Un juez federal en Hawái emitió una orden el miércoles por la noche congelando la nueva prohibición de viajes de Trump a los visitantes de seis países de mayoría musulmana. La orden fue dictada por el juez Derrick K. Watson, deteniendo la ejecución de la orden sólo horas antes de que entrara en vigor, a la medianoche de la hora del este del país.

La orden ejecutiva de Trump habría suspendido el programa de refugiados de Estados Unidos por 120 días, y suspendido por 90 días la emisión de nuevas visas a los visitantes de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. Los seis países son predominantemente musulmanes y cuatro de los seis están devastados por guerras civiles instigadas por los Estados Unidos que han destruido su infraestructura y han obligado a millones de personas a escapar, ya sea como desplazados internos o como refugiados. Los otros dos, Irán y Sudán, han sido blanco de bloqueos estadounidenses y provocaciones militares.

Otros dos jueces federales también recibieron demandas contra la orden ejecutiva, en los estados de Maryland y Washington, y otras medidas cautelares contra la prohibición de Trump a los musulmanes podrían ser dictadas antes de que se acabe la noche.

Esta fue la segunda vez que una orden ejecutiva de Trump — prohibiendo a los visitantes de los países musulmanes y refugiados de cualquier país ingresar temporalmente a los Estados Unidos — fue derrotada por los tribunales. La primera orden ejecutiva, emitida el 27 de enero, fue descartada como inconstitucional e ilegal por tribunales federales de distrito en los estados de Washington y Virginia. El fallo del estado de Washington fue confirmado por un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito, el cual cubre gran parte del oeste de Estados Unidos.

La audiencia en Hawái se produjo después de una demanda presentada por el fiscal general del estado, Douglas Chin, quien argumentó que la nueva prohibición de viajar, como la versión anterior, apuntaba a los musulmanes en violación a la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la cual protege la libertad religiosa, y causó daño a las universidades estatales y a la industria turística del estado, ambas dependientes del libre flujo de viajeros.

Al igual que en las demandas contra la primera orden ejecutiva de Trump, abogados generales de 14 estados presentaron ‘ brevis’ memorándums argumentando en favor de Hawái, e incluso más de 50 empresas de tecnología, incluyendo Airbnb, Dropbox, Lyft y muchas otras firmas de Silicon Valley se unieron en otro ‘ brevis’ memorándum oponiéndose también a la prohibición.

El expediente del estado de Hawái citó el caso de Ismail Elshikh, imán de la Asociación Musulmana de Hawái, cuya suegra solicitó una visa de inmigrante que todavía está siendo procesada, y podría caer dentro de la prohibición de viajar.

El Juez Watson dictaminó que tanto el estado de Hawái como Ismail Elshikh tenían “una fuerte probabilidad de éxito en su reclamación” en tanto que la orden ejecutiva intencionalmente ataca a los musulmanes y por consiguiente viola la garantía de la Constitución contra el establecimiento de la religión.

El juez citó las declaraciones del candidato Trump durante la campaña electoral, a las que se refiere el escrito del estado, como “una evidencia significativa y no refutada, de animosidad religiosa que impulsan la promulgación de la orden ejecutiva y su relacionado predecesor”.

También rechazó rotundamente la afirmación de la administración Trump que, debido a que la orden ejecutiva estaba limitada a seis países de mayoría musulmana, de entre decenas, no se podía inferir ningún sesgo religioso. “Lo ilógico de las afirmaciones del Gobierno es palpable”, escribió Watson en su decisión de 43 páginas. “La noción de que uno puede demostrar animosidad hacia cualquier grupo de personas sólo atacando a todos ellos a la vez es fundamentalmente incorrecta. La Corte declina relegar su análisis de la Cláusula Establecida (Primera Enmienda) a un ejercicio puramente matemático”.

Los abogados del Departamento de Justicia hicieron argumentos en la misma línea de los que fueron rechazados por los tribunales el mes pasado, alegando que el presidente tenía amplia autoridad para prohibir visitantes y refugiados sobre la base de su condición de Comandante en Jefe. Dadas las modificaciones de la orden ejecutiva, que sólo se aplican a los futuros solicitantes de visados, no a los que ya tienen visas, también afirmaron que no podía haber indicios de “daño irreparable”, lo que significa que ni los estados ni las personas tenían derecho a impugnar la orden judicial.

El Procurador General de los Estados Unidos, Jeffrey Wall argumentó el caso del gobierno en ambas estancias, tanto en el tribunal del Juez de Distrito, Theodore D. Chuang de Maryland, como en la Sala de Audiencias de Hawái vía telefónica.

Ningún ciudadano de ninguno de los seis países ha participado en un ataque terrorista contra estadounidenses, ni en el extranjero ni en los Estados Unidos. A pesar de las afirmaciones de la Casa Blanca que la prohibición se basa en consideraciones de seguridad nacional y apunta a peligros terroristas, los países de los cuales han surgido los reales terroristas, como Arabia Saudita (15 de los 19 secuestradores de los aviones del 11 de septiembre) no están en la lista de Trump.

Los abogados del Proyecto Internacional de Asistencia a los Refugiados, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Centro Nacional de Derecho de Inmigración y la Sociedad Hebrea de Ayuda a los Inmigrantes HIAS (por sus siglas en Inglés), argumentaron en la corte de Maryland, contra de la prohibición de los musulmanes.

El caso de Maryland fue el único que desafió directamente la orden de Trump de reducir la cantidad total de refugiados este año de 110,000 a 50,000, argumentando que esta acción excedía su autoridad legal.

El caso de Maryland también escuchó argumentos sobre si el juez debe tener en cuenta las declaraciones de campaña de Trump sobre la prohibición de los musulmanes. “Esto es pedir a la corte hacer la vista gorda a todas las pruebas que son evidentes para todo el mundo”, argumentó Omar Jadwat por la ACLU. “No tiene sentido cegar la corte”.

El abogado de ACLU también refutó las afirmaciones del gobierno de que la orden ejecutiva era meramente temporal, señalando las disposiciones para extender la prohibición de viajes indefinidamente sobre la base de las recomendaciones del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional.

En cada sala del tribunal, los abogados del Departamento de Justicia alegaron que la segunda orden de Trump era “sustancialmente diferente” de la primera, por lo que la impugnación debía ser considerada como un nuevo caso, sin que las decisiones judiciales anteriores establecieran un precedente. Aquellos que se oponen a la prohibición citan declaraciones del principal asistente de la Casa Blanca, Stephen Miller, quien dijo que la segunda orden reproduciría la primera con sólo pequeñas diferencias cosméticas. Algunos “problemas muy técnicos” se solucionarían, dijo, pero “esas políticas básicas seguirán en vigor”.

En Seattle, Washington, el Juez James Robart, quien emitió el fallo anterior que derogó la primera orden ejecutiva de Trump, rechazó una moción de seis procuradores generales del estado pidiéndole que declarara que su decisión inicial también cubría la última versión de la orden ejecutiva. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que emitiría una nueva decisión sobre la segunda orden ejecutiva.

Ninguno de estas órdenes judiciales afecta en modo alguno los atroces ataques contra inmigrantes desencadenados por otras órdenes ejecutivas de Trump, las cuales instruyeron a la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas y a la Patrulla Fronteriza para intensificar considerablemente detenciones y deportaciones de trabajadores indocumentados. La oficina de la ICA de Filadelfia, por ejemplo, anunció el lunes que había capturado a otros 248 inmigrantes en una-barrida-de-cuatro-estados, principalmente en Pennsylvania y Virginia Occidental.