El gobierno del Partido dos Trabalhadores (PT) dio a conocer la semana pasada que el Producto Bruto Interno había declinado 1,9 por ciento en el segundo trimestre, lo que oficialmente inaugura un periodo de recesión económica. Aunque el declive había sido pronosticado, resultó ser mucho más fuerte que era anticipado. Esta severa contracción augura mal para la clase obrera de Brasil y para toda América Latina (donde Brasil se ha convertido en una fuente primaria de comercio e inversiones).

El grave declive económico ocurre en el entorno de una creciente crisis política, impulsada por un escándalo que va de mal en peor que deriva de la revelación de megamillonarios sobornos y negociados en Petrobrás, la compañía petrolífera estatal, y empresa industrial más grande de Brasil.

Las crisis política y económica se complementan; el escándalo de Petrobrás contribuye a secar las inversiones que vienen del extranjero y a congelar importantes proyectos de construcción, enredados en el escándalo. Al mismo tiempo la resbalada a la recesión está azuzando la inquina popular contra el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y el PT. Sólo el ocho por ciento de la población ahora apoya a la presidenta.

El Ministerio del Trabajo de Brasil también informa que la tasa de desempleo actual es del 8,3 por ciento, encima del 6,8 por ciento del año anterior. Julio marcó el séptimo mes de creciente desocupación (que ahora se acelera).

Más fuerte es el impacto de la destrucción de puestos de trabajo en el comercio y la industria. El año pasado desaparecieron 454.000 empleos en esas ramas. También se han deprimido la construcción (152.000 despidos) y la agricultura (99.000 empleos formales eliminados).

Una de las industrias con más despidos es la automotriz, donde se eliminaron 38.700 empleos en en el primer semestre de este año.

El impacto de esta ola de despidos en la clase obrera de Brasil se ha intensificado con el programa de ajuste fiscal del gobierno de Rousseff y de Joaquim Levy, el actual ministro de finanzas (nombrado en enero), un economista de la Universidad de Chicago, ex empleado del Fondo Monetario Internacional y de la banca. Esta política de austeridad incluye enormes recortes en beneficios de despido y la eliminación de todas las medidas de estímulo económico.

Recurrir a la política de austeridad, sin embargo, no ha tenido el resultado deseado de tranquilizar a los bancos y casas de finanzas internacionales. En Wall Street, la agencia de evaluación de deuda Moody’s redujo, el mes pasado los bonos fiscales de Brasil al más bajo grado de inversión, mientras que Standard & Poor’s, rival de Moody’s, había predicho dos semanas antes que, de continuar las crisis políticas y económicas el año que viene, la deuda brasileña descenderá por debajo del nivel de inversión. Standard & Poor’s hace hincapié en el aumento de la deuda fiscal de Brasil. Aún el gobierno sostiene, en base al presupuesto presentado al parlamento el lunes, que el déficit ascenderá a los 30,5 mil millones de reales (US$8,4 mil millones).

Se pronostica que la contracción económica (del dos por ciento, más o menos, para el 2015) continuará en el 2016. Algunos economistas comienzan a hablar de otra “década perdida”, frase utilizada para describir el periodo que siguió a la crisis de deuda latinoamericana de comienzos de los 1980.

Contribuyendo aun más a desmoronar la economía de Brasil está la caída en los precios de materias primas que deriva de la contracción de la demanda de China, el principal socio comercial de Brasil y el principal comprador de soja, hierro y productos energéticos. Además, el consumo interno se redujo en 2,1 por ciento entre abril y junio, comparado con el trimestre anterior.

El fin del auge en precios de materias primas, que afecta a todas las economías de América Latina, también limita la capacidad del gobierno del PT para continuar con los programas mínimos de previsión social que había manipulado para crear una base electoral entre los más pobres del país, durante el periodo cuando ese partido se convertía en el principal instrumento político de la burguesía brasileña.

Como consecuencia, los partidos políticos de la derecha se aventajan del creciente rechazo al gobierno en la clase obrera sobre el escándalo de Petrobrás para lanzar una cínica campaña contra la “corrupción”. Enredada en eso están todas los grupos de poder político, exigiendo en coro un juicio político a Rousseff.

Aunque Rousseff fue gerente de la junta directiva de Petrobrás durante los siete años en que ocurrieron los sobornos y negociados, no se ha encontrado hasta ahora ninguna evidencia que la conecte con los crímenes.

