El domingo once de enero, el presidente de España Mariano Rajoy estuvo en París acompañando a otros presidentes en la marcha oficial por la “libertad de expresión” que siguió al ataque terrorista contra la revista Charlie Hebdo.

Que se haya presentado es el colmo de la hipocresía. Cuando era ministro de Interior durante el Gobierno del presidente José María Aznar (1996-2004), Rajoy cerró dos diarios vascos. Ahora dirige el Gobierno de derecha del Partido Popular (PP) que se vale de cada ventana de oportunidad para recortar los derechos democráticos.

El PP ha utilizado el ataque contra Charlie Hebdo para introducir nuevas enmiendas a dos leyes que se están discutiendo actualmente: La Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Codigo Penal (CP). Rajoy ha convocado una reunión cumbre con el principal partido de la oposición, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), para pactar un acuerdo sobre estos cambios.

La enmienda al artículo 573 del CP dice: “Será castigado con una pena de prisión de uno a ocho años quien consulte habitualmente uno o varios servicios de comunicación accesibles al público en línea o adquiera o tenga en su poder documentos que estén dirigidos o, por su contenido, resulten idóneos para incitar a otros o reforzar la decisión adoptada de incorporarse a una organización o grupo terrorista, a un grupo que conspirase para cometer alguno de los delitos del artículo 571 (los de terrorismo) o que hubiera iniciado preparativos para ello, o de colaborar con cualquiera de ellos o con sus fines”.

En otras palabras todo aquel que acceda a páginas web consideradas que apoyan al terrorismo, pueden acabar en la cárcel.

Este es sólo uno de los cambios propuestos en la reforma del CP. Otro cambio (preparado antes del ataque contra Charlie Hebdo ) permitirá el espionaje masivo. La policía y los servicios de seguridad podrán intervenir teléfonos móviles e interceptar comunicaciones electrónicas sin ninguna autorización judicial, asumir identidades falsas en el internet, instalar equipos electrónicos de espionaje, recolectar ADN de personas detenidas sin el consentimiento de estos o de los tribunales, e instalar software para extraer información de ordenadores personales. No hay límites que impidan el uso de estas medidas.

El Gobierno está actualmente aprobando la Ley de Seguridad Ciudadana (comúnmente denominada “Ley Mordaza”). Esta ley es el ataque más serio contra los derechos democráticos desde la dictadura del General Francisco Franco (1939-1977) [haga clic en:“Spain passes police state measures”, en inglés]

El ochenta y dos por ciento de los españoles rechazan esta ley, que tiene la intención de impedir y suprimir manifestaciones que no sean controladas por partidos políticos reconocidos o por la burocracia sindical.

El Gobierno ahora se aprovecha del ataque en París para añadir otro artículo a esta ley. Una cláusula habilitaría al Ministerio del Interior a crear una ficha de los pasajeros de avión. España está discutiendo con otros Estados europeos la implementación de medidas de restricción de volar para ciertos pasajeros (como las que ya se usan en Estados Unidos, Canadá, y Australia).

España preparaba esta medida en diciembre del 2013, pero chocó con el rechazo del Comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, que ha considerado que leyes como esta violaban los derechos civiles de los pasajeros.

Otros países europeos están creando listas con más que los datos de pasaporte (también se incluiría la fecha de la reserva, el día del viaje, el recorrido, la dirección, el número de teléfono del pasajero, la forma de pago [tarjeta de crédito o al contado], la frecuencia que viaja el pasajero, si viaja acompañado y si va con maletas, el nombre de la agencia que vendió el billete, la información de los pasajeros que van en el vuelo, la cancelación de viaje, y el número de asientos en el avión. La policía tendrá acceso a toda esta información.

El día en que Rajoy marchaba en París, supuestamente para defender la libertad de expresión, el Juez Javier Gómez, de la Audiencia Nacional, permitía que se procediera a una acusación contra Facu Díaz, un satírico español, por parte de una asociación de víctimas del terrorismo llamada Dignidad y Justicia (vinculada al ala dura del PP).

