Este artículo apareció originalmente en ingles en nuestra sitio el 22 de mayo 2013

El General Jorge Rafael Videla falleció el 17 de mayo. Tenía 87 años. Murió como consecuencia de una caída en una ducha de prisión el 12 de mayo. Se lo recuerda como jefe de una brutal dictadura que, entre 1976 y 1983, asesinó e hizo desaparecer a aproximadamente 30,000 trabajadores argentinos, militantes socialistas, maestros, estudiantes y a otros tachados de subversivos. Otros 100,000 fueron torturados. En su propio país, los periódicos que una vez apoyaron su gobierno ahora lo condenan como dictador y practicante del terror estatal.

Sospechamos que los que sí lamentan su muerte son los militares y la maquinaria de espionaje de Estados Unidos y Latinoamérica -ni mencionar los representantes de los intereses financieros que él tanto defendió.
Al fin y al cabo, Videla fue uno de los pioneros de la supuesta guerra contra el terrorismo. Fue el autor intelectual de métodos extraconstitucionales de gobierno, de represión y de violencia estatal que desde esa época han sido adoptados en EE.UU. y en otros países. No cabe duda que los actuales practicantes de este tipo de labor consideran a Videla como alguien que se adelantó a su tiempo..

Tres días antes de morir, el ex dictador compareció como acusado principal ante un tribunal argentino relacionado con la Operación Cóndor, un proyecto colectivo de las dictaduras latinoamericanas de los 1970 para cazar y torturar a sus adversarios a través de las fronteras.

Al igual que en juicios anteriores, Videla dijo que había perdido la memoria de los acontecimientos de aquellos tiempos. Pero a la misma vez defendió, como necesarias, las acciones que su régimen y los militares llevaron a cabo durante la "guerra antiterrorista".

La Operación Cóndor combinó la labor de los regímenes militares en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, regimenes que aún gozaron de la ayuda militar y del apoyo logístico indispensables del Pentágono y la CIA.

Bajo esa operación fueron secuestrados y asesinados individuos considerados adversarios de los regímenes dictatoriales. Entre estos: el asesinato, por medio de coche bomba, de Orlando Letelier, ex ministro de relaciones exteriores en el gobierno de Allende; los asesinatos del ex presidente de Bolivia, Juan José Torres; los ex diputados uruguayos, Héctor Gutiérrez y Belmar Michelini en Buenos Aires; y los asesinatos de los ex presidentes brasileños, Joao Goulart y Juscelino Kubitschek. Estos dos últimos fueron muertos de maneras que hicieron parecer, respectivamente, que habían sido víctimas de un ataque cardíaco y de un accidente automovilístico.

En la jerga oficial de Estados Unidos, los métodos que se usaron bajo El Plan Cóndor se conocen como "entregas de presos" [renditions] y asesinatos señalados [targeted assassinations], frases que los funcionarios de la CIA y de operaciones especiales conocen muy bien.

Todos los regímenes que participaron en Cóndor incluían a militares de alto rango entrenados en la Escuela de las Américas en Panamá y en otras instalaciones militares estadounidenses. Todos contaron con consejeros militares norteamericanos, recibieron gran ayuda militar de Estados Unidos, y funcionaron como anfitriones de estaciones de la CIA.

Documentos del Departamento de Estado anteriormente secretos dejan bien claro que el gobierno en Washington comprendía muy bien las intenciones de Videla desde un principio y plenamente las apoyaba. Uno de estos documentos describe un intercambio entre Henry Kissinger, secretario de estado en esa época, y su secretario alterno para Latinoamérica, William Rogers, dos días después que Videla se apoderó del gobierno.

Rogers le había escrito a Kissinger que Washington "debe anticipar una gran represión; probablemente correrá mucha sangre en Argentina y sin mucha demora. Creo que van a tener que reprimir no sólo a los terroristas, sino también a los disidentes de los sindicatos y a sus partidos".

Aunque Rogers sugirió que se esperara cierto tiempo para reconocer oficialmente a la junta, pues las relaciones públicas podrían ser problemáticas, Kissinger ordenó que a ésta se la apoyara completamente. Le hizo hincapié a que, "No importa cuáles sean sus posibilidades, van a necesitar que les demos ánimo".

