El domingo 28 de junio, Alejandro Garcia Padilla, gobernador de Puerto Rico (Partido Popular) anunció que esta posesión estadounidense va a tener que reestructurar su deuda de setenta y dos mil millones de dólares. Puerto Rico, isla del Mar Caribe, ha estado empantanada en una gran crisis económica desde el 2006, con altas tasas de desempleo y de emigración, aguantando graves medidas de austeridad.

Entre el 2004 y el 2014, el fisco puertorriqueño tuvo un déficit promedio de mil millones y medio de dólares. Su deuda total equivale hoy día al cien por ciento del Producto Bruto Interno (PBI). Para el gobierno la carga anual de esa deuda es cuatro mil millones y medio de dólares, el dieciséis por ciento del presupuesto del 2014 y 2015.

Compensando por la inflación, el PBI puertorriqueño es sólo el ochenta y siete por ciento de lo que era hace diez años. Los precios de viviendas han declinado el veintisiete por ciento desde el 2007. La isla tiene muchísima desocupación, su participación laboral es de sólo el 40 por ciento (la estadounidense es del sesenta y tres por ciento). La tasa oficial de desocupación es del doce por ciento.

Gobiernos puertorriqueños (del Partido Popular y del Nuevo Partido Progresista) han intentado balancear su presupuesto con medidas de ajuste. El más reciente presupuesto, de este mayo, proponía recortes de 674 millones de dólares para las escuelas públicas, el sistema universitario, y una sarta de servicios de salud y sociales.

Acompañan los recortes menos dinero del gobierno estadounidense, lo que agrava aun más la situación. Relacionado al Acta de Salud Asequible (Affordable Care Act) los 250 mil usuarios del sistema de Previsión Médica (Medicaid Advantage) contarán con once por ciento menos, unos trescientos millones de dólares. Aunque los habitantes de la isla son ciudadanos estadounidenses que pagan impuestos federales, por ley sólo reciben en concepto de Medicaid el setenta por ciento de lo que reciben los ciudadanos en los Estados Unidos.

El impacto social de todas esas medidas está causando un éxodo de la isla. Unos 144 mil se mudaron a Estados Unidos en el 2014. En conjunto, la población ha declinado de 3.8 a 3.5 millones.

En 1952, Puerto Rico aprobó su actual constitución definiendo el estatus de la isla: Estado Libre Asociado de Estados Unidos. No obstante, la isla sigue siendo una colonia de Estados Unidos bajo el control de las casas de finanzas estadounidenses.

Los obreros de Puerto Rico y de Estados Unidos están en la misma lucha contra la oligarquía financiera, hasta con los mismos bancos. Al igual que muchos estados y ciudades dentro de Estados Unidos que encaran mayores deudas como resultado de la crisis del 2008 y los recortes del presupuesto federal, Puerto Rico le debe muchísimo al mercado de bonos y a inversionistas adinerados.

Dos ciudades grandes de Estados Unidos, Detroit y Stockton, California, acaban de utilizar los tribunales de bancarrota para atacar las pensiones y beneficios de salud de sus jubilados, en contravención de sus constituciones estatales, y han vendido bienes públicos para cumplir con las exigencias de los bancos.

Ese significativo que el gobernador Padilla haya contratado como asesor a Stephen Rhodes. Rhodes fue el juez que manejó el proceso de bancarrota de Detroit. En ese entonces (noviembre del 2014) el World Socialist Web señalo: “Con este proceso de bancarrota se establece un precedente (nacional e internacional) para incrementar la actual contrarrevolución social que tiene por objeto destruir todas las conquistas obreras (entre ellas el derecho a una jubilación después de una vida de labor)”.

A pesar que Puerto Rico no puede declararse en bancarrota, de acuerdo a la ley estadounidense, seguramente Rhodes tiene toda la intención de servir nuevamente de testaferro para los bancos.

En un pregón propagandístico de “sacrificio compartido” de parte de los bancos, Padilla pide que los acreedores por su cuenta reduzcan sus exigencias de pago. Padilla les dijo que les convenía perdonar parte de la deuda. “Si ellos rechazan negociar”, le dijo al diario neoyorquino New York Times, “nuestra economía empeoraría y tendríamos menos con que pagarles; se estarían dañando a sí mismos”.

Esas afirmaciones son de dientes para afuera, para el consumo popular. Padilla prepara mayores medidas de austeridad. Un estudio de ex empleados del Fondo Monetario Internacional, bajo encargo del Banco de Desarrollo de Puerto Rico, recomienda medidas antidemocráticas similares a las que se impusieron en Detroit durante su proceso de quiebra, y también bárbaros ataques a los niveles de vida del proletariado.

El informe recomienda la creación de una junta fiscal compuesta por expertos que examinarían todo el presupuesto, antes que sea enviado a la legislatura. También recomienda despedir maestros de las escuelas públicas para ahorrar 400 millones de dólares y aumentar cuotas universitarias para obtener otros 500 millones.

El Fondo Monetario también recomienda suspender el sueldo mínimo de 7.25 dólares por hora, eliminar días feriados para los obreros, de treinta a quince, y relajar las leyes laborales para facilitar el despido de trabajadores. También recomiendo recortar beneficios federales para los puertorriqueños porque la existencia de esos “hace que trabajar no sea tan atractivo para aquellos cuya productividad es poco más que el sueldo mínimo”.

Estas recomendaciones, y el emplear a Rhodes, tienen que hacer sonar la alarma de los obreros puertorriqueños. El gobierno busca extraer concesiones de los trabajadores en beneficio de los acreedores y de inversionistas en potencia para hacer de Puerto Rico una zona de trabajo ínfimamente pagado.