No hay tiranía más cruel que esa que es perpetuada bajo el escudo de la ley y en el nombre de la justicia.

Charles de Montesquieu

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En el periodo reciente los ojos del mundo vieron como manifestantes pacíficos, protestando contra el asesinato de un joven desarmado en Ferguson, Missouri eran asaltados y arrestados por policía armada con armas de ejército. El gobernador del estado, del Partido Demócrata y aliado al gobierno de Obama, ha declarado dos veces estados de emergencia y en ambas ocasiones desplegó la Guardia Nacional para imponer estados de sitio.

Esta severa medida policial y militar sigue la imposición de ley marcial de facto el año pasado como reacción a atentados terroristas contra la Maratón de Boston. En esa intervención, la policía antidisturbios y soldados estatales respaldados por tanquetas y helicópteros ocuparon la región de Boston e impusieron un toque de queda sobre comunidades enteras mientras llevaban a cabo búsquedas de casa a casa sin ninguna autorización judicial.

El libro Rise of the Warrior Cop: The Militarization of America’s Police Forces (El ascenso del policía guerrero: la Militarización de los Cuerpos de Policía en Estados Unidos; 2013) por el periodista Radley Balko. se centra en las medidas que resultaron de la supuesta “guerra contra las drogas” y otras medidas de “estricta aplicación de la ley” durante los últimos 50 años. Caracterizando el aumento masivo de los poderes policiales del estado, Balko escribe:

“Hoy en Estados Unidos, los equipos SWAT [Special Weapons And Tactics; Armas y Tácticas Especiales] allanan violentamente a casas privadas más de cien veces por día. La vasta mayoría de esas redadas tienen el fin de aplicar leyes contra crímenes consensuales. En muchas ciudades, las policías ha dejado de usar sus uniformes tradicionales cambiándolos por ‘ropa de fajina’ diseñados en el estilo de los soldados. Ahora, los departamentos de policía por todo el país utilizan vehículos tanquetas diseñadas para el campo de batalla. Algunos tienen helicópteros, tanques y camionetas militares tipo Humvee. Llevan armamentos de clase militar. La mayor parte de ese equipo viene del ejército mismo. Muchos equipos SWAT hoy día son entrenados por oficiales (actuales o jubilados) de unidades de fuerzas especiales como los Navy Seals o Army Rangers”.

Si bien argumenta que Estados Unidos todavía no es totalmente una sociedad totalitaria, Balko reconoce que “presenciamos un estado policial en minúscula”, y declara que los cuerpos de policía en Estados Unidos actualmente no son “congruentes con los principios de una sociedad libre”.

El libro empieza haciendo la pregunta: “¿Son constitucionales los policías?”

La generación fundadora de los Estados Unidos le tenía aversión a fuerzas centralizadas para mantener el orden, explica Balko. Esto se debía parcialmente a las relaciones de las colonias americanas con las fuerzas de ocupación británicas. La Tercera Enmienda (de la lista de derechos de la constitución estadounidense) que prohíbe el alojamiento de soldados en las casas en tiempos de paz, fue una reacción explícita contra los abusos británicos sobre las colonias americanas rebeldes.

El más grande entre todos los ultrajes de la corona británica fue imponer sobre la población órdenes judiciales generales y mandatos de ayuda. Los segundos eran dirigidos a contener el contrabando de productos gravables y dieron a los oficiales de aduana británicos el poder de entrar las casas libremente en búsqueda de contrabando. Los primeros autorizaban el arresto masivo de supuestos rebeldes.

(Existe un paralelo entre los mandatos británicos y la Ley de Esclavos Fugitivos de 1850, que daba a los dueños de esclavos poderes de exigir ayuda en capturar y detener a negros que se habían escapado al Norte. Estas medidas echaron leña al fuego de la Guerra Civil (la Segunda Revolución Americana) como lo habían hecho los mandatos en la revolución de independencia.

A pesar de su carácter antidemocrático y de su papel en provocar una revolución, las órdenes judiciales generales y mandatos de ese entonces nos parecerían leves comparados a los estándares de hoy día. Balko señala que en contraste con las fuerzas británicas de ese día, los cuerpos de policía actuales allanan casas a todas horas de la noche sin siquiera tocar la puerta.

La “Doctrina Castillo”, un principio de origen británico y consagrado en la Constitución de Estados Unidos, sostiene que un individuo posee ciertos derechos contra las intrusiones de las autoridades en su casa. Los coloniales en América frecuentemente respondían a las prácticas inglesas en su contra invocando esa doctrina.

