Trump desafía las protestas contra sus medidas antiinmigrantes

por Eric London
1 febrero 2017

El domingo pasado, se extendieron por todo el país las protestas contra la orden ejecutiva del gobierno de Trump que les prohíbe la entrada a personas provenientes de siete países de mayoría musulmana y a todos los refugiados en general. Las autoridades migratorias y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS; Department of Homeland Security) han continuado denegándole el ingreso a hombres, mujeres y niños con base en este ilegal decreto emitido el viernes pasado.

Decenas de miles se han manifestado en aeropuertos y centros de ciudades después de que Trump y sus principales asesores insistieran el sábado en seguir aplicando la orden a pesar de algunos fallos judiciales que retrasan la deportación de ciudadanos extranjeros atrapados.

Miles se manifestaron en Nueva York, Los Ángeles, Boston, Washington DC y Houston. También tuvieron lugar manifestaciones en muchas ciudades en el medio oeste del país y en la región del cinturón industrial como Cleveland, Wichita, Rochester, Minneapolis, Bloomington, Pittsburgh y Detroit.

Los inmigrantes y residentes legales permanentes (quienes tienen un permiso de trabajo) de los países nombrados permanecen detenidos, pero el número exacto aún se desconoce. Las autoridades siguen previniéndoles hablar con sus abogados; les han confiscado sus bienes personales y accedido a la información de sus teléfonos y computadoras. Los funcionarios presuntamente les confiscaron los medicamentos a dos migrantes de 80 años y se negaron a devolvérselos, poniendo sus vidas en riesgo.

Tres tribunales federales otorgaron estancias o órdenes de restricción en la orden ejecutiva que prohíbe la inmigración de Irak, Irán, Libia, Somalia, Siria, Yemen y Sudán. Un tribunal federal de Massachusetts le ordenó a la Casa Blanca detener las detenciones y deportaciones por siete días, mientras que una corte federal del estado de Washington y otra en Nueva York bloquearon temporalmente las deportaciones, pero no la detención en curso de personas intentando ingresar al país.

Ninguna de estas resoluciones da fin al programa de deportación. El asesor principal del gabinete de Trump, Stephen Miller, le manifestó al Associated Press que ninguna de las órdenes judiciales “impide o evita de ninguna manera la aplicación de la orden ejecutiva del presidente, la cual permanece efectiva de forma total, plena y completa”. Los oficiales de inmigración en el aeropuerto de Dulles de la capital estadounidense, Washington DC, presuntamente ignoraron las órdenes judiciales y continuaron con la deportación de inmigrantes.

Samer Khalef, presidente del Comité contra la discriminación de estadounidenses árabes (ADC; American-Arab Anti-Discrimination Committee), le dijo al World Socialist Web Site: “Estamos recibiendo llamadas telefónicas de personas cuyos familiares están atrapados en otro país o están detenidos. Se descomponen llorando. Se torna muy emotivo. Las personas tienen miedo más que nada. Las cosas que ni siquiera se decían previamente en compañía están siendo dichas por el gobierno, normalizando el racismo de los movimientos de supremacía blanca”.

Hablando con el World Socialist Web Site, una estudiante iraní que vive en EE.UU. expresó: “Me siento desorientada y no sé lo que ampara el futuro. Mi abuelo de 75 años, quien vive en Teherán, tiene dos hijos viviendo en EE.UU. ahora y nunca ha conocido a su nieta. A pesar de que le habían aprobado venir a visitar en marzo, ahora está siendo rechazado. Me preocupa que no podamos verlo nunca más porque, si nos vamos, no nos vuelven a dejar ingresar”.

Ante los fallos judiciales y las protestas de masas, Trump insistió en que su programa inconstitucional se va a implementar. “Nuestro país necesita fronteras fuertes y un escrutinio extremo, AHORA. Mira lo que está pasando en toda Europa y, de hecho, el mundo —¡un lío horrible!”, escribió el domingo pasado Trump en su cuenta personal de Twitter.

El DHS publicó un informe el mismo día por la mañana, señalando, “Las órdenes ejecutivas del presidente Trump permanecen en su lugar —los viajes prohibidos permanecerán prohibidos, y el gobierno de Estados Unidos se conserva el derecho a revocar visas en cualquier momento de ser necesario para la seguridad nacional o la seguridad pública”.

El director del DHS, el exgeneral de la Marina, John Kelly, declaró el domingo por la noche que aún pueden prohibirle la entrada a residentes permanentes legales dependiendo de cada caso. “De no recibir información incriminatoria significativa indicando una grave amenaza para la seguridad y el bienestar público”, serían admitidos, indica Kelly.

