Este artículo apareció originalmente en inglés el 29 de marzo del 2014.

El primer trimestre del 2014 ha traído batallas entre los "autodefensas", o grupos vigilantes, y el cartel de drogas Caballeros Templarios en el estado occidental mexicano de Michoacán, desestabilizando la región.

El cartel de los Caballeros Templarios sustituyó a otra organización criminal: La Familia Michoacana. Al igual que los grupos de autodefensa actuales, La Familia comenzó en la década de 1980 como un grupo armado, con el propósito declarado de imponer orden en el estado de Michoacán, en la lucha contra secuestradores y traficantes de drogas, haciendo hincapié en la ayuda y protección para los pobres.

En la década de 1990 La Familia se transforma en un grupo paramilitar parte del Cartel del Golfo (de México) para quitarle el control del tráfico ilegal de drogas en Michoacán a los carteles de drogas rivales. En el 2006, el grupo se convierte en una operación independiente de tráfico de drogas que actualmente se especializa en la fabricación y la exportación de metanfetamina.

La Familia tenía una ideología extraña, casi religiosa. Sus líderes se refieren a sus asesinatos y decapitaciones como "justicia divina". Su capo original, Nazario Moreno González, publicó su propia "Biblia", una combinación de estilo evangélico de autoayuda mezclada con consignas campesinas insurgentes. Enfatizaba la religión y los valores familiares en la reclutamiento de nuevos miembros, proclamando no tolerar el abuso de sustancias o la explotación de mujeres y niños.

El cartel incluso prestaba dinero a los agricultores, empresas, escuelas e iglesias con la intención de fundamentar popularidad, y emprendía proyectos de obras públicas. Pero al igual que los notoriamente brutales Zetas, La Familia empleaba la violencia extrema, recurriendo al asesinato y a la tortura generalizada. Los pequeños empresarios hasta al nivel de vendedores callejeros tenían que pagar "impuestos". Aquellos que se resistían eran cerrados, secuestrados o víctimas de amenazas y de violencia.

La Familia asesinaba a políticos locales y sobornaba a otros. Del contrabando y de la venta de drogas se transformó en una organización criminal mucho más ambiciosa, que actuó en última instancia como un Estado paralelo en la mitad occidental de Michoacán, centrada en un valle conocido como Tierra Caliente donde se cultivan limas, aguacates, mangos y marihuana.

Al igual que en otros estados como Sinaloa, la parte de Chihuahua cerca de la frontera con EE.UU. y el noroeste estado de Tamaulipas, el gobierno mexicano ha perdido su monopolio sobre el uso de la violencia.

En julio del 2009, La Familia ataca instalaciones de la policía federal en Michoacán, y notoriamente, tortura y asesina 12 agentes de la policía federal, dejando sus cuerpos a lo largo de la carretera de una montaña.

El ex presidente Felipe Calderón, quien ya había desatado una guerra contra los carteles de los militares que resultó en 80,000 muertes y muchos abusos contra los derechos humanos, respondió enviando 1,000 policías federales más a la zona.

Esto enfureció al gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, quien calificó de "ocupación" la táctica del ex presidente. El medio hermano del gobernador poco después fue acusado de ser un miembro de alto rango de La Familia, y en diciembre del 2010 fue expulsado de su cargo en la cámara baja del Congreso.

En diciembre del 2010, el gobierno dijo haber matado al fundador de La Familia, Moreno González, en un tiroteo, pero su cuerpo nunca fue recuperado. Después de esto, una gran parte de la dirección original del La Familia dejó la organización y formó los Caballeros Templarios en marzo del 2011.

El jefe de lo que quedaba de La Familia fue capturado en junio del 2011 por la policía mexicana; poco después el gobierno declara que el cartel se había disuelto. En los EE.UU. las operaciones federales en varios estados en el 2009 y el 2011 cerraron los canales de distribución del cartel, lo que resultó en más de 1,500 detenciones.

Los Caballeros Templarios se hicieron cargo de las operaciones criminales de La Familia de Michoacán y Guerrero, su estado vecino hacia el sur. Mientras que exhortaban a sus filas a "luchar y morir" por la "justicia social", los Caballeros Templarios continuaban la extorsión y la violencia de su predecesor.

El actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), asumió el poder en diciembre del 2012, diciendo que iba a reducir el tamaño del papel de los militares en la guerra contra las drogas, promesa que se puso a prueba en el 2013 contra la actuación de los Caballeros Templarios en Tierra Caliente. En mayo y julio del año pasado, las fuerzas de los Templarios montaron ataques violentos contra las autoridades federales, lo que resultó en que Peña Nieto enviase tropas.

En octubre, los Templarios atacaron las instalaciones eléctricas. En noviembre, asesinaron a un vicealmirante naval que viajaba por el estado. Como respuesta, Peña Nieto envió al ejército para expulsar a los Templarios del puerto de Lázaro Cárdenas, el puerto más grande en la costa del Pacífico de México, que los Templarios habían controlado y explotado.

Fue por el puerto de Lázaro Cárdenas que La Familia y los Templarios importaban de China los elementos químicos necesarios para la fabricación de la metanfetamina. En los últimos tres años, los Templarios han vendido a los exportadores chinos cientos de miles de toneladas de hierro, con un valor estimado en más de 1,000 millones de dólares.

En los últimos cinco años, el puerto también se ha convertido en un conducto vital para las importaciones industriales principales de México al norte de Michoacán, el Bajío, una zona que incluye a los estados centrales de Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. El puerto también se ha transformado en una ruta de transporte fundamental para los envíos a los mercados estadounidenses en Houston, Kansas City y Chicago. Así que el gobierno federal tenía intereses sustanciales de tomar control del puerto.

Mientras tanto han crecido este último año las autodefensas armadas, o "policía comunitaria", en Tierra Caliente. En enero de este año, estas fuerzas contaban con 20,000 miembros, quienes tomaron rápidamente a los pueblos más pequeños, y para finales de enero, echaron a los Templarios de la ciudad de Nueva Italia.

En febrero, los vigilantes decidieron tomar la fortaleza de los Templarios en Apatzingán, una ciudad de 115,000 personas; entonces Peña Nieto envió miles de soldados.

Al principio, los funcionarios federales exigieron de los grupos de autodefensa un desarme, diciendo que los vigilantes armados sin capacitación en la aplicación de la ley y sin rendición de cuentas inflamarían la volátil situación en Michoacán. También existen rumores que las armas de los grupos fueron en parte financiadas por el cartel de drogas Nueva Generación de Guadalajara, una organización rival de los Templarios.

Cuando los vigilantes se negaron a rendir sus armas, las tropas federales trataron de desarmarlos. Esto llevó inicialmente a bloqueos por los manifestantes y enfrentamientos armados contra las fuerzas federales, que resultó en la muerte de tres residentes locales. El gobierno fue ampliamente reprendido por ir contra los propios ciudadanos a los que se suponía debían proteger.

Los militares y las autodefensas luego entraron en una alianza inestable para echar a los Templarios de Apatzingán. El gobierno anunció que los vigilantes debían incorporase a las llamadas fuerzas de defensa rural, que tienen una larga historia que data del siglo 19, de aterrorizar a los campesinos a instancias de los grandes terratenientes.

Peña Nieto también nombró a un comisionado federal especial para Michoacán, Alfredo Castillo, con una jurisdicción más amplia que la del gobernador del estado, para supervisar los asuntos de seguridad y un programa de desarrollo de $3.4 mil millones para el estado.

Muy pronto, sin embargo, después de que Castillo fue fotografiado en una reunión con los vigilantes, el gobierno identificó a un hombre en la foto como un importante traficante de drogas. Una discordia sacudió a los vigilantes tras las acusaciones contra uno de sus líderes, Juan José Farías Álvarez, conocido como "El Abuelo", por supuestas conexiones con el cartel de drogas de Guadalajara.

El 9 de marzo, la policía estatal arrestó a un líder vigilante superior, Hipólito Mora Chávez, a quien se acusa de la muerte de dos miembros de una facción rival vigilante.

La decisión de Peña Nieto de no desarmar a los vigilantes fue bastante criticada. Javier Lozano, miembro del ultra conservador Partido Acción Nacional de México dijo: "Primero los grupos de autodefensa son mimados. Luego ponemos a su líder Hipólito Mora en la cárcel. Veremos cómo termina esta esquizofrenia".

