La Casa Blanca pretende encubrir la crisis migratoria centroamericana

por Andrea Lobo
22 agosto 2016

El gobierno de Obama anunció el 26 de julio un acuerdo con el gobierno de Costa Rica, el cual ha aceptado recibir por períodos de seis meses a 200 solicitantes de asilo a la vez, quienes provienen del Triángulo Norte centroamericano (TNCA), que incluye a El Salvador, Honduras y Guatemala.

Mientras que la prensa y algunos grupos de apoyo a refugiados han considerado esta medida como un gesto simbólico o hasta como un paso prometedor a una solución de la crisis migratoria; en realidad, este es un esfuerzo para encubrir la actual escalada de ataques contra las condiciones sociales en Centroamérica, la cual va mano a mano con la militarización liderada por EE.UU. de los gobiernos represivos del TNCA.

Como parte del acuerdo, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha ofrecido llevar a cabo el proceso de selección; sin embargo, los solicitantes todavía tendrán que pasar por un control de seguridad por parte de sus gobiernos locales para ser considerados.

Un representante del Departamento de Estado de EE.UU. comentó: “Por sí mismas, las acciones de hoy no va a resolver este desafío, pero son pasos en la dirección correcta y son un ejemplo más del compromiso de Estados Unidos para resolver la situación”. Del mismo modo, el ACNUR expresó que “el anuncio presenta una base sólida para una respuesta regional”.

El New York Times exaltó a Obama por la expansión de “sus esfuerzos para proteger a los migrantes que huyen de condiciones peligrosas” y criticó al rival de la candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, sobre el tema. “La expansión fue denunciada por los republicanos, y agudizó el contraste con Donald J. Trump, quien ha centrado gran parte de su campaña electoral en un llamado a rechazar a los inmigrantes”, destacó el periódico.

El Times informa, sin embargo, que sólo 600 centroamericanos han sido admitidos en Estados Unidos desde que la gran afluencia de refugiados comenzó en el 2014.

Mientras tanto, Washington sigue alimentando la crisis humanitaria en el TNCA, forzando a miles más a buscar refugio y mejores condiciones de vida, tal como lo hace en Oriente Medio y África.

El ACNUR estima que habrán al menos 146.000 solicitantes de asilo este año del Triángulo Norte, comparado a los 109.800 en el 2015. Las cifras incluyen decenas de miles de niños. El truco publicitario de acoger a 200 refugiados temporales, hace al gobierno de Costa Rica un cómplice directo en el trato inhumano de los refugiados del TNCA por parte del imperialismo norteamericano, cuyas tácticas de disuasión y criminalización de los migrantes son sólo un medio para asegurar una mano de obra inmigrante más vulnerable y explotable dentro de EE.UU. y al sur de la frontera.

Lo mismo ocurre en Costa Rica en una escala más pequeña. Más de 400.000 trabajadores inmigrantes, cerca del 10 por ciento de la población total y la mayoría de Nicaragua, son mantenidos deliberadamente por los empleadores para trabajar de manera informal, a fin de no tener que pagar salarios dignos o de hacer contribuciones a su seguro social. Las leyes de inmigración aprobadas en el país desde el 2010 para agilizar la legalización de su estatus laboral no han hecho prácticamente nada para cambiar su situación; el Instituto de Políticas de Migración informa que menos del 2 por ciento de los empleadores agrícolas se han registrado para el programa.

Después de que Costa Rica y otros gobiernos centroamericanos les cerraron sus fronteras en marzo a migrantes cubanos y limitaron el flujo de migrantes africanos y haitianos en su trayectoria principalmente hacia Estados Unidos, alrededor de 3.000 se vieron obligados a utilizar rutas peligrosas tomando el riesgo de ser asesinados, secuestrados y atracados, o estafados por los coyotes para continuar en su camino. La semana pasada, encontraron diez migrantes africanos muertos en el Lago de Nicaragua. Cientos de personas están viviendo en refugios insalubres y al aire libre esparcidos en las regiones empobrecidas próximas a las fronteras costarricenses, llevando a la muerte de uno de ellos por neumonía en mayo.