El Jefe de Personal de la Casa Blanca, Reince Priebus, le dijo al periodista de NBC, Chuck Todd, “Si usted está viajando de ida y vuelta [incluso con un permiso de trabajo], será sometido a un escrutinio mayor”. Indicó que los agentes de migración tienen la “autoridad discrecional” para indagar e incluso detener a ciudadanos estadounidenses. Además, declaró que la orden ejecutiva podría ampliarse para prohibir a más países de origen. “Aquí no hay disculpas por nada”, dijo.

NBC News informó el domingo que la Casa Blanca nunca confirmó las órdenes ejecutivas con el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado ni el Departamento de Defensa, y que los funcionarios del gobierno les impidieron a los abogados del Consejo de Seguridad Nacional revisar las órdenes antes de ser publicadas. El New York Times informó que no fue hasta que Trump firmó las órdenes que fueron notificadas la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración.

Varios oficiales no identificados le indicaron a CNN que el DHS fue informado al respecto hasta la noche del viernes y que el fascista estratega en jefe de la Casa Blanca, Stephen Bannon, rechazó una petición del DHS que solicitaba no incluir a los residentes permanentes legales en la orden ejecutiva. Bannon fue el que insistió en que los casos de inmigrantes con permisos de trabajo fueran dejados a la discreción de los funcionarios de inmigración.

El gobierno de Trump también está considerando una nueva orden ejecutiva que obligaría a todos “los visitantes extranjeros divulgar todos los sitios web y redes sociales que visitan y compartir los contactos de sus teléfonos celulares”, informó CNN. “Si dichos visitantes extranjeros se negaran a compartir esta información, se les podría denegar la entrada”.

Muchos abogados de inmigración han establecido redes de voluntarios para dar asesoramiento jurídico a los migrantes en distintos aeropuertos del país. Shani Smith Fisher, una abogada en Los Ángeles, pasó varias horas el domingo en el aeropuerto dando apoyo a los migrantes. Le comentó al World Socialist Web Site: “Hay una fuerte y entusiasta presencia de abogados de todas las procedencias. Tantas personas se están uniendo a la protesta en sí; hay mucha energía y sucede mucho”.

Los efectos completos de estas órdenes ejecutivas aún no se han sentido. El lenguaje que utilizan no solo les prohibe la entrada a los inmigrantes de los siete países nombrados, sino que les previene adquirir “otros beneficios de inmigración bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad”, lo que significa que se les puede impedir la residencia permanente o la ciudadanía incluso tras haber cumplido todos los requisitos legales.

El significado exacto de “escrutinio extremo” (extreme vetting) tampoco ha quedado claro. La orden señala que los inmigrantes serán evaluados con respecto a su “capacidad para hacer contribuciones al interés nacional”, una disposición antidemocrática que será utilizada para rechazar a migrantes por sus opiniones políticas. A pesar de que ya es posible denegarles la entrada a inmigrantes por tener opiniones políticas izquierdistas bajo las leyes actuales, el gobierno de Trump está preparado para hacer cumplir estos decretos reaccionarios de una manera no vista desde las redadas antisocialistas del entonces fiscal general, Mitchell Palmer, a principio de la década 1920.

Esta disposición sobre el “interés nacional” será utilizada como un veto adicional contra inmigrantes de países musulmanes. La animadversión racial de Trump con estos decretos quedó expuesta por su decisión de priorizar las peticiones migratorias de cristianos.

La imposición de estas medidas de Trump sienta las bases para un Estado policial en EE.UU. La posibilidad de que cientos de miles o hasta millones de inmigrantes sean encerrados en centros de internamiento no es distante, sino una amenaza inminente.

Los esfuerzos del gobierno para fomentar un ambiente de histeria antiinmigrante son una señal de que el gobierno está dispuesto a atacar los niveles de vida y derechos democráticos de toda la clase trabajadora. La defensa de los inmigrantes debe llevarse a cabo como parte de una lucha más amplia para defender los derechos democráticos. Esto requiere una perspectiva política dirigida hacia la unificación y movilización de todos los trabajadores, sin importar su nacionalidad, religión y condición migratoria, con base en un programa socialista.

Esta lucha debe comenzar con una ruptura definitiva con el Partido Demócrata, que estableció el marco jurídico que Trump está utilizando para sus ataques. Los demócratas en el Congreso dieron los votos necesarios para aprobar la Reforma de Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante de 1996, firmada por el Presidente Bill Clinton, y para aprobar la Ley del Cerco Seguro del 2006, votada a favor por los entonces senadores demócratas Barack Obama, Joseph Biden, Hillary Clinton y Charles Schumer.

En su mandato, Obama deportó a más de 2,5 millones de inmigrantes e impuso restricciones a la migración de los mismos siete países que ahora figuran la orden ejecutiva de Trump. El secretario de la Prensa de Trump, Sean Spicer, se refirió a las acciones de Obama como una autoridad legal para el veto a musulmanes de Trump. El gobierno de Obama bombardeó, invadió o le impuso sanciones brutales a cada uno de los siete países en la lista.