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El gobierno colombiano habla paz con la guerrillas FARC

Por Bill Van Auken
17 Septiembre 2012

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Este artículo fue publicado en inglés el 6 de septiembre 2012

El presidente de Colombia Juan Manuel Santos anunció la semana pasada que su gobierno se encuentra hablando de paz con el movimiento guerrillero FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

Desde febrero, secretas conversaciones preparatorias han ocurrido en La Habana, Cuba. Las primeras negociaciones formales están programadas para el 5 de octubre en Oslo, Noruega y se reanudarán luego en la capital cubana. Cuba, Venezuela y Chile participarán en las negociaciones.

Santos hizo su anuncio en Bogotá el martes 4, rodeado por el comando militar colombiano y por su gabinete. Declaró que era tiempo de voltearle la página a medio siglo de violencia colombiana. Al mismo tiempo hizo hincapié que su gobierno acabará las negociaciones si no se logra un acuerdo y que el ejército no detendrá sus operaciones contrainsurgentes mientras dure el diálogo.

En conferencia de prensa en la La Habana, las FARC presentaron un video en la que el líder principal del grupo, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, declaró que la guerrilla participará en las negociaciones "sin rencor ni arrogancia". Hizo, además, una referencia al fracaso de las últimas negociaciones de paz en 2002: "¡Cuánta muerte y destrucción, cuánto dolor y lágrimas, cuántas vidas y sonrisas cercenadas para concluir que la salida no es la guerra sino el diálogo pacífico!"

El líder de las FARC, en uniforme de combate y delante de una larga fotografía de su fallecido exdirigente Manuel Marulanda, expresó confianza en que el gobierno no cometerá el mismo error que cometió en la última ronda de negociaciones. Para el comandante de las FARC, "la ampliación de la democracia es condición para lograr la paz".

Éste es el quinto intento en 30 años entre las FARC y sucesivos gobiernos colombianos de negociar un fin a hostilidades que han matado a más de 250 mil personas y desplazado a millones. Intentos previos fueron abortados debido en gran parte a los poderosos intereses que estaban comprometidos a continuar con la guerra; intereses que incluyen los de la oligarquía terrateniente del país, del ejército, de los varios grupos paramilitares anticomunistas y derechistas creados por los latifundistas y por el imperialismo yanqui.

La última ronda acabó en el 2002 después que Washington impuso, en el 2000, su Plan Colombia que inundó el país con más de $7 mil millones de ayuda militar y policial, y lo colmó de "consejeros" militares y contratistas norteamericanos para escalar bruscamente la guerra contrainsurgente.

Con la llegada al poder del político derechista Álvaro Uribe-ya fracasadas las negociaciones-el gobierno colombiano intensificó la violencia; incrementaron las muertes de civiles a manos del ejército que, a propósito intentaba elevar los números, un fenómeno conocido como los "falsos positivos". Mientras tanto, el supuesto proceso de "paz" se convirtió en un plan para reintegrar y absolver a los miembros de la organización paramilitar de derecha AUC, culpable de las peores atrocidades.

Santos, que había sido ministro de defensa durante la presidencia de Uribe y cómplice de los crímenes de ese gobierno, prometió que renovaría los esfuerzos para negociar con las guerrillas. No cabe duda que el presidente mantuvo al tanto y logro la aprobación del gobierno de Obama, quien publicó una declaración: "el gobierno de Santos ha demostrado un compromiso inquebrantable para buscar una paz duradera y asegurarle a todos los colombianos una mejor vida mediante la seguridad política y su inclusión social".

Santos formó su equipo de negociación con un comandante de las fuerzas armadas, un exjefe de la policía nacional, uno de los antiguos "comisionados de paz" de Uribe, un consejero de seguridad presidencial y el presidente de la Cámara de Comercio de Colombia.

Ambos lados marcaron un curso de cinco puntos para las negociaciones. El primer punto ha de ser el desarrollo rural; los otros vienen a ser la creación de condiciones para la participación política de antiguos guerrillero, el fin del conflicto, reemplazar el cultivo de la cocal y el tráfico de drogas con cultivos alternativos, y explicar lo que ocurrió, y asignar responsabilidad de los crímenes, contra la población civil.

Mucho revela el hecho de que las conversaciones comiencen con la cuestión del desarrollo rural. Las FARC, fundadas en 1964, tienen sus raíces en la ola sanguinaria de represión y guerra civil rural a fines de la década de los 1940, consecuencia del asesinato en 1948 del candidato del Partido Liberal Jorge Eliécer Gaitán y del "Bogotazo", el enorme levantamiento social que su muerte causó.

Las FARC, una unión improvisada de grupos de autodefensa, se alinearon con el estalinista Partido Comunista de Colombia. Desde sus orígenes hasta ahora, su enfoque político central siempre fue la reforma agraria. Esta orientación, entrelazada con retrógradas ideas de guerra campesina salidas del Maoísmo y del Guevaraismo, persistió incluso cuando Colombia atravesaba un acelerado proceso de urbanización al fin del cual, sólo una quinta parte de la población actual esta ligada al campo.

La disminución de su base apoyo popular, hizo que FARC dependiera más y más de "impuestos" sobre los cultivadores de coca a cambio de protección -una táctica compartida con los paramilitares de derecha y con las fuerzas armadas, junto con secuestros.

Colombia es el país más socialmente desigual de Latino América. Más de 37 por ciento de la población vive bajo la pobreza. Tan sólo un puñado de latifundistas, el 0.4% de terratenientes, posee más de 60 por ciento de la tierra.

Las probabilidades que las negociaciones entre el gobierno de Santos y FARC transformen estas condiciones son nulas. Sólo una radical redistribución de la riqueza y una reorganización de la economía del país para satisfacer las necesidades humanas en vez de las ganancias podrían lograr tal objetivo. Tal transformación es imposible sin una revolución socialista.

El gobierno de Santos el año pasado promulgó una presunta Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. Tiene el fingido propósito de compensar a las familias de las víctimas que han muerto en esta guerra sucia y restaurar a sus dueños todas las tierras arrebatadas por grupos armados. Se ha devuelto muy poca tierra; miles de hectáreas aún permanecen en las manos de terratenientes, traficantes de coca, y empresas mineras.

Un acuerdo previo, del 1984, después de resolver la cuestión de la participación política, dispuso que elementos de las FARC formaran un partido político conocido como Unión Patriótica. Éste obtuvo algo de popularidad antes de ser destruido por el total asesinato de sus candidatos y trabajadores de campaña.

La exitosa desmovilización de la fuerza guerrillera Movimiento 19 de Abril en los 1980 parece ser el modelo a seguir en esta ronda de negociación. Los miembros de esa organización trocaron sus armas por prestamos de pequeños negocios; sus dirigentes obtuvieron posiciones políticas burguesas. Incluyen a figuras como Gustavo Petro, el actual alcalde de Bogotá.

Los cinco puntos no dejan en claro si los líderes de la FARC han de gozar un futuro similar, o si serán juzgados por secuestros u otras acciones. Tampoco se ha resuelto el asunto de extradición a los Estados Unidos.

Después de la desmovilización de la AUC, muchos de sus dirigentes fueron extraditados a EE.UU. acusados de narcotráfico, cosa que representa para el gobierno, el ejército y a la clase dirigente colombiana una manera conveniente de encubrir su complicidad en los sangrientos crímenes de los paramilitares de derecha. Para Washington las FARC son una "organización terrorista extranjera".

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