En un segmento cómico de tres minutos y medio en un programa de televisión, Díaz aparece enmascarado y disfrazado de miembro del grupo separatista vasco ETA, delante del símbolo del PP. Anunció que el PP se disolvería a causa de los cientos de casos de corrupción ligados a este partido.

El gobierno cuenta con la ayuda de los medios de comunicación, que han asistido en fomentar un clima islamófobo, con el objetivo de implementar las medidas antidemocráticas.

El día después del ataque a Hebdo, y de la sucesiva muerte en el asedio de los atacantes Said y Cherif Kouachi, el diario derechista ABC ponía en su portada: “Francia venga a sus muertos”.

El diario El País, que apoya al PSOE, también ha estado enredado en esta campaña racista. El historiador Antonio Elorza declara en artículo “Yihadismo y claridad” para el mismo periódico que “el imperialismo, las humillaciones, etcétera” no tienen que ver con el ataque de París. Dice Elorza: “Frente a tales huidas, debe reconocerse que el terrorismo yihadista responde a una ideología asentada en los textos sagrados del Islam”.

Otro comentario en el mismo diario, del Escritor Valentí Puig, titulado “La Cataluña Profunda de los imanes”, culpa a los musulmanes que traen a sus familias a España por “la sobrecarga” de servicios de salud, educación y en “un exceso de improvisación en las viviendas protegidas y las becas de comedor” (almuerzo) escolar.

Continua Puig: “Es posible que la Generalitat [gobierno catalán] se ocupe más de catalanizar a los inmigrantes musulmanes que de contribuir a paliar un dilema que Cataluña comparte con el conjunto de España y de casi toda Europa.… Es algo que va mucho más allá de una cuestión de pobreza o de resentimiento social porque en realidad tiene los ecos siempre indeseados de una declaración de guerra del Islam contra Occidente”

Luis Prados, vicedirector de El País, se queja de que no hubo enormes manifestaciones solidarizándose con el ataque en Francia, aunque España, país donde el año pasado hubo “centenares” de españoles que se manifestaron en contra de sacrificar al perro de una enfermera infectada con el virus de Ébola, también ha sido objeto de ataques terroristas. Termina diciendo: “Llama dramáticamente la atención, por último, que parezca que los españoles valoremos tan poco la libertad”.

En contra de lo que dice Prados, los trabajadores y la juventud han demostrado una y otra vez que están dispuestos a rechazar todos los ataques contra los derechos democráticos, como en las enormes protestas contra Ley de Seguridad Ciudadana.

Bien se acuerdan los trabajadores españoles como el PP bajo el presidente José María Aznar intentó aprovechar los ataques de Al Qaeda en Madrid el 11 de marzo del 2004 para acusar a ETA con el objeto de desviar la atención pública de los que muchos consideraban que esos ataques fueron directa consecuencia de la decisión de Aznar de apoyar la guerra de Estados Unidos contra Irak en el 2003, a pesar de que el noventa por ciento de la población se oponía.

Según una encuesta del Instituto Elcano, un laboratorio de ideas ligado a la política exterior española, sólo el cuarenta y cinco por ciento apoya la participación de España en la guerra contra el Estado Islámico en Oriente Medio. Felix Arteaga, principal analista de ese instituto, se ve obligado a admitir que es “un porcentaje muy alto si se tiene en cuenta la idiosincrasia de la cultura estratégica en España”, es decir, el generalizado sentimiento antimilitarista.

El apoyo a la islamofobía por parte de los medios de comunicación, especialmente por El País, que durante las décadas posteriores a la transición de la dictadura de Franco se pintaba de periódico progresista, es una señal de la profunda crisis del gobierno capitalista y del movimiento hacia la derecha de la política europea y española.

Los grupos de poder político en España, habiendo fracasado en impulsar sentimientos xenófobos entre las masas y en convertir a los inmigrantes en chivos expiatorios de la crisis capitalista, lo vuelve a intentar. Con una desocupación del 24 por ciento (del 53 por ciento entre los jóvenes) y con niveles de pobreza que afectan a una cuarta parte de los españoles, se aferra a los ataques de París para actualizar medidas de Estado policial y para imponer más austeridad sobre la clase trabajadora.