Los partidos peruanos de pseudo izquierda sufrieron una abrumadora derrota en las elecciones municipales celebradas a comienzos de mes.

El candidato de derecha Luis Castañeda, previamente dos veces alcalde de Lima, arrasó con el puesto de la capital peruana en las elecciones del 5 de octubre en que se escogieron alcaldes y presidentes regionales en todo el país.

La gran perdedora de la contienda fue la saliente alcaldesa de Lima, Susana Villarán, la más visible figura de los partidos de "izquierda", quién recibió tan sólo 10 por ciento del voto. El puesto de alcalde de Lima es considerado el segundo más poderoso del país.

Villarán, una figura relativamente nueva y producto del radicalismo clase media de los sesenta, fue catapultada a la alcaldía en el 2010 como parte de una expresión distorsionada de rechazo popular de los partidos tradicionales.

Sin embargo, durante los últimos cuatro años, Villarán desechó su imagen reformista y promovió los enormes intereses empresariales de la ciudad, incluyendo las de las gigantescas multinacionales brasileñas Odebrecht y OAS, los cuales enviaron apoyo y personal del gobernante Partido de los Trabajadores de Brasil como "consejeros" de la campaña de Villarán.

En una contienda de 13 candidatos para la alcaldía de Lima, Castañeda obtuvo un inaudito y abrumador 50 por ciento del voto y su partido Solidaridad Nacional (SN) ganó la alcaldía de varios distritos en la capital y un buen número de regidores en el ayuntamiento de Lima. Afuera de Lima, SN no consiguió ninguna victoria de importancia.

Castañeda ganó a pesar de que durante la campaña surgieron nuevas revelaciones con respecto al escándalo de lavado de dinero y malversación de fondos conocido como "Comunicore", en el cual es uno de los principales sospechosos.

La mayoría de sus votantes vinieron de los distritos más pobres de Lima, las favelas conocidas como "pueblos jóvenes" en dónde en su último período Castañeda lanzó una serie de obras públicas como escaleras en cerros, parques y hospitales. Por esto obtuvo el mote del alcalde que "roba pero hace obra".

El voto por los llamados "partidos nacionales" (APRA, el Partido Popular Cristiano, Acción Popular y los fujimoristas de Fuerza Popular) también fue bastante bajo.

La prensa peruana describe las elecciones como un colapso general de apoyo por los partidos establecidos y un surgimiento -o solidificación- en el apoyo de los llamados movimientos regionales. Estos son movimientos improvisados sin una perspectiva a largo plazo que intentan imponer el regionalismo y se encuentran centrados -no en pocos casos- en un caudillo regional o en una propuesta local.

En muchas provincias, los analistas señalaron al incremento de los llamados "poderes alternos". Carteles mafiosos de narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal entre otros, que prosperan en sus respectivas zonas y usan a candidatos como títeres para asegurar que sus negocios progresen bajo su gobierno.

Luego de las elecciones, 129 confrontaciones violentas fueron registradas por todo el país entre turbas de partidarios de éste u otro candidato por sospechas de corrupción o fraude electoral. Estos enfrentamientos dejaron por lo menos tres personas muertas. El surgimiento de esta clase de violencia está probablemente vinculado a la incrementada influencia política de estas organizaciones criminales.

Cabe señalar que antes de las elecciones, docenas de candidatos habían sido acusados de estar involucrados en actividades criminales que van desde corrupción a terrorismo e incluso violación sexual.

Un caso importante es el de Gregorio Santos, quién fue reelegido presidente de la región norteña de Cajamarca. Santos, el principal promotor de las movilizaciones masivas contra las amenazas medioambientales planteadas por el proyecto minero peruano-estadounidense Conga, se encuentra en la cárcel por meses mientras espera juicio por indicios de corrupción. A pesar de su admisión de culpa, su victoria fue halagada por la pseudo-izquierda como un "triunfo" para el pueblo de Cajamarca y de la lucha en la defensa del medioambiente.

Ninguno de los principales candidatos realizó alguna propuesta seria para mejorar las condiciones de vida de la mayoría o erradicar los urgentes problemas en la sociedad peruana; algo destacable dada las enormes sumas gastadas en cualquier tipo de propaganda a nivel nacional.

La permanente pobreza en masa, la falta de servicios básicos para millones de personas, la continua destrucción de los derechos laborales, la corrupción, la puesta en peligro del medio ambiente y la posible privatización del agua y la salud pública dieron paso para que los temas de la inseguridad y la lucha contra el crimen sean presentados por la mayoría de candidatos como los principales problemas que afronta la nación.

Esto está en línea con la semi-histérica presentación del Perú por parte los medios como una nación amenazada por altas tasas de criminalidad y violencia, ignorando los verdaderos problemas urgentes de la sociedad -la pobreza y la desigualdad- y la demanda de que se apliquen medidas de seguridad interna. La tasa de criminalidad de Perú está, en realidad, muy por debajo de las de otras naciones de la región como Venezuela y Colombia.

En años recientes el crecimiento económico de Perú ha sido uno de los más altos de la región. Sin embargo, esto no se ha traducido en ningún incremento considerable en las condiciones de vida de la mayoría de la población.

El salario mínimo mensual es S/.750 o $283, uno de los más bajos de la región. Ocho de cada diez trabajadores no tiene ningún tipo de beneficios, vacaciones o compensación por despido y son parte de lo que se conoce como la "economía informal" de las medianas y pequeñas empresas. Desde 1991, el ingreso de los trabajadores ha sido reducido a la mitad del PBI del país.

En Lima, millones de residentes de los pueblos jóvenes, localizados en la periferia de la ciudad, residen en casas de madera, adobe y estera y se ven obligados a comprar agua a un precio mucho más alto que en las zonas urbanas. El gobierno del Presidente Ollanta Humala ha propuesto privatizar parcialmente el agua, lo que llevaría a precios aún más altos.

Villarán y el resto de candidatos son cómplices en la perpetuación de estas condiciones y su elección habría sin duda alguna significado una continuación estas mismas políticas que ellos crearon.

El populista de derecha Castañeda fue capaz de llenar el vació dejado por el colapso en apoyo a Villarán, quién intentó sin éxito presentarse a sí misma como la candidata de la "honestidad" en contraste con el corrupto Castañeda. Sin embargo, la verdadera razón del debacle de la "izquierda" peruana se encuentra en transformaciones sociales que van más allá que los fracasos individuales.

Los programas reformistas nacionales que estas organizaciones políticas y sindicales plantearon en un período anterior se han vuelto obsoletos bajo las condiciones en las que la economía peruana ha sido completamente integrada y subordinada al capitalismo global, el cual domina al país por medio de empresas mineras y los mercados financieros. Al mismo tiempo, un estrato considerable de clase media que una vez se identificó como "izquierdista" ha visto a sus propios ingresos subir por medio de este proceso, incluso cuando la explotación y la opresión de la clase trabajadora y las masas del campo ha sido profundizado.

Villarán y el llamado Frente Amplio de Izquierda -que agrupa a la mayoría de partidos de "izquierda" en Perú- son sólo capaces de realizar vagos llamados a la reforma sin proponer ninguna lucha o movilización para alcanzarlos, mientras que en la práctica ellos se alinean y sirven a poderosos bloques empresariales y financieros, y subordinan los intereses del pueblo trabajador al lucro capitalista.

La clase trabajadora peruana no puede encontrar ninguna salida a todo esto a menos que forje su independencia política basada en un programa socialista e internacionalista por la transformación revolucionaria de la sociedad.