A las 4:53 de la mañana el 20 de julio, la Asamblea Nacional en Francia votó abrumadoramente a favor de prolongar por cuarta vez el estado de emergencia impuesto por el Gobierno del Partido Socialista (PS) después de los atentados terroristas en París el 13 de noviembre del año pasado. Por 489 a 26, el voto ha convertido al presente estado de emergencia en el más largo en Francia desde la caída del régimen colaboracionista con los nazis de Vichy, al final de la Segunda Guerra Mundial.

Las afirmaciones oficiales de que esta medida es una respuesta temporal al último ataque horrible en Francia—donde un individuo francotunecino, aparentemente con trastornos mentales, condujo un camión en medio de una multitud celebrando el Día de la Bastilla en Niza, matando a 84 e hiriendo a más de 100 personas—no corresponden a las circunstancias. Enfrentando una crisis democrática y tensiones sociales por toda Europa, la burguesía busca imponer un estado de emergencia permanente y transicionar a formas dictatoriales de gobierno.

El miércoles, en una larga entrevista con Le Monde, el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, trató de apaciguar la opinión pública al indicar que el estado de emergencia es una política temporal y legal con el fin de luchar contra el terrorismo. “El estado de emergencia no puede ser una situación permanente”, dijo, agregando: “No es un estado de excepción; es parte del estado de derecho. El ataque en Niza muestra que podría haber contraataques y la necesidad de intensificar la vigilancia. Este es el carácter inminente de peligro que justifica prolongar el estado de emergencia”.

Los argumentos de Cazeneuve son completamente absurdos y sólo buscan justificar la eliminación permanente de derechos democráticos. De forma similar, el primer ministro, Manuel Valls, afirmó en la Asamblea que Francia va a continuar viviendo bajo el peligro inminente de eventos como el del 13 de noviembre y el de Niza durante un futuro indefinido. “A pesar de que estas palabras son difíciles de decir, es mi deber hacerlo”, dijo Valls. “Habrá ataques y habrá más personas muertas. No hay que acostumbrarse, nunca hay que acostumbrarse al horror, pero debemos aprender a vivir con esta amenaza”.

Si el PS afirma que la amenaza terrorista es perpetua, la conclusión ineludible es que el PS apoya un estado de emergencia perpetuo. De hecho, varios comentaristas en la prensa ya han escrito que va a ser imposible concluir el estado de emergencia durante el próximo invierno, cuando vence esta extensión de seis meses. Indican que tendrá que prolongarse por al menos otros seis meses para proteger a los candidatos en las elecciones presidenciales de abril y mayo del 2017.

Aún más fundamental, las palabras de Cazeneuve son un fraude político por el hecho que detener ataques terroristas no es el propósito del Gobierno. La ley que permite dicho estado de emergencia fue redactada en 1955 para suprimir una insurrección armada en contra del gobierno colonial francés en Argelia que comenzó en 1954 y para restringir la oposición de los trabajadores franceses a la guerra colonial contra los argelinos, algo que el Gobierno no pudo hacer.

Hoy, 60 años más tarde, el principal blanco del estado de emergencia no es el terrorismo, sino la oposición social y política de la clase obrera.

Después del ataque en Niza, incluso Valls tuvo que confesar la incapacidad de prevenir ataques futuros con el estado de emergencia, el cual le permite a la policía prohibir protestas sociales, realizar registros y allanamientos ilimitados, censurar la prensa, imponer arrestos domiciliarios sin ningún juicio y establecer tribunales militares. Estas medidas de estado policial no hacen nada para siquiera abordar las causas de los ataques, las cuales consisten en la profunda crisis social en Francia y en el apoyo de la OTAN a redes de terrorismo islamista para utilizar en su guerra de cambio de régimen en Siria.

Más bien, conforme el capitalismo europeo se hunde cada vez más profundo en la mayor crisis económica y política desde la Segunda Guerra Mundial, las clases dominantes en cada país están pasando a prescindir de los derechos democráticos. La fragilidad y, en última instancia, inviabilidad de la democracia capitalista se está exponiendo ante millones de trabajadores al verse relegada con un estado de emergencia impuesto de forma arbitraria.

El mismo día del voto en la Asamblea Nacional francesa, el Gobierno turco impuso un estado de emergencia por tres meses como parte de una depuración de las fuerzas armadas y del aparato estatal tras el golpe de Estado militar fallido de la semana pasada.

En el Reino Unido, el resultado del referéndum a favor de salir de la Unión Europea (Brexit) desató una crisis política masiva. Varias secciones de la élite gobernante están pidiendo rechazar el voto e intentar depurar la base del Partido Laborista con el fin de derrocar a su líder electo, Jeremy Corbyn, de forma antidemocrática y desplazar las políticas laboristas en materia social e internacional aún más hacia la derecha.

El Gobierno alemán, por su parte, se encuentra remilitarizando su política exterior frente a la abrumadora oposición popular e ingeniando planes para desplegar su ejército dentro del país.

El Gobierno del PS en Francia ya ha utilizado el estado de emergencia para intentar suprimir las explosiones sociales en contra de sus medidas de austeridad, particularmente durante esta primavera con las protestas de masas de trabajadores y jóvenes en contra de las nuevas leyes laborales regresivas. Amenazaron con prohibir las manifestaciones en su totalidad, pisoteando la protección constitucional al derecho a la huelga y a la protesta, atacaron violentamente a los protestantes con pelotones antimotines de la policía y le ayudaron al principal sindicato policial organizar una contramanifestación.

La reacción del Estado francés de infringir la constitución y los derechos democráticos, sobre todo en comparación a los anteriores estados de emergencia nacionales de la década de 1950 y 1960, ha sido desproporcionada frente a la amenaza de terrorismo existente.

El más largo de los tres estados de emergencia impuestos durante la Guerra de Argelia duró ocho meses. Estas medidas—impuestas al inicio de la guerra en 1955, tras el golpe de estado de 1958 y el intento fallido de golpe de Estado de los generales en Argel en 1961—sucedió durante una guerra que cobró cientos de miles de vidas e implicó la movilización de millones de soldados. Y mientras que sirvieron para reprimir la oposición obrera a la guerra, los estados de emergencia en 1958 y 1961 se impusieron también para combatir las insurrecciones de sectores poderosos de las fuerzas armadas francesas que tenían apoyo internacional, particularmente del régimen fascista de Franco en España, y que sentían que el gobierno estaba capitulando ante los movimientos antibélicos de la clase obrera.

Los ataques recientes, como los asesinatos de Charlie Hebdo, los atentados del 13 de noviembre y la atrocidad de la semana pasada en Niza, se llevaron a cabo bajo circunstancias poco claras y por puñados de terroristas a menudo conocidos por los servicios de inteligencia franceses. Mientras que cobraron un saldo devastador de más de 200 vidas, siguen siendo incomparables con la matanza masiva en la Guerra de Argelia. Sin embargo, el estado de emergencia actual ya ha durado más que los de ese período y el PS pretende mantenerlo por un futuro indefinido.

En un último análisis, queda claro que esta reacción histérica y antidemocrática está siendo provocada por la creciente oposición social y política de la clase obrera. Una tarea central que enfrentan los trabajadores, conforme se va desarrollando esta oposición y comienza a tomar una forma cada vez más políticamente consciente, es la defensa de los derechos democráticos en contra de la campaña de la élite capitalista a la dictadura.