro, el actual alcalde de Bogotá.
Los cinco puntos no dejan en claro si los líderes de
la FARC han de gozar un futuro similar, o si serán juzgados
por secuestros u otras acciones. Tampoco se ha resuelto el asunto
de extradición a los Estados Unidos.
Después de la desmovilización de la AUC, muchos
de sus dirigentes fueron extraditados a EE.UU. acusados de narcotráfico,
cosa que representa para el gobierno, el ejército y a la
clase dirigente colombiana una manera conveniente de encubrir
su complicidad en los sangrientos crímenes de los paramilitares
de derecha. Para Washington las FARC son una "organización
terrorista extranjera".
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