Desde que el gobierno minoritario del Partido Popular (PP) derechista fue instalado en octubre, los partidos de la seudoizquierda Podemos e Izquierda Unida (IU), junto con los sindicatos españoles, han lanzado una campaña de “vuelta a la calle”. Están decidiendo “volver” a las calles después de años de no haberlo hecho de forma significativa, incluso a través de las drásticas medidas de austeridad de los últimos gobiernos.

Este giro tan abrupto surge en un contexto político definido. Existe una profunda ira hacia el Partido Socialista (PSOE) por haber respaldado al nuevo gobierno del PP, que no fue votado por la mayoría del pueblo español. El PP planea imponer €8 mil millones en recortes demandados por la Unión Europea (UE) para los próximos dos años, congelar las pensiones por cuarto año consecutivo y recortar los salarios en el sector público, las prestaciones por desempleo y el gasto público en general. Además, pagará €30 mil millones en intereses sobre la deuda española y anunció la semana pasada un aumento de impuestos para recaudar €4,65 mil millones más.

El gobierno del PP se encuentra tan débil y desacreditado que está buscando el apoyo de los sindicatos y de los partidos de seudoizquierda para poder imponer sus políticas de austeridad. El partido oficialista teme que surjan levantamientos y una oposición explosiva entre los trabajadores y jóvenes, casi la mitad de los cuales están desempleados. Esto se suma a la oposición social cada vez mayor contra la guerra y la austeridad a nivel internacional, después de que Donald Trump quedara electo presidente de Estados Unidos a pesar de haber perdido el voto popular.

Los sindicatos se reunieron con el primer ministro, Mariano Rajoy, y con representantes empresariales a fines de noviembre para planificar la aplicación de más medidas de austeridad. Después de la reunión, el bloque sindical Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT) le reclamaron a Rajoy por imponer “tantos límites al diálogo social”, anunciando que tendrán manifestaciones conjuntas el 15 y 18 de diciembre. Al mismo tiempo, afirmaron que van a seguir negociando con Rajoy, indicando que no hay ninguna incompatibilidad en el “binomio negociación-movilización”.

El rol de Podemos es ofrecerles una cobertura política a las maniobras de los sindicatos para contener y disipar la oposición de los trabajadores a la austeridad. Esta es una táctica que ha sido utilizada frecuentemente a nivel internacional, sobre todo en Grecia. El partido griego, Syriza, un aliado de Podemos, convocó a jornadas de huelga junto con los sindicatos antes de llegar al poder en el 2015 e implementar plan de austeridad más severo en la historia del país. En cierto momento, el gobierno de Syriza incluso apoyó una huelga en contra de sus propias medidas de austeridad, confiando en que los sindicatos no representaban ninguna amenaza.

Podemos inició acciones similares poco después de que el PP asumiera el poder. Los diputados de Podemos protestaron contra la investidura de Rajoy fuera del Parlamento. Luego, Podemos participó en las protestas contra la compañía de electricidad Gas Natural, después de que una mujer de 81 años muriera cuando su apartamento se incendió. Ella estaba utilizando velas para iluminar su vivienda al no poder pagar la electricidad.

De pronto, Podemos también comenzó a organizar ciertas intervenciones controladas en las luchas obreras. La semana pasada, el líder de Podemos, Pablo Iglesias asistió junto con el número dos del partido, Iñigo Errejón, y el líder de IU, Alberto Garzón, a una manifestación a favor de una huelga de 24 horas de teleoperadores. Iglesias dijo que estos trabajadores “son la oposición social al PP” y criticó como “injustas” e “ineficientes” las medidas de austeridad de los gobiernos del PP y del PSOE.

Garzón, por su parte, declaró su apoyo a “los trabajadores y trabajadoras que están en lucha por sus derechos laborales”, como parte de la nueva campaña de IU “contra la precariedad”: “Que no nos jodan la vida”.

Días después, Iglesias se presentó a una protesta sindical de trabajadores de Coca-Cola en las afueras de la sede del PP. Ahí, declaró, “Hay que seguir sin beber Coca-Cola. Hay que estar con los trabajadores que luchan por los derechos de todos”, indicando que Podemos representa la “oposición social al PP y a las grandes compañías multinacionales”.