Al anunciar el acuerdo con Obama, los funcionarios públicos costarricenses se han concentrado en reasegurar que no van a llegar criminales, que esta supuesta acción caritativa le costará al estado fuertemente endeudado poco o nada y que los refugiados saldrán rápidamente. El ministro de Gobernación, Sergio Alfaro, enfatizó que esta sólo es una medida temporal, hasta que las solicitudes de refugio en EE.UU., Canadá y Australia se procesen.

“El perfil de las personas que vendrán como parte de este convenio de líderes y dirigentes ambientalistas, comunales y del movimiento LGTBI que son perseguidos y amenazados en sus países por organizaciones criminales como las maras”, comentó Carmen Muñoz, viceministra de Gobernación.

Esta declaración genera una serie de dudas serias sobre las afirmaciones del ACNUR que su selección se basaría en los solicitantes de asilo más vulnerables. Parece que la selección va a ser una respuesta directa a los escándalos en torno a los asesinatos de activistas, en particular el de la activista hondureña, Berta Cáceres, y sus dos colegas asesinados este año.

El mes pasado, el Grupo de Crisis Internacional (International Crisis Group, ICG) con sede en Bruselas publicó un estudio sobre las crecientes presiones sobre los migrantes y las comunidades en el TNCA, particularmente debido a la política de inmigración de EE.UU. y al empeoramiento de la violencia y la pobreza en la región.

Reporta que EE.UU. ha externalizado sus esfuerzos de control fronterizo a México, donde fueron deportaron 166.000 centroamericanos el año pasado, en comparación con los 75.000 deportados desde Estados Unidos.

La migración masiva está alimentando la esclavitud sexual, menciona el estudio, estimando alrededor de 50.000 víctimas sólo de Guatemala, y otros miles más secuestrados para exigir sobornos, mientras que las autoridades nacionales deportan intencionalmente a las víctimas rescatadas lo más rápido posible para evitar procesos legales.

Durante los últimos tres años, los países del TNCA han sufrido más homicidios que Estados Unidos, el cual tiene una población diez veces mayor. El informe del ICG cita a una migrante salvadoreña: “Ahora hay pandillas por todas partes. Sólo la gente rica está segura”.

Una encuesta del 2015 de la ONU encontró que el 64 por ciento de las mujeres que migran desde Centroamérica y México reportan que ellas o un pariente cercano ha sido amenazado directamente.

Debido a la gran importancia económica de las remesas en los países del TNCA, según Danilo Rivera, un economista guatemalteco, prevenir la emigración no es algo “funcional” para sus agendas políticas. El ingreso de las remesas representa el 17 por ciento del PIB de Honduras y El Salvador, y el 10 por ciento del de Guatemala, un enorme contraste con el menos de 2 por ciento del PIB que dedican al gasto social para los jóvenes cada uno de sus gobiernos.

A pesar de las revelaciones profundas del ICG, sus recomendaciones son contraproducentes o ignoran los intereses de las élites gobernantes y la vulnerabilidad de la mayoría de los migrantes y comunidades del TNCA.

La propuesta de la organización de reducir las detenciones y deportaciones y ampliar los programas de prevención de violencia “basados en la comunidad” choca directamente con la realidad de la superexplotación imperialista y la militarización de las fuerzas estatales. Solamente, aumentar la “capacidad de enjuiciamiento” en contra de funcionarios corruptos y grupos criminales es viable y ya está en marcha. Estos esfuerzos son dirigidos por el Departamento de Estado de EE.UU., principalmente para garantizar la legitimidad de sus regímenes clientes en respuesta a las protestas masivas durante los últimos dos años contra la impunidad y la corrupción.

El imperialismo norteamericano ha tratado sistemáticamente de encubrir su papel histórico y actual, en la creación de las crisis sociales que han obligado a miles de personas a buscar refugio fuera de Triángulo Norte, con Costa Rica y las otras élites gobernantes centroamericanas como cómplices.

La Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984 fue adoptada por todos los países de Centroamérica y México en respuesta a la crisis humanitaria provocada por las guerras civiles entre las dictaduras respaldadas por EE.UU y los movimientos guerrilleros burgueses nacionalistas en El Salvador y Guatemala, así como entre los mercenarios de la contra, apoyados por la CIA, y el gobierno sandinista de Nicaragua. El documento llegó a catalogar a quienes huyen de “violencia generalizada” como refugiados, pero ninguno de los puntos acordados fue vinculante y ni siquiera se mencionó la responsabilidad de EE.UU. en la crisis migratoria

Durante la década de 1980, las masacres de pueblos enteros en esos tres países, la mayoría por la contra y los regímenes apoyados por EE.UU., alcanzaron niveles de genocidio contra la población maya en Guatemala e intensificaron el empobrecimiento masivo de la población, dando lugar a una enorme cantidad de gente en busca de asilo.

Durante este período, el número de migrantes que huían fue reflejado en un incremento masivo en el número de inmigrantes nicaragüenses en Costa Rica, quienes pasaron de 45.918 a 226.374 entre 1984 y el 2000.

En 1987, el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, condujo las negociaciones que dieron lugar al Acuerdo de Esquipulas II, iniciando formalmente las negociaciones de paz para finalizar la guerra de la contra. Arias fue otorgado el Premio Nobel de la Paz ese mismo año.

El gobierno de Reagan rechazó una versión inicial del acuerdo en 1987, ya que legitimaba al gobierno sandinista, pero llegó a aceptar una segunda versión en febrero de 1988, que abogaba por el “cese definitivo” de la asistencia militar a la contra. Sin embargo, esto no impidió que la CIA siguiese suministrando a la contra hasta que los sandinistas perdieron las elecciones en 1990, frente a una coalición conservadora que incluía al Partido Comunista y al Socialista..

El presidente nicaragüense y líder sandinista, Daniel Ortega, escribió un libro durante este período de negociaciones en 1988, donde declaró: “Antes de responder a mi propuesta de diálogo bilateral, no se precipite presidente Reagan, reflexiones, y que Dios lo ilumine para que tome el camino de la paz y deje de hacer daño al pueblo de Nicaragua. Muchas gracias.”

El estudio del ICG afirma que en las décadas de 1990 y el 2000, Estados Unidos deportó a 250.000 delincuentes condenados de regreso al TNCA. Las pandillas formadas por los deportados, el empobrecimiento continuo y la militarización de los regímenes, especialmente en el TNCA, junto con las rutas de tráfico de drogas construidas durante la guerra civil y al fortalecimiento de los capos de la droga con la ayuda de la CIA, están trayendo de vuelta niveles de violencia y migración similares a los de las guerras civiles.

Un estudio reciente, publicado por las universidades estatales de Costa Rica, titulado “El Estado de la Región”, revela que la militarización liderada por EE.UU. y el empobrecimiento regional se han intensificado en los últimos años. Encontraron que la asistencia militar y policial estadounidense aumentó gradualmente desde $16 de millones de dólares anuales en el 2004 a $125 millones en 2015, con un total durante la década de $768 millones.

A su vez, todos los regímenes clientes de EE.UU., incluyendo aquellos dirigidos por los ex guerrilleros “antiimperialistas” en El Salvador y Nicaragua, han seguido comprando grandes cantidades de armas y equipo militar de Washington, valorizadas en más de $2 mil millones regionalmente entre el 2004 y el 2014. Mientras que el 75 por ciento de estas armas fueron adquiridas por Honduras, el segundo mayor comprador fue Costa Rica con $142,6 millones.

Al mismo tiempo, el porcentaje de hogares socialmente marginados (sin seguridad laboral o desempleo crónico, baja escolaridad, y con poco o ningún acceso a la seguridad social) en Centroamérica aumentó de 36 a 39 por ciento entre el 2009 y el 2014. A nivel regional, seis de cada diez hogares son pobres, los cuales sufren de alguna necesidad básica insatisfecha y/o que viven bajo la línea de la pobreza oficial.