La publicación por la tarde del viernes 15 de julio de una sección del informe del Congreso de Estados Unidos sobre los atentados del 11 de setiembre del 2011 (9/11), mantenida en secreto por 13 años, ha proporcionado nuevas pruebas acerca del encubrimiento del papel desempeñado por el gobierno de Arabia Saudita y por las agencias de inteligencia estadounidenses en realización a los atentados y el subsecuente encubrimiento de sus orígenes.

El segmento de 28 páginas del informe emitido por la “Investigación conjunta sobre las actividades de la comunidad de inteligencia antes y después de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001” proporciona evidencia abundante y condenatoria del amplio apoyo dado por Arabia Saudita a los secuestradores—15 de los 19 eran ciudadanos saudíes—antes de los ataques contra el World Trade Center y el Pentágono, los cuales costaron casi 3.000 vidas.

La Casa Blanca, la CIA, la monarquía saudí y la prensa corporativa han tratado de presentar que los documentos—desclasificados al público en una tarde de viernes para asegurar su mínima exposición—exoneran de alguna manera al régimen saudí de toda culpabilidad en los atentados del 9/11.

“Esta información no cambia la evaluación del gobierno estadounidense: no hay evidencia de que el gobierno de Arabia Saudita como institución o altos funcionarios saudíes a título individual hayan financiado a Al Qaeda”, comentó Josh Earnest, el portavoz de la Casa Blanca, el viernes, alardeando que el principal significado de la desclasificación era como evidencia de la dedicación a la “transparencia” de la administración Obama.

En realidad, las 28 páginas habían sido mantenidas bajo llave en una bóveda en el sótano del Capitolio desde el 2002, con acceso sólo para los miembros del Congreso, prohibidos de tomar notas, llevar a miembros de su personal o revelar siquiera lo mínimo de su contenido.

La administración Obama, tanto como la administración Bush, mantuvo este secreto por varias razones. En primer lugar, existía la preocupación de que los documentos pondrían en peligro sus relaciones con Arabia Saudita que, después de Israel, es el segundo aliado más cercano de Washington en el Oriente Medio, y es además un leal cómplice en las operaciones sangrientas en Afganistán, Siria y Yemen y el mayor comprador mundial de armas estadounidenses.

Más importante aún, les preocupaba que las 28 páginas pondrían al descubierto la criminalidad profunda del mismo gobierno de Estados Unidos, facilitando los atentados del 9/11, mintiendo acerca de sus orígenes y utilizando la tragedia para justificar sus guerras despiadadas de agresión, primero contra Afganistán y luego contra Irak. Estas guerras cobraron más de un millón de vidas. La narrativa falsa alrededor del 11 de septiembre sigue siendo el pilar ideológico de la campaña de militarismo global de EE.UU. llevada a cabo bajo el nombre de “guerra contra el terrorismo”.

Los medios de comunicación se han referido a la falta de evidencia irrefutable, que presumiblemente equivaldría a una orden firmada por el rey de Arabia Saudita para atacar Nueva York y Washington. Se presenta la evidencia como “inconclusa”, lo cual provoca preguntarse cuál sería la reacción si, en lugar de la palabra “saudí”, los documentos se refirieran a los iraquíes, sirios o iraníes. En dichos casos, la misma evidencia habría sido proclamada como un caso indiscutible para irse a la guerra.

El exsecretario de la Marina, John Lehman, quien participó en la preparación del informe, contradijo directamente la posición oficial de Washington. “Hubo muchísima participación de individuos de Arabia Saudita apoyando a los secuestradores, y algunas de esas personas trabajaban en el gobierno saudí”, dijo. “Nuestro informe nunca debió ser interpretado como una exoneración de Arabia Saudita”.

Asimismo, el exsenador de Florida, Bob Graham, quien presidió la Comisión investigadora, sugirió que la información difundida el viernes fue sólo el principio. “Pienso de esto como si las 28 páginas fuesen como el corcho de la botella de vino. Y una vez fuera, ojalá que el resto del vino salga por sí solo”, dijo.

