Este artículo apareció en ingles el 20 de agosto del 2014

El 6 de Agosto pasado, más de 40 millones de litros de aguas residuales tóxicas de una mina de cobre cerca de la ciudad de Cananea (en el norte de México) fueron derramadas en el cercano río Bacanuchi. Los informes indican que desechos que contenían ácido sulfúrico y metales pesados fueron filtrados por más de un día desde un depósito de aguas residuales hasta el río, después de que fuertes tormentas golpearan la región.

Residentes que viven río abajo de la mina Buenavista del Cobre (uno de los mayores yacimientos de pórfidos de cobre en el mundo) a 40 kilómetros de la frontera con Estados Unidos comenzaron a reportar el 7 de agosto que el río se había vuelto color naranja brillante y olía “a podrido". Estos informes llegaron casi 24 horas después de que comenzó el derrame. No hubo ninguna advertencia adecuada de parte de la compañía minera o de funcionarios estatales. El 10 de agosto, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) cortó el suministro de agua municipal a siete ciudades a lo largo del río, afectando a una población de más de 20.000 personas. Se advirtió a los agricultores locales no dejar que su ganado beba del agua por los próximos tres días.

Los informes indican que una mancha de color naranja ahora abarca al menos 60 kilómetros del río, el cual a su vez conecta al río Sonora. También fue cortada parte del suministro de agua de la capital del estado, Hermosillo, una ciudad de 800.000 habitantes situada a orillas del río Sonora.

El atraso en la notificación de parte de los funcionarios de la mina y las agencias estatales fue acompañada por informes de extensa mortandad de peces en el río, así como de muertes de ganado. La agricultura es la industria principal en el estado de Sonora, seguida por la extracción de cobre, plata y oro. Funcionarios de la mina y CONAGUA han enviado camiones con tanques de agua para reemplazar temporalmente el suministro de agua municipal. A los días surgieron informes de que estos camiones eran insuficientes porque el agua se agotaba con rapidez.

Una mujer de Arizpe con dos hijos que se quedo sin agua después de que un camión se quedo sin suministros, expresó su preocupación a el noticiero Terra: "si aquí matan a una vaca, no vamos a saber si vamos a comerla o no. No vamos a saber si nos va a caer bien o mal... dicen que con una poquita de agua (del río) que beba (el ganado) ya se infecta".

Otro campesino dijo a Terra: "La leche ya no nos la recibieron, nos dijeron se debe a que las vacas bebieron del río y no saben qué químicos contiene. Lo malo es que nadie dice nada, nadie avisó; la gente tiene pánico, imagínate que te digan que no puedes tener contacto con el agua, ni para lavarte, ni para bañarte".

Además del ácido sulfúrico que es utilizado en el proceso de extracción del cobre de la mina, las aguas residuales derramadas contienen metales pesados como el arsénico y el cadmio, que pueden causar náusea, vómito, irritación de la piel, y hasta diversas formas de cáncer en caso de alta exposición.

Jaime Salazar Varela, un experto en ingeniería química y metalúrgica de la Universidad de Sonora, dijo a las agencias de noticias: "Hasta donde yo tengo memoria, éste es el problema ecológico más grave que ha ocurrido en Sonora. No recuerdo de otro problema ambiental tan grave… A los metales ya no hay forma de eliminarlos, ya están en el río. El remedio que se pudiera hacer (para recuperarlos) es demasiado costoso." También dijo que estos metales tendrán efectos a largo plazo en la salud de los riñones y el hígado de las personas de la zona.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) hizo el llamado a los operadores de la mina de dirigir los esfuerzos de limpieza y proporcionar la "implementación de un plan de remediación total" en las zonas afectadas en los próximos cinco años. Los funcionarios mineros han vertido 100 toneladas de cal en el río, en un esfuerzo para tratar de neutralizar el ácido, y están construyendo presas para contener el derrame.

La decisión de la PROFEPA equivale a una absolución de responsabilidad penal para los propietarios de las minas, y permite que los responsables de esta negligencia potencialmente mortal salgan impunes. Esto está en consonancia con la larga crónica de encubrimiento de los crímenes de los gigantes de la industria minera de México.

Buenavista del Cobre es una subsidiaria de Grupo México, la compañía minera más grande del país y una de las más grandes del continente americano. Su principal propietario es el segundo hombre más rico de México, Germán Larrea (con una fortuna de $16 mil millones de dólares).

Grupo México tiene una historia muy larga de burlarse de los reglamentos de seguridad minera, de mantener condiciones de trabajo brutales, y de evitar consecuencias graves después de décadas de negligencia. En 2006, por ejemplo, 65 mineros murieron en una explosión de gas metano en la mina Pasta de Conchos en Coahuila, días después de que los mineros habían expresado abiertamente su preocupación por las condiciones de seguridad deficientes.

En Febrero pasado, cinco mineros murieron en la mina de carbón de San Luis de Potosí, después de que la jaula en que viajaban se rompiera y cayera 750 metros por el hueco del ascensor. El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) escribió una carta pública acusando a la compañía de hacer caso omiso a años de quejas, y de encargar aplicación de reglamentos de salud a los que contratistas más baratos.

Apenas en 2009, un subsidiario estadounidense de Grupo México, Asarco, pagó al gobierno de los Estados Unidos $1,790 millones de dólares para resolver demandas por residuos peligrosos esparcidos en 19 estados.

También ese año, un equipo de salud y seguridad laboral de Cananea llegó a la conclusión de que había más de 200 riesgos de salud graves en las instalaciones de procesamiento de cobre de Buenavista, la misma instalación que albergaba el estanque de retención que se filtró en el afluente del río de Sonora.

Hasta el momento, los funcionarios de Grupo México (que reportó un incremento de $509 millones de dólares en ganancias en el segundo trimestre de este año, un aumento del 74 por ciento relativo al primer trimestre) han respondido con mucha indiferencia, minimizando la importancia del derrame.

Juan Rebolledo, vicepresidente de relaciones internacionales, dijo a los medios de comunicación: "El contenido de estos ácidos no es tóxico en sí mismo, no hay problema que pueda haber ni grave afectación a las comunidades, siempre y cuando se tengan las precauciones adecuadas y la empresa proceda, como lo está haciendo, con la cal".

La compañía se ha negado a confirmar específicamente que productos químicos fueron liberados en el río. Los residentes han especulado que incluido en la mescal había cianuro, cosa que la empresa negó en su página de Facebook.

El miedo a la posible contaminación de cianuro se basa en experiencias concretas. Hace apenas un año, en agosto de 2013, un camión de remolque que contenía cianuro para uso en Mulatos - una mina de oro y plata en el estado de Sonora y de propiedad canadiense - se volcó y libero la sustancia química venenosa en el Río Yaqui, resultando en la muerte de masas de peces y plantas y otra escasez de agua potable.

El derrame en Cananea ocurrió apenas unos días antes de que el gobierno mexicano abriera formalmente sus sectores de petróleo y electricidad a la privatización. Antes de 1982, la industria minera era en gran medida propiedad del estado. Se reporta que en las minas de México ocurren alrededor de 50 accidentes al año.

Existen muchas similitudes con el derrame químico de Freedom Industries cerca de Charleston, West Virginia, en Enero de este año. En ese escenario extrañamente similar, el agua de 300.000 personas fue cortada durante casi cinco días y no se presentaron cargos penales contra los propietarios de las minas que pusieron la vida de millones en riesgo. Los efectos a largo plazo de estos derrames aún están por ser determinados.