Dieciocho ex militares fueron condenados en Argentina el pasado 27 de Mayo, por su participación en la cadena de asesinatos y secuestros en todo el continente, parte de de la llamada Operación Cóndor (Operation Condor) en los años 1970 y 1980.

La Operación Cóndor es el nombre dado al acuerdo para integrar las fuerzas de seguridad de siete dictaduras de América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay) para perseguir y eliminar a los adversarios políticos de izquierda.

El acuerdo fue firmado oficialmente el 28 de diciembre de 1975 en Santiago de Chile. El gobierno de Estados Unidos formalmente estuvo ausente de la reunión. A pesar de que eso, todo el documento estaba tatuado con las huellas digitales de la CIA, el Pentágono y el Departamento de Estado de Estados Unidos, encabezado entonces por Henry Kissinger.

Según J. Patrice McSherry, autor de la "Operación Cóndor: Desaparición Transfronteriza y Muerte" (Operation Condor: Cross-Border Disappearance and Death), las bases de este plan represivo habían sido establecidas por la inteligencia militar de Estados Unidos:

“La reinante doctrina de seguridad nacional incorporaba estrategias de contrainsurgencia y conceptos tales como programas de ‘cazador-asesino’ y técnicas secretas ‘no convencionales’, tales como la subversión, sabotaje, terrorismo y derrota de los enemigos. Gran parte de la doctrina de contrainsurgencia es secreta, pero los estudiosos han documentado muchos de sus componentes claves. Michael McClintock, por ejemplo, analizó un manual de Operaciones de Contrainsurgencia de las Fuerzas Especiales del Ejército de EE.UU. de Diciembre de 1960, uno de los primeros en mencionar de forma explícita, en su sección ‘Operaciones de Terror’, el uso del terror contrainsurgente como una táctica legítima. Él cita otros manuales secretos de operaciones del ejército de EE.UU. de la década de 1960 que avalaron el ‘contraataque terrorista’, incluyendo el asesinato y el secuestro, en ciertas situaciones. Un artículo de Marzo de 1961 de la Revista Militar declaró, ‘guerra política, en definitiva, es la guerra ... que] abarca diversas formas de coerción y violencia, incluyendo huelgas y disturbios, sanciones económicas, subvenciones para la guerrilla o agentes de la guerra y, cuando sea necesario, el secuestro o el asesinato de las élites enemigas’. En resumen, la ‘desaparición’ era un elemento clave de la doctrina de contrainsurgencia”.

Durante el transcurso del proceso en Argentina, más de 500 testigos describieron en detalle muchos de los aspectos de la Operación Cóndor que aplicaron directamente estas tácticas militares de Estados Unidos. Su testimonio estableció firmemente la conspiración que existió entre los gobiernos participantes, para secuestrar, transportar ilegalmente –cruzando fronteras nacionales— torturar y asesinar a quienes eran percibidos como enemigos políticos. Esta política se conoce actualmente como "entrega" ( rendition ).

Uno de los ejemplos más conocidos de este tipo de secuestros es el de la hija y el yerno del famoso poeta Juan Gelman. En 1976, las autoridades argentinas secuestraron a María Claudia García Irureta Goyena de 19 años y a su esposo, Marcelo Ariel Gelman de 20. Nunca se los volvió a ver. Ahora se sabe que María Claudia fue transportada por un "grupo de trabajo" de Argentina a Uruguay donde fue asesinada después de dar a luz a su hija, Macarena, quien fue entregada a la familia de un oficial de policía. El propio Juan Gelman fue forzado al exilio por la dictadura.

Esta política de "entrega" a otros países para ser torturado y muerto, ahora ampliamente practicada por la CIA y otras agencias de Estados Unidos, fue una de las innovaciones clave de la Operación Cóndor.

Originalmente entre los acusados, además de aquellos que fueron juzgados — todos ellos, excepto uno, eran ciudadanos argentinos (junto con el ex comandante militar uruguayo Manuel Cordero) —estaba el ex dictador peruano Francisco Morales Bermúdez, cuya extradición para enfrentar procesos jurídicos en Italia y Argentina, fue bloqueada por la Corte Suprema del Perú.

El juicio contra los 18 comenzó en 2013. Desde entonces, siete de los acusados, entre ellos Jorge Videla —el general que originalmente comandó la junta militar asesina que gobernó Argentina— han muerto. Videla encabezó la junta militar-fascista entre 1976 y 1981, durante el apogeo de la sangrienta represión de la resistencia de la clase trabajadora y la eliminación de oponentes políticos a través de las fronteras nacionales.

El documento de 1975 y gran parte de la información que condujo al proceso, fueron descubiertos ocultos en una estación de policía de Paraguay en 1992. Estos son ahora conocidos como el "Archivo del Terror". El abogado paraguayo Martín Almada descubrió estos archivos siguiendo una pista. El Archivo del Terror corroboró las sospechas de la existencia del plan, y de la participación de los Estados Unidos dentro del contexto de su "Doctrina de Seguridad Nacional" descrita anteriormente. Los documentos, recopilados por funcionarios de la dictadura de Alfredo Stroessner, detallaron los ataques coordinados por las fuerzas de seguridad de América Latina contra los presuntos izquierdistas en Chile, Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay.

