El 11 de junio, el presidente estadounidense Barack Obama dedicó su discurso semanal del sábado a defender el proyecto de ley 5278 del Congreso, aprobado el jueves pasado, que impone una junta de control fiscal federal de siete miembros sobre el Gobierno de Puerto Rico, supuestamente para gestionar la reestructuración de la deuda pública de $72 mil millones.

Después de hacer la dudosa afirmación de que Estados Unidos continental se ha recuperado de la crisis económica del 2007-2008, Obama declaró que este no es el caso de Puerto Rico:

“Hoy en día, la isla sigue enfrentando una crisis económica agobiante. Se están cerrando escuelas. Hay cortes de electricidad en los hogares y hospitales. Los maestros tienen que decidir entre encender la luz o las computadoras. Los doctores no consiguen medicinas para el tratar a los recién nacidos, al menos que las paguen en efectivo. Y, mientras el virus del Zika amenaza a la isla y al continente, los trabajadores encargados del control de mosquitos para ayudar a proteger a las mujeres y a sus bebés no nacidos están en riesgo de ser despedidos”.

Las condiciones sombrías que describe el presidente Obama no son hechos naturales ni del destino; son un resultado directo del estrangulamiento financiero de Wall Street sobre Puerto Rico, que ha sido excluido de los mercados de crédito, mientras que la administración Obama le ha negado los fondos de ayuda de emergencia de carácter humanitario, incluso para enfrentar la epidemia del Zika, la cual se acelera en Puerto Rico y potencialmente en todo el continente.

La solución, declaró Obama, es la “reestructuración de la deuda” puertorriqueña, una frase que esencialmente se refiere a severa austeridad para la clase obrera en Puerto Rico, como lo ha sido para los trabajadores y la juventud en Grecia, Detroit, España y en toda Europa.

El problema, sin embargo, según Obama, es que Puerto Rico no tiene las herramientas con las que pueda “reestructurar” su deuda. El presidente paso a asegurarle fraudulentamente al público que dichas medidas no le costarán nada a los contribuyentes estadounidenses, y que también protegerán las pensiones de 300.000 puertorriqueños y preservarán los servicios esenciales.

El jefe de Estado de EEUU también iteró el argumento igualmente falso que “este proyecto de ley también incluye algo más —un sistema temporal de supervisión para ayudar a implementar las reformas necesarias y garantizar la transparencia.”

De hecho, en la redacción del proyecto HB 5278 — la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica (PROMESA, por sus siglas en inglés)—participaron varios grupos de presión de los fondos buitres de Wall Street, que poseen la mayor parte de la deuda de Puerto Rico. El llamado “sistema temporal de supervisión” será una junta de control fiscal de siete miembros. Los legisladores del Partido Republicano nombrarán cuatro de sus siete miembros.

Supuestamente, la “Junta de Supervisión Fiscal y Económica” cesará sus operaciones una vez que Puerto Rico recobre su posición de crédito en los mercados de bonos mundiales y equilibre su presupuesto durante cuatro años consecutivos. Se estima que un equilibrio presupuestario requiere la eliminación de 100.000 empleos públicos y la reducción de los gastos del Gobierno de Puerto Rico en un 30 por ciento.

El papel de dicho consejo es el de imponer estas medidas draconianas, acondicionadas desde el extranjero, y proporcionarle una cobertura política al establecimiento político local, a los sindicatos y al gobierno de EEUU.

Según HB 5278, la junta de control fiscal se reunirá en secreto, lo cual expone aún más el carácter engañoso de las promesas de transparencia hechas por Obama.

Como está escrito en la ley, la junta tendrá autoridad federal sobre todos los funcionarios electos en Puerto Rico, con el poder de desechar los reglamentos existentes e imponer otros nuevos. Tendrá la última palabra en las políticas fiscales, y sus resoluciones se extenderán más allá de la “reestructuración de la deuda” con el fin de asegurarles ganancias a los parásitos financieros y grandes empresarios en Puerto Rico, sacrificando las condiciones sociales y laborales de los jóvenes y trabajadores. Escogiendo sus palabras con cuidado, Obama aseveró que respetaría “los derechos democráticos del pueblo de Puerto Rico. Me comprometo a asegurar que los puertorriqueños estén bien representados en este proceso”.

En realidad, Obama no se está comprometiendo a nada que interfiera con la imposición de una dictadura financiera sobre la economía de la isla.

