Grupo de derechos humanos documenta los vínculos de la clase dominante hondureña a asesinatos de activistas

por Andrea Lobo
13 febrero 2017

El gobierno hondureño y la élite empresarial han respondido con rabia y amenazas a los hallazgos del grupo de derechos humanos con sede en Londres, Testigo Global ( Global Witness, GW). Su reporte reciente “Honduras: El lugar más peligroso para defender el planeta,” publicado el 31 de enero, proporciona evidencia que vincula a las finanzas internacionales, las figuras principales de la clase dominante y el aparato militar con casos de corrupción y asesinatos de activistas ambientales e indígenas.

El crecimiento explosivo de la desigualdad, la pobreza, la oposición social y la militarización en Honduras desde el golpe militar en 2009 respaldado por el gobierno de Obama, junto con la disminución de las inversiones y la rentabilidad global, establece el contexto de las conclusiones del informe y la indignación que ha provocado.

Global Witness documenta 123 asesinatos de activistas ecologistas opuestos a las presas, a la minería y a otros proyectos extractivos en Honduras desde 2010, el número más alto del mundo, mientras que numerosos otros han sido atacados o han encarado demandas legales falsas.

El gobierno no ha hecho prácticamente nada para proteger a los activistas. Al contrario, ha dirigido una “carrera hacia el abismo para los derechos y las normas” para atraer inversiones. El estudio señala que 13 de los 49 defensores que derechos seleccionados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protección han sido asesinados.

En marzo de 2016, la activista de derechos indígenas, Berta Cáceres, fue asesinada tras ser reconocida internacionalmente por su papel en la lucha contra la presa Agua Zarca. “Una red muy peligrosa de gente adinerada en este país la atacaba consistentemente. Berta recibió por lo menos 33 amenazas de muerte,” declaró su hermano en mayo. Cuatro de los siete hombres detenidos hasta ahora por su asesinato son veteranos de las fuerzas militares o especiales. Uno de ellos fue el ex jefe de seguridad de la empresa que construyó la presa, DESA.

La investigación de GW devela la combinación de fuerzas militares, políticas, corporativas e internacionales detrás del asesinato de Cáceres y decenas de otros activistas. La junta ejecutiva de DESA representa claramente esta colusión de fuerzas reaccionarias. Según GW, el presidente de la compañía trabajó para la inteligencia militar y tiene un récord de hacer ventas corruptas con los militares, mientras que el secretario es un ex ministro de Justicia. Tres de los miembros del consejo son familiares cercanos de la poderosa familia Atala—uno es el presidente de un banco local, mientras que el otro es el presidente de la Cámara de Comercio Hondureño Americana y ex director del Banco Centroamericano de Desarrollo, el cual invirtió en la presa.

También son familiares de Camilo Atala, el propietario multimillonario del banco Ficohsa y ex ministro, quien según Bloomberg, en abril de 2015 recibió a presidentes guatemaltecos y hondureños y funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos en un resort para iniciar discusiones sobre un paquete anual de mil millones de dólares para detener la migración de niños a los EE.UU.

Se exponen otras redes que involucran a numerosos altos funcionarios y patrocinadores del gobernante Partido Nacional (PN). Cabe destacar que la jefa de la PN y vicepresidenta del Congreso hondureño, Gladis Aurora López, supuestamente organizó consultas previas con la comunidad y ordenó incursiones contra manifestantes por la presa Los Encinos, la cual es propiedad de su esposo.

Global Witness escribe que 82 de los 123 asesinatos documentados son de agricultores pequeños y activistas protestando el robo de sus tierras para la plantación de aceite de palma Bajo Aguán, una propiedad en el norte de Honduras del difunto multimillonario Miguel Facussé hasta su muerte en el 2015. El informe menciona que un grupo operativo financiado por EE.UU. investigando la plantación descubrió al menos 148 asesinatos de campesinos.

La publicación del informe sobre Honduras fue inmediatamente recibida con respuestas furiosas e intentos de desacreditar sus hallazgos documentados. El secretario de Recursos Naturales, José Galdámez, pidió que los activistas de la GW que presentaron el informe en Honduras fueran detenidos. El coordinador principal del gobierno declaró que los 123 asesinatos “no están corroborados en ninguna parte” del documento y que la ONG se había desacreditando al actuar “ideológica o políticamente.” El jefe del PN, quien fue mencionado repetidamente en el documento, amenazó con presentar una demanda ante el Ministerio Público.

Los representantes de GW se reunieron con el fiscal general Óscar Chinchilla, una figura cercana a la embajada de Estados Unidos, pero cancelaron reuniones con políticos de la oposición por cuestiones de seguridad. "Sí, nos sentimos amenazados", dijo Global Witness en una declaración oficial criticando la “campaña de difamación.” Pidieron que el gobierno “demostrara un compromiso absoluto” para implementar las medidas sugeridas en el informe.

