Video de ejecuciones devela la violencia de escuadrones de la muerte en Perú

por Cesar Uco
29 octubre 2016

Un recientemente publicado video que muestra a policías uniformados peruanos disparando a muerte a dos civiles heridos en la ciudad norteña de Piura ha profundizado la actual crisis en las fuerzas de seguridad del país que ha sido intensificada por las revelaciones de las actividades de escuadrones de la muerte y la rampante corrupción.

Una de las víctimas, un taxista buscado por robo, es visto en el video moviendo sus brazos cuando era disparado al estilo de una ejecución. La otra víctima era un supuesto criminal cuya ejecución a manos de la policía también fue capturada en el video. Mientras yacían heridos en la pavimento, dos policías ejecutaron a sangre fría a Gian Fistas Quino y Hugo Yajahuance.

El asesinato de los dos supuestos miembros de la pandilla de robos conocida como “Los Nuevos Injertos del Norte” ocurrió en la mañana del 27 de febrero del 2015. Tomó lugar al final de una operación policial en la cual dos sospechosos fueron disparados a muerte y dos fueron capturados.

El asesinato fue grabado en video por un colombiano que vivía en PIURA, Henry Holguín, un director de programas sociales locales y de derechos humanos. Holguín usó un teléfono celular para grabar el incidente que tomó lugar en frente de su casa en Piura.

Inicialmente, Holguín entregó las cintas a la Fiscalía. Pero el Gobierno Regional no tomó ninguna acción contra lo que es conocido como un activo “escuadrón de la muerte”. Holguín esperó hasta abril del 2016 para publicar los videos en Cuarto Poder, un popular programa de noticias basado en la capital Lima que tiene una gran audiencia nacional. Dos días después, retornó a Colombia con su familia, luego de recibir amenazas de muerte en conexión con el video.

Sólo en agosto de 2016 la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado comenzó una investigación sobre los asesinatos de Fistas y Yajahuance.

Familiares de los dos hombres asesinados están exigiendo una investigación independiente y el castigo de los policiales sicarios. El 3 de octubre el diario peruano La República relata que Hugo Yajahuance sufrió de cuatro disparos: un golpe fatal a la cabeza, junto con balas al abdomen, pierna derecha y la mano. Testigos declararon que estaba pidiendo ayuda cuando la policía fatalmente le disparó.

El abogado que representa a las familias ha denunciado a los asesinatos como un crimen contra la humanidad. Es conocido que los asesinatos extrajudiciales a manos de escuadrones de la muerte de policías han tomado docenas de vidas.

Por lo menos 16 altos funcionarios, incluyendo al comandante de la Policía Nacional del Perú Enrique Prado Ravines de la Dirección de la Inteligencia de la Policía (DIRIN), junto con 80 policías están bajo investigación por sospecha de haber llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales, según el diario El Comercio .

“Su objetivo”, La República reporta, “era obtener ventajas personales como condecoraciones y promociones, así como dinero destinado para inteligencia”. Para alcanzar sus objetivos, los escuadrones de la muerte falsificaron información de inteligencia y escenificaron “falsas confrontaciones” para matar a sus víctimas.

Según Cuarto Poder, la policía identificó a supuestos criminales y los asesinó, luego planteaba evidencia y coordinaba testimonios falsos para hacer que pareciera que los asesinatos fueron el resultado de confrontaciones armadas. Por lo menos 11 de las 27 víctimas identificadas de estos escuadrones de la muerte no tenían registro policial.

Dada la sangrienta historia del Perú, incluyendo el conflicto interno de los 1980 que cobró unas 70.000 vidas, la revelación de escuadrones de la muerte policíacos tiene una particular resonancia dentro de la población. Fosas comunes aún están siendo descubiertas y el ex presidente Alberto Fujimori está en prisión por su rol en la organización de masacres de estudiantes y trabajadores.

La revelación de estos recientes asesinatos también ha venido con revelaciones de amplia corrupción dentro de la Policía Nacional del Perú. Se reporta, por ejemplo, que dos miembros de la DIRIN que viajaron desde Lima a Piura para conducir una investigación sobre los asesinatos estaban ellos mismos involucrados en otras operaciones policiales similares.

Entre el 2012 y 2016, 38 oficiales de la policía han sido colocados bajo investigación por el mal uso de recursos. Varios mantenían altos puestos dentro de la policía y han sido suspendidos de actividad hasta que la investigación acabe.

Entre los crímenes cometidos está la compra de explosivos a 232 por ciento de su valor de mercado. Diez oficiales y siete suboficiales falsificaron documentos de compra que valían 700.000 soles (US$ 206.000). Otro caso involucra a 18 policías que falsificaron la compra de 143 vehículos que valían 2 millones de soles (US$ 590.000).

Las encuestas de opinión han puesto a la inseguridad ciudadana como el problema social número uno del Perú. Todos los principales partidos políticos, desde Peruanos para el Kambio del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y Fuerza Popular (FP) de Keiko Fujimori, en la derecha, hasta el Frente Amplio (FA) de Verónika Mendoza de la pseudo izquierda, acuerdan con que el crimen es el principal problema que enfrentan los ciudadanos peruanos.

Fuera de esta ecuación política está la amplia corrupción dentro de la misma policía. PPK ha prometido que en los próximos cuatro años construirá 500 nuevas comisarías, equipadas con la tecnología más moderna, a un costo de mil millones de soles (US$ 300 millones).

El nuevo gobierno no ha hecho mención de la corrupción policíaca o cómo planea lidiar con ella. Uno sólo puede preguntarse cuánto de esta considerable cantidad de dinero que será hecha disponible a la policía por el gobierno de PPK será robado por policías corruptos, especialmente los oficiales de más alto rango.

El Ministro del Interior, Carlos Basombrío, anunció que dentro de los primeros 100 días del gobierno, PPK planea ejecutar 30 grandes operaciones policíacas. En ninguna de estas se incluye investigar los crímenes cometidos por la propia policía.

Los recientes comentarios del nuevo presidente de que la pobreza es la fuente del crimen no significa mucho en el contexto de sus propuestas así como los cambios políticos y necesidades del imperialismo estadounidense que PPK tan bien representa.

Por muchos años el nuevo presidente del Perú sirvió como manager de un fondo de capitales privados, el modo más rapaz de la explotación de Wall Street de la clase trabajadora. PPK hizo una fortuna y era el candidato presidencial favorito del imperialismo estadounidense. No es necesario decir que, en práctica, el primer punto de su agenda derechista será crear las condiciones más beneficiosas para los inversionistas extranjeros.

Por lo tanto, para PPK, así como para gobiernos de derecha similares que han recientemente subido al poder en Argentina y Brasil, la ley y el orden irán mano a mano con medidas diseñadas para empobrecer a las masas. Para Latinoamérica en conjunto, esto significa una intensificación sistemática de la represión militar y policial contra la clase trabajadora a medida que la crisis económica se transforma en desempleo, bajos salarios y recortes en beneficios sociales que conducen al descontento popular.