Lo que emerge claramente a partir del informe recién divulgado, que se titula “Hallazgo, discusión y narrativa sobre algunos asuntos delicados de seguridad nacional”, es que existen múltiples indicios de financiamiento y asistencia para los secuestradores del 9/11 y para Al Qaeda en general, pero también aparece que las investigaciones nunca fueron iniciadas o quedaron inconclusas por los estrechos vínculos entre Washington y la monarquía saudí y entre los servicios de inteligencia de EE.UU. y Arabia Saudita.

“En Estados Unidos, algunos de los secuestradores del 11 de septiembre estuvieron en contacto con y recibieron apoyo o asistencia de individuos que podrían estar conectados al gobierno saudí”, comienza el documento. Luego, cita fuentes del FBI indicando que algunas de estas personas eran “agentes de inteligencia saudíes”.

Continúa explicando que las investigaciones del FBI y la CIA se llevaron a cabo a partir de la consulta hecha específicamente por la indagación del Congreso. “No fue hasta después del 11 de septiembre que el gobierno estadounidense empezó a investigar agresivamente este problema”, indica el informe. “Antes del 11 de septiembre, el FBI aparentemente no enfocaba sus fuentes de investigación en [censurado] ciudadanos saudíes en Estados Unidos por el estatus de Arabia Saudita como un ‘aliado’ estadounidense”.

El informe se centra parcialmente en el papel desempeñado por un tal Omar al-Bayoumi, descrito por el FBI como un oficial de inteligencia saudí. Según los archivos del FBI, este “les proporcionó asistencia substancial a los secuestradores Khalid al-Mihdhar y Nawaf al-Hazmi después de llegar a San Diego en febrero del 2000”.

La investigación sólo habla acerca de al-Hazmi y al-Mihdhar después de que llegaron a California, pero no incluye nada acerca de las circunstancias, en primer lugar, bajo las cuales se les permitió ingresar al país. Ambos estaban siendo vigilados por la CIA mientras participaban en una reunión de planificación de Al Qaeda en Kuala Lumpur, Malasia, en el 2000, y fueron colocados en una “lista de vigilancia” del FBI para monitorear si entraban a Estados Unidos. Sin embargo, los dos hombres ingresaron a Estados Unidos el 15 de enero del 2000, aterrizando en el aeropuerto internacional de Los Ángeles y se dirigieron eventualmente a San Diego. Posteriormente, se les permitió operar libremente y asistir a una escuela de aviación en preparación para su papel como pilotos de los aviones secuestrados el 11 de septiembre del 2001.

Al-Bayoumi, señala el informe, “recibió el apoyo de una compañía saudí afiliada con el Ministerio de Defensa saudí”, a través de un cheque por un trabajo no realizado. El informe señala que la empresa también tenía vínculos con el líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden.

El informe también indica que al-Bayoumi había trabajado previamente para la Asociación de Aviación Civil Saudí y, en el período antes del 9/11, estaba “en contacto frecuente con el emir en el Ministerio de Defensa Saudí responsable de control aéreo”. Los registros telefónicos muestran 100 llamadas hechas por al-Bayoumi a agencias del gobierno saudí entre enero y mayo del 2000.

Los documentos del FBI mencionan que los US$ 465 en “estipendios” que al-Bayoumi recibía a través del contratista militar saudí incrementaron a más de US$ 3.700 poco después de la llegada de al-Hazmi y al-Mihdhar. Durante este período, al-Bayoumi permitió que los dos futuros secuestradores permanecieran en su apartamento antes de encontrarles un lugar propio—con un informante del FBI de San Diego—firmando su contrato de arrendamiento y pagando un depósito y el primer mes de alquiler.

Las investigaciones del FBI después del 9/11 indicaron que al-Bayoumi mantenía “algunos vínculos con elementos terroristas”. Mientras tanto, su esposa recibía US$ 1.200 al mes de la princesa Haifa Bint Sultan, la esposa del príncipe Bandar, el embajador de Arabia Saudita a EE.UU. y más tarde director de los servicios de inteligencia saudíes.