Varias organizaciones regionales de derechos también denunciaron los ataques del gobierno contra la ONG británica, solicitando las mismas políticas establecidas en el informe de GW. La semana pasada, organizaciones reunidas en el Foro ProDerechos en Costa Rica expresaron su preocupación por la reacción del gobierno y pidieron que la Fiscalía General de Honduras y al Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras ( MACCIH) investigara los casos presentados en el informe de GW.

Otro grupo de convergencia declaró que el gobierno debe mantener el requisito de defender a los activistas para recibir $125 millones de Washington como parte de la Alianza para la Prosperidad.

GW escribe, "¿Qué es lo que impulsa estos ataques? La corrupción, la falta de consulta y la falta de protección para los activistas,” y pide que el presidente Juan Orlando Hernández “se ocupe urgentemente de estas causas fundamentales.” En términos de corrupción, pide que MACCIH, el órgano judicial financiado por EE.UU., “ investigue al menos un caso destacado de corrupción en el sector de los recursos naturales.” (énfasis añadido) Como sugiere esta propuesta puramente simbólica, MACCIH es una “herramienta de anti-impunidad” utilizada por la Embajada de los Estados Unidos para obtener mayor control sobre su estado cliente al presionar a la clase dominante hondureña con investigaciones de corrupción, al mismo tiempo tratando de controlar la crisis de legitimidad y oposición en Honduras que se ha profundizado desde el golpe de Estado del 2009.

En términos de “consulta y protección de activistas,” GW formula sus recomendaciones en términos de los intereses económicos de capital hondureño y extranjero: “La experiencia local de los defensores es esencial para ayudar a que los inversionistas identifiquen, prevengan y mitiguen los abusos a los derechos humanos y por lo tanto los impactos adversos relacionados con los negocios ... “

La mayor parte del financiamiento de Global Witness proviene de las mismas oligarquías financieras y dinero de cooperación internacional que financian las presas y minas en Honduras y llena los bolsillos corruptos de su clase dominante. GW enumera al Reino Unido ya otros gobiernos europeos, junto con la Fundación Ford vinculada a la CIA y Open Society Foundation del multimillonario George Soros, como algunos de sus principales contribuyentes.

La ONG advierte que la reputación del país será “demasiado ilegal e insegura para compañías respetables.” Esto es absurdo. Los bancos internacionales de desarrollo, en los que la aristocracia financiera estadounidense tiene influencia, como el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, recientemente invirtieron cientos de millones en proyectos de energía y extracción en Honduras, a pesar de su “respetabilidad.”

Un informe publicado en el 2016 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU señaló que Honduras tiene la tercera mayor rentabilidad de la región en inversión extranjera directa (IED), con la mayor parte de la IED extranjera dirigida a proyectos bancarios y de energía renovable como presas y energía solar. Para la aristocracia financiera, la reacción descubierta y la “carrera hacia el abismo” en las regulaciones y los derechos democráticos han sido la norma del movimiento mundial de capital, pero cada vez más desde la crisis financiera del 2008. Los máximos históricos de Wall Street basados en el programa de antirregulación, reaccionario y militarista de Trump claramente reflejan este proceso.

La actitud ominosa del gobierno de Trump hacia la región se manifiesta en sus ataques contra los inmigrantes. Además, en octubre de 2015, el general retirado John Kelly—entonces el jefe del Comando Sur y actual secretario de Seguridad Nacional— comentó sobre el Triángulo Norte (Honduras, Guatemala, El Salvador): “Así que con el tiempo, los sistemas judiciales se han derrumbado. Los Procuradores Generales son ineficaces. La policía está sobornada. Las únicas instituciones funcionales que existen hoy en día son las fuerzas armadas.”

La realidad es que los homicidios en Honduras se generan tanto por la intolerancia de la oligarquía local como por la creciente presión de la capital estadounidense y europeo sobre la clase dominante hondureña para crear condiciones cada vez más rentables para la inversión.

Al final, bajo el disfraz de los derechos humanos, las demandas hechas por GW y las organizaciones locales de derechos al criminal régimen de golpe de estado de Honduras tienen como objetivo avanzar los esfuerzos de las potencias imperialistas para suprimir la oposición social y lograr un mayor control sobre la clase política hondureña.

Los trabajadores necesitan sacar sus propias conclusiones sobre el reporte de GW. Los activistas, las comunidades indígenas, los campesinos, los trabajadores y los jóvenes no pueden confiar en el gobierno para protegerse de la persecución y la muerte de sus propias fuerzas represivas. Los trabajadores y campesinos deben luchar por un programa socialista revolucionario bajo la dirección del Comité Internacional y sus esfuerzos parar unir a los trabajadores de toda la región, en Estados Unidos, Europa y el mundo para enfrentar a las potencias imperialistas y sus regímenes semi-coloniales.