Un artículo del Wall Street Journal sobre la aprobación de PROMESA reconoce por lo menos eso. Según este ensayo de opinión, la junta de control fiscal será “musculosa” y está inspirada en la junta de control fiscal impuesta en Washington DC en 1995, la cual fue responsable del saqueo a miles de trabajadores municipales y de reducciones severas en los programas de la ciudad en educación y en otros servicios municipales.

Al igual que dicha junta en Washington DC, su homóloga en Puerto Rico se reunirá en privado y tomará decisiones de alta importancia para la población en secreto. La toma de la economía puertorriqueña por esta junta también significa que cualquier endeudamiento nuevo, incluso para combatir la emergencia sanitaria del Zika, requiere su aprobación.

El Wall Street Journal también indicó que, con la aprobación del Congreso y presidente de EEUU, se iniciaría una moratoria que prohibiría sanciones legales por el incumplimiento de pago de $2,1 mil millones que se espera para el 1 de julio y permitiría negociaciones. “Si las negociaciones fracasan, la junta podría autorizar una reestructuración similar a la de una bancarrota capítulo 11, que protegería las prioridades de los acreedores de la deuda. El plan de ajuste propuesto por la junta tendría que ser justo y equitativo y en el mejor interés de los acreedores. Por lo cual, no se podrán vender a corto plazo los bonos de obligaciones generales para pagarles a los jubilados”.

En el proyecto de ley, también se incluye la opción para las autoridades de Puerto Rico de imponer una reducción en el salario mínimo a $4.25 por hora para aquellos trabajadores de 25 años o menos. Mientras que Obama y los demócratas afirman que no apoyaban esa cláusula y que tuvieron que aceptarla como un compromiso desafortunado, esta reducción devela otro punto en la agenda de Wall Street y de las grandes empresas —convertir a Puerto Rico en una plataforma de mano de obra barata para extraer más plusvalía.

Todo esto es parte de un ataque generalizado en contra de las condiciones laborales en Puerto Rico. Desde el 2006, bajo los gobernadores Aníbal Acevedo Vilá (del Partido Popular Democrático), Luis Fortuño (del Partido Nuevo Progresista) y Alejandro García Padilla (del Partido Popular Democrático), decenas de miles de empleados públicos han sido despedidos. Las jornadas completas se han ido reemplazando por mano de obra contingente, mientras que el desempleo ha llegado al 16 por ciento.

El movimiento sindical puertorriqueño ha reaccionado a cada serie de ataques en contra de los puestos de trabajo y las condiciones laborales con huelgas y frases vacías, diseñadas para desactivar el descontento popular.

Temprano en su administración en el 2015, el gobernador García Padilla dejó claro su desprecio hacia los trabajadores. “No podemos pretender sacar a Puerto Rico del atolladero de crecimiento económico tomando sol en la playa. Es trabajando, es con días de trabajo que se saca del atolladero al país”, declaró, pidiendo la eliminación de días feriados, vacaciones y tiempo libre para uso personal o por enfermedades. Ahora, él anticipa que la junta de control fiscal impulse una mayor ofensiva en contra de los empleos públicos y las condiciones laborales, lo cual etiqueta eufemísticamente como “reforma laboral”.

Puerto Rico se enfrenta a su peor crisis económica y fiscal desde la década de 1950. No puede pagar la deuda pública de $72 mil millones, incluso a un costo humano enorme. No tiene acceso a los mercados de capitales. En la última década, más de 400.000 personas han emigrado a EEUU continental. Nada de esto va a disuadir a los acreedores en Puerto Rico, quienes pretenden extraer todo lo que puedan y a cualquier costo social.

Obama, la Cámara de Representantes, el Senado de Estados Unidos, los fondos buitres de Wall Street, el Gobierno de Puerto Rico y su legislatura y los sindicatos discrepan sobre determinados aspectos de la nueva legislación. Pero todos la celebran como el principal vehículo para aprovechar la crisis fiscal como una oportunidad para deteriorar drásticamente las condiciones laborales y niveles de vida en Puerto Rico.

La junta de control fiscal puede contar con todo su necesitado apoyo en contra de los intereses de los trabajadores puertorriqueños. La única alternativa para los trabajadores y juventud de Puerto Rico es dirigirse a los trabajadores en Estados Unidos, América Latina y en todo el mundo a través de un movimiento socialista que luche por la nacionalización de los bancos, bajo el control de la clase obrera, y por utilizar la riqueza de la sociedad para cubrir las necesidades humanas.