La semana pasada, 24 de febrero, el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se convirtió en el primer jefe de Estado latinoamericano en realizar una visita de Estado a la Casa Blanca de Donald Trump.

El viaje a EE.UU. de Kuczynski, ex banquero de inversiones de Wall Street especializado en fondos de capital privado, recibió escasa cobertura en los medios de comunicación estadounidenses. En una breve declaración desde la Casa Blanca, Trump describió al Perú como un "vecino fantástico" y se refirió a la venta estadounidense de vehículos militares a las fuerzas armadas peruanas, diciéndole a Kuczynski "usarlos bien, usarlos bien". No hay duda que el uso principal de tales equipos servirá para reprimir las luchas de los trabajadores peruanos.

No hubo mención de un asunto judicial pendiente entre los dos países, que Kuczynski luego dijo que él y Trump le dedicaron tan “solo unos segundos".

El tema en cuestión es la extradición del fugitivo ex presidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006), quien se cree estar escondido en territorio estadounidense. A principios de este mes, Kuczynski pidió a Trump en una conversación telefónica que deportara al ex presidente en lugar de pasar por el proceso legal de arresto y extradición.

Toledo se enfrenta a cargos de soborno, lavado de dinero, tráfico de influencias y de embolsarse US$ 20 millones en sobornos pagados por el gigante brasileño de la construcción Odebrecht para asegurarse contratos en la construcción de la costosa Autopista Transoceánica.

En paralelo, el 18 de febrero, la SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria) comenzó a apoderarse de 260 millones de nuevos soles (US$ 80 millones) de empresas constructoras brasileñas asociadas a Odebrecht, profundamente implicadas en el "Lava Jato" (Car Wash) por el escándalo de sobornos por contratos relacionados a Petrobras, el conglomerado estatal brasileño de petróleo.

Odebrecht ha admitido haber pagado US$ 788 millones en sobornos en 12 países además de Brasil; US$ 29 millones por US$ 10.000 millones en contratos fueron para sobornar a altos funcionarios peruanos durante tres presidencias consecutivas: Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).

El actual presidente Kuczynski también se enfrenta a una investigación por haber aprobado contratos con Odebrecht mientras era ministro de Economía y Finanzas de Toledo en 2005.

Ya se ha detenido a varias figuras destacadas de los principales partidos burgueses peruanos. La continua exposición de la red de asociaciones con los sobornos de Odebrecht ha tenido serias repercusiones para el presidente peruano, que ha visto disminuir sus índices de aprobación hasta el 29 por ciento.

El escándalo de corrupción de Odebrecht y las crisis políticas que se derivan de ello se extienden por toda América Latina.

• En el propio Brasil, se cree que los sobornos principalmente de funcionarios de Petrobras son de aproximadamente US$ 2 mil millones. El multimillonario gerente general de la compañía, Marcelo Odebrecht, y muchos altos funcionarios de su compañía han sido condenados por cargos de corrupción y han acordado cooperar con el Departamento de Justicia de Brasil a cambio de obtener una reducción de las penas originales.

• En la República Dominicana, donde se han dado protestas masivas por revelaciones de corrupción, la compañía pagó US$ 92 millones en sobornos para obtener un contrato de planta de energía.

• En México, El Financiero informó que entre 2010 y 2014, bajo el actual presidente Enrique Peña Nieto del corrupto Partido Revolucionario Institucional (PRI), Odebrecht pagó US$ 10 millones en sobornos a cambio de un retorno de 300 por ciento en los contratos públicos.

• Según La Prensa, en Panamá, Odebrecht gastó US$ 59 millones en sobornos a funcionarios gubernamentales y otras personas para ganar mega proyectos de construcción. Las empresas familiares del ex presidente panameño Ricardo Martinelli y las residencias de sus hijos fueron allanadas como parte de la investigación sobre los sobornos de la constructora brasileña.

• En Venezuela, Noticias24 informó que el Ministerio Público denunció a Henrique Capriles, gobernador derechista del estado Miranda y candidato presidencial preferido de Estados Unidos por el cambio de régimen, por haber recibido 3 millones de dólares en sobornos de Odebrecht.

• Según El Tiempo, en Colombia, entre 2003 y 2006 Odebrecht pagó US$ 399 millones en sobornos y obtuvo US$ 1.900 millones en sobrecargos contractuales.

