Miles se movilizaron en los principales aeropuertos de Estados Unidos el 29 de enero. Las manifestaciones demandan la excarcelación de inmigrantes detenidos como resultado de un decreto del presidente Donald Trump. Los detenidos son las primeras víctimas del decreto de Trump que prohíbe la entrada a inmigrantes de siete países de mayoría musulmana. El decreto establece el andamiaje seudolegal para detener y deportar a millones de inmigrantes de todo Estados Unidos.

Entre los primeros detenidos hay estudiantes, expertos en ciencia, traductores y abogados. Muchos son residentes permanentes en Estados Unidos. Según le dijo al New York Times Becca Heller, directora del International Refugee Assistance, “Nos han llegado informes de detenciones a lo largo del país”. Los informes “siguen llegando cada minuto”.

El sábado un juez federal en Nueva York detuvo la veda temporalmente para los que estaban detenidos o en viaje esa noche. En otras palabras, el decreto de Trump sería impuesto el domingo.

Dos ciudadanos de Irak detenidos varias horas en el aeropuerto John F. Kennedy fueron puestos en libertad el sábado, otros, al día siguiente. Los detenidos también informan que no se les permitió hablar con abogados, y que fueron interrogados por oficiales de inmigración, que demandaron acceso a sus cuentas sociales y su opinión política de Donald Trump.

Se impidió a inmigrantes y residentes permanentes subir a sus aviones destinados a Estados Unidos. Oficiales de inmigración sí deportaron efectivamente algunos inmigrantes, obligándolos a regresar a sus puntos de partida.

El decreto de Trump crea un sistema legal dictatorial de histeria antiinmigrante. La represión de los inmigrantes despierta la memoria de las Redadas Palmer de 1919 y 1920, la detención en campos de concentración de japoneses americanos durante la Segunda Guerra Mundial, y la represión de esclavos fugitivos en los años 1950. Los decretos de Trump son anticonstitucionales y violan leyes internacionales.

El decreto afecta a nuevos inmigrantes y residentes permanentes (que poseen la “tarjeta verde” que identifica a los que tienen residencia permanente en Estados Unidos) provenientes de Irán, Irak, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen. Son medio millón de los residentes permanentes que nacieron en esas naciones. Sin embargo este decreto que impide la entrada de residentes permanentes que durante años han podido viajar con pocas restricciones, pone un signo de interrogación sobre la suerte de los millones de residentes que viven en Estados Unidos.

El decreto que prohíbe la entrada de gentes de siete países —sin límite de tiempo desde Siria, por noventa días para las de los otros seis— es un solo aspecto del proyecto antiinmigrante de Trump. Su decreto también:

• Prohíbe la entrada al país a todos los refugiados por ciento veinte días;

• corta por la mitad el número anual de refugiados que Estados Unidos acepta;

• exige la deportación de todos los inmigrantes que hayan roto la ley, o que hayan sido acusados de romper la ley, lo que podría incluir haber entrado al país ilegalmente;

• detiene en campos de concentración a solicitantes de asilo, previo a su cita con los tribunales;

• contrata a diez mil oficiales de inmigración para acelerar deportaciones;

• contrata a cinco mil policías migratorios para capturar a inmigrantes intentando entrar a Estados Unidos;

• acaba con la política de “ciudades santuarios” y obliga a los departamentos de policía municipales a ayudar a detener y deportar inmigrantes;

• construye un muro militarizado entre Estados Unidos y México.

Hacer cumplir este proyecto de seguro requiere la construcción de campos de concentración para hacinar a millones de inmigrantes. Una enorme movilización policial sería necesaria para las redadas de inmigrantes, bajo condiciones de ley marcial en vecindarios donde viven muchos inmigrantes, como Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Dallas y otras ciudades.

Los procesos en tribunales de inmigración carecerán de todos los derechos legales; quizás sean abandonados totalmente. La vida de decenas de millones se transformará; se destruirán familias; muchos inmigrantes morirán en centros de deportación y en la violencia de los países a los que serán deportados.

El decreto de Trump es un nuevo punto de partida, una metamorfosis cualitativa de la intensidad y naturaleza de la represión de inmigrantes. Es de notar, sin embargo, que como justificación legal, el decreto de Trump cita “la autoridad que me otorga la Ley de barreras seguras (Secure Fences Act) del 2006, y la Ley de inmigración ilegal y responsabilidad del inmigrante (Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsability Act, IIRAIA) de 1996, y la Ley de inmigración y nacionalidad (Immigration and Nationality Act)”.

El presidente Bill Clinton firmó IIRAIRA, que fue aprobada con el voto de suficientes miembros del Partido Demócrata en la cámara de representantes (ochenta y ocho) y en el senado (veintidós). Sesenta y cuatro miembros del Partido Demócrata en la cámara de representantes votaron a favor de Secure Fences, junto con dos tercios de sus pares en el senado. Entre estos últimos estuvieron los entonces senadores Barack Obama, Joseph Biden, Hillary Clinton y Charles Schumer.

El proyecto de deportaciones y militarización fronteriza de Trump es una extensión de las medidas del gobierno de Obama, que deportó a dos millones y medio de inmigrantes, más que todos los presidentes previos, combinados. El gobierno de Obama también dictó que aun niños de tres años no tenían el derecho a un abogado y debía presentarse solos en los tribunales.

Un informe de la ONU del 2015 indica que existen sesenta y tres millones y medio refugiados en el mundo; quienes han tenido que abandonar sus lugares de vida, empobrecidos y destruidos por guerras. Ese es el número más alto en la historia humana. Decenas de millones, incluyendo a los que vienen de los siete países señalados por el decreto de Trump, huyen de países desgarrados por el imperialismo yanqui, principalmente. Éste ha barrido con las naciones del medio oriente y del norte de África durante veinticinco años, con más de un millón de muertos

El terremoto de manifestaciones que ocurrió el 28 de enero evidencia que decenas de millones repudian las medidas antiinmigrantes en Estados Unidos, nación donde una sexta parte nació en otros países.

Es necesario organizar más protestas en vecindarios y universidades para poner punto final a los ataques antidemocráticos y fascistas contra los inmigrantes y a toda la política reaccionaria del gobierno de Trump.

La defensa de los inmigrantes requiere una lucha contra el gobierno de Trump y contra los partidos Demócrata y Republicano; con el objetivo de movilizar la clase obrera —en Estados Unidos y el mundo— para defender los inmigrantes y acabar con las guerras imperialistas y la desigualdad que expulsan a la gente de sus hogares.

No pasará mucho tiempo antes que la clase obrera se convierta el blanco de los mismos brutales métodos de represión policial que han sido desatados contra inmigrantes y refugiados. La defensa de los derechos democráticos depende de la unificación de la clase obrera contra su enemigo en común, el sistema capitalista.