Incluidos en el Plan Cóndor fueron los asesinatos del general Chileno Carlos Pratts, muerto en Buenos Aires, y el del ex diplomático chileno Orlando Letelier, asesinado con un carro bomba en Washington, D.C. Se sospecha amplia y fuertemente que las muertes de los presidentes de Brasil Joao Goulart y de Juscelino Kubitschek también fueron parte de la Operación Cóndor. Goulart, un político nacionalista de izquierda que fue derrocado en 1964, murió en Argentina en 1976. La junta argentina bloqueó la autopsia de Goulart. Un ex miembro de la policía secreta uruguaya dio a conocer en un testimonio en 2008, que Goulart había sido envenenado.

Los objetivos de Cóndor no eran sólo los activistas u organizadores conocidos líderes que se oponían a las dictaduras. A pesar de Cóndor, muchos se las arreglaron para sobrevivir en el exilio en México, los EE.UU. y Europa. Los archivos de los muertos y desaparecidos se han llenado con los nombres de los trabajadores y los jóvenes que lucharon heroicamente en defensa de sus derechos económicos y sociales, que se identificaron con las diversas corrientes de izquierda, y que trataron de defender sus fábricas, barrios, escuelas y puestos de trabajo.

También formó parte de la Operación Cóndor la siniestra desaparición de los bebés nacidos en cautiverio de madres desaparecidas y que fueron "adoptados" por personas relacionadas al régimen. La Iglesia Católica aprobó esta política, que había sido ampliamente utilizada por los fascistas de Franco durante y después de la Guerra Civil española.

El proceso de 2013 es el más reciente de una serie de procesos en la Argentina que comenzó en 1999, a raíz de las decisiones judiciales que declararon inconstitucionales las leyes de amnistía y los indultos a los dictadores militares y sus colaboradores.

En este proceso, los acusados —la mayoría de los cuales ya se encuentran en prisión por su complicidad en otros actos de represión y asesinato bajo la dictadura de Videla— fueron encontrados culpables del secuestro y asesinato de 105 personas —45 Uruguayos, 22 Chilenos, 14 Argentinos, 13 Paraguayos y 11 Bolivianos— una pequeña parte de las 35.000 a 60.000 desapariciones en toda América Latina. Si se fueran a incluir todas las otras víctimas de la represión política y laboral que se produjo en América Latina entre 1964 y 1983, el número estimado se eleva a 350.000.

Los condenados el 27 de Mayo incluyen al último gobernante militar de Argentina, Reynaldo Bignone, que ahora tiene 88 años. Bignone ya está cumpliendo una pena de prisión de 25 años por su papel en otros aspectos de la "guerra sucia". Ahora está condenado a 20 años adicionales.

Recibieron sentencias máximas de 25 años los ex comandantes Santiago Riveros y al Uruguayo Manuel Cordero, así como al ex agente del servicio secreto Argentino, Miguel Ángel Furci. Este último había sido acusado de crímenes contra la humanidad cometidos en el centro clandestino Automotores Orletti, un infame centro de tortura de Buenos Aires que fue la primera parada para muchas víctimas de la Operación Cóndor exiliados de, o entregados desde Uruguay, Bolivia y Brasil.

Como reacción a la condena de los asesinos militares, la organizadora de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, declaró: "La perseverancia da sus frutos." Sin embargo, lamentó que la muerte de muchos represores impidió que estuvieran en el banquillo".

También están ausentes del banquillo de los acusados, aquellos que participaron en la Operación Cóndor, antes de que tuviera un nombre, y en la llamada guerra sucia durante los años que precedieron al golpe de Estado de 1976 en Argentina, bajo las presidencias de Juan Domingo Perón y su viuda Isabel Perón (1973-1976). Estos incluyen funcionarios de la burocracia sindical peronista que colaboraron con las fuerzas de seguridad y proveyeron muchos de los asesinos de los escuadrones de la muerte Triple A (Alianza Anticomunista Argentina).

Además, no se enfrentó a un juicio la Iglesia Católica, que se hizo la de la vista gorda frente a los asesinatos de sacerdotes, religiosas y laicos que se identificaron con la "Teología de la Liberación" y la preocupación por los oprimidos. Al mismo tiempo, la iglesia organizaba misas, confesiones y absoluciones para los que llevan a cabo las ejecuciones de trabajadores y jóvenes, tirándolos en el Océano Atlántico en los vuelos de la muerte. Entre ellos se encontraba el actual papa Francisco I (Jorge Bergoglio), que como arzobispo de Buenos Aires colaboró con la junta y posiblemente conspiró en el secuestro de sacerdotes y civiles.

Lo más importante es que ausentes del banquillo de los acusados por sus crímenes contra la humanidad están los altos funcionarios de la Casa Blanca, la CIA y el Pentágono que supervisaron el asesinato transnacional y la represión en América Latina, junto con las principales figuras políticas como el ex secretario de Estado Henry Kissinger, que colaboraron directamente con las dictaduras.

La tarea de hacerlos responsables de sus crímenes ahora recae en la clase obrera internacional y en los futuros tribunales de los trabajadores.