Una semana antes de los juegos de Río, manifestantes extinguen la llama Olímpica

por Bill Van Auken
9 agosto 2016

Protestas de trabajadores y jóvenes en Angra dos Reis, una ciudad costera cerca de 100 millas al sur de Río de Janeiro, bloquearon un desfile Olímpico el miércoles 3 de agosto por la noche, incautando y extinguiendo la antorcha olímpica antes de ser repelidos por los disparos de la policía de gases lacrimógenos y balas de goma.

La protesta, que viene apenas una semana antes de la apertura del 5 de agosto de los Juegos Olímpicos de Río, es emblemática de las condiciones de la extrema crisis económica y política, así como del aumento de la agitación social, que están devastando Brasil, mientras se prepara para acoger los Juegos Olímpicos que nunca antes se habían realizado en Latinoamérica.

Las protestas en Angra dos Reis fueron provocadas por la falta de pago de los empleados municipales, junto con el corte del servicio de buses y el cierre de un centro de salud de atención de urgencia. Éstos son sólo una parte de los recortes de los que se realizarán a una escala mucho mayor, pues el estado de Río de Janeiro se tambalea y está al borde de la quiebra y el gobierno de derecha del “presidente interino” Michel Temer, se embarca en una agenda de minuciosas medidas de austeridad y de privatización.

Los manifestantes llevaban pancartas que decían: "Los trabajadores de Angra dos Reis no pagarán por la crisis" y " Antorcha de la vergüenza". Y bloquearon las calles con barricadas de basura quemada.

La hostilidad hacia los Juegos Olímpicos fue provocada por el informe de que la ciudad estaba pagando por una celebración Olímpica mientras que no paga los salarios a sus trabajadores y maestros.

Angra dos Reis es una puerta costera de complejos veraniegos costosos y de mansiones de playa de los ricos de Brasil y de todo el mundo. Es también el sitio de una refinería de petróleo de la compañía estatal Petrobras y de una planta de energía nuclear. La mayoría de sus habitantes son de clase obrera y gente pobre, que habitan en viviendas precarias en laderas que han visto desastrosos aludes de lodo en repetidas ocasiones.

La hostilidad a los Juegos Olímpicos, sin embargo, no es exclusiva de esta ciudad. Una encuesta reciente mostró que más de la mitad de la población Brasileña se opone a los juegos y que el 63 por ciento cree estos Juegos van a hacer al país más daño que bien.

Un informe del gobierno emitido a principios de esta semana destacó la continua profundización de la crisis económica Brasileña como la peor desde la Gran Depresión de la década de 1930. La tasa oficial de desempleo para el segundo trimestre de 2016 se elevó desde 11,3 hasta 38,7 por ciento, en comparación con el mismo período del año pasado. Mientras tanto, los salarios medios también han caído en picada, un 4,2 por ciento desde el año pasado.

La ira creciente de la clase obrera sobre estas condiciones afecta a los propios Juegos Olímpicos. Los trabajadores del transporte público de Río de Janeiro han amenazado con ir a la huelga en la víspera de los juegos si su demanda de un aumento salarial de casi el 10 por ciento, no se cumple.

Río de Janeiro se ha convertido en un campo armado con antelación de los juegos, con 88.000 tropas armadas, policía militar y otro personal de seguridad desplegados en sus calles.

La eficacia de tales medidas de seguridad se puso en duda con el anuncio que un atleta de jiu-jiutsu de Nueva Zelanda, había abandonado el país, después de haber sido secuestrado y obligado a retirar el equivalente de más de $600 dólares de diferentes bancos para obtener su libertad. Sus captores, se supo, eran miembros de la policía militar.

En el período previo a los juegos, el gobierno había anunciado una serie de detenciones de “terror” de individuos acusados de tener vínculos con organizaciones terroristas extranjeras. El contenido de estas alegaciones parece débil en extremo, y en algunos casos consisten en nada más que en haber visitado un sitio Web. Los blancos de lo que se ha descrito como detenciones “preventivas” aparentemente, fueron individuos seleccionados de listas proporcionadas por el FBI de los Estados Unidos y por el Mossad israelí.

Esta falsa campaña contra el terror ha proporcionado al gobierno de Temer la oportunidad de implementar una ley draconiana antiterrorista aprobada recientemente.

Los juegos se llevan a cabo bajo la sombra de la crisis de la destitución presidencial. La presidenta Dilma Rousseff —quien fue removida de su cargo en mayo por el Congreso, parte del proceso político contra ella— anunció esta semana que no iba a asistir a la apertura de los juegos después de que Temer dejó en claro que sería excluida del palco de honor que él ocupará. También estuvo ausente de la apertura y por la misma razón, el predecesor de Rousseff y fundador del Partido de los Trabajadores (PT), Luis Ignacio Lula da Silva, cuya administración aseguró la realización los Juegos Olímpicos en Brasil hace siete años.

El Comité Especial del Senado Brasileño Pro Destitución probablemente votará —durante la misma semana en que los Juegos Olímpicos comienzan— a favor de que proceda el proceso contra la presidenta del PT. Se espera también que el Senado dicte su veredicto final en los últimos día de agosto. Según las encuestas, es probable que el voto sea para remover permanentemente a Rousseff, dándole los últimos dos años de su mandato a su ex vicepresidente, Michel Temer.

El carácter falsificado del juicio político fue expuesto a principios de este mes, con la publicación de un informe del fiscal federal Iván Marx, quien le dijo al Senado que uno de los principales cargos —que señalaba que Rousseff había participado en manipulaciones presupuestarias que retrasaron los pagos a los bancos con el fin de cubrir un déficit— no es un delito punible.

el proceso de destitución de Rousseff, llevado a cabo por una camarilla de políticos corruptos quienes están involucrados hasta el cuello en el multimillonario escándalo por el soborno en Petrobras, en primer lugar tiene el propósito de eliminar un presidente electo, con el objetivo de introducir radicales medidas de austeridad diseñadas para colocar la plena carga de la crisis sobre las espaldas de la clase obrera. Aunque Rousseff y el PT ya habían comenzado con tales medidas y han insistido que eran los más adecuados para continuarlas, tanto el capital Brasileño como el extranjero, exigieron un cambio de régimen.