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Perspectiva

El proyecto de tortura de la CIA y el colapso de la democracia estadounidense

Se desprenden dos resultados irrefutables de la publicación del Informe del Comité de Espionaje del Senado estadounidenses:

  1. Estados Unidos cometió graves actos criminales durante el gobierno del presidente Bush (2000-2008). Estos actos fueron contrarios a leyes internacionales y domésticas.
  2. Ninguno de los culpables van a ser detenidos, acusados o sancionados por lo que hicieron.

Ya se conocía bien la existencia del proyecto de tortura de la CIA. Ahora contamos con una narración detallada confirmada por un organismo oficial del Estado. Son crímenes que rechocan a todo el mundo.

Oficiales de la CIA (con la autorización del presidente estadounidense, y bajo sus órdenes) se envolvieron en actividades que sin duda están en la categoría de tortura. Según el informe (muy resumido, de un documento secreto) se encadenaba parados a un muro a los prisioneros por hasta diez y siete días, a veces sufriendo de quebraduras en sus brazos y piernas; se les impedía dormir por hasta una semana; se los amenazaba de muerte (con “entierros de burla”); se los hundía en “baños de hielo” hasta que llegaban al borde de la muerte; se los casi ahogaba; se los humillaba con palizas salvajes. Aún hay más.

A cada momento estas actividades estuvieron empapadas de depravación y perversión. Ahora sabemos que las torturas de Abu Ghraib nunca fueran de excepción. Dos de los métodos usados (alimentación rectal y rehidratación rectal) involucraban la inserción de alimentos y líquidos al colon (léase: sodomía). Una de las víctimas de eso fue Majid Khan. Según su abogado fue “violado con violencia y atacado sexualmente”. Bajo la supervisión de la CIA, Khan intentó suicidarse. Ahora se encuentra en la Bahía de Guantánamo.

La ley es clara. Según el Acta Federal sobre Tortura, la persona que “cometa o intente cometer torturas [específicos actos cuya intención es causar severos sufrimientos físicos o mentales] será multada, … o encarcelada por hasta veinte años”. Si esa persona “fuera muerta [como ocurrió con al menos uno de los torturados por la CIA] la persona culpable será sancionada con la pena de muerte o con la cadena perpetua”.

En el ámbito internacional, los Convenios de Ginebra prohíben la tortura y la consideran un crimen de guerra. El Convenio contra la Tortura requiera que los firmantes (incluyendo a Estados Unidos) enjuicien a los transgresores. Según las disposiciones de ese convenio, la veda de la tortura es absoluta, sin excepciones.

Así respondió al informe del Senado Ben Emmerson, el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU): “las sanciones más graves tienen que ser para los que estaban más envueltos en este proyecto criminal, y en su autorización”.

Esos incluyen al expresidente George W. Bush, al exvicepresidente Dick Cheney, por supervisar las torturas, al exdirector de la CIA George Tenet, por darle sello oficial a la tortura; al actual director de la CIA, John Brennan, el entonces asistente ejecutivo de Tenet; John Yoo y Jay Bybee, abogados del Departamento de Justicia y autores de los memorándum de tortura; Bruce Jessen y James Mitchell, sicólogos y consejeros de la CIA por refinar las torturas; Condoleezza Rice, exasesora de seguridad nacional, por levantar la barrera al la tortura por ahogo de Abu Zubaydah, y José Rodriguez, jefe de contraterrorismo de la CIA, por aprobar la destrucción de videos de los crímenes.

Si se tratara de obedecer normas objetivas, todos estos individuos y muchos otros tendrían que ser arrestados y enjuiciados. El documento que hizo público el Senado pone el dedo en una herida que va mucho más allá de las acusaciones contra Nixon (que lo obligaron a renunciar en 1974). Sin embargo todos los que estuvieron envueltos en el proyecto de tortura defienden con descaro todo lo que hicieron, cuando en verdad tendrían que temer el peso de la ley.

El gobierno de Obama ahora deja en claro que no habrá de su parte ninguna respuesta al informe del Senado. El martes, Obama publicó una declaración que repite la opinión de su gobierno (que éstos crímenes permanecerán impunes).“Espero que este informe haga que esas prácticas permanezcan donde deben estar (en el pasado), en vez de darnos otra razón para reluchar viejas diferencias”, escribe el presidente.

