Una encuesta publicada la semana pasado por el periódico Reforma indica que el índice de aprobación del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, alcanzó un mínimo histórico de 12 por ciento, un descenso importante comparado con el 24 por ciento en diciembre.

Esto refleja principalmente el enojo por la decisión de Peña Nieto de subir el precio de la gasolina un 20 por ciento el primero de enero. La encuesta de Reforma también muestra que el 85 por ciento de la población desaprueba el aumento en los precios, conocido como gasolinazo.

El aumento en la gasolina tuvo lugar en medio de un hundimiento en el valor del peso mexicano. El peso pasó de 12 por dólar cuando Peña Nieto asumió el cargo en diciembre del 2012 a un mínimo de 22,50 recientemente.

La caída del peso ha tenido un impacto inflacionario en los precios de los productos básicos y alimenticios, como los frijoles que aumentaron 12 por ciento solamente en diciembre. Se espera que el aumento en los precios de los combustibles afecte toda la economía.

Un grupo de especialistas entrevistados esta semana por el diario El Universal destacó que el gasolinazo tendrá un impacto mayor para aquellos al borde de la pobreza.

Héctor Villarreal, director del Centro de Estudios Económicos y Presupuestarios, le dijo a El Universal que el alza en el precio del gas vuelve inaccesible la canasta básica de bienes para muchas familias, sumergiendo a alrededor de 10 millones de personas más en riesgo de caer en la pobreza.

A pesar de que el salario mínimo diario de 80,04 pesos (aproximadamente US$3,70) subió 9,4 por ciento al iniciar el año, no fue suficiente, según Ricardo Becerra Laguna, Presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, al tomar en cuenta el alza en los combustibles y en los productos básicos. En acuerdo con las conclusiones de Villareal, Becerra declaró que el gasolinazo podría crear una “oleada de empobrecimiento nacional”.

La caída del peso se deriva en gran parte de la falta de confianza en la economía mexicana tras la elección de Donald Trump, quien prometió disminuir impuestos para las corporaciones en EE.UU., cobrar nuevos aranceles para los productos importados desde México, eliminar o limitar las remesas de México y deportar hasta 5 millones de mexicanos.

Para el 2015, la aprobación del gobierno de Peña Nieto ya había caído a 30 por ciento alrededor de incidentes de corrupción y violencia estatal, como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes protestaban contra la llamada reforma educativa de Peña Nieto. Luego, el índice cayó a 20 por ciento en el verano pasado, después de haber invitado a Trump a México, a pesar de la hostilidad de los mexicanos hacia el candidato republicano.

La indignación fue tal que Peña Nieto tuvo que sacrificar a su ministro de Finanzas y confidente, Luis Videgaray, quien coordinó la visita.

A pesar de que Videgaray es despreciado ampliamente en México por ser abiertamente tan subordinado a Trump, a principios de este mes, Peña Nieto lo nombró secretario de Relaciones Exteriores para complacer al nuevo presidente estadounidense, quien llamó a Videgaray un “hombre maravilloso”.

A principios de la semana pasada, Trump insistió en que construiría el infame muro en la frontera inmediatamente y que México lo pagaría. En su discurso de investidura, Trump se comprometió a proteger la frontera estadounidense de los “estragos” de otros países, “que fabrican nuestros productos, toman nuestras empresas y destruyen nuestros puestos de trabajo”. Esta amenaza fue dirigida principalmente a México y China.

Tras la inauguración, Peña Nieto sólo pudo expresar su profunda obediencia al régimen imperialista norteamericano. Escribió por Twitter que felicitaba a Trump por asumir el cargo, llamando a un “diálogo respetuoso” y a “fortalecer nuestra relación con responsabilidad compartida”.

Peña Nieto incluso le entregó un regalo a Trump en vísperas de su inauguración: la extradición del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, a Estados Unidos. Sin duda, este fue un gesto para indicarle a Trump, quien arremetió contra los inmigrantes mexicanos por traficar drogas y ser violentos, que el gobierno mexicano no está corrompido por los cárteles y lucha contra ellos en serio.

Guzmán Loera había solicitado un amparo constitucional ante la Corte Suprema para posponer o evitar la extradición. Según el periódico La Jornada, los jueces mexicanos le negaron el amparo por la vía rápida, bajo presión del gobierno central. Anteriormente, Luis Videgaray prometió dicha acción.

El jueves pasado, también se anunció que Videgaray y otros funcionarios van a visitar Washington el 25 de enero para reunirse, seguramente de rodillas, con miembros claves del gabinete de Trump, incluyendo a Reince Priebus, al yerno de Trump, Jared Kushner, y a su asesor principal Stephen Bannon.