Históricamente, según Balko, la sociedad estadounidense ha tenido dos formas de actuación militar policial: “la militarización directa”, es decir, el uso del ejército para vigilar las comunidades, y “la militarización indirecta…cuando las agencias y oficiales policiales asumen más y más las características de un ejercito”. Este proceso, afirma Balko, plantea el peligro mayor a las libertades civiles.

Aunque Balko, quien no es enemigo del capitalismo, no lo plantee de ese modo existe una conexión clara entre el aumento del militarismo (y la centralización de los cuerpos de policía) y el desarrollo del capitalismo y la lucha de clases. La transformación de la actividad policial a formas militarizadas de actuación ha coincidido con períodos de disturbios civiles, luchas laborales y enormes movimientos de las masas.

El libro cita un folleto escrito por el General George S. Patton en los años 1930, en medio de luchas explosivas de la clase obrera, titulado “Las tropas federales en disturbios domésticos”. Ese documento esboza los planes para la imposición de la ley marcial en las calles estadounidenses. En este documento, Patton declara que el principio de habeas corpus —el derecho de disputar detenciones ante un tribunal —es “es una barrera contra lo que queremos hacer”.

El documento da instrucciones a las tropas que “marquen una raya ‘DE MUERTE’ y anuncien claramente que los que crucen la raya serán muertos”. Continúa: “Asegúrense de que maten el primero quien intente cruzarla y DÉJENLO ALLÍ… Si tiene que disparar, HAGAN UN BUEN TRABAJO. Unas pocas bajas se convierten a mártires; un número grande se convierte en una lección magistral”.

(Patton hablaba de su propia experiencia. En 1932, él y el General Douglas MacArthur ordenaron a las tropas que dispararan a miles de veteranos de la Primera Guerra Mundial que demandaban el pago de sus bonos de jubilación militar [the Bonus March]).

La mayor parte del libro trata de los años 1960 y las décadas posteriores. En tiempos de rechazo a la Guerra de Vietnam, la erupción de disturbios masivos en los barrios humildes contra la pobreza y discriminación racial, y luchas militantes obreras en torno sueldos y condiciones laborales, la clase dirigente estadounidense buscó formas más severas de represión.

Como resultado de los Motines de Watts en 1965, oficiales de la Jefatura de Policía de Los Ángeles (LAPD) propusieron la creación de una unidad de combate que llegaría ser un pilar fundamental y permanente de actuación policial a lo largo del país: los equipos SWAT. En busca de justificar tal fuerza comparando las condiciones enfrentadas por el LAPD con las de los soldados batallando en Vietnam Darryl Gates, el fundador de SWAT (y Jefe de Policía de Los Ángeles), había declarado: “El pueblo es la policía, y la policía es el pueblo… a veces, asalto no es una mala palabra” [énfasis en la original].

Los equipos SWAT llegarían a ser omnipresentes, empleados no solamente en situaciones de peligro, sino también para ofensas menores y prosaicas.

Los proponentes de la estricta aplicación de la ley afirman a menudo que el supuesto peligro que encara la policía justifica el incremento de gasto en armamentos. Balko contradice ese argumento citando estadísticas que muestran que los crímenes violentos han descendido desde hace décadas y que es mucho más probable la muerte de un civil a manos de un policía que lo contrario.

En reacción a los disturbios de los años 1960, la clase dirigente procuró enemistar a los pobres del resto de la clase obrera y de las más acomodadas clases medias. El Presidente Lyndon B. Johnson (Partido Demócrata) creó el Bufete de Narcóticos y Drogas Peligrosas, precursor federal de la Administración de Leyes de Drogas (DEA). También estableció la Administración de Asistencia de Aplicación de la Ley (LEAA), la primera agencia federal encargada de otorgar fondos y equipo a los departamentos municipales de policía.

Bajo el Presidente Nixon, evoluciona el lenguaje del estado policial.

El primer mandato de Nixon presentó un montón de represivos proyectos de ley. Un proyecto de ley (en ese entonces “experimental”) abarcando el la ciudad de Washington D.C., introdujo las redadas policiales “no-knock” (sin tocar la puerta para anunciar su presencia) y las detenciones preventivas como medidas de mantener el orden público. Para 1969, 25 estados ya tenían leyes que permitían los no-knock. Para conducir su campaña antidroga a nivel federal, Nixon creó la Oficina de Abuso de Drogas y Aplicación de la Ley (Office of Drug Abuse and Law Enforcement, ODALE), que llevó a cabo un número de redadas (con mucha publicidad) contra los hogares de traficantes de marihuana y LSD.

