Bajo presiónes crecientes de 6,150 trabajadores portuarios españoles, la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM) ha solicitado acciones de huelga en Marzo. Los portuarios se enfrentan a un ataque salvaje en sus condiciones de trabajo por parte del gobierno del Partido Popular (PP), las empresas portuarias y la Unión Europea (UE).
El anuncio de la huelga viene luego de la decisión del gobierno a principios de Febrero para aprobar un decreto legislativo unilateral que se adheriría a una decisión de 2014 del Tribunal de Justicia Europeo (TJCE). La decisión dice que España no está cumpliendo con los requisitos de libertad al establecimiento del Tratado UE.
Bajo el sistema actual, los puertos españoles requieren que los empleadores den preferencia a los miembros de las sociedades de estiba en cada puerto, conocidos como Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios-SAGEP, que son financiados por las aportaciones de las empresas portuarias. Los trabajadores portuarios deben ser miembros de los SAGEP, que reclutan y capacitan a los trabajadores portuarios antes de ponerlos a disposición de los operadores de terminales y de carga.
El Tribunal de Justicia Europea ha constatado que las SAGEP limitaban las opciones de las empresas portuarias para la contratación de trabajadores y que el pasado mes de Julio impusiéron una multa de 15,6 millones de euros al Gobierno de Madrid.
Para evitar la penalización, el sindicato CETM ha propuesto sustituir el sistema cerrado del SAGEP por uno en el que las empresas no tendrían que estar legalmente obligadas a contratar trabajadores del grupo de SAGEP. Esta opción fue rechazada por el ministro de Obras Públicas del país, Iñigo de la Serna, en colaboración con la Asociación Nacional de Empresas Estructuradoras y Consignatarias de Buques-Anesco. El gobierno español quiere utilizar empresas de empleo temporal para contratar trabajadores sin formación y despedir a los que ya trabajan.
Las empresas portuarias y el gobierno ven una oportunidad para recuperar concesiones que se vieron obligados a dar en un período anterior. La Plataforma de Inversores en Puertos Españoles (PIPE), un lobby formado por grandes empresas que trabajan en los puertos (Noatum, OHL Concesiones, Algeposa, Boluda o Bergé), defienden la completa liberalización del sector y cortes de 60 por ciento en los salarios de los trabajadores portuarios, alegando que esto traería € 2.4 mil millones a la economía española. Estos puntos se incluyen en el informe "Avanzando hacia un sistema portuario más competitivo", completado por la consultora PwC.
El informe dice que el salario medio de 67.800 euros al año -una cifra cuestionada por los trabajadores portuarios- se reduciría a 26.934 euros después del recorte salarial. "La implementación de estas reformas tendría un impacto muy positivo en los costos portuarios", señala el informe.
El proyecto de ley del Ministerio de Obras Públicas supondría la abolición del sistema SAGEP en tres años, y las empresas tendrían que contratar el 75 por ciento de los trabajadores en el primer año, el 50 por ciento en el segundo y el 25 por ciento en el tercero. Para el cuarto año, no habría nadie con el contrato actual. El estado pagará los despidos que se imponen a la fuerza de trabajo.
El sindicato afirma que las nuevas reglas de empleo cortarían 8.000 trabajos.
La burguesía española desencadenó una ofensiva de propaganda acusando a los portuarios de ser "privilegiados", parte de la "última aristocracia obrera", de "nepotismo" y de "prohibición de mujeres". A pesar de ello, o debido a esto, los trabajadores portuarios han recibido una enorme simpatía como lo demuestra el hashtag de Twitter #Sosestiba (SOS dockers), que se convirtió en tema de tendencias en toda España la semana pasada.
La imposición por el PP de medidas de austeridad brutales y de recortes laborales y salariales exige que se aplasten los signos de una acción independiente de la clase obrera y recurra a medidas cada vez más dictatoriales para lograrlo. Es plenamente consciente de que esta pequeña parte de la clase obrera pueda paralizar la economía, con alrededor del 60 por ciento de las exportaciones de España y el 85 por ciento de las importaciones que pasan por los puertos. Esto representa más de la mitad del comercio exterior del país con la UE y el 96% con países terceros.
