Han pasado cuatro meses desde que la policía de Iguala, en el empobrecido Estado de Guerrero agredió a balazos a un grupo de estudiantes de una escuela normal rural, matando a seis e hiriendo a diecisiete. Otros cuarenta y tres estudiantes desaparecieron después de caer en manos de las autoridades. Ahora el gobierno mexicano del presidente Enrique Peña Nieto pretende declarar que el crimen se ha resuelto y propone cerrar el caso. La acción nace de transparentes motivos políticos.

El presidente Peña Nieto y Jesús Murillo Karam, su procurador general, hablaron por separado el 27 de enero, el día después que una enorme manifestación nuevamente colmó la plaza central de la Ciudad de México, el Zócalo en observación de los cuatro meses desde la desaparición y acusando al gobierno mexicano del crimen.

La atrocidad de septiembre conmocionó a toda la nación y reveló la profunda quebrada que separa a la las gran mayoría del pueblo de los grupos políticos y las élites financieras e industriales gobernantes. Están enredados en este crimen histórico todos los partidos de la burguesía mexicana: El Partido Revolucionario Institucional (PRI), el derechista Partido Acción Nacional (PAN), el seudoizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Movimiento de Renovación Nacional (MORENA).

Le tocó a Murillo Karam describir por televisión la supuesta “verdad histórica de los hechos” (léase: “La historia oficial”) de Guerrero. Según esa explicación, los estudiantes llegaron a Iguala para solicitar dinero y apoderarse de autobuses con que ir, con sus compañeros de la Escuela Normal de Ayotzinapa, a una manifestación en Ciudad México.

La policía de Iguala, bajo órdenes del su alcalde (del PRD), atacó a los normalistas, matando a tres y a tres otros que no eran estudiantes. Cuarenta y tres fueron raptados y entregados a la policía del vecino pueblo de Cocula, que los traspasó a Guerreros Unidos, una pandilla de tráfico de drogas. Los normalistas fueron hacinados, unos encima de otros, y llevados en camiones a un basurero. Se dice que muchos de ellos murieron asfixiados. Los que todavía estaban vivos fueron arrastrados de sus vehículos y ejecutados a tiros. Luego, los muertos fueron apilados e incinerados. Los carbonizados restos, en bolsas, fueron echados en río cercano.

La historia oficial es que todo había sido un error, que los verdugos habían confundido a los estudiantes con miembros de una pandilla enemiga.

Furiosos, los padres de los desaparecidos rechazaron versión de opereta del procurador general. Lo acusaron de detener la investigación antes, por motivo, de las elecciones parlamentarias de junio.

Las familias y sus abogados sostienen que el caso se está cerrando sin que se haya descubierto evidencia científica de la muerte de los normalistas, cuando figuras claves en la desaparición aun no han sido detenidos. Además, acusan al gobierno de encubrir deliberadamente el papel de tropas del ejército en Iguala, de la policía federal y de otros oficiales, que parecen haber estado envueltos en el crimen.

La cólera de las familias y de los que las apoyan aumentó más con las palabras de Peña Nieto, que en efecto le dijo a los mexicanos que dejaran ese acontecimiento en el pasado y permitieran que el gobierno marchara hacia delante con sus proyectos.

En una reunión donde estaba presente el embajador de Estados Unidos, el presidente dijo que “tiene que haber castigo para los responsables, pero tenemos que asumirnos en el derrotero de seguir caminando para asegurar que México tenga un mejor porvenir”. Añadió después que “lo importante no es quedarnos parados, paralizados y estancados”.

El mensaje claro es que las manifestaciones han de ser suprimidas para no estorbar el “Pacto por México”, esa sarta de “reformas” del gobierno para privatizar la industria del petróleo y medidas similares en la educación, las telecomunicaciones y las finanzas. Uno de los propósitos de la reforma educativa es eliminar las escuelas normales rurales, que fueron una conquista de le Revolución Mexicana (1910-1917). Lo que en verdad impulsó el crimen contra los estudiantes fue esa estrategia de subordinar la educación al sistema de lucro capitalista.

El socio estratégico principal, por ende con sangre en sus manos, es el imperialismo de Estados Unidos. Durante una visita la Casa Blanca a principios de enero, el presidente Obama alabó a Peña Nieto por ser un “reformador”; oficiales estadounidense lo aplauden por la privatización del petróleo, la integración económica de México con Estados Unidos y la destrucción de derechos laborales para restaurar la “competitividad”.

Lejos de ser algo extraordinario, la carnicería en Guerrero fue parte esencial de ese transformación (ligada a los intereses y ambiciones del imperialismo de Estados Unidos). Esa realidad fue confirmada en un reciente documento de una “grupo de tareas independiente” del Consejo de Relaciones Extranjeras estadounidense (US Council on Foreign Relations) llamado (“América del Norte: Es hora de una nueva perspectiva”). David Petraus y Robert Zoellick encabezaron el grupo de tarea. En otra época, el primero dirigió la agencia de espionaje estadounidense (CIA); el segundo fue presidente del Banco Mundial.

Dice el informe: “Es hora que los asesores estadounidenses pongan a Norteamérica en el centro de una estrategia que reconozca que América del Norte debería ser la base continental de la política externa estadounidense”. Augura que una America del Norte unida tendrá “la posibilidad de transformar la política mundial a lo largo de generaciones venideras”. También dice que es esencial que se desarrolle el ambicioso proyecto de reformas en México”, especialmente las “reformas históricas” en el ámbito energético.

El informe delinea al consolidación de una fortaleza norteamericana (Fortress North America) que sería fundamental en la estrategia estadounidense de someter tanto la economía mundial como a todos los puntos del globo terráqueo a sus intereses.

Esa estrategia, que Estados Unidos pone en práctica todos los días con cada vez más desenfrenadas aventuras militares y provocaciones imperialistas, desde el Medio Oriente a Ucrania a el Mar de la China, está mancornada a la contrarrevolución social y la agresiones contra los derechos democráticos de la clase obrera dentro de Estados Unidos.

Esa táctica de manear a México al carro de guerra estadounidense actualmente es lo que expresan, horriblemente, la masacre y las desapariciones de Guerrero. Esa misma política sangrienta se proyecta para la clase obrera al norte del Río Grande.

La clase obrera debe responder con su propia solución a la consolidación de la fortaleza norteamericana: La unificación de las clases obreras (mexicana, estadounidense y canadiense) para una lucha unida contra el capitalismo, cosa que exige la construcción y expansión de una dirección revolucionaria, encarnada hoy en el Comité Internacional de la Cuarta Internacional.