El cruce fronterizo más usado entre Venezuela y Colombia sigue cerrado después de una reunión el miércoles 26 de agosto luego de la junta entre los ministros exteriores de los dos países. Poco se logró de importancia en esta conferencia de seis horas entre Delcy Rodriguez, ministra venezolana, y María Ángela Holguín, ministra colombiana. No encontraron solución a la crisis que ha escalado las tensiones entre estas dos naciones latinoamericanas y provocado la miseria entre miles de migrantes y refugiados pobres de Colombia.

El 19 de agosto, el gobierno del presidente Nicolás Maduro cerró la frontera, luego de que pistoleros –que el gobierno venezolano dijo ser paramilitares y que muchos sospechan de ser narcotraficantes— dispararon contra una patrulla de fronteras de Venezuela, hiriendo a tres soldados. Tres días después, Maduro impuso un “estado de excepción” de 60 días, que suspended los derechos democráticos básicos en seis ciudades del estado de Tachira, en la frontera con Colombia.

El decreto, tipo estado policial, fue utilizado por el ejército de Venezuela y por la Guardia Nacional para conducir una ola de redadas de casa en casa. Colombianos acusados de ser indocumentados han sido echados de sus casas y expulsados del país, en muchos casos sólo con la ropa que tienen puesta. Muchos han sido obligados a vadear el Río Tachira, que separa a los dos países, con sus niños pequeños, paquetes y pocos muebles.

Las fuerzas de seguridad marcan con una D los hogares de colombianos que van a ser expulsados y para su demolición y conversión en cascotes.

En muchos casos, familias han sido divididas. También hay informes de hijos de las familias expulsados que han quedado abandonados en Venezuela.

El único pequeño remedio a esas medidas brutales que negociaron los primer ministros de Colombia y Venezuela es un acuerdo que permite que los fuerzas de defensa civil de Colombia ayude con las pertenencias de los deportados.

Existe duda que este acuerdo mínimo sea cumplido. Tanto Venezuela y Colombia retiraron sus embajadores, lo que refleja la aceleración de las tensiones.

En Colombia, los políticos de derecha, especialmente el expresidentes Álvaro Uribe, con sus estrechos vínculos con los escuadrones de la muerte, han tratado de azuzar una atmósfera de guerra en torno a las expulsiones venezolanas. Los políticos colombianos, de la manera más hipócrita, fingen preocuparse por los que están siendo deportados, muchos de ellos buscan refugio de la sangrienta violencia, que los políticos mismos han causado.

Por lo pronto, más de mil colombianos has sido deportados a la fuerza por las fuerzas de seguridad venezolanas. En Colombia, el gobierno derechista del presidente Juan Manuel Santos informa que entre cinco y seis mil se han repatriado de forma voluntaria temiendo más redadas. Los oficiales venezolanos urgen a los inmigrantes a abandonar el país so pena de expulsión forzada.

Amnistía Internacional declaró su “gran preocupación” sobre las violaciones de derechos humanos en el operativo fronterizo. “Según los informes que Amnistía Internacional ha recibido, gente había sido apresada por las fuerzas armadas y expulsadas a Colombia sin ninguna oportunidad de argüir contra su expulsión a Colombia y sin la opción de recoger sus pertenencias”, dice la declaración de Amnistía Internacional. “Existen acusaciones de mal trato a detenidos, de desalojos forzados y de demoliciones de viviendas que habitaban ciudadanos colombianas o se creía que habían vivido, sin ninguna consideración por sus derechos”.

El gobierno de Maduro rechaza tales informes por ser “calumnias”. Jorge Rodríguez miembro importante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), e intendente de la municipalidad de Libertador –suburbio de la capital, Caracas— había convocado una enorme “marcha contra el imperialismo” el 29 de agosto en la capital para apoyar la represión en la frontera del gobierno.

Los pretextos para el cierre de la frontera, las expulsiones en masa y el estado de excepción es combatir a los paramilitares y a los contrabandistas. Sin embargo, ambos asuntos vienen de largo y van más allá del puesto fronterizo de Tachira.

En verdad, es obviamente erroneo suponer que expulsar a miles de inmigrantes pobres colombianos reduciría el monto de mercancías de contrabando en Colombia (incluyendo combustibles y alimentos cuyos precios son subsidiados por el gobierno de Maduro).

Contrabandear es una industria importante, dirigida por una mafia, cuyos líderes son parte de la capa social conocida como la boliburguesía – el sector de la clase de poder que se ha enriquecido mediante sus lazos al gobierno— y las mismas fuerzas de seguridad.

Lanzar campañas represivas contra los colombianos que viven en Venezuela es una vieja táctica, que se remonta a los gobiernos del Partido Social Cristiano [Copei (1979-84) y Acción Democrática (1984-1993), antecesores del gobierno del difunto Hugo Chavez y la venida de la supuesta Revolución Bolivariana en 1999. El propósito de esos episodios de represión siempre ha sido desviar la inquina popular causada por las deterioradas condiciones económicas y sociales.

Esa es la situación que el gobierno de Venezuela encara en la actualidad. La inflación se acelera más en Venezuela que en cualquier otro país del mundo; se cree que ha superado el cien por ciento anual. Las más recientes estadísticas fiscales son de diciembre del 2014 y admiten una inflación del sesenta y nueve por ciento. Confidencialmente, oficiales del gobierno dicen que este año la inflación podría ser del ciento cincuenta por ciento. El aumento de precios, y las escaseces, de productos básicos impulsó rebeliones populares y saqueos en semanas recientes.

El gobierno está considerando imponer el actual estado de excepción en otras regiones. La represión en la frontera es muy probablemente un preludio al aumento de la represión contra la protesta social dentro de Venezuela. El gobierno de Maduro ya ha implementado un “El Operativo de Liberación y Protección del Pueblo” (OLP), una campaña represiva supuestamente para aplastar el crimen y las amenazas paramilitares. Como consecuencia ha habido un aumento significativo en las ejecuciones policiales. El proyecto ha sido condenado por los críticos como una manera de criminalizar la pobreza.

En diciembre ocurrirán elecciones legislativas. Suficiente razón para que el gobierno tema que el creciente enojo popular, por las condiciones económicas y la corrupción endémica del gobierno y del partido en el poder, resulte en un enorme abstencionismo y en la victoria de la coalición de derecha Movimiento de Unidad Democrática (MUD).

Con esta campaña antiinmigrante y anticolombiana, el gobierno parece esperar beneficios políticos de desviar la inquina popular en una dirección reaccionaria y nacionalista.

Es significativo que el gobierno de Estados Unidos le ha dado apoyo táctico a las deportaciones en masa por Venezuela. John Kirby, portavoz del Departamento de Estado yanqui, respondiendo a una pregunta esta semana sobre si a Estados Unidos le importaba la “crisis humanitaria y política” detonada por el gobierno de Maduro, respondió que “los gobiernos tienen el derecho soberano de controlar sus fronteras”. Parecería que Washington reconoce que este proyecto antiinmigrante revela otro movimiento a la derecha del gobierno de Maduro, que Estados Unidos no tienen ninguna intención de obstruir.

Con su salvaje represión contra los migrantes colombianos, el gobierno de Maduro claramente confirma que detrás, y a pesar, de su campaneo populista sobre la Revolución Bolivariana –y su fomento internacional de varias organizaciones de seudoizquierda— está claro que Venezuela está gobernada por un gobierno burgués, enemigo de la clase obrera venezolana y latinoamericana.