• Según Expreso, en Ecuador, la constructora brasileña pagó sobornos "por 30 años en contratos con siete gobiernos". Al menos 18 políticos y funcionarios han sido acusados de recibir sobornos en cuentas bancarias secretas, mientras que otros se destinaron a financiar elecciones campañas. El monto total de los sobornos de Odebrecht pagados en Ecuador se estima en US$ 33,5 millones.

• El País informó en diciembre pasado que "En 2012, Odebrecht fue una de las principales contratistas de obras públicas del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner [Argentina]. En ese momento contribuyó US$ 35 millones a intermediarios en Buenos Aires que permitieron a la empresa brasileña acceder a contratos por "aproximadamente US$ 278 millones", según un documento firmado en un Tribunal Federal en Brooklyn, Nueva York ".

• Folha de Sao Paulo informa que Odebrecht está dispuesta a llegar a un acuerdo para colaborar en la investigación de sobornos en América Latina. La propuesta se hizo en Brasilia durante la primera semana de febrero a fiscales de Argentina, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.

Pero los abogados de Odebrecht querían condicionar el acuerdo a las autoridades de los distintos países permitiendo a la empresa continuar con las operaciones y revirtiendo las decisiones de aprovechamiento de sus activos.

Toledo es emblemático de la corrupción que impregna a todos estos países, proclamada, a raíz de la disolución de la Unión Soviética a principios de los años noventa para constituir los "mercados emergentes" y fuente de enormes beneficios para el capital financiero internacional. Todos ellos persiguieron políticas de privatización al por mayor de las empresas estatales, en el transcurso de las cuales una capa de la burguesía y los políticos burgueses de todas las ramas se enriquecieron a sí mismos mediante sobornos y robo directo.

Toledo ganó las elecciones en 2001 después de presentarse como el candidato anticorrupción, oponiéndose a la dictadura de Alberto Fujimori durante siete años. Su campaña presidencial siempre contó con el apoyo de Washington, y la CIA lo vio como su hombre en el Perú. Todo su programa económico estaba basado en la continuidad de las políticas de libre mercado escritas en la constitución de Fujimori de 1993 e impuestas a través de la represión sangrienta. Durante sus cinco años en la presidencia, favoreció la privatización de los recursos nacionales y la liberalización del mercado.

Toledo podría ser el primero en caer, pero la comisión parlamentaria peruana "Lava Jato" ya ha llamado a Alan García para que testifique. El ex presidente aprista pasó dos días evadiendo preguntas antes de regresar a España. Él admitió que había "ratas" en su partido APRA. Ahora están en prisión, pero afirmaron que no sabía nada al respecto.

Al final, los sobornos de Odebrecht fueron pagados a través de excesos en los contratos que fueron traspasados al pueblo de Perú y al de América Latina en su conjunto. Por ejemplo, la construcción del Gasoducto Sur Peruano, una de las inversiones gubernamentales más visibles, costó US$ 1.700 millones por encima del acuerdo original de US $ 7.500 millones firmado con Odebrecht.

El tema de la corrupción ha sido aprovechado por partidos y movimientos burgueses de derecha, comenzando en Brasil con la campaña para expulsar al gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) de la presidenta Dilma Rousseff, para perseguir objetivos políticos completamente reaccionarios.

En Ecuador, el fracaso del candidato del partido gobernante, Lenin Moreno, para derrotar a un rival de derecha fue en gran medida vinculado con la ira pública por la participación de los principales funcionarios en el escándalo de soborno.

La realidad es que todos estos partidos, desde partidos burgueses de "izquierda" como el PT, el PSUV de Venezuela y los peronistas argentinos, hasta partidos de derecha gobernantes como Colombia y Panamá, están inmersos en la corrupción, reflejando la relación de la burguesía latinoamericana con el capital financiero internacional.

La solución a este problema no provendrá de los casos judiciales y ni de los procesamientos de delincuentes a nivel individual, sino sólo a través de un movimiento independiente de la clase trabajadora latinoamericana, en alianza con los trabajadores de Norteamérica e internacionalmente, para la nacionalizar los bancos y las industrias básicas como parte de la transformación socialista de la sociedad.