La CETM, la Unión General de Trabajadores, las Comisiones Obreras y la Confederación General del Trabajo tienen como objetivo principal aislar y suprimir las acciones de los trabajadores portuarios y cerrar las filas con el gobierno del PP y la élite financiera europea. Los sindicatos han dejado claro desde el principio que no harán nada que amenace los beneficios de los grandes negocios o detenga la ofensiva capitalista.
El 14 de Febrero, después de una reunión con el CETM, el gobierno dejó claro que no retrocedería. Los sindicatos entonces pidieron huelgas limitadas y en gran medida ineficaces cada 20 horas los días 20, 22 y 24 de Febrero. Sin embargo, tres días antes de que comenzaran, los sindicatos los llamaron para darles más tiempo a las conversaciones.
El Lunes, el gobierno volvió a señalar que no cambiaría ninguna parte de la ley. Al día siguiente, ante el creciente enojo de los trabajadores portuarios, el CETM solicitó nueve días de paros en decenas de puertos españoles. En lugar de cerrar todos los puertos a la vez, sin embargo, la huelga tendrá lugar en días alternos en cada puerto, socavando el impacto de la huelga.
Antolín Goya, líder del CETM, dijo que el anuncio era "sólo la presentación de un aviso" y que el sindicato podría "no ejecutar nuestro derecho de huelga y no llevarlo adelante". Si el Consejo de Ministros no presenta el decreto hoy, "retiraremos el aviso y nos sentaremos para negociar", declaró Goya.
La (pseudo-izquierda) Unidos Podemos está interveniendo para preservar el control de la burocracia sindical sobre los trabajadores portuarios. El 15 de Febrero, representantes del partido se reunieron con la CETM y CCOO. En su comunicado de prensa sobre la reunión, acusan al gobierno de "no mostrar ninguna intención de negociar y hacer acuerdos", antes de afirmar que la mayoría de las compañías portuarias, excepto los puertos de Noatum de JP Morgan, estaban listos para llegar a un acuerdo con los Sindicatos.
La declaración insta a "todos los grupos parlamentarios a rechazar el decreto de ley preparado por el Gobierno para resolver este conflicto laboral sin escuchar las demandas de los afectados y siguiendo las demandas de inversores como JP Morgan".
Los diversos grupos que orbitan en o alrededor de Podemos, como Izquierda Revolucionaria, Lucha de Clases y Clase contra Clase, han publicado artículos que han calificado sin crítica los llamamientos de huelgas de los sindicatos y han glorificado la militancia obrera, como si esto fuera suficiente para detener la pandilla política de las empresas, el gobierno y los sindicatos a los que se enfrentan los trabajadores. Su función principal es evitar que los trabajadores obtengan conclusiones políticas de las experiencias que la clase obrera española e internacional han tenido con los sindicatos, que durante décadas han impuesto los dictados de las corporaciones y sus respectivos gobiernos capitalistas.
La lucha de los trabajadores portuarios es parte de una batalla internacional contra la privatización de los puertos y la destrucción de empleos y niveles de vida de los portuarios. En los Estados Unidos, la Asociación Internacional de Estibadores (International Longshoremen’s Association, ILA) ha amenazado con cerrar los puertos de la Costa Atlántica y mantener una manifestación en Washington, DC, contra la subcontratación y la destrucción de puestos de trabajo. Los funcionarios de la ILA fueron invitados a hablar en una manifestación del 21 de Febrero de los trabajadores españoles en el puerto de Algeciras.
Hay un instinto poderoso entre los trabajadores de que necesitan unificar sus luchas a través de las fronteras internacionales contra las compañías globales de transporte marítimas y estibadores. Sin embargo, esto sólo es posible, si los trabajadores de base llevan a cabo la lucha por encima de los sindicatos pro capitalistas y nacionalistas.