Desde el lunes, Venezuela se encuentra en un “estado de excepción y emergencia económica”, mientras que su gobierno continúa enfrentando el malestar social generado por la crisis económica del país y por la campaña de la derecha política para expulsar al presidente Nicolás Maduro.

El presidente venezolano indicó que las medidas son “para enfrentar todas las amenazas internacionales y nacionales que hay contra nuestra patria”, incluyendo una intervención militar desde el extranjero o un golpe de estado doméstico; sin embargo, el desafío más apremiante que enfrenta su gobierno es el malestar de los trabajadores en Venezuela, cuyas condiciones de pobreza se están volviendo cada vez más insoportables por el aumento de los precios y del desempleo.

La economía del país se ha desplomado junto con el precio del petróleo, el cual se está vendiendo a un tercio de su precio en el año 2014 y representa el 95 por ciento de los ingresos de exportación.

En las últimas semanas, el no poder cocinar o adquirir alimentos básicos y satisfacer otras necesidades vitales ha resultado en una creciente ola de saqueos. Multitudes invaden en dispensarios de comida del gobierno, centros comerciales y supermercados en todo el país.

Con un salario mínimo de $40 al mes, amplios sectores de la población sólo alcanzan comer dos o menos comidas al día, sin poder costear carne, pollo, pescado ni otras fuentes de proteína.

“El mes de mayo es que vamos a declararlo oficialmente como el mes en que el hambre se comienza a sentir en Venezuela”, dijo Oscar Meza, director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).

Mientras tanto, el sistema público de salud está en un estado de colapso. El New York Times menciona cifras del gobierno venezolano que muestran que la tasa de mortalidad de bebés de menos de un mes de edad es más de cien veces que en el 2012, mientras que están falleciendo cinco veces más madres dando a luz en los hospitales. Estas tasas de mortalidad reflejan la falta de medicamentos básicos y suministros, así como los efectos de los continuos apagones diarios que detienen las incubadoras y otros equipos.

Los trabajadores en todo el país continúan sufriendo recortes devastadores en sus salarios reales, que resultan de una tasa de inflación de 700 por ciento para este año y una proyección de 1.642 por ciento para el próximo año.

Mientras que el único sector cuyos salarios reales se han mantenido acorde con la tasa de inflación es el militar, el gobierno ha intentado congelar los contratos existentes y se ha resistido a negociar nuevos.

En medio de estas condiciones catastróficas, la clase obrera muestra señales de militancia. Los trabajadores de la Universidad Central de Venezuela continúan manifestándose, bloqueando todas las entradas principales al edificio el lunes, usando líneas de piquetes y quemando neumáticos. Además, los trabajadores eléctricos anunciaron que harán huelga general en todo el país la semana que viene, luego de cinco años de esperar un nuevo contrato con el gobierno.

Se están desarrollando las condiciones para una explosión social en la escala del Caracazo en 1989, la serie de protestas y disturbios contra las medidas de austeridad dictadas por el FMI —impuestas durante otra caída en los precios del petróleo— que el gobierno intentó ahogar en sangre.

Al anunciar el estado de emergencia el viernes pasado, el Presidente Maduro advirtió: “Se están activando medidas desde Washington, pedidas y promovidas por factores de la derecha fascista venezolana, envalentonados por el golpe de Estado en Brasil”.

La oposición de derecha, organizada en la coalición electoral MUD (Mesa de la Unidad Democrática), está planeando invocar un referendo para destituir a Maduro y llevar a cabo nuevas elecciones. La MUD, que consiguió una supermayoría en la Asamblea Nacional en diciembre, reporta haber recolectado 2 millones de firmas apoyando la revocación, pero altos funcionarios del gobierno le han acusado de fraude y advierten que la votación no ocurrirá.

Indudablemente existe la colaboración entre la MUD y Washington. La embajada de Estados Unidos apoya manifiestamente sus actividades, mientras que organizaciones como la National Endownment for Democracy [estadounidense] le dan dinero.

La deplorable aprobación popular del presidente, entre 15 y 25 por ciento, refleja que el deseo de deponer al gobierno de Maduro se ha extendido más allá de los sectores pudientes, que la MUD representa.