Entre los que pusieron esa medida en práctica en 1975 estuvieron Richard Cheney, quien en esa época era jefe de gabinete de la Casa Blanca, y Donald Rumsfeld, quien era secretario de defensa. Veinticinco años después, ambos serían los arquitectos principales de la guerra global de Estados Unidos "contra el terror."

Videla y sus compinches militares comenzaron lo que ellos llamaron el "proceso de reorganización nacional" -el proceso- alentados por el gobierno norteamericano.

Entre los primeros pasos que tomaron fue la suspensión de los derechos democráticos más elementales, inclusive las garantías de habeas corpus -que prohíbe la encarcelación sin cargos o juicios. La dictadura prohibió sindicatos y partidos políticos y disolvió las legislaturas. Las huelgas y las manifestaciones llegaron a ser consideradas como grandes crímenes contra la "seguridad nacional".

Se creo un sistema de cárceles clandestinas, como los calabozos infames de ESMA (Escuela de Mecánicos de la Marina), del Campo de Mayo (del ejército), y muchas más por todo el país. Ahí los detenidos eran torturados sanguinariamente con palizas, choques eléctricos, sumersiones prolongadas en agua sucia, privación del dormir, temperaturas y ruidos extremos, ataques por perros entrenados, ejecuciones simuladas, humillaciones y torturas sexuales.

Un cuarto de siglo después, casi todos estos métodos se utilizarían en Guantánamo, Abu Ghraib y los "sitios negros de la CIA" por todo el mundo.

Después de ser torturadas, muchísimas víctimas fueron asesinadas, muchas de ellas drogadas, puestas en aviones militares, y tiradas desnudas en el Río de la Plata o en el Océano Atlántico para que se ahogaran.

El apoyo para la junta de las FF.AA. estadounidenses se dejó ver en un artículo que apareció en la edición de junio, 1978, de Parameters, revista de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, que aprobaba que el "General Jorge Rafael Videla, jefe de la junta militar argentina, le había permitido a las autoridades adoptar medidas más rigurosas "contra el "terrorismo". Elogiaba a Videla como hombre "moderado, comprometido a regresar el país a la democracia una vez se establezcan las bases de la estabilidad".

Para esa época, como han revelado documentos desclasificados del Departamento de Estado, la cifra de argentinos muertos en la cruzada por la "estabilidad" llegaba a 22,000.

Trabajadores militantes y miembros de los sindicatos representaron el 40 por ciento de las víctimas. Centros de tortura se crearon dentro de varias de la fábricas más importantes del país, como en la automotriz Ford. La burocracia peronista sindical colaboró con la campaña de exterminación; aun antes de los militares se apoderaran del poder la burocracia había ayudado a formar escuadrones de la muerte

La represión sirvió a intereses de clase y económicos bien definidos. La dictadura logró tijeretear los salarios en un 50% durante su primer año, reduciendo así la parte del ingreso nacional que le correspondía a los trabajadores del 48.5 por ciento a tan solo el 29 por ciento. La asistencia médica universal se abolió a favor de compañías de seguro privadas. Otras formas de asistencia social fueron eliminadas o reducidas drásticamente. En esencia, la junta fue la agencia de un enorme traspaso de la riqueza social: del pueblo trabajador argentino a la burguesía nacional, a las empresas transnacionales y al capital financiero internacional.

No se trata aquí de un asunto de mero interés histórico. Ante la crisis económica más profunda desde la Gran Depresión de la década de los 1930, las clases políticas de Estados Unidos y del mundo intentan hacer efectivo similares traspasos de la riqueza social. So pretexto de la "guerra contra el terror" -la misma justificación que Videla dio- el gobierno de Estados Unidos, empezando con el de Bush y acelerando bajo Obama, ha creado el marco institucional y jurídico para la una represión a la Argentina.

El gobierno de Obama se apropió el poder de poner a ciudadanos estadounidenses en detenciones militares indefinidas sin cargos o juicios; es decir, para conducir "desapariciones". Una Casa Blanca que regularmente produce "listas para matar" para llevar a cabo asesinatos y masacres en el extranjero ha otorgado el derecho a conducir semejantes homicidios dentro de los EE.UU., si, a su solo juicio, son enemigos "terroristas" del estado.

Se engañan todos los que se creen que los horrores de Argentina bajo la junta de Videla "nunca podrían ocurrir aquí".