Este artículo apareció originalmente en inglés el 2 de mayo del 2014.
En los últimos días, funcionarios de Estados Unidos han escalado las denuncias contra el gobierno venezolano del presidente Nicolás Maduro.
En respuesta a un llamado de un emigrante venezolano de derecha en Miami, el presidente Barack Obama dijo estar "profundamente preocupado por la continua represión de los manifestantes en Venezuela", y declaró que estaba "trabajando entre bastidores" para influir en los acontecimientos en el país Sudamericano.
Hablando el lunes a través de una conexión de video por Internet en una conferencia en Estonia de la "Coalición Online Libertad", que incluye a los gobiernos de 23 países, el Secretario de Estado, John Kerry, hizo afirmaciones sin fundamento de que el gobierno venezolano había bloqueado el acceso a algunos sitios web; y lo caracterizó junto con Rusia como un país que reprime la libertad del Internet y constituye un lugar "donde nos enfrentamos a algunos de los mayores desafíos a la seguridad en la actualidad."
Ni mencionar que el Secretario de Estado de EE.UU. - quien antes había condenado al gobierno venezolano de librar una "campaña de terror" contra su propia gente - no mencionó el papel jugado por Washington en el masivo espionaje de las actividades de Internet de cientos de millones de personas en todo el mundo.
Y en una conferencia en la ciudad de Nueva York, Roberta Jacobsen, la Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo a la audiencia que el gobierno de Obama no "descarta nada", incluyendo la imposición de sanciones contra Venezuela, pero por ahora abogó por "darle una oportunidad "al "diálogo "entre el gobierno de Maduro y su oposición de derecha".
Las declaraciones del presidente de los EE.UU. y los dos altos funcionarios del Departamento de Estado confirman la advertencia hecha el mes pasado por Maduro que su gobierno está enfrentando un golpe de Estado "en cámara lenta", en la que los manifestantes violentos respaldados por Estados Unidos se "copian mal lo que pasó en Kiev ".
En Venezuela, como en Ucrania, el objetivo del imperialismo norteamericano es eliminar cualquier obstáculo para el ejercicio de su hegemonía. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, y Washington está decidido a colocar estos recursos estratégicos firmemente bajo su control. El uso del gobierno venezolano de los ingresos del petróleo para financiar mínimos programas de asistencia para los pobres, la provisión de las exportaciones subvencionadas de petróleo a Cuba y otras naciones en lo que los EE.UU. siempre ha considerado como su "patio trasero", y el creciente comercio y los vínculos financieros entre Caracas y Pekín ha servido para provocar la ira de Washington.
Al igual que en Kiev, en Venezuela Washington respalda a los "manifestantes pacíficos" que nombraron a su campaña "La Salida", es decir, el derrocamiento del presidente electo. Con ese fin llevaron ataques con cócteles molotov contra edificios gubernamentales y disparos de francotiradores contra las fuerzas de seguridad y partidarios del gobierno. Todo el tiempo, como en Ucrania, Washington y los medios de comunicación occidentales exageraron las acciones represivas del gobierno, mientras que ignoran completamente la violencia de los manifestantes.
Pero, a diferencia de Kiev, "La Salida" no logró alcanzar su objetivo. Las violentas protestas se limitaron casi exclusivamente a los barrios más adinerados. Ellos atrajeron poco o ningún apoyo dentro de la clase trabajadora del país y las masas empobrecidas. A pesar del creciente enojo contra el aumento de precios y la escasez crónica, los trabajadores reconocen que los líderes de la protesta - quienes, al igual que sus semejantes en Kiev reciben desde hace tiempo ayuda de EE.UU. a través de agencias como USAID y el Fondo Nacional para la Democracia - son los representantes del imperialismo y la vieja oligarquía venezolana que oprimía el país durante siglos.
Ahora, al lado de Washington, la derecha venezolana y las grandes empresas están "dándole una oportunidad" al llamado "diálogo" iniciado por el gobierno de Maduro, mientras continúan las violentas protestas, aunque a un nivel mucho más reducido.
Mediado por el Vaticano y los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador, este diálogo ha tenido como objetivo llegar a un acuerdo entre el gobierno de Maduro y la oposición de derecha, organizada en la coalición electoral conocida como MUD (Mesa de Unidad Democrática). Junto a estas sesiones de diálogo, el gobierno ha organizado una "conferencia de paz" económica con los líderes capitalistas venezolanos, llamando a un aumento en la producción y pidiendo a multimillonarios, como Lorenzo Mendoza, del conglomerado de alimentos Polar, qué es lo que necesitan para aumentar la productividad y las ganancias.
