Una huelga de 23 días por los trabajadores a contrato de la empresa estatal Codelco señala un resurgimiento de la lucha de clases bajo el gobierno encabezado por el Partido Socialista de la presidenta Michelle Bachelet.

Durante la huelga, que el sindicato suspendió el 12 de agosto sin ningún acuerdo, murió un trabajador en los enfrentamientos con la policía y la ocupación por parte de los mineros de una de las minas de cobre de Codelco. La acción laboral causó un estimado de $ 20 millones en pérdidas, y una caída de 8.000 toneladas en la producción de cobre.

La justificación dada por la dirección de la CTC para levantar la huelga fue la promesa de la compañía de no despedir o tomar medidas de represalia contra cualquiera de los huelguistas y, supuestamente, condiciona a que Codelco acepte renegociar su acuerdo con los contratistas que en última instancia determina los salarios y condiciones de los contratados.

En un nivel más fundamental, la burocracia sindical sin duda deseaba evitar una propagación de las luchas obreras que golpearían al gobierno de Bachelet que está pasando por una gran crisis.

Codelco no ha dado muestra de satisfacer las demandas de los trabajadores. "Un aumento de beneficios y los costos asociados no es compatible con las condiciones actuales del mercado del cobre", dijo el presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro en un comunicado.

La huelga comenzó el 21 de julio cuando 1.500 contratistas marcharon hacia la sede de la CUT (Central Única de Trabajadores) en Calama, quemando una camioneta y bloqueando carreteras y vías férreas que conducen a la mina El Salvador – una de las primeras en adherirse a la huelga a mediados de julio. Los enfrentamientos con la policía produjeron la muerte a tiros de un trabajador.

El abogado de derechos humanos, Cristián Cruz, representando a la CTC (la Confederación de Trabajadores del Cobre) en el asesinato a balazos del obrero, Nelson Quichillao López, la semana pasada, sostuvo que los policías lanzaron gases lacrimógenos y descargaron "unos 33 disparos con pistolas y otros 100 con escopetas". Indicó que se ha identificado al menos cuatro policías – dos tenientes y dos sargentos – que participaron de la balacera.

En su primera semana, la huelga cerró brevemente la mina Chuquicamata, la segunda mina más grande de Codelco. Un portavoz de la CUT anunció que en un principio el 95 por ciento de los contratistas en Chuquicamata cumplieron con la huelga. El presidente ejecutivo de Codelco Nelson Pizarro, expresó su preocupación de que una huelga de toda la compañía podría tener un impacto a largo plazo de alrededor de $ 1 mil millones.

Los contratistas que suman unos 45.000 son trabajadores tercerizados que trabajan para una compañía de empleo y no la estatal Codelco. Organizados en la CTC, demandan paridad con los 20.000 trabajadores en planilla. Los contratistas reciben el 70 por ciento del salario de los obreros en planilla y mínimos beneficios. Además, Codelco los puede despedir en cualquier momento porque, legalmente, no trabajan para la empresa.

La estatal se opone al alza de sueldos y beneficios de los contratados aduciendo que sus trabajadores en planilla son pagados muy por encima de la media del obrero chileno. Esta admisión es un claro indicio de que la crisis económica mundial está haciendo estragos en el país que por mucho tiempo se proclamó como el "modelo a seguir capitalista” en Sudamérica. Dada la precaria situación económica chilena no sorprendería que Codelco prontamente ataque a sus 20.000 obreros en planilla con recortes salariales y beneficios.

La suspensión temporal de la huelga está diseñada para dar un respiro al gobierno chileno y la economía. Ante el temor de que la huelga puede salirse de las manos, fue la dirección de la CTC la que pidió al gobierno de Bachelet "establecer una mesa de negociación entre Codelco y la CTC."

Nada pueden esperar los obreros en planilla y los tercerizados de un gobierno que rompe sus promesas electorales, se encuentra envuelto en un escándalo de corrupción y ya no cuenta con apoyo popular.

La encuestadora Gfk Adimarks declaró sobre la Presidenta Bachelet que su "aprobación general cayó 2 puntos porcentuales en agosto, reduciéndose a 24 por ciento", el nivel más bajo desde que asumió el cargo en marzo de 2014.

La encuestadora dijo: "El índice de aprobación de Bachelet sufrió después de que recientemente redujo algunas propuestas de educación. Su gobierno ha estado luchando para cumplir con ambiciosas reformas en medio de la desaceleración del crecimiento económico y los precios más bajos y la demanda mundial de cobre".

Además, Bachelet está sufriendo los efectos de un escándalo que involucra a su familia. Los fiscales están investigando al hijo de Bachelet y su esposa con cargos de que usaron información privilegiada e influencia política para asegurar un préstamo de US $ 10 millones para comprar un terreno y luego revenderlo a una ganancia.

En el corazón de la crisis chilena está la caída en picada de los precios del cobre a nivel mundial. Según la Comisión Chilena del Cobre, el precio del metal ha caído de US $ 4,5 por libra en enero de 2011 a US $ 2,8 por libra en julio de este año; una devaluación de casi 40 por ciento.

El factor principal detrás de la caída de los precios del cobre es la pesimista predicción económica referente a China. El gigante asiático ha superado a los EE.UU. como el principal socio comercial en varios países de América del Sur. En Chile, China se ha convertido en un jugador importante en la economía: compra una tercera parte de los productos que Chile vende y 80 por ciento del cobre vendido en todo el mundo. Chile basa sus exportaciones y su futuro económico en el metal rojo, y el mercado de consumo en Chile se está reduciendo, con los trabajadores y los pobres sufriendo más.

Los del cobre han estado durante mucho tiempo en el centro de la lucha de clases en Chile. Cuando más de 10.000 mineros se fueron a la lucha sobre la rápida disminución de los salarios reales en la mina estatal El Teniente en 1973, el gobierno de la Unidad Popular del entonces presidente Salvador Allende, con el apoyo entusiasta de los estalinistas del Partido Comunista de Chile, los denunció como "agentes del fascismo”. Él impuso la ley marcial en los distritos mineros, llamó al ejército para atacar a los huelguistas e instaló un general como ministro de minas.

Estos ataques contra la clase obrera iniciada bajo Allende en junio de 1973 ayudaron a allanar el camino para el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 que fue apoyado por la CIA y marcó el comienzo de la dictadura militar que gobernó Chile salvajemente durante el próximo cuarto de siglo bajo la dictadura del general Augusto Pinochet.