Los argumentos de Maduro para justificar el estado de emergencia no han sido nada convincentes. Él y sus partidarios citan declaraciones de Álvaro Uribe, el ex presidente derechista de Colombia, quien demandó una intervención militar en Venezuela para ayudar a la oposición. También se refirieron a unas declaraciones de dos agentes de inteligencia de Estados Unidos, quienes especularon que sería posible derrocar al gobierno de Maduro, incluso a través de un golpe de estado dentro de su propio partido o del ejército.

Es muy posible que el gobierno de Maduro utilice el estado de emergencia para suspender el derecho constitucional de un referendo revocatorio y así detener la campaña de la derecha. Esto, sin embargo, no hará nada para contener la ira de millones de venezolanos causada por no poder asegurar el sustento ni la atención médica de sus familias.

Además del estado de emergencia, Maduro anunció que se llevarán a cabo ejercicios militares el próximo fin de semana en preparación “frente a cualquier escenario”.

Un eventual levantamiento social de masas es mucho más probable que una invasión extranjera, y hay amplias señales de que el gobierno recurre a reprimir la clase obrera para sostenerse en el poder.

Esta nueva acción militar se suma a la “Operación de Liberación del Pueblo” lanzada el año pasado, en la cual policías y militares colaboraron en detenciones en masa y arbitrarias, y ejecuciones extrajudiciales, en una supuesta ofensiva contra el crimen en barrios pobres y obreros. El martes pasado, una serie de allanamientos resultó en la detención de 1.130 personas y el asesinato de al menos nueve.

Dado el impacto de la crisis capitalista mundial en la economía venezolana, el ordenamiento económico y político que introdujo el ex oficial del ejército, Hugo Chávez, hace 17 años, ha llegado a un callejón sin salida.

A nivel internacional, la prensa de la derecha corporativa se deleita con la agudización de la crisis del gobierno de Maduro y la creciente miseria y hambre de las masas venezolanas, proclamando que ambas son evidencia del “fracaso del socialismo”.

Esto es una mentira. Mientras que el difunto Chávez y su sucesor, Maduro, proclamaban la introducción del “socialismo bolivariano” o “socialismo del siglo XXI”, las medida que tomaban siempre fueron las de un gobierno capitalista que defiende la propiedad privada en una economía que está más en manos privadas que cuando asumieron el poder.

Los limitados programas de asistencia social iniciados bajo Chávez sirvieron, como él mismo presumía, para proteger a los ricos, al reducir las tensiones de clase en una de las naciones más desiguales, históricamente, en el continente americano.

Basándose en la subida de precios del petróleo, el sector financiero cosechaba ganancias récord, mientras que una capa conocida como la boliburguesía, compuesta por funcionarios estatales y empresarios vinculados al gobierno, se enriquecía, a través de corrupción, contrabando, y manipulación monetaria, trasladando así miles de millones de dólares fuera de la economía.

Como lo demuestra la crisis actual, el gobierno ni desarrolló infraestructuras esenciales ni diversificó la economía nacional en función de contrarrestar la dependencia de sus exportaciones de petróleo, de las cuales 40 por ciento fueron a EE.UU.

Con el derrumbe del precio del petróleo, la capacidad para mantener los programas sociales y las importaciones subvencionadas se ha evaporado y el impacto de la crisis recae cada vez en las costillas de la clase obrera.

En lugar de usar los escasos ingresos para comprar los alimentos y medicinas que se necesitan desesperadamente, el gobierno de Maduro los está usando para pagarles a los bancos internacionales los intereses y cargos en servicio de la deuda nacional. El gobierno ha negado imperiosamente que podría llegar a incumplir parcialmente el pago de los $10,5 mil millones que debe para este año.

La Casa Blanca declaró el lunes estar “muy preocupada por el bienestar del pueblo de Venezuela” y llamó a que todas las partes interesadas trabajen de manera unida y pacífica para encontrar soluciones.

Al contrario de su evidente engaño, Washington percibe las intensas crisis en Venezuela, Brasil y otros países del continente como una oportunidad para reafirmar la hegemonía de Estados Unidos en América Latina, contrarrestar la creciente influencia de China y asestarle una serie de golpes a la clase obrera.