Cientos de miles de haitianos se enfrentan a la deportación en la República Dominicana

por John Marion
29 julio 2015

Con el fin, el miércoles 17 de junio, de un plazo en la República Dominicana para que los haitianos y aquellos de descendencia haitiana soliciten regularizar su estado de inmigración, cientos de miles se han quedado ahora en efecto desnacionalizados.

Por el 2012, aproximadamente 458,000 haitianos y gente de descendencia haitiana vivían en la República Dominicana, y sólo 10 por ciento tenía estado de inmigración "regular". El número total de inmigrantes ciertamente ha crecido desde entonces.

Incluso un certificado de nacimiento no garantiza una vida normal. Juliana Deguis Pierre, por ejemplo, nació en la República Dominicana pero de padres haitianos quienes luego se mudaron allí después de ser contratados por una compañía de azúcar dominicana que nunca les otorgó papeles de trabajo. Pierre tenía un certificado de nacimiento dominicano y en el 2008 aplicó para el documento de identidad nacional conocida como la cédula. En vez emitir el documento de identidad, el gobierno dominicano invalidó su certificado de nacimiento y revocó su ciudadanía.

De manera oficial, el gobierno dominicano concedía ciudadanía sobre la base del jus soli (derecho de tierra, o la concesión de ciudadanía a cualquiera nacido en el territorio), hasta que un cambio en el 2010 a su constitución negó la ciudadanía a los niños nacidos de padres indocumentados.

Pierre, quién tiene un propio hijo, se unió a varios otros en una demanda contra el gobierno dominicano. En setiembre del 2013, el Tribunal Constitucional emitió una brutal decisión motivada políticamente en la que negaba la ciudadanía a cualquiera que haya nacido en el país desde 1929, si es que haya estado en "tránsito". El tribunal expandió la definición de "en tránsito" – que aplica normalmente a visitantes de período corto y diplomáticos – para que incluya a trabajadores indocumentados a largo plazo. Entre 210,000 y 250,000 personas de descendencia haitiana se encuentra afectada, la mayoría de las cuales habla español y nunca ha puesto pie en Haití.

Pierre recientemente describió su experiencia a Harper's: legalmente ella ya no puede "trabajar, casarse, abrir una cuenta bancaria, obtener una licencia de conducir o registrarse para la universidad".

El fallo del Tribunal Constitucional -número TC/0168/13- desató una protesta internacional, que llevó incluso a figuras conservadoras como el escritor peruano Mario Vargas Llosa a comparar al gobierno dominicano con los Nazis. En respuesta, el gobierno en Santo Domingo prometió un programa de naturalización, el Plan Nacional para la Regularización de Extranjeros (PNRE).

Este programa – que ocasionó largas colas de personas esperando hasta el plazo del miércoles 17 de junio a las 5 de la tarde, debido a la arrogancia e incompetencia del gobierno– presenta obstáculos casi imposibles para aquellos que quisieran solicitar. Entre los materiales requeridos se encuentran un "certificado de buena vivienda y morales", documentos de impuestos, prueba de una cuenta bancaria que contenga por lo menos 10.000 pesos dominicanos (aproximadamente US$ 260), prueba de un hogar o renta de apartamento y las firmas de por lo menos siete testigos dominicanos del vecindario del aspirante.

Hay también un cargo de aplicación de 10.000 pesos; muchos trabajadores indocumentados ganan menos de la mitad de esa cantidad cada mes.

Del casi medio millón de personas en estado irregular, sólo 275.000 fueron capaces de aplicar por la regularización ante el plazo del miércoles. Ahora tendrán que esperar semanas si no meses para la decisión del gobierno.

Mientras se acercaba la fecha del 17, fotos de noticias mostraban a la gente durmiendo en la acera para tener un lugar en la cola y ser registradas detrás de líneas de guardias de seguridad con temperaturas tan altas como 35° Celsius. Un trabajador de construcción que ha vivido en Santo Domingo por 10 años declaró al sitio web FranceTV: "He estado viniendo durante cinco días y no he podido entrar" al edificio del ministro del interior, en dónde se tomaban las solicitudes.

Le Nouvelliste, un diario de lenguaje francés publicado en Haití, citó a Mariamis Crousef, quién esperase en la cola toda la noche con su bebé de 18 meses: "Desde noviembre, vengo pidiendo papeles de identidad, pero no he podido obtenerlos".

A pesar de los rumores de que el gobierno dominicano estaba preparando buses para deportaciones masivas luego del plazo del miércoles, ninguno apareció en la noche del viernes. En vez de ello, los reportes de prensa del jueves describieron mercados y calles vacías en muchos vecindarios debido a que la gente tenía miedo de salir. Varios cientos emigraron a Haití durante el fin de semana.

El gobierno dominicano ha anunciado de manera oficial una "moratoria" de 45 días a las expulsiones, pero el ministro del interior José Ramón Fadul realizó el ominoso anuncio el jueves de que "será un proceso gradual, como debe ser, sin sorpresas repentinas". Fadul se refirió de manera fría sobre los planes actuales del gobierno, luego de que el General Mayor Rubén Darío Paulino había anunciado antes a la prensa sobre el entrenamiento especial en deportaciones de 2.000 policías y funcionarios militares y 150 inspectores.

La administración Obama ha vociferado leves críticas del TC/0168/13, mientras que al mismo tiempo otorgado asistencia y entrenamiento a la patrulla fronteriza dominicana conocida como CESFRONT. Sabiendo muy bien que esta fuerza estaba deteniendo gente solamente por su apariencia, la embajada estadounidense recientemente le proporciono un campo para que practiquen tiro al blanco.

La burguesía dominicana tiene una larga historia de hacer enfrentar sus propios trabajadores contra aquellos de descendencia haitiana. Muchos de aquellos afectados por el fallo del Tribunal Constitucional son los hijos y nietos de trabajadores traídos desde Haití por los productores de azúcar dominicanos cuando necesitaban de mano de obra barata. La clase gobernante dominicana también usó a trabajadores indocumentados para mantener los salarios bajos en construcción, recolección de frutas y vegetales y limpieza de hogar.

Ahora que el gobierno confronta una tasa de desempleo de alrededor de 15 por ciento y una alta inflación crónica, se encuentra usando a estos trabajadores y a sus hijos para distraer la atención de la crisis social dominicana.

Las condiciones que confrontan los trabajadores haitianos son terribles. Incluso el Banco Mundial, que en diciembre emitió un reporte buscando presentar a la situación de la mejor manera, fue obligado a admitir que 60 por ciento de haitianos viven con US$ 2 o menos por día y de que 2,5 millones viven en "extrema pobreza". Contrastando, sólo 2,2 por ciento de la población dominicana, también ampliamente pobre, vive con menos de $1,25 por día, de acuerdo a las estadísticas de UNICEF.

El gobierno haitiano de Michel Martelly y Evans Paul, que no tiene diferencias de principio con el régimen dominicano, ha emitido un comunicado haciendo un llamado por un "diálogo patriótico" por las "víctimas de la discriminación". Para no ser menos, propone concentrar a estas víctimas en "zonas de esterilización" para protegerlas contra la enfermedad y las acciones de "delincuentes". Una vez protegidos, los trabajadores expulsados serán usados por la élite haitiana para supuestamente "relanzar la producción nacional" y la "creación de riquezas".