El presidente peruano Ollanta Humala declaró el 5 de diciembre un estado de emergencia de 45 días en la región del Callao como respuesta a las advertencias de una guerra total entre pandillas rivales dedicadas al tráfico de drogas y la extorsión centradas dentro del principal puerto marino del país.

Una investigación de La República encontró que "grupos criminales son capaces de pasar contrabando en el puerto del Callao sobornando trabajadores y funcionarios". Una fuente citada en el reporte, un ex traficante de drogas, declaró que el jefe de seguridad del puerto cobra alrededor de USD 20,000 por entrar al puerto y los estibadores son pagados alrededor de USD 10 por kilo de cocaína.

Perú21 reportó que la policía arrestó a más de 560 personas en los primeros 10 días del estado de emergencia. La policía nacional confiscó 74 pistolas y disolvió 51 pandillas. Junto con esto, el Ministerio del Interior añadió que se habían apoderado de 13 granadas, 301 kilos de drogas y 15,821 paquetes de marihuana.

Si bien los crímenes de pandillas relacionados con las drogas y los asesinatos han afectado las vidas de miles de peruanos por muchos años, hay activos importantes y altamente visibles en la Provincia del Callao que pueden haber jugado un mayor papel en la decisión de Humala para imponer el estado de emergencia.

Como el principal puerto marítimo de Perú, el Callao se ocupa del 90 por ciento del cargo de importación y exportación. Así también, el aeropuerto internacional de Lima está localizado en su territorio. Se proyecta que el volumen de viaje incrementará de 7 millones de individuos en el 2009 a 21 millones por el 2020.

La industria porteña y el aeropuerto de la provincia están dominados por las inversiones globales. El aeropuerto Jorge Chávez de Lima es operado por Lima Airport Partners S.R.L., cuyo 70.01% es propiedad de Fraport AG de Alemania. De acuerdo con airport-technology.com, el aeropuerto se encargó de 8,7 millones de pasajeros y 232.374 toneladas métricas de cargo en el 2009.

El operador del Muelle Norte del Callao es APM Terminals, que pertenece al conglomerado danés A.P. Moller Maersk. El Muelle Sur es administrado por DP World Callao, subsidiario de Dubai World de EAU. Éste fue clasificado como el principal contenedor en Sudamérica. La compañía tiene operaciones en cuatro continentes y tiene una presencia fuerte en varios puertos marinos australianos.

La semana previa a la declaración del estado de emergencia en el Callao, la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) tomó lugar. Esta es una cumbre anual de los principales empresarios e inversionistas, en el cual la mayoría de los candidatos presidenciales para las próximas elecciones generales dieron discursos ante la élite empresarial del país.

De manera significativa, el presidente Humala tomó la oportunidad para cerrar el evento para anunciar por la primera vez la imposición del estado de emergencia. Esto deja claro que el estado de emergencia está destinado como una demostración para las élites empresariales nacionales y extranjeras de que el gobierno puede -y hará- suspender derechos democráticos si lo ve necesario.

El gobierno del Callao está dominado por una camarilla totalmente corrupta la cual ha sido acusada de tener vínculos con traficantes de drogas. Los líderes del partido gobernante en la región Chim Pum Callao -en el poder desde 1996- ha estado bajo investigación por un amplia gama de crímenes, incluyendo malversación de fondos, intercepciones telefónicas y corrupción.

El causante inmediato para el estado de emergencia fue el asesinato el 28 de noviembre del informante Wilbur Castillo, quién en el 2012 denunció una red de intercepciones telefónicas ilegales establecida por Chim Pum Callao.

El Ministro del Interior José Luis Pérez, explicando el estado de emergencia a Perú21, declaró que "la medida permite a la policía restringir la libertad de movimiento de los ciudadanos y la libertad de reunión, así como también aplicar toques de quedas. El decreto también suspende la protección pública a las inspecciones e incautaciones ilegales".

Perez añadió que "se le permitirá a la policía entrar a hogares sin autorización de alguna corte para buscar alijos de armas y drogas; el ejército peruano no estará involucrado en las operaciones". No obstante, el estado de emergencia permite al ejército ser desplegado si se considera necesario.

Las reacciones a la acción del Presidente Humala han sido variadas, lo cual refleja desacuerdos dentro de un gobierno en caos que confronta un escándalo político tras otro. Mientras el establishment político y los corruptos políticos del Callao lo apoyan, algunos han mostrado su oposición, declarando que Humala actuó de manera prematura y de que no hay bases legales para tomar una medida tan drástica.

El presidente de la Corte Superior del Callao César Hinostroza declaró: "Bajo la Constitución, esto se puede realizar cuando las vidas, la integridad física y la propiedad pública o privada de la amplia mayoría de personas en un área dada se encuentra bajo amenaza. En el Callao, están siendo eliminados entre personas que ya tienen procedimientos criminales, no es para todos los ciudadanos", declaró el magistrado.

Incluso miembros de la policía nacional expresaron reservas. El crimen en el Callao no está fuera de control, de acuerdo al jefe de policía de la región General Julio César Otoya.

Por años los medios peruanos se han enfocado en el crimen y la actividad de asesinos a sueldo ("sicariato"), retratándolos como los problemas más importantes de la sociedad peruana. El resultado ha sido la promoción de medidas represivas de ley y orden que ha culminado en este estado de emergencia.

Para la clase gobernante del Perú, la recalcitrante presentación de la sociedad peruana como una que se encuentra en las garras de una violenta ola de crimen sirve para excluir del debate político los temas más reales de la desigualdad económica y la pobreza. Por ejemplo, recientes encuestas han "establecido" de que el crimen ha sobrepasado a la pobreza como el tema más "preocupante" para los peruanos. Los candidatos presidenciales han dedicado un considerable tiempo a sus apariciones en público para hacer promesas demagógicas para poner fin al crimen o incluso reinstalar la pena de muerte.

El candidato de extrema derecha para las elecciones presidenciales del próximo año, el ex banquero y ex funcionario del Banco Mundial y FMI Pedro Pablo Kuczynski (PPK), fue uno de los primeros en acoger la declaración de emergencia.