La Organización Internacional Socialista (ISO; International Socialist Organization) y Alternativa Socialista (SA; Socialist Alternative) están apelando al Partido Demócrata y a los tribunales federales para que se opongan a las reaccionarias políticas migratorias del gobierno de Trump. De esta manera, al alimentar la ilusión que los demócratas y el poder judicial están actuando como defensores de los derechos democráticos, estas organizaciones buscan prevenir que la oposición al gobierno adquiera una dirección revolucionaria y anticapitalista. Esto, a su vez, facilita la ejecución de los planes de Trump para deportar a millones de inmigrantes indocumentados.

La ISO y SA pintan la imagen falsa de un Partido Demócrata que se opone con vigor a las políticas de inmigración de Trump. Citando al senador demócrata Chris Murphy en un artículo del 14 de febrero, la ISO elogia la “franqueza admirable” con la que éste se opone a Trump. El 2 de marzo, el comité nacional de SA publicó una declaración política donde escribe que “los líderes del Partido Demócrata” están adoptando “una postura más agresiva y de oposición” después de la elección de Trump.

SA incluso llega a aplaudir a “líderes claves como [el líder de la minoría demócrata en el Senado] Chuck Schumer”, que “entienden claramente la necesidad de un enfoque más firme y de darle ciertas concesiones a la izquierda del partido”.

De hecho, todos los demócratas, desde la supuesta “izquierda” como Bernie Sanders y Elizabeth Warren hasta Obama, han declarado reiteradamente que están dispuestos a trabajar con Trump en implementar sus falsas promesas de campaña de ayudarle a los trabajadores estadounidenses. ¡Cómo si aún quedara por verse el tipo de políticas que impondrá este gobierno ultraderechista de multimillonarios, generales y fascistas!

En su mayoría, los demócratas ya dejaron de criticar el veto de Trump a viajantes musulmanes, así como sus despiadados ataques contra inmigrantes latinoamericanos. En cambio, han continuado con su caza de brujas contra Rusia y, en cuanto a cuestiones sociales, se han enfocado en defender Obamacare.

En referencia a las demonstraciones de masas contra las medidas antiinmigrantes de Trump, la ISO escribió el 15 de febrero que el propósito de protestar es “presionar a los funcionarios electos para que se acometan al tipo de acciones necesarias para proteger a nuestras familias y amigos”, como a los gobiernos locales controlados por demócratas para que adopten una postura firme.

En su declaración del 2 de marzo, SA llama a “una campaña sostenida desde las bases destinada a ‘anquilosar la postura” de los demócratas electos. SA ya se está preparando para apoyar al Partido Demócrata en las elecciones legislativas de mitad de período del 2018, alegando que, conforme se vayan acercando, “la cuestión de desbancar a los congresistas republicanos en las elecciones se ira convirtiendo en un punto de discusión más importante”. Una mayor representación demócrata en el Congreso, según SA, significaría “un cambio dramático en el terreno político que limitaría objetivamente a Trump”.

Asimismo, la ISO y SA instan a los que se oponen a Trump a depositar sus esperanzas en los tribunales de justicia como medio para detener los ataques de Trump contra los inmigrantes.

Refiriéndose al fallo de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito que le concedió estancias temporales a aquellos afectados por el veto de Trump a viajantes de siete países con mayorías musulmanas, la ISO escribió el 3 de marzo: “De nuevo importan las protestas en determinar lo que hace el poder judicial”.

El sistema judicial “será mucho más vigilante en resguardar su propia autoridad y privilegios ante tales abusos” de Trump, escribe la ISO, añadiendo que “es una batalla, en otras palabras, entre una fuerza presidencial incompetente y fácil de detener ante un aparato judicial flexible y bastante movedizo”. Por esta razón, la ISO concluye, las protestas son necesarias “para mantener la presión sobre los tribunales”.

Estas instituciones del Estado capitalista son responsables de crear el marco jurídico y la infraestructura militar y policial que será utilizada para deportar a millones de inmigrantes indocumentados que hoy viven en EE.UU.