Después de que permitieron que fuera instalado un gobierno del PP, el PSOE también se ha sumado a apoyar las acciones de los sindicatos. El presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, quien sustituyó al derrocado secretario general, Pedro Sánchez, se reunió con los dirigentes sindicales y les aseguró que “el PSOE está dispuesto a dar respaldo político y parlamentario a la agenda social que le han planteado los sindicatos” y prometió apoyar las movilizaciones que convocaron para diciembre.

Estas fuerzas ahora están promoviendo a los sindicatos mientras maniobran junto con el PP. Históricamente, las federaciones sindicales han desmovilizado a la clase trabajadora, aun cuando los salarios colapsaron un 22 por ciento después de la crisis económica del 2008. El número de huelgas ha caído a mínimos históricos, de 810 huelgas con 542.508 huelguistas en el 2008 a 777 huelgas con 217.047 huelguistas en el 2014, y 422 huelgas con 96.795 huelguistas este año. Al mismo tiempo, los sindicatos negociaron medidas de austeridad con los gobiernos del PSOE y del PP, y trabajaron con las empresas para reducir puestos de trabajo y salarios en nombre de la competitividad.

Esta promoción de los sindicatos por parte de Podemos es una campaña cínica de propaganda, encaminada a enganchar a los trabajadores a organizaciones que no tienen nada que ofrecerles, además del hecho de que son un partido que ha expresado su desprecio por la protesta social. En julio, justo después de las elecciones generales del 26 de junio, Iglesias declaró que los cambios sociales tienen que darse a través de las instituciones estatales, declarando que “esa idiotez que decíamos cuando éramos de extrema izquierda de que las cosas se cambian en la calle y no en las instituciones es mentira”.

Pocos meses después, en octubre, Iglesias volvió a subrayar que su retórica populista no pretende modificar la política estatal. Dijo, “El populismo termina con el fin de la política, es decir, que el populismo termina cuando la política se convierte en administración, cuando la política se convierte en decisiones administrativas que se toman desde dispositivos administrativos, el Estado, un Ayuntamiento, una comunidad autónoma o un partido”.

Luego, añadió: “Si nosotros gobernáramos, sería partidario de buscar compromisos, buscar una dinámica consensual y decir se acabó el populismo, nos valió durante unas cuantas batallas electorales para librar la guerra del discurso”.

El intento de Podemos de posicionarse ahora como la voz de la oposición obrera y de la protesta social es un fraude político deliberado.

Creado por un grupo de académicos estalinistas y miembros del partido Izquierda Anticapitalista (IA) en el 2014, Podemos se ha desenvuelto principalmente en los numerosos medios comunicación que la burguesía les ha permitido utilizar para canalizar el descontento social de vuelta al establishment político. Hace apenas dos meses, Podemos estaba fomentando la ilusión de un “gobierno de cambio” con el PSOE. Pero el PSOE optó por apoyar al PP.

Podemos ya ha puesto sus políticas en marcha. Durante el último año y medio, ha respaldado a los distintos “gobiernos de cambio” en las principales ciudades, incluyendo a Madrid, Barcelona, Cádiz, Zaragoza, Valencia y Santiago de Compostela. En el poder, han reducido sus deudas en al menos €2,3 mil millones y se han ganado el aplauso de los bancos. En palabras del alcalde de Cádiz, José María González, un miembro de Podemos, “Hasta [el Ministerio de] Hacienda reconoce que los ayuntamientos del cambio hacen los deberes”.

En Barcelona, la exactivista contra desalojos y actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha emprendido una lucha contra los inmigrantes que trabajan como vendedores ambulantes con detenciones y deportaciones en masa. A principios de este año, se opuso a una huelga de 3.200 transportistas públicos del metro de Barcelona e impuso un “servicio mínimo” obligatorio para mantener los trenes funcionando y suprimir la huelga.

En cuanto a IU, dirigida por estalinistas, sus posiciones a favor de medidas de austeridad son conocimiento público. En el 2008, IU reaccionó ante la crisis económica profundizando su colaboración con el PSOE, imponiendo miles de millones de euros en recortes en las regiones de Andalucía, Cataluña, Asturias y Extremadura. Asimismo, ha utilizado su posicionamiento en la burocracia sindical para prevenir que las huelgas se hayan convertido en luchas políticas contra los gobiernos del PSOE y del PP.