Un movimiento creciente de trabajadores y estudiantes chilenos contra el gobierno liderado por el Partido Socialista de la presidenta Michelle Bachelet está profundizando una crisis política que ha envuelto tanto a la coalición gobernante Nueva Mayoría como a la oposición derechista, organizada en la Alianza por Chile; las dos esenciales formaciones políticas que han alternado el poder en el cuarto de siglo desde el fin de la dictadura del General Augusto Pinochet (1973-1990).

La crisis política es sustentada por la cada vez más deteriorada posición económica de Chile. El otrora milagro capitalista de Sudamérica, hoy el país confronta un duro declive en la mayoría de sectores económicos, incluyendo a la minería, la pesca y la agroindustria. Las ventas de automóviles, la ocupación de hoteles y otros índices económicos también están cayendo rápidamente.

La crisis económica – parte del colapso más amplio de los booms de mercancías (commodities) y mercados emergentes ha desestabilizado gobiernos burgueses de "izquierda" desde Argentina a Brasil y Venezuela – se expresa en las bajas ganancias de exportaciones así como un disminuyente mercado de consumo doméstico. Las cifras de crecimiento del Banco Central Chileno para este año se han revisado del 2 por ciento a 1,25 por ciento, mientras las tasas oficiales de desempleo han subido de 5,9 al 6,3 por ciento en el primer trimestre de este año.

Según un portavoz sindical, 68,000 trabajadores han sido despedidos en el amplio sector minero desde el 2014, esto es, desde que Bachelet tomase el poder. De este grupo 21.000 eran empleados directamente por las compañías mineras y 47.000 por contratistas.

A medida que la economía se desacelera, los despidos masivos en la minería continúan. En el 2015, 19.000 mineros perdieron sus empleos. Las filas de los desempleados han crecido hasta conformar aproximadamente el 20 por ciento del sector minero, el cual, según las cifras del INE (Instituto Nacional de Estadísticas), emplea hoy en día 244.000 mineros.

La compañía minera británica Anglo-American – que opera cuatro minas en Chile, ocho en Brasil y una en Colombia – recientemente anunció una reducción de la fuerza laboral de 162.000 en 2013 a 99.000 en el 2016, y se espera que se encoja a 50.000 por el fin del 2017.

La compañía minera estatal Codelco, la más grande compañía productora de cobre en el mundo, estableció el ritmo de despidos con 4.292 mineros despedidos a finales del año pasado.

La pérdida en el consumo doméstico está acentuada por la caída de 14 por ciento en ventas automotrices por año. Exportaciones totales de fruta han caído a 2.4 millones de toneladas valorizadas en US$ 4,2 billones, las cifras más bajas desde el 2012.

El año pasado, una crisis ambiental devastó a la industria pesquera en la parte sureña de Chile. Esto vino después de que la industria perdiera un contrato con el gigante estadounidense de retail Costco a una compañía noruega debido al alto uso de antibióticos en las salmoneras chilenas. Esto representó una pérdida de 16 por ciento en dólares de exportación para la industria.

La crisis ambiental, que ha sido atribuida a una "marea roja", una alga tóxica de ocurrencia natural que ha sido intensificado por un fuerte patrón climático de El Niño, también se cree haber sido agravado por el desecho de toxinas de la industria del salmón, lo que incluye a 4.000 toneladas de salmón muerto en el océano.

Para presionar al gobierno de que elabore un decente paquete de ayuda (ofreció inicialmente 100.000 pesos chilenos, un cuarto de lo que requieren los pescadores y sus familias para sobrevivir), los pescadores en las primeras tres semanas de mayo bloquearon a la isla Chiloé, la más grande en el archipiélago, que se extiende por mil kilómetros en paralelo a la costa continental chilena. Los carabineros (la policía nacional militarizada de Chile) usó gas lacrimógenos y tanques de agua para dispersar a los pescadores en huelga.

Los pescadores compararon los US$ 405 millones que la presidenta Michelle Bachelet proporcionó a la industria del salmón durante su primera presidencia en el 2008, cuando aquella entró en crisis por la expansión de un virus, a la suma ridícula que su gobierno les ofreció. Esta es una de las muchas ilustraciones del hecho de que el gobernante Partido Socialista es un instrumento de la clase gobernante capitalista y que defiende los intereses capitalistas contra los intereses de la clase trabajadora.

Este ha sido desde comienzos de mayo del 2016 el creciente sentimiento que ha empujado a los estudiantes y trabajadores por el fracaso de Bachelet en cumplir las promesas que hizo durante su campaña electoral del 2013 para alterar un orden social que hace que Chile sea una de las naciones más desiguales en el mundo.