En 1993, el jefe de la Patrulla Fronteriza del El Paso, Silvestre Reyes, inició “Operación Hold the Line” que militarizó la zona fronteriza alrededor de dicha ciudad, obligando a los migrantes a cruzar el desierto de Texas y Nuevo México para intentar llegar. Reyes eventualmente se convirtió en un congresista demócrata de renombre y sirvió como codirector de la campaña presidencial de Hillary Clinton del 2008 para la región sudoeste.

En 1994, la fiscal general demócrata, Janet Reno, inició un programa similar para la región fronteriza de San Diego. Desde que el gobierno militarizó las zonas fronterizas urbanas, se han muerto once mil migrantes en el desierto o intentando cruzar el Río Grande.

En 1996, el Congreso aprobó la Ley de Reforma a la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante (IIRAIRA; Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act) que les imposibilitó a millones de personas indocumentadas alcanzar el estatus legal. Además, agilizó las deportaciones por vía rápida, incluyendo a través del proceso de “deportaciones expeditas” en las que se les priva a los inmigrantes el derecho a comparecer ante un juez.

Los demócratas en la Cámara de Representantes y el Senado le dieron el margen de la victoria a la IIRAIRA, la cual fue firmada en ley finalmente por el presidente Clinton. Varios demócratas prominentes votaron sí por la apodada “Ley para la exclusión mexicana” (Mexican Exclusion Act), como Harry Reid, Christopher Dodd, Dianne Feinstein, James Clyburn, Elijah Cummings, Sheila Jackson-Lee y Steny Hoyer.

En el 2002, el Congreso aprobó la Ley de Reforma a la Seguridad Fronteriza y a la Entrada con Visas (Enhanced Border Security and Visa Entry Reform Act), expandiendo la Patrulla Fronteriza y solicitando la creación de una base de datos estatal con la información biométrica de los inmigrantes. Esta ley, aprobada 411-0 en la Cámara y 97-0 en el Senado, no fue opuesta por ningún congresista, incluyendo a Bernie Sanders, Nancy Pelosi, Barbara Lee, Hillary Clinton, Joe Biden, Charles Schumer o Paul Wellstone.

En el 2005, el Congreso aprobó la Ley REAL ID, otra vez gracias a los votos necesarios de los demócratas en la Cámara. La ley les dificulta drásticamente a los inmigrantes solicitar asilo o cualificar para alivio de deportación en los tribunales de inmigración. La ley también restringe severamente el derecho de los inmigrantes a presentar una petición de habeas corpus. El Senado aprobó la medida 99-0, con el apoyo de senadores “liberales” como Barack Obama, Joseph Biden, Edward Kennedy, Hillary Clinton, Charles Schumer y Barbara Boxer.

En el 2006, el Congreso aprobó la Ley de las Vallas de Seguridad (Secure Fences Act), que dio la orden de construir 700 millas (1.126 km) de barreras físicas a lo largo de la frontera, además de una red de iluminación, bloqueos y puestos de control para capturar a los migrantes. De nuevo, los demócratas en ambas cámaras del Congreso dieron los votos necesarios para aprobar la medida.

Entre el 2009 y el 2017, el gobierno de Obama utilizó estas leyes para deportar a 2,7 millones de personas. El senador demócrata Robert Byrd introdujo en el 2009 una consignación en el presupuesto federal que requiere que el gobierno llene a capacidad las prisiones migratorias que sean administradas con fines de lucro para maximizar sus ganancias.

El mes pasado, 37 de los 48 demócratas, incluyendo a Bernie Sanders, confirmaron al exgeneral John Kelly como jefe del Departamento de Seguridad Nacional. Su postura a favor de medidas más represivas contra los inmigrantes era pública, y, desde que llegó a su puesto actual, ha respaldado completamente la guerra de Trump contra los inmigrantes, incluso proponiendo el uso de la Guardia Nacional y la posibilidad de separar a los niños de sus padres cuando son capturados cruzando la frontera.

Ni una sola de estas leyes ha sido anulada por el sistema judicial que tanto promueven la ISO y SA. Los tribunales federales han establecido que los inmigrantes, incluso menores de edad, no tienen derecho a un abogado y que su derecho a un justo proceso es extremadamente limitado. En la mayoría de los circuitos federales, el gobierno puede detener indefinidamente a inmigrantes sin darles una audiencia de fianza. Recientemente, una corte de circuito sancionó que los inmigrantes deben recibir una audiencia después de seis meses, pero el gobierno de Obama apeló la decisión ante la Corte Suprema.