La denominada “ Operação Lava Jato ” (“Operación lavado de autos”, el nombre se refiere al uso de lavanderías y estaciones de servicio para circular y esconder los US$3 mil millones que habían sido defraudados de Petrobrás). La investigación hasta ahora ha resultado en la detención de João Vaccari Neto, tesorero del PT, de varios antiguos altos funcionarios de Petrobrás y de un grupo de políticos y hombres de negocios, y también de Marcelo Odebrecht del conglomerado Odebrecht, uno de los hombres más ricos del mundo. Se trata de casi treinta y seis legisladores de cinco diferentes partidos que están siendo investigados.

Eduardo Cunha, el presidente de la casa de diputados, del PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro). Este antiguo aliado de Rousseff ahora apoya la campaña por un juicio político para removerla a la presidente, luego de haber sido él mismo acusado de recibir US$5 millones en sobornos.

El 16 de agosto cientos de miles participaron en manifestaciones demandando el juicio político de Rousseff por el escándalo de Petrobrás. Por lo general, las manifestaciones fueron más pequeñas que las que ocurrieron en marzo, y políticamente estuvieron más a la derecha. Entre las pancartas que demandaban el juicio político había muchas exigiendo “¡Intervención Militar Ahora!”, exigiendo un golpe militar.

El principal partido de oposición, el PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), se encuentra dividido en torno a la cuestión del juicio político. Aécio Neves, senador de Minas Gerais, presidente del partido y candidato presidencial en el 2014, impulsa el juicio político. Otros, incluyendo a José Serra, senador de São Paulo, Geraldo Alckmin, gobernador de São Paulo, y Fernando Henrique Cardoso, expresidente brasileño, quienes sugirieron hace un mes en julio que Rousseff hiciera un “gran gesto” y renuncie, cuestionan los amagues de destituir la presidente sin ninguna justificación legal.

Las diferencias no son meros escrúpulos legales. Aún menos tienen que ver con cuestiones de integridad política. Sí tienen que ver con cálculos políticos personales. En resumen, existe el temor en la clase de poder de Brasil de las consecuencias de un golpe inconstitucional contra el gobierno del PT en términos de la lucha de clase y el descontento social.

No existen diferencias entre la izquierda, la derecha y el PT sobre ninguna cuestión que sea importante. Todos están de acuerdo en implementar esa drástica política de austeridad, que ahora se acelera, para que la clase obrera pague por la crisis.

A medida en que avanza la crisis, rápidamente cae en pique de todo el modelo gobernante y partidista brasileño, luego de doce años de administraciones sucesivas del PT. Vitoreado por toda una pajarera de organizaciones morenistas, pablistas, y otras corrientes de seudoizquierda, el PT rápidamente se convirtió en la principal arma de dominación burguesa en Brasil, impulsando las medidas económicas capitalistas de previos gobiernos.

Ahora que las medidas de austeridad y el profundo escándalo de Petrobrás dejan al desnudo el carácter corrupto y reaccionario del PT, aparecen varios intentos de rescatarlo, o de establecer un partido sucesor. Luiz Inácio da Silva (“Lula”), ex presidente de Brasil (2003-2011), que cuando era dirigente del sindicato de trabajadores metalúrgicos había sido fundador del PT en los años 1980, ha declarado su intención de regresar a la política y postularse a la presidencia en el 2018. Recientemente ha demandado que los miembros del PT se “lancen a la calle” y utiliza la demagogia de izquierda sobre recomenzar la “revolución”.

El mismo Lula esta enredado en este escándalo. Informes han aparecido en revistas derechistas acusándolo haber cabildeado en beneficio de la empresa Odebrecht, volando en aviones corporativos a Cuba y otras partes para negociar contratos de lucro. Recientes encuestas indican que saldría perdedor contra todos los probables candidatos de la derecha.

Mientras tanto el PSOL (Partido Socialismo e Libertade), compuesto en el 2004 por legisladores expulsados y otros opositores del PT, propone una serie de medidas reformistas que ha relacionado en forma explícita con las actividades de Syriza en Grecia, organización que traicionó a la clase obrera griega, postrándose a las exigencias de austeridad de la Unión Europea. Los políticos del PSOL claramente están dispuestos a encarrilarse en la misma vía, aunque por lo pronto defienden al gobierno del PT.

A la izquierda del PSOL está el PSTU (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado), la corriente morenista brasileña, que le ruega al PSOL a romper con el gobierno de Rousseff, a unirse a su corriente, al partido Comunista Brazileño (estalinista) y a sectores de la burocracia sindical para formar una alternativa “clasista”. Tal coalición representaría, como Syriza, los intereses de los grupos más privilegiados de la clase media, que desdeñan al proletariado.

Lo que exige esta profunda crisis brasileña es el establecimiento de una nueva dirección socialista, una sección brasileña del Comité Internacional de la Cuarta Internacional. Esa misión comienza aprehendiendo las amargas lecciones de la experiencia con el PT, y con todos los que lo fomentan.