El memorándum de Obama hace lo más posible para defender las actividades que el informe describe. En la versión del presidente, los testaferros del gobierno de Bush encaraban “opciones muy dolorosas sobre como proceder contra Al Qaeda y prevenir más ataques terroristas contra nuestro país”. En cuanto a los agentes de la CIA, cuyos crímenes delata el informe ante todo el mundo, para Obama son “hombres y mujeres con dedicación”, “patriotas”, cuyos heroicos sacrificios y actuación merecen ser loados por toda la nación.

Esa respuesta del gobierno desenmascara la mentira de que ya no se hacen esas cosas ilegales. Que ese proyecto de tortura específico de la CIA quizás ya no exista es sólo porque otros (igual de criminales y peor) lo han reemplazado. Más que nada estos nuevos programas incluyen asesinatos por aviones drones que han causado miles de muertes por todo el mundo.

Los criminales cuentan con total libertad en las paginas de los diarios y en los programas de televisión para defender sus actos. Se trata de una bien organizada conspiración para enterrar el informe del Senado y encarrilar la discusión en si la tortura es o no eficaz como herramienta política. Los editoriales tanto en los principales medios de difusión como en periódicos locales, expresan una bárbara solidaridad con los torturadores.

Toda minúscula crítica en la prensa oficial es totalmente impotente. Ejemplo típico es el editorial del miércoles 10 de diciembre del New York Times, voz de sectores del Partido Demócrata. Los editores de ese diario neoyorquino pintan al informe del Senado como un “cuadro de depravación política que no es fácil de comprender y menos fácil aceptar”. Plañen sobre la “horrible decisión” del gobierno de “cerrar este capítulo de nuestra historia”.

El Times termina diciendo que “es difícil que se haga algo ahora”. El editorial expresa la anémica esperanza que “quizás George Tenet, el director de la CIA durante este periodo innoble, haga un pequeño gesto devolviendo la medalla (Medal of Freedom) con que el presidente Bush lo honró cuando se jubilaba [Tenet]”.

¡Qué vergonzosa cobardía!

Tanto el proyecto de tortura, como la imposibilidad de sancionar a nadie ponen al descubierto el desmoronamiento del andamiaje constitucional de Estados Unidos. Todo el mundo sabe de los crímenes que se han cometido pero ¡ni hablar de castigar a los responsables! En el marco de los mecanismos políticos oficiales es ahora inútil proclamar la existencia de la democracia. Una enorme máquina de agencias militar y de espionaje (que actúan sin ningún control legal) gobierna a Estados Unidos. Forman una camarilla mancornada a la oligarquía de las finanzas. Esa aristocracia también actúa con la misma impunidad que los torturadores de la CIA. Todo el Estado está enredado en una conspiración criminal contra los derechos populares, democráticos y sociales, dentro y fuera de Estados Unidos.

Cuando hace referencias a proyectos de tortura, Obama, con hipocresía, suele decir que esa brutal actividad es “contraria a nuestra moral”. Son ajenas a “lo que somos”, insiste.

En realidad el sadismo de la CIA es precisamente lo que es la clase de poder estadounidense.

La criminalidad no ocurre sólo a ultramar. La creciente violencia contra el pueblo norteamericano, la impunidad con que fuerzas policiales militarizadas asesinan, ejemplifica el mismo proceso (la transformación del país en un Estado Militar). Bajo el martillar de la desigualdad social, la agresión militar en el exterior se forja en una dictadura dentro del país.

Urge aprender la lección detrás de lo que acontece: Es inútil políticamente y un peligroso engaño apelar a las instituciones del Estado. Sella con sus acciones la clase de poder su indiferencia y rechazo al la democracia.

El significado de todo eso es claro: ¡La defensa de la democracia es una cuestión revolucionaria! La respuesta al proyecto de Estado Policial de la clase de poder tiene que ser la movilización independiente del proletariado contra la aristocracia de las sociedades anónimas y de las casas financiera, y contra de sus instituciones de gobierno.

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