Los tribunales federales también han sostenido que ciertas protecciones claves dentro de la Cuarta Enmienda contra registros y detenciones o incautaciones irrazonables no aplican dentro de cien millas de tierra o costa desde la frontera. Cuando la Corte Suprema derogó algunas disposiciones antiinmigrantes de la Ley SB 1070 de Arizona en el 2012, el tribunal dictaminó que sólo el gobierno federal, no los estados, puede imponer las medidas reaccionarias de la ley. Los ocho jueces que participaron en el caso, incluyendo la nominalmente liberal Ruth Bader Ginsburg, defendieron la provisión de la ley que le permite a la policía estatal exigirle a cualquier persona que le diga su condición migratoria bajo una “sospecha razonable” de que se encuentran en el país ilegalmente.

El año pasado, la Corte Suprema rechazó una propuesta que le habría concedido a los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses el derecho a permanecer en el país legalmente.

Más allá del ámbito de la inmigración, ambos partidos y los tribunales han implementado y consentido a los asesinatos con drones sin autorización judicial o un juicio, a la vigilancia masiva de la población también sin orden judicial, al uso de tortura en las cárceles clandestinas de la CIA, a guerras para saquear a países enteros en violación del derecho estadounidense y el internacional, al robo de las elecciones del 2000, a la evisceración de la Ley del Derecho al Voto y al encarcelamiento de los denunciantes (whistleblowers) del gobierno.

Esta serie de medidas antiinmigrantes y antidemocráticas, impuestas en nombre de la “seguridad nacional”, constituye las políticas conscientes de una aristocracia financiera que gobierna un país permanentemente en guerra y con niveles históricos de desigualdad social. No existe ninguna sección dentro de la clase gobernante estadounidense que se disponga a defender los derechos democráticos.

A través de su programa de guerra y saqueos corporativos, la burguesía ha intoxicado todo el clima político con militarismo, xenofobia y parasitismo financiero, del cual germinó Donald Trump.

Pero, aun mientras Trump y sus asesores fascistas se preparan para efectuar la mayor emigración forzada desde la posguerra, el comité nacional de SA escribe en su declaración que “no ha habido ningún momento en el que la clase gobernante estadounidense, la más poderosa del mundo, ha estado dispuesta a simplemente abandonar la democracia burguesa que le ha servido tan bien. Y no ven ninguna razón para abandonarla ahora”.

Estos intentos para darle un tinte progresista y democrático a las mismas instituciones responsables que sentaron las bases para que Trump llegara al poder exponen el carácter procapitalista y antisocialista de estas organizaciones. El World Socialist Web Site se refiere al conjunto de estos grupos como la “seudoizquierda” porque representan los intereses de las capas más privilegiadas de la clase media y defienden el sistema capitalista a través de ilusiones en el Partido Demócrata y en la posibilidad de reformar el orden económico y político existente aplicando presión desde abajo.

Una verdadera respuesta socialista exige todo lo contrario a lo que proponen la ISO y SA. Rechaza en su totalidad el marco del supuesto “debate” sobre inmigración entre facciones de la clase dominante. Insiste en el derecho incondicional de todos los trabajadores a vivir y trabajar en el país de su elección, con derechos plenos de ciudadanía y sin temor a ser hostigados, reprimidos ni deportados.

Esto requiere una lucha política por destruir implacablemente las ilusiones que tenga la clase obrera en los partidos y políticos capitalistas, así como en las distintas ramas del gobierno.

Ahora, más que nunca, la clase obrera está conectada por lazos familiares, cadenas de producción y provisión y redes de comunicación con sus hermanos de clase en todo el mundo. Tanto la interconectividad objetiva a nivel global tiene que ser liberada de los grilletes del sistema de Estado-nación como las fuerzas productivas mundiales liberadas de la propiedad privada para que entren en armonía con las necesidades de la población en cada país. Para este fin, es necesaria una revolución social.