El pasado viernes, el presidente colombiano Juan Manuel Santos fue premiado con el Premio Nobel de la Paz por su rol en las negociaciones de cuatro años para alcanzar un acuerdo de paz con las guerrillas de las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia (FARC). Esto se anunció cinco días después de que los colombianos rechazaran al acuerdo por un estrecho margen en un referendo marcado por una amplia ausencia.

Como el segundo colombiano en recibir un premio Nobel -después que el fenecido novelista Gabriel García Márquez recibiera el premio de literatura en 1982- Santos lo aceptó “en nombre de todos los colombianos”. Él también anunció el domingo que el premio de $930,000 será “donado para la reparación de las víctimas” de la guerra civil.

Sin embargo, este intento de aprovecharse del premio para promocionar la unidad nacional fracasó ante las profundas y duras divisiones reveladas por el inesperado rechazo del acuerdo en un referendo en el que solamente el 37 por ciento participó y el margen para la victoria del campo del “no” fue de tan sólo 60,000 votos de los 13 millones que fueron entregados.

La selección de Santos para el Premio Nobel de la Paz solamente remarca el carácter dudoso de esta distinción, el cual ha premiado a sujetos como Barack Obama en medio de la intensificación militar en Afganistán y asesinatos por drones y otras figuras como el criminal de guerra estadounidense Henry Kissinger al líder israelí de derecha y exterrorista Menachem Begin.

Como suele suceder, la selección de Santos para el premio fue impulsado por intereses económicos y políticos. La burguesía internacional ha apostado al acuerdo colombiano, que terminaría el conflicto armado, permitiendo una apertura del país para una penetración más intensiva del capital multinacional. Al mismo tiempo, sirve para volver a las FARC, el último importante movimiento guerrillero, en un nuevo partido burgués con el objetivo de contener y desviar las luchas de la clase trabajadora colombiana.

En las semanas previas al voto, el presidente Santos había declarado que el único “Plan B” ante la posibilidad del rechazo del acuerdo era “ir a la guerra de nuevo” y que renegociar el acuerdo era “categóricamente imposible”. Su principal negociador en las discusiones en Habana, Cuba, Humberto de la Calle, había dicho que un voto por el “no” sería la culpa de las FARC y que “hay personas que no comprenden que el acuerdo no puede ser renegociado”. De la Calle ha ofrecido ahora su renuncia, mientras que otro negociador del gobierno se quejó de que no hay planes para renegociar y los líderes de la FARC han hecho explícita su resistencia para cambiar el acuerdo.

Mientras tanto, Santos ha renovado el alto al fuego, pero sólo hasta el 31 de octubre, lo que ha conducido a los líderes de la FARC ordenar a sus combatientes de que se preparen para ir a zonas seguras de emergencia. El gobierno de Santos también ha iniciado negociaciones con figuras de ultra-derecha que han liderado la campaña por el “no”: los ex presidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, otorgándoles el escenario político central después del referendo.

Uribe, si bien afirma preferir un “mejor acuerdo” con las FARC, y las fuerzas alrededor de él representan los intereses manchados de sangre de los hacendados y terratenientes aristocráticos que prefieren el aniquilamiento de las restantes guerrillas y la continuación de las tomas y control de las tierras.

Mientras que reconoce el “verdadero peligro de que el proceso de paz se detenga y la guerra civil se encienda de nuevo”, el Comité del Nobel noruego se ha unido al Secretario de Estado de EE.UU. John Kerry y otras figuras internacionales para apoyar las negociaciones con las FARC lideradas por Santos. El texto del premio celebra que, “Santos está ahora invitando a todas las partes para participar en un amplio diálogo nacional con el objetivo de avanzar el proceso de paz. Incluso aquellos que se opusieron al acuerdo de paz han acogido semejante diálogo”.

La lista de 376 candidatos de este año es la más grande que ha habido -un reflejo, como declaró el jefe del Instituto del Nobel Olav Njolstad- de un “mundo en dónde hay un montón de conflictos…”. Entre los principales contendientes por el premio estaban los Casos Blancos en Siria, una ONG de defensa civil financiada por la Agencia por el Desarrollo Internacional de EE.UU. y el gobierno británico que opera en colaboración cercana con las milicias islamistas vinculadas con Al-Qaeda como un medio de propaganda en la guerra por el cambio de régimen en Siria.

El viernes, el presidente estadounidense Barack Obama declaró que el comité del Nobel “hizo la decisión correcta” y, junto con John Kerry y varios políticos europeos, felicitó a Santos. A pesar de estos gestos alrededor del premio Nobel, el auge en los conflictos armados globales y la guerra civil en Colombia ha sido intensificado por los intentos del imperialismo estadounidense y europeo de imponer una hegemonía global por medio de la fuerza militar.

Incluso antes de que la guerra de medio siglo en Colombia comenzara oficialmente en 1964, EE.UU. ya estaba apoyando el uso de paramilitares y fuerzas estatales de la oligarquía terrateniente para reprimir a las guerrillas armadas vinculadas al Estalinista Partido Comunista y secciones del Partido Liberal que estaban operando en comunidades campesinas y terminaron formando las FARC.