Algunos en el gobierno mexicano han hecho llamados demagógicos a utilizar contramedidas ante las políticas de Trump, como el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien sugirió la semana anterior una “neutralización” como “respuesta fiscal inmediata”, es decir, gravar productos de EE.UU. Sin embargo, estas no son propuestas serias, sino pura propaganda. El gobierno mexicano va a bailar al son de Trump.

Varios cambios en la industria energética mexicana podrían desestabilizar aun más la economía y la situación política. La reforma energética decretada en el 2013 dio fin al monopolio de la compañía nacional Petróleos Mexicanos (Pemex). Tras las ofertas hechas en el 2015, las empresas privadas comenzaron a invertir en la producción y exploración del crudo en México.

Sin embargo, la apertura a refinerías, transporte y ventas a inversionistas privados quedó postergada hasta el 2018, cuando esperaban que los precios del gobierno alcanzaran a los del mercado. Hasta entonces, el gobierno mantendría precios inferiores a los costos de producción en el país a través de subsidios.

Los ingresos del gobierno federal colapsaron cuando los precios del petróleo se derrumbaron en el 2014. Pese a los intentos de manipular los precios, los ingresos del crudo pasaron de ser 852 mil millones de pesos (unos $40 mil millones) en el 2012 a solamente 408 mil millones de pesos en el 2015. Esta caída se agravó por el poco interés privado en la producción mexicana.

En el 2016, el gobierno decidió acelerar la liberalización de la refinación y distribución del petróleo debido a este déficit de ingresos. Este proceso resultó en el gasolinazo y dos incrementos en los impuestos sobre las ventas de combustibles el primero de enero.

Este aumento desencadenó manifestaciones en todo el país, incluyendo bloqueos de carreteras y de los depósitos de combustibles. Varios movimientos sociales, sindicatos de transporte, el magisterio, y miles de ciudadanos se sumaron a las protestas, las cuales fueron organizadas en gran parte de manera espontánea en las redes sociales. Además de carecer de un liderazgo centralizado, las demostraciones tampoco tenían ninguna perspectiva ni programa coherente.

La clase gobernante mexicana está completamente decidida en completar la reforma energética, pero sí teme que las protestas crezcan aun más, particularmente si se reprimen violentamente por parte de la policía federal y el ejército. El mínimo apoyo que le queda a Peña Nieto y su Partido Revolucionario Institucional (PRI) podría evaporarse por completo.

Consecuentemente, el gobierno ha recurrido a proponer reformas falsas que, a este punto, son más un paliativo político. Esta semana, el gobierno de Nieto firmó junto con empresarios y sindicatos un “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar”. Este “pacto” propone ciertas iniciativas poco definidas, como promesas de mantener estables los precios de los productos básicos, modernizar el transporte público, fomentar inversiones y puestos de trabajo y fortalecer el “estado de derecho”. Nadie puede tomar estas medidas en serio.

Los partidos de la supuesta oposición están haciendo todo lo posible para suprimir la oposición popular. El Partido Acción Nacional (PAN) de derecha pidió rebajar los precios de los combustibles. No obstante, el PAN, junto con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) falsamente izquierdista, apoyaron la reforma energética y lo siguen haciendo.

Por su parte, el PRD ha intentado disipar las protestas, sugiriendo que en su lugar le envíen peticiones a la Corte Suprema para invalidar el alza en los precios del gas. Esto no es más que un truco sin posibilidad de éxito.

Por último, el Partido Regeneración Nacional (Morena), encabezado por Andrés Manuel López Obrador, le pedido a todos los partidos y burócratas sentarse a negociar como una muestra de “unidad”. Lo que está buscando este partido burgués es contener nuevamente la oposición social al gobierno dentro de los límites aceptables para el capitalismo mexicano.

Varios miembros de la élite política mexicana han advertido de que las instituciones del país están en un estado de colapso tan avanzado que requieren cambios a un nivel más fundamental.

El influyente constitucionalista Diego Valadés, quien estuvo en la Suprema Corte bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari del PRI, le mencionó a la revista Proceso la semana pasada que el “aparato institucional” ya no responde a las demandas de la sociedad ni cumple con las funciones básicas del Estado.

Valadés concluyó que, con la falta de confianza del pueblo mexicano en el gobierno, la única alternativa es la formación de un gobierno de coalición, probablemente entre los principales partidos políticos, o un retorno al “autoritarismo”. Tal autoritarismo involucraría de forma central al ejército.