También se nombra a un probable agente de inteligencia saudí, un tal Osama Bassnan, que vivía al frente de los dos secuestradores en San Diego y se mantenía en contacto telefónico con al-Bayoumi varias veces al día durante este período. Al parecer, él los puso en contacto con un piloto de una aerolínea comercial saudí para discutir cómo “aprender a volar una aeronave Boeing”, según un documento del FBI. La esposa de Bassnan también recibía un estipendio mensual de la princesa Haifa, esposa del embajador de Arabia Saudita, por la suma de US$ 2.000 al mes. El FBI encontró un cheque de US$ 15.000, escrito en 1998 por Bandar para Bassnan. El informe indica que la información del FBI muestra que Bassnan era “un extremista y partidario de Osama Bin Laden” y que hablaba del líder de Al Qaeda “como si fuera dios”.

Al presentarse frente a la Comisión de Investigación del Congreso en octubre del 2002, el director ejecutivo adjunto de Contraterrorismo del FBI, Pasquale D'Amuro, reaccionó de manera cínica y con desprecio cuando se le preguntó acerca de los pagos de la esposa del embajador saudí a las esposas de los dos agentes de inteligencia implicados con los secuestradores del 9/11.

“Ella le da dinero a un montón de diferentes grupos y personas de todo el mundo”, dijo. “Hemos podido destapar varios de estos... pero tal vez si podemos descubrir que ella les da a 20 grupos radicales diferentes, bueno, tal vez haya un patrón”. Hablando como un hombre que se cree estar por encima de la ley al defender a una figura que claramente ve como intocable.

Además, el informe incluye el recuento de un interrogatorio del FBI a Saleh al-Hussayen, un oficial destacado dentro del Ministerio del Interior saudí, quién se quedó en el mismo hotel en Virginia en el que se quedaron tres de los secuestradores la noche antes de los ataques del 9/11. Si bien afirmó no conocer a los secuestradores, los agentes del FBI “creen que estaba siendo engañoso”.

Según el informe, al-Hussayen fingió sufrir un ataque y fue llevado a un hospital, el cual dejó varios días más tarde para coger un vuelo a Arabia Saudita sin hacérsele mas preguntas. Durante el mismo período, fueron detenidas alrededor de 1.200 personas sin vínculos a los ataques y dejadas sin comunicación, con pruebas no mayores a que eran árabes o musulmanes.

Una libreta telefónica perteneciente a Abu Zubaydah, el operativo de Al Qaeda detenido todavía en Guantánamo y torturado extensamente por la CIA, contenía, según el informe, números privados de empresas de seguridad que le prestaban servicios a la residencia en Colorado del embajador saudí, el príncipe Bandar, así como el número de un guardaespaldas de la Embajada de Arabia Saudita, quien “algunos han reportado podría ser un [palabras censuradas]”.

Se dan varias censuras de este tipo en relación con individuos saudíes, lo que sugiere su pertenencia a una especie de servicio secreto cuyo nombre debe permanecer confidencial. Esto es sólo parte de lo que aún se mantiene confidencial. Varios miembros del comité de investigación protestaron airadamente sobre la imposibilidad de presentar claramente la evidencia de la participación saudí, lo cual resultó en el despido de por lo menos uno de ellos.

Si el gobierno está decidido a seguir ocultando estas conexiones saudíes, es sin duda porque también expondrían la participación de las agencias de inteligencia de Estados Unidos en los eventos del 9/11.

Esta opacidad sugiere que algunos elementos dentro del gobierno de EE.UU. sabían que Al Qaeda estaba preparando una operación en suelo estadounidense, hicieron la vista gorda e incluso les prestaron algún tipo de asistencia porque sabían que el incidente podría ser utilizado como un pretexto para llevar a cabo planes ya elaborados de una guerra agresiva en el Oriente Medio.

La desclasificación limitada del material sobre de la conexión Arabia Saudita-EE.UU.-9/11 es una exposición devastadora de los crímenes del gobierno de Estados Unidos, de George W. Bush para adelante, y las mentiras que emplearon para iniciar guerras que han devastado la vida de millones.

Estos nuevos hechos requieren de una investigación exhaustiva, imparcial e internacional, así como la acusación y detención de funcionarios de alto nivel, estadounidenses y saudíes. Sólo una intervención potente de la clase obrera internacional, sobre la base de un programa socialista, podrá llevar a estos criminales de guerra ante la justicia.