Estos primeros esfuerzos por el gobierno estadounidense fueron encarnados en el Plan Lazo, una política para “…ejecutar actividades paramilitares, sabotaje y/o terroristas contra conocidos proponentes comunistas”, definido en un reporte secreto de 1962 al Jefe de Estado Mayor. Los métodos contrainsurgentes usados para luchar contra las guerrillas fueron encubiertas bajo la “guerra contra las drogas” de EE.UU. comenzando en los setenta, a medida que se reportaba que las FARC usaban dinero de drogas para financiar sus operaciones. Lo hacían también los paramilitares de derecha alineados con la oligarquía colombiana, por no mencionar a la CIA, que en los años ochenta se encontraban transportando drogas de Colombia para financiar armas para las fuerzas de los Contra en su lucha contra el gobierno Sandinista en Nicaragua.

La continua asistencia y el directo involucramiento militar estadounidense intensificaron a los escuadrones de la muerte paramilitares, llegando a la cima del Plan Colombia de US$ 9 mil millones para armar y entrenar las fuerzas que combatían a las guerrillas. El plan fue elaborado durante la administración Clinton en 1998 e implementado bajo Bush, volviéndose parte de los esfuerzos “contraterroristas” luego de los ataques del 11 de setiembre. El plan fue entonces expandido en la Iniciativa Regional Andina para dar apoyo militar a Ecuador, Venezuela, Perú, Brasil y Panamá.

Durante este período la CIA y la NSA estaban involucradas en un programa de asesinatos selectos usando “bombas inteligentes” guiadas por GPS para llevar a cabo asesinatos extrajudiciales de líderes de las FARC, los cuales habían sido nombrados como un grupo terrorista por el Departamento de Estado de EE.UU. Varios miles de campesinos inocentes y trabajadores fueron asesinados extrajudicialmente por las fuerzas militares y paramilitares bajo un macabro programa llamado “falsos positivos”. Civiles fueron secuestrados, puestos en uniformes de guerrilla, ejecutados sumariamente y presentados como combatientes de las FARC para así obtener dinero de recompensas ofrecido por el Ministro de Defensa en conjunción con el Plan Colombia.

Por su parte, el nuevo laureado de la paz Santos ha pasado la mayoría de su vida política sumergido en esta sangrienta violencia imperialista. Parte de una prominente familia que poseyó el más grande periódico del país, el conservador El Tiempo, del ex presidente Eduardo Santos Montejo (1938-1942), Juan Manuel Santos trazó su camino hacia el gobierno luego de ser un cadete naval en Colombia y graduarse de la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard.

Después de servir breves períodos como Ministro de Comercio en 1991-1993 y como Ministro de Finanzas bajo Pastrana en el 2000-2002, él se volvió un fiel seguidor de Uribe, fundando el Partido de Unidad Nacional Social para apoyar la segunda presidencia de Uribe. Como Ministro de Defensa bajo Uribe del 2006 al 2010, él supervisó algunos de los ataques más brutales contra las guerrillas y comunidades campesinas como parte del Plan Colombia, incluyendo el bombardeo del territorio ecuatoriano en el 2008 y la ola de las ejecuciones de “falsos positivos”.

La ventaja militar del gobierno sobre las guerrillas fue asegurada por el 2007, pero como ministro y como presidente luego del 2010, él ha continuado la expansión de acuerdos de armas y ayuda militar por parte de EE.UU. mientras incrementa la participación en los ejercicios de entrenamiento conjuntos entre EE.UU. y Colombia que tienen como objetivo militarizar a la región.

Santos, junto con la élite gobernante militarista y corrupta a la que pertenece, posee una inmensa responsabilidad por la prolongación y los costos de la guerra, la cual ha conducida a más de 220,000 muertes y 6 millones de desplazados -incluyendo más de 3 millones de campesinos expulsados de áreas importantes de agricultura y minas- en más de 52 años de luchas.

El Premio Nobel a la Paz del 2016 celebra esta persona política y un “acuerdo de paz” que garantiza una impunidad virtual a los crímenes de guerra llevados a cabo por el gobierno, los paramilitares y las FARC.

Las políticas económicas y comerciales de Santos como ministro y ahora presidente se han enfocado en intensificar la explotación de los trabajadores y campesinos mediante las devaluaciones del peso y ejecutar las medidas de austeridad ordenadas por el FMI, afectando prácticamente cada área con la excepción de las fuerzas de seguridad. Él también ha incrementado la dependencia económica en las exportaciones de minerales y combustible fósil a través de acuerdos comerciales y devaluaciones de moneda, de esta manera amplificando los efectos de la caída en los precios de las materias primas, el alza de la deuda pública, el estancamiento económico y el incremento en la tasa de desempleo de 12 por ciento.

Dado el historial del presidente Santos, su aprobación pública de tan sólo 21 por ciento, su inhabilidad para obtener un apoyo nacional para sus “diálogos de paz” con las FARC no son ninguna sorpresa. El premio Nobel -probablemente decidido antes del voto por el “no” en el referendo- fue un intento de contrarrestar la hostilidad popular a Santos, el cual se ha vuelto un impedimento a la promulgación de un acuerdo que es visto como algo crucial para los planes del imperialismo y la élite gobernante nacional para continuar los ataques contra los trabajadores y campesinos colombianos.