Un editorial del 22 de diciembre en el diario neoyorquino New York Times que lleva el título “Sancionar a los torturadores y a sus jefes”, abre una nueva etapa en la crisis política que detonó la publicación del informe sobre el proyecto de tortura del gobierno de Bush del Comité de Espionaje del Senado estadounidense.

Las duras palabras de ese comentario, comenzando con su título, representan un claro rechazo a las torturas de la Agencia Central de Espionaje (CIA) en sus prisiones secretas bajo Bush. Dos importantes párrafos dicen:

Durante años los estadounidenses han sabido de estos actos. Ahora las 524 páginas que resumen el informe del Comité de Espionaje del Senado borran todas las dudas que podrían quedar en cuanto a su brutalidad e ilegalidad. Encima de la revelación de métodos como “alimentación rectal”, se sabe ahora que docenas de presos pasaron por las torturas de ahogo, fueron colgaron de sus muñecas, encerrados en ataúdes, mantenidos despiertos durante días, amenazados de muerte y castigados brutalmente. En noviembre del 2002, se “sospecha que murió de frío” un prisionero encadenado al piso.

Simplemente se trata de crímenes, prohibidos por la ley de Estados Unidos, con la clara definición que es causar intencionalmente “sufrimiento o dolor físico o mental”. También están prohibidos por el Convenio Contra la Tortura que Estados Unidos firmó en 1994 y que exigen sanciones legales contra los actos de tortura.

Eso significa que el diario que más influencia tiene en los Estados Unidos declara que el gobierno de Bush fue un gobierno de criminales.

El Times dice que “para ser creíble la investigación debe abarcar al ex vicepresidente Dick Cheney; a David Addington, su asistente; a George Tenet, ex director de la CIA; y a John Yoo y Jay Bybee, abogados de la Oficina de Consejos Legales que escribieron los que se han apodado "memorándum de tortura”.

El editorial excluye al ex presidente George Bush de su lista de candidatos a juicios criminales. Sin embargo la lógica es inescapable. Bush es el jefe de jefes de los torturadores. El mismo Cheney a dicho públicamente que Bush estaba bien informado de las actividades de la CIA que el informe del Senado describe.

¿Cómo explicar ese editorial? Ni el editor, ni los que publican el New York Times, son ingenuos políticos. No han nada en el informe del Senado que no conocían antes de su publicación. En verdad el Times ha ayudado a suprimir informes de torturas y otros actos criminales del gobierno de Bush.

Que ese periódico ahora exija el enjuiciamiento de dirigentes del gobierno de Bush significa una de tres cosas: O que los editores saben que los crímenes que el informe del Senado documenta son sólo una pequeña parte de todos los crímenes y actividades anticonstitucionales del gobierno Bush; o que temen que las desobediencias de la ley han minado la legitimidad de la política exterior estadounidense y debilitado a la posición mundial de Washington; o que les preocupa que el desenfrenado ataque contra las reglas constitucionales y normas democráticas puede ser fatal para la estabilidad y legitimidad política del andamiaje social en la que dependen las riquezas y privilegios de la clase de poder.

Durante más de treinta años, desde la presidencia de Jimmy Carter, un gobierno estadounidense tras otro se ha valido de la defensa de los derechos humanos para principalmente justificar la política exterior de Estados Unidos hacia todo el mundo. Eso ha sido una falsedad; Washington siempre ha mantenido las relaciones más fraternales con dictaduras derechistas caracterizadas por su salvajismo (Irán bajo el Shah, Arabia Saudita, Egipto bajo Mubarak, Indonesia bajo Suharto, varios regimenes carniceros en América Latina, etc.) que le convenían a sus intereses, antes y después de la Guerra Fría. Sin embargo, las actividades que revela el informe del Senado ejemplifican algo que va más allá de la hipocresía.

Revelan violaciones de la Ley Internacional, codificada en los Convenios de Ginebra, firmados después de los juicios de Nuremberg y del descubrimiento del barbarismo nazi. La revelación actual vibra por todo el mundo, ahora enredado en cada vez más complicadas relaciones geopolíticas. Washington encara por un lado a sus viejos enemigos Rusia y China. Por el otro aumentan las tensiones con una Europa dominada por Alemania, con un Japón cada vez más agresivo, y con países emergentes con aspiraciones de ser potencias, como India y Brasil.

Que se repudie abiertamente los principios constitucionales acarrea más peligrosas consecuencias dentro del país, porque eso corroe los cimientos políticos en que se han basado doscientos años de control burgués en Estados Unidos. La constitución estadounidense es el esqueleto de un gran cuerpo de leyes y de un andamiaje estatal que protege la propiedad y los bienes de la élite de poder.

Le preocupa al sector de la clase de poder que el Times representa que el desgarrar de la tela de la integridad constitucional (durante el gobierno de Bush y continuada y agravada durante le gobierno de Obama) representa una amenaza contra la estabilidad política de Estados Unidos.

Aun no sabiendo con precisión los motivos y cálculos detrás la publicación de este editorial, se puede declarar con certeza que existe un conflicto político acérrimo en las filas de la élite del poder.

Al exigir que se enjuicie a los torturadores y a sus jefes en el gobierno de Bush, el Times abre la más grande de las cajas de Pandora. Si se iniciara un proceso, el gobierno de Obama no sobreviviría intacto. Se es un crimen torturar prisioneros, mucho peor es asesinar a miles con mísiles drones.

Ni el Times ni el sector de la élite de poder por la que habla quieren que esta crisis se salga de sus manos. Temen, sobretodo, que haya alguna reacción genuina a esta crisis política, de las masas populares.

No existe otra manera de sacar del fuego las castañas y defender los derechos democráticos. Para la burguesía este conflicto es sobre tácticas, cosa que no tendrá solución si todo se queda dentro de este grupo de poder. El resultado sería todavía más serios repudios a las normas de la democracia y la subordinación total de los derechos democráticos a la máquina policial, de espionaje y militar. El resultado consecuente sería una dictadura militar y policial.

No es la misión de la clase obrera aliarse a uno u otra fracción de la oligarquía. Le cabe una intervención independiente que reconozca que el repudio a los derechos democráticos surge de la corrupción y crisis de las estructuras capitalistas mundiales. No puede sostener la democracia un sistema económico que depende de creciente desigualdad económica, en que la sociedad está partida entre una pequeñísima minoría de megarricos y una gran masa que lucha por sobrevivir.

La clase obrera tiene que exigir que caigan y queden sancionados todos los culpables de las atrocidades que describe el informe del Senado, junto con todos los culpables de los crímenes del imperialismo estadounidense (que van en aumento) desde que se cerraron los sitios ocultos de la CIA. Ese proceso tendría que ir más allá del gobierno de Bush y Cheney. Incluiría al la gerencia de la máquina militar y de espionaje, como a John Brennan, actual director de la CIA (también involucrado en el proyecto de tortura del gobierno de Bush), la red de espías de la agencia de seguridad estadounidense (NSA), y los criminales de guerra en el Pentágono y la Casa Blanca.