El Martes, el gobierno de Trump adoptó oficialmente nuevos protocolos de inmigración que colocan a todos los inmigrantes indocumentados que viven en los Estados Unidos en riesgo de deportación.

Las nuevas políticas fueron esbozadas en los memorandos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que se filtraron es pasado fin de semana. Estas políticas fueron ligeramente editadas antes de que el Secretario de DHS John Kelly los hiciera oficiales el lunes.

EL secretario de prensa, Sean Spicer, le dijo el martes al cuerpo de prensa de la Casa Blanca que “Todos los que están aquí ilegalmente están sujetos a ser removidos en cualquier momento”. Spicer explicó que los nuevos memorandos del DHS establecen directivos que le dan prioridad a un millón de personas para la deportación, una cantidad verdaderamente asombrosa.

El nuevo memorándum les apunta a los inmigrantes que ya han sido etiquetados como removibles por los tribunales y que esperan una orden final de deportación. El gobierno también se centrará en los inmigrantes con antecedentes penales, así como aquellos que supuestamente han “abusado” de los servicios públicos (una categoría muy amplia que incluye a cualquier persona que presento un número de Seguro Social falso o dio una repuesta falsa en un documento oficial sobre su estado migratorio) y a los que han sido acusados o sospechados de cometer un delito.

Además, Spicer explico que después que el gobierno expulse al primer millón de inmigrantes, los agentes sequiaran en etapas contra la población que queda en el país: “El presidente ha dejado claro que cuando hay 12, 14, o 15 millones de [inmigrantes] aquí ilegalmente, debe haber un sistema de prioridad”. Agregó, “Estamos haciendo esto un paso a la vez de una manera muy metódica”.

El lenguaje de los memorandos confirma esta esto. “El personal del departamento tiene la plena autoridad para arrestar o aprehender a un extranjero de cual un oficial de inmigración tiene causa probable de creer que está violando las leyes de inmigración”, así deletrea la política el memorando oficial. “También tienen plena autoridad para iniciar procedimientos de deportación contra cualquier extranjero que este sujeto a deportación bajo cualquier disposición de la [ley de in inmigración y nacionalidad]”.

La estimación de Spicer de que la administración Trump planea deportar hasta 15 millones de inmigrantes casi duplica la estimación anterior del Los Angeles Times, quien había estimado que 8 millones de inmigrantes estarían en riesgo. Esta cifra mucho más elevada incrementa la amenaza de que Trump también tratara de expulsar a los titulares de tarjetas verdes, revocando su estatus como residentes legales permanentes.

Aunque los memorandos no revocan la orden ejecutiva de Obama que establece el programa de Consideración de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), la cual cubre a 750.000 inmigrantes que fueron llevados a los Estados Unidos como niños, el DHS señala que este tema será tratado en el futuro. Sin embargo, los recipientes de DACA que han sido condenados o acusados de un crimen o que los funcionarios de inmigración creen que han cometido un delito pueden ser etiquetados para deportación. Un recipiente de DACA fue arrestado por agentes de Inmigración y Aduanas en el estado de Washington la semana pasada.

"Tendremos más [órdenes]", dijo Spicer. "La inmigración es uno de esos temas [que Trump] fue claro y consistente en toda la campaña".

Ayer, el World Socialist Website esbozó los memorandos del DHS en detalle. La construcción de nuevos centros de detención y un muro fronterizo, la contratación de 15.000 funcionarios de inmigración y de deportación, la transformación de departamentos policiacos municipales en agentes de inmigración va resultar en un paso significante más hacia un estado autocrático y policial.

"Estos memorandos muestran un plan detallado para la deportación masiva de 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos", dijo a USA Today Lynn Tramonte, subdirectora de America’s Voice Education Fund. “Cumplen con los deseos de los movimientos nacionalistas blancos y antiinmigrante que dan vida a lo peor de la retórica de la campana de Donald Trump”.

El gobierno de Trump teme que los memorandos desencadenen una ola de protesta social en masa. Un funcionario del DHS dijo a la prensa ayer: “No necesitamos un sentido de pánico en las comunidades”.