Lo que las capas dominantes venezolanas, financieras y empresariales, están exigiendo es más dinero del Tesoro Público -que se les está concediendo -, así como precios más altos de los productos, junto con ataques a los derechos básicos y las condiciones de vida de la clase trabajadora. Estos también están por venir; poco a poco se han dejado aumentar a los precios de una serie de productos de primera necesidad - junto con un alza de 40 por ciento en las tarifas de transporte público - mientras cada vez más se ignoran las leyes laborales que protegen a los trabajadores.
Maduro aprovechó el Primero de Mayo para anunciar un aumento del 30 por ciento en el salario mínimo, con que subsisten amplios sectores de empleados en el sector formal. Dada una tasa de inflación que se acercaba a un 60 por ciento el año pasado, el aumento deja a los trabajadores muy por detrás, con dos salarios mínimos necesarios sólo para comprar artículos de primera necesidad aún bajo la estimación de organismos gubernamentales de estos costos.
El presidente de la Cámara de Comercio de Venezuela, Fedecámaras, Jorge Roig, elogió a Maduro por consultar con las grandes empresas antes de anunciar el mísero aumento salarial, llamando "responsable" el aumento de 30 por ciento.
La nueva estrategia de la derecha venezolana y sus patrocinadores estadounidenses es utilizar la inestabilidad que han creado para presionar al gobierno hacia la derecha, mientras que al mismo tiempo intentan alienar aún más el apoyo popular del que gozaba gracias a sus programas de asistencia social y la retórica populista.
Esperando para actuar - si es que el gobierno de Maduro ni la derecha demuestran ser capaces de imponer nuevas condiciones de estabilidad para el capitalismo venezolano - se encuentran los militares. Desde la llegada al poder de Hugo Chávez hace casi 15 años, un ex teniente coronel del ejército y líder de un fallido golpe, los militares han jugado un papel decisivo en el gobierno "bolivariano socialista". Hoy los militares ocupan 11 ministerios del gobierno, entre ellos el más importante - los de Defensa, Interior y Economía - así como la mayoría de las gobernaciones del país. El anuncio de que tres generales de la fuerza aérea y unos 30 agentes han sido detenidos por su presunta participación en un intento de golpe sirve como una advertencia mortal.
La clase trabajadora venezolana se enfrenta a graves peligros, no sólo de la derecha política, sino también desde dentro del gobierno de Maduro y su núcleo militar.
Los elementos pseudo-izquierdistas que han identificado al "chavismo" y "socialismo bolivariano" como una nueva vía al socialismo, en realidad trabajan para desarmar políticamente a los trabajadores frente a estas amenazas. Han pintado de color de rosa una situación en la que el control privado sobre la economía del país es mayor que antes de que Chávez asumiera el poder y en la que el capital financiero está cosechando súper ganancias de los ingresos petroleros de Venezuela, incluyendo un nuevo estrato atado al gobierno, la llamada boliburguesía, que se enriquece a través de contratos con el Estado y la corrupción.
Grupos venezolanos como Marea Socialista (MS), cuyas políticas son promovidos tanto por los pablistas y la Organización Internacional Socialista (OIS), plantean que la tarea de la clase trabajadora es presionar a Maduro hacia la izquierda para contrarrestar la presión de la derecha. Otros grupos de pseudo-izquierda en el extranjero se han movido aún más hacia la derecha, distanciándose del gobierno venezolano después que Chávez se opusiera a las operaciones imperialistas de cambio de régimen en Libia y Siria que estos grupos apoyaban.
Al final, todos estos grupos hablan políticamente por las capas más privilegiadas de la pequeña burguesía. Ellos se sintieron atraídos por el chavismo, precisamente porque subordina a la clase trabajadora a un "comandante" y un gobierno dominado por los militares, oponiéndose de ese modo a la explosiva lucha de clases en Venezuela.
Las amargas lecciones de los recientes enfrentamientos violentos en Venezuela y la respuesta del gobierno se resumen en la necesidad de establecer la independencia política de la clase trabajadora, en oposición al gobierno burgués de Maduro y sus partidarios pseudo-izquierdistas. Esto significa la construcción de una sección del Comité Internacional de la Cuarta Internacional en base a la teoría de la Revolución Permanente y la lucha de la clase trabajadora por la toma del poder en Venezuela y en toda América Latina.