Las redadas “no-knock” reciben particular escrutinio en el libro. En Ker v. California (1963), la Corte Suprema aprueba la entrada de policía en una casa si se pensara que el sospechoso podría destruir evidencias incriminatorias antes de su intervención. En contra de la mayoría, el Juez William J. Brennan escribió que el fallo haría “violencia obvia a la presunción de inocencia” y a la Cuarta Enmienda, que exige autorización judicial y prohíbe arbitrarias búsquedas y confiscaciones.

Esta y subsiguientes decisiones han destripado las protecciones contra las búsquedas y confiscaciones indebidas. Escribiendo sobre el papel de los tribunales y de la Corte Suprema, Balko dice que en vez de proteger la Cuarta Enmienda, los jueces “parecen conspirar contra ella”. El libro está repleto de relatos sobre las consecuencias brutales y frecuentemente trágicas de las redadas policiales en hogares (y de la indiferencia aparente de los oficiales policiales).

Bill Clinton instituyó la primera doctrina de redada policial, que específicamente apunta a los pobres, con su Ley de la Reforma de Asistencia Social (Welfare Reform Act) de 1996. La política de “one strike and you're out” (“un delito y eres excluido”) permitió la expulsión de inquilinos de viviendas públicas pillados con sustancias ilegales. Clinton también pasó un número de leyes facilitando la provisión de equipo militar a los departamentos de policía. El mejor conocido ha sido el Programa 1033 del Departamento de Defensa.

En la estela de las explosiones terroristas del once de septiembre del 2001 en Nueva York, la guerra contra las drogas se integró a la “guerra al terror”. Desde entonces el dinero federal ha fluido agencias policiales en cantidades nunca antes vistas. la creación de “destacamentos especiales conjuntos” asociando la policía municipal con las agencias de inteligencia federales y militares. Estas asociaciones, además de no tener que rendir cuentas a ningunos oficiales municipales o estatales, borra la ya difusa la línea entre las agencias policiales y las fuerzas armadas.

El gobierno de Obama está particularmente atado a ese proceso. El vicepresidente Joe Biden tiene una carrera documentada de apoyar la legislación represiva de “estricta aplicación de la ley”. La ley de estímulo económico de Obama en 2009 fue cargada de dádivas para más militarizar a la policía. El gobierno revivió muchos programas de provisión de equipo militar y fuerzas a las agencias policiales.

En 2011, la Oficina de Aplicación de la Ley, encargada del programa de obsequio de armas y equipos del Ministerio de Defensa, repartió sumas récord a departamentos municipales de policía. Un año después, en 2012, el Programa 1033 fue suspendido temporalmente debido a un número de artículos que habían desaparecido después de su venta. Entre éstos hubo armas de fuego y otro equipos destinados a “agencias no policiales”.

Aunque provee evidencia condenatoria del costo humano de la militarización policial y del socavar de las normas democráticas, el análisis de Balko se queda corto con respeto a un número de puntos críticos. Él escribe en la introducción del libro que “éste no es un libro antipolicía … la verdad es que necesitamos policías. Los malos agentes de policía son el producto de la política mala. Y la política mala está, en el fondo, hecha por los políticos. Un sistema malo cargado con incentivos malos inevitablemente producirá policías malos”.

Las severas limitaciones de tal enfoque son evidentes en el capítulo final del libro (titulado “Reform”), en lo cual Balko prescribe paliativos menores para reducir la brutalidad policial junto con medidas que son simplemente utópicas. Balko es incapaz de conectar el ascenso de los elementos militaristas dentro en los departamentos policiales del país con la descomposición general del sistema capitalista.

La guerra a las drogas y la guerra al terror (a la que ahora está mancornada), son expresiones de un proceso con raíces profundas dentro del orden social mismo. La actualización de la policial militarizada ocurre con el uso de fuerzas militares en el extranjero en el contexto de niveles sin precedentes de la desigualdad social dentro del país, cosa que deriva de medio siglo de deterioro en la posición global del capitalismo estadounidense.

Esa transformación de la creciente militarización de la policía en Estados Unidos adquiere características barbáricas bajo el gobierno del Presidente Obama, como complemento a su estrategia de austeridad, guerra sin fin, espionaje, tortura y asesinato

Aún sin usar la frase, “transformación de la fuerza policial en Estados Unidos en una ala del aparato militar”, el libro de Balko logra proveer mucha información valiosa sobre. A pesar de las conclusiones conservadoras del autor, Rise of the Warrior Cop es una contribución importante hacia el entendimiento de la militarización policial en Estados Unidos y su papel en la contrarrevolución social que la clase dirigente hoy lleva a cabo.