En el momento que se escribe este artículo han aparecido 28 cadáveres consumidos por el fuego y descuartizados de fosas escondidas en las afueras de Iguala, Guerrero, México. Se cree que estos son los restos de normalistas desaparecidos.

Cuarenta y tres estudiantes desaparecieron el 26 de septiembre, raptados por la policía que los atacaba cuando los jóvenes intentaban apoderarse de autobuses e ir a una manifestación contra los recortes de presupuesto para su colegio normal. Nada se sabe del paradero de los jóvenes que siguen desaparecidos, que estudiaban en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.

Personas encargadas de la búsqueda informan que encontraron los cadáveres encima de ramas, algunos empapados en gasolina e incinerados.

Iñaky Blanco, fiscal del Estado de Guerrero dice que dos miembros de la pandilla Guerrero Unidos (GU) han admitido la matanza y entierro de diecisiete de los jóvenes estudiantes. Francisco Vallardes, director de seguridad de Iguala, los había ordenado perseguir y detener a los estudiantes. La orden de raptarlos y matarlos vino de un pandillero local, El Chucky.

Vallardedes y José Luis Abarca Hernandez, presidente municipal de Iguala, se han fugado y se ignora su paradero.

Ángel Aguirre Rivero, gobernador guerrerense, confirmó que una narcopandilla ha infiltrado la policía de Iguala y de otras ciudades del Estado y a muchas alcaldías.

No bien había brotado esa declaración de labios de Aguirre cuando la suegra de Abarca Hernández (aceptando que sus hijos son de GU y que su yerno los protege) indicó que la campaña de Aguirre fue financiada por el narcocartel de los infames hermanos Beltrán Leyva, que están ligados a GU. Héctor Beltrán, el único hermano que todavía quedaba suelto, fue detenido la semana pasada en el Estado de Guanajuato.

Se plantea el siguiente interrogante: ¿Cómo confiar en una investigación de esta masacre a cargo de un gobernador ligado a los capos del narcotráfico?

Ante la cólera popular, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto apareció en la TV nacional el lunes 6 de octubre y prometió una profunda investigación para aclarar lo que realmente ocurrió y sancionar a los culpables.

El caso es que hace once meses, el siete de noviembre del 2013, la oficina de Abarca produjo una foto de un abrazo entre el gobernador y Peña Nieto, ambos sonriendo. La foto acompañaba una declaración de prensa que celebraba que Abarca y su esposa (María Pineda Villa) habían sido entrevistados en Iguala con Peña Nieto para presentar proyectos de desarrollo social para hacer crecer la economía de Iguala.

En ese entonces ya conocía todo el mundo las conexiones entre la familia de Pineda y el cartel Beltrán Leyva. En verdad, los hermanos de María Pineda, Mario y Alberto fueron ejecutados por traicionar a Arturo Beltrán, jefe del cartel.

En octubre del 2013, la tendencia política Izquierda Democrática Nacional (IDN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) también informaron al gobierno federal sobre los vínculos entre Abarca y Pineda con el cartel.

Ese informe contiene declaraciones de alguien que fue torturado y una lista de ejecuciones ordenadas por el mismo Abarca (que también es del PRD). Hay más: Un tal Nicolás Mendoza dijo ante un notario que Abarca asesinó Arturo Hernández Cardona, dirigente del PRD, a escopetazos, para luego enterrarlo en una fosa.

El gobierno de Peña Nieto también sabía que le viuda de Hernández Cardona y otros parientes de otras víctimas de Abarca habían declarado en julio del 2013 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

También el año pasado, Abarca fue acusado ante Jesús Murillo Karam, y Miguel Ángel Osorio Chong (fiscal federal y ministro del interior, respectivamente). Ninguno de ellos hizo nada.

Por el contrario, el presidente mexicano le dio sus palmadas en la espalda a Abarca ese noviembre. Once meses después los soldados de Abarca masacran a los normalistas de Ayotzinapa.

El martes 7 de octubre, Silvano Blanco de Aquino (diputado federal del PRD) declaró convincentemente que las narcopandillas habían infiltrado el gobierno entero, y también la presidencia: “Se tiene que reconocer que en México hay un narcoestado. Se tiene que reconocer que hay narcopolítica. Se tiene que reconocer que desde la Presidencia de la República, en los gobiernos locales y en los gobiernos municipales, efectivamente la delincuencia organizada aporta recursos económicos para estas campañas. Eso se tiene que reconocer por parte del país”, dijo.

Blanco negó que todos los servidores públicos estuvieran ligados a sindicatos criminales, pero que era importante reconocer que no existe Estado en México en el comercio de narcóticos no haya corrompido a presidentes municipales, diputados estatales, y a las autoridades federales, y que también ha financiado campañas presidenciales.

El lunes 7 de octubre, familiares de los desaparecidos (que son, o habían sido estudiantes de primer año y que representan un tercio de su clase) se concentraron frente a la escuela normal de Ayotzinapa.

No se trata de la primera vez que se encaran desapariciones y ejecuciones, según Javier Monroy, uno de los manifestantes: “nos gobierna una sociedad de narcotraficantes,” dijo.

“¿Por qué criminalizan manifestaciones?”, dijo un padre. “Atacan estudiantes cuando los verdaderos delincuentes están en el gobierno, añadió.

Las familias no confían en el gobierno. Por lo tanto han declarado que no aceptarán la identificación de los cadáveres. Exigen que un equipo forénsico bien reconocido de Argentina haga las pruebas de ADN, y otras.

Un representante de las familias, Manuel Martínez, dijo que se programaban manifestaciones en todo México el 8 de octubre, para paralizar el país. Grupos de maestros, campesinos, estudiantes y de activistas políticos de otras ciudades se plegaron a acción de demanda de justicia para los 43 desaparecidos.

Los narcos no se han quedado quietos. El lunes seis de octubre apareció en Iguala un anuncio de GU que exige la liberación de veintidós policías detenidos hace varios días bajo sospecha de estar envueltos en el ataque a los normalistas. El anunció amenazaba “la guerra comienza.”