Tanto Spicer como el DHS han buscado minimizar la apariencia del riesgo de que el gobierno vaya a reunir y encarcelar inmediatamente a millones y millones de trabajadores indocumentados. En su conferencia de prensa el martes, Spicer rechazo explícitamente una sugerencia de que la meta de la nueva iniciativa de Trump era “deportación en masa”. El funcionario de DHS dijo: “No tenemos personal, tiempo, ni recursos para ir a las comunidades y reunir a la gente y lanzarlos en autobuses”.

En otras palabras, la administración Trump planea deportar millones de personas, pero al momento seria físicamente imposible y así no hace sentido anunciar las nuevas metas de la administración por consideraciones políticas. Sin embargo, es probable que las deportaciones se aceleren una vez que se haya movilizado suficiente mano de obra policial y cuando ya se haya construido una amplia red de centros de detención.

Aunque la administración de Trump trata de ocultar la escala y la profundidad de sus ataques anti-inmigrantes todo intento es una farsa. Sin embargo, el programa de inmigración de Trump debe ser contextualizo como una extensión del programa anti-inmigrante de la administración de Obama, que deporto a 2, 7 millones de inmigrantes — más que todos sus predecesores combinados.

El marco legal utilizado por Trump para deportar a más de diez millones de indocumentados se estableció con un esfuerzo bipartidista antes de su toma de poder. La Reforma de Inmigrantes Ilegales y la Ley de Responsabilidad de Inmigrantes de 1996 no habría pasado sin el apoyo de los miembros demócratas del Congreso y fue firmada como ley por el demócrata Bill Clinton. La Ley de Cercas Seguras de 2006, que Trump cita para justificar su programa de construcción de muros, fue apoyada por los senadores Hillary Clinton, Obama, Biden y Schumer.

Treinta y siete de los 48 demócratas del Senado, entre ellos el senador demócrata Bernie Sanders, votaron por confirmar al secretario John Kelly—el firmante de los memorandos del DHS—para dirigir el DHS a principios de este mes. Sanders dijo que esperaba que Kelly "tuviera una influencia moderadora en algunas de las opiniones racistas y xenófobas que el presidente Trump defendió durante toda la campaña".

Adoptando la narrativa fraudulenta de “seguridad pública” de la administración Trump, Sanders dijo a NBC News la semana pasada: “Creo que los mecanismos de investigación de inmigrantes prospectivos son muy, muy fuertes. Si hay alguna manera de hacerlos más fuertes, vamos a seguir adelante. No creo que haya ningún debate que queramos mantener a los Estados Unidos seguro y queremos estar cien por ciento claros que cualquiera que entre en este país no venga a hacernos daño”.

Las afirmaciones de ambas partes de que los inmigrantes representan una amenaza para la “seguridad pública” o la “seguridad nacional” son fraudulentas. La administración Trump trata como chivo expiatorio a los inmigrantes por una crisis social causada por el sistema capitalista, en un intento de enfrentar a los trabajadores unos contra otros y así impedirles luchar contra su verdadero enemigo: la clase dominante.

Ninguna oposición significativa a estas medidas vendrá del Partido Demócrata. La incorporación progresiva del programa de deportación de Trump destruirá la vida de millones de inmigrantes y de sus familias, la inmensa mayoría de los cuales son de clase trabajadora, y es de la clase obrera que cual está surgiendo la oposición a estas medidas reaccionarias y xenófobas.

Los trabajadores inmigrantes y los que son nacidos en Estados Unidos deben unirse para movilizarse contra los esfuerzos de la administración de Trump para deportar a sus compañeros de trabajo. Los inmigrantes no recibirán ninguna protección del Partido Demócrata, de los sindicatos que apoyan el nacionalismo económico de Trump o de los llamamientos huecos y piadosos para "cambiar las mentes" de los políticos. El derecho a vivir y trabajar con pleno derecho de ciudadanía debe estar disponible para todos los trabajadores, sin importar su estatus migratorio.

La clase obrera debe confiar en su propia fuerza social para defender estos derechos mediante el establecimiento de comités en los lugares de trabajo, vecindarios y escuelas con el objetivo de desarrollar una estrategia política para bloquear las deportaciones y prohibir que el gobierno retire a los trabajadores inmigrantes del país.