El 15 de marzo, la Associated Press (AP) citó a un funcionario federal no identificado diciendo que el gobierno estaba "poniendo la ‘señal de alto' a los vigilantes" por motivo de su lucha por el botín de los bienes abandonados por los que miembros del cartel que huyeron. De acuerdo con el AP el "punto de inflexión" fue la detención de Mora por asesinato.

La situación en Michoacán sigue siendo muy incierta. Los Templarios se han comprometido a recuperar el territorio del que han sido expulsados. Las relaciones entre los vigilantes y el gobierno continúan deteriorándose.

Mientras tanto, en el vecino estado de Guerrero, al sur, la situación se está moviendo hacia una explosión. A fines de febrero el diario californiano Los Angeles Times publicó un artículo de primera plana titulado "Estado de Guerrero deslizándose hacia el caos". Según Los Angeles Times, la mitad de los 81 municipios de Guerrero, un estado de 3.5 millones de personas, tienen grupos de autodefensa.

En febrero estos grupos se preparaban en las afueras de Chilpancingo, capital de Guerrero por la carretera de la Ciudad de México hasta el complejo de Acapulco, amenazando con tomarlo. Se han hecho acusaciones que el alcalde del PRI de Chilpancingo estaba aliado con una rama del ya desaparecido cartel Beltrán Leyva, llamado Los Rojos, quienes han cometido extorsiones y secuestros como los Templarios.

Después de que el gobernador del estado de la oposición de centro de "izquierda" del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se comprometió a añadir 500 policías estatales para patrullar la zona, los hombres de negocios en Chilpancingo pidieron a los autodefensas que no entraran, por temor de que el movimiento podría írseles de las manos. Un líder de negocios y ex diputado del PRD, dijo: "Si un movimiento social se arma... no sabemos cuándo van a dejarlas o a qué costo".

Desde la década de los 60, ha habido una serie de grupos de guerrilla armados en Guerrero que dicen ser revolucionarios, entre ellos uno nuevo apareció en diciembre, el Revolucionario de las Fuerzas Armadas—Liberación del Pueblo.

Estos enfrentamientos revelan mucho acerca de las contradicciones de los desarrollos sociales y políticos en México. A la clase dominante mexicana le gusta pensar que ha llegado al escenario mundial económica y políticamente. Peña Nieto y la burguesía mexicana comenzaron a ver la violenta guerra de Calderón contra los carteles como una distracción de su programa para enriquecerse aún más mediante la apertura de la economía al capital global.

Pero los recientes acontecimientos en Michoacán y Guerrero, y en especial la popularidad de los grupos armados y los movimientos de defensa personal, representan los más altos niveles de inestabilidad en México desde la Revolución Mexicana. Esta inestabilidad es una amenaza real a la reforma económica iniciada por la clase dominante mexicana con el apoyo de la presidencia de Peña Nieto.

Su preocupación es el efecto que todo esto puede tener en la confianza del capital extranjero para invertir en México, así como su potencial de interferir con los proyectos críticos para la apertura de México a la inversión, como la mejora del ferrocarril y autopistas hacia el puerto de Lázaro Cárdenas. Estas condiciones, obligan al gobierno mexicano a intervenir.

Mientras tanto, la gran mayoría de los mexicanos continúan enfrentando una lucha diaria para sobrevivir y una falta crónica de oportunidades de empleo decentes. El gobierno está en gran parte ausente cuando se trata de la prestación de servicios sociales básicos y además sigue siendo bastante corrupto.

La pobreza en los estados mexicanos rurales como Guerrero y Michoacán ha impulsado oleadas de hombres jóvenes en busca de trabajo en los EE.UU. Estas mismas condiciones son caldo de cultivo de las bandas de narcotraficantes, así como los grupos de autodefensa, cuyos miembros son en su mayoría trabajadores agrícolas y pequeños agricultores.

Sólo un programa socialista revolucionario independiente puede canalizar el descontento de las masas de una manera que proporcione un camino a seguir para los mexicanos. Sólo de esa manera se puede poner fin a la depredación, tanto de la burguesía mexicana como de los carteles de drogas.