En la capital de Santiago, miles de estudiantes demostraron contra el prolongado estancamiento del gobierno de una propuesta reforma educativa que era uno de los temas centrales de la plataforma electoral de Bachelet. Sobre un período de dos décadas, previos gobiernos liderados por el Partido Socialista no cambiaron el sistema educacional heredado por la dictadura de Pinochet que abolió el previo derecho a una gratuita educación superior, impuso matrículas que excluyen a la mayoría de la población, y apoyó el desarrollo de universidades privadas para aprovecharse de la educación como fuente de lucro.

El 27 de mayo, en una de las casi diarias manifestaciones estudiantiles, las autoridades negaron el permiso para la marcha. El resultado fue una brutal confrontación que dejó a 117 arrestados y 31 carabineros heridos. Muchas personas grabaron los eventos.

En otro incidente, estudiantes pertenecientes a la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) irrumpieron en el interior del Palacio de La Moneda (sede del gobierno). 32 estudiantes fueron arrestados.

Valparaíso y Valdivia también fueron testigos de enfrentamientos entre estudiantes y carabineros. El gobierno acusó a los "encapuchados" (manifestantes con capucha) de ser anarquistas y de haber comenzado la violencia. Pero muchos residentes de Valparaíso denunciaron a la policía, acusándolos de infiltrarse entre los encapuchados con el propósito explícito de provocar la violencia.

El alcalde de Valparaíso Gabriel Aldoney declaró luego de visitar La Moneda [casa de gobierno chilena] que los manifestantes "eran un cáncer que debe ser removido".

Las manifestaciones estudiantiles han profundizado severamente la crisis del gobierno de Bachelet. Su nivel de aprobación se ha encogido a un récord de 24 por ciento.

La hostilidad hacia la presidenta ha sido intensificada por el llamado Caso Caval, un escándalo que salió a la luz el año pasado que involucra a su hijo y ex asistente Sebastián Dávalos, junto con su esposa, por un supuesto fraude y tráfico de influencias en la búsqueda de un acuerdo de bienes raíces valorizado en varios millones de dólares.

La impopularidad de Bachelet es solamente excedida por aquella de la de sus oponentes de derecha. En una encuesta realizada el pasado agosto, su coalición de Nueva Mayoría era vista favorablemente sólo por 16 por ciento, mientras que la Alianza por Chile recibió sólo una aprobación de 15 por ciento, lo que significa que más de dos tercios de la población es hostil tanto a los representantes de la burguesía chilena de "izquierda" como de derecha.

La crisis ha conducido a una serie de cambios de gabinete. En el último, el Ministro del Interior Jorge Burgos, quién había expresado desacuerdos abiertos con la presidenta, renunció alegando problemas de salud. Su reemplazo es otro demócrata cristiano, Mario Fernández Baeza, quién siendo joven fue miembro de la Falange y participó en las manifestaciones de derecha que procedieron al golpe patrocinado por la CIA que derrocó al gobierno de Salvador Allende en 1973. Él también es una figura principal en el ultra-conservador culto católico del Opus Dei.

Mientras tanto, la UDI (Unión Democrática Independiente) el principal partido en la coalición derechista Alianza por Chile, ha sido dañado por un largo número de renuncias. Ambas coaliciones han sido implicadas en financiamiento ilícito de campañas por intereses comerciales, lo que remarca su igualdad ante la sumisión a intereses capitalistas.

La clase trabajadora se ha mostrado cada vez más impaciente, pero fue abstenida de realizar una confrontación frontal con el gobierno por la federación sindical de la CUT (Central Única de Trabajadores), cuyo liderazgo está dominado por el Partido Comunista (PC), el cual a cambio posee ministros en el gobierno de Bachelet.

La CUT convocó huelgas y protestas para el 31 de marzo. Su principal preocupación ha sido la exclusión por el Tribunal Constitucional de dos puntos claves en una propuesta de reforma laboral: (i) los sindicatos tienen el derecho exclusivo para negociar contratos con los jefes y (ii) extender las negociaciones de beneficios para nuevos miembros.

La reforma laboral propuesta daría el monopolio de negociaciones a la burocracia de la CUT como recompensa a su liderazgo por el trabajo del PC en desviar y contener las luchas de trabajadores y estudiantiles mientras que al mismo tiempo mantiene su apoyo por la corrupta administración